Coca Cola en La Calera: la resistencia social que redujo la explotación de agua

Los líderes ambientales del municipio de La Calera (Cundinamarca) están seguros de que hicieron historia. El pasado 14 de abril la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca le puso varios límites a Coca Cola para seguir extrayendo agua de manantiales ubicados en ese municipio. La decisión se dio tras un proceso que ha conllevado movilización, amenazas y la participación de sectores poderosos que abogaban por la multinacional. 

La preocupación de los líderes que defienden el agua en La Calera empezó en medio de la sequía de 2024. Por esa época, el acueducto municipal decretó un racionamiento y en varias zonas rurales vieron cómo el caudal de las quebradas se redujo. La situación era paradójica en la vereda Santa Helena, donde Coca Cola tiene una planta en donde embotellan el agua marca Manantial. Mientras tanto, los campesinos debían comprar el líquido. 

En ese contexto, el periodista Carlos Hernández Osorio publicó en VORÁGINE un reportaje sobre la paradoja del agua en La Calera. En ese artículo el reportero reveló el monto que la multinacional pagó en 2016: $607.501 por embotellar 56,6 millones de litros. Los descubrimientos generaron gran revuelo en la opinión pública. 

“(Los habitantes del municipio) se dieron cuenta que empresas embotelladoras como Indega (Coca-Cola) seguían embotellando sin racionamiento. Además, se percataron de que la concesión se vencía precisamente en 2024 y que la empresa había solicitado renovación por 10 años”, le dijo Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo (Cajar), a VORÁGINE. 

Participar a pesar de los estigmas

Como la CAR debía decidir sobre la renovación o la cancelación de la concesión, líderes ambientales y organizaciones sociales se empezaron a involucrar en el proceso. Uno de los primeros espacios al que asistieron fue una visita de Alfred Ballesteros, director de la CAR (Cundinamarca), a la vereda Buenos Aires, de La Calera.  Herminia Cristancho, de la Veeduría Ambiental del municipio, le dijo a VORÁGINE que en ese espacio empezaron a sentir que había cierta hostilidad a las personas que se oponían a la concesión. 

La lideresa contó que en el pueblo varias personas la insultaron, 72 habitantes del municipio son empleados de Coca-Cola. “La empresa construyó sobre nosotros una imagen de un actor que no era grato y que no tenía derecho a estar interviniendo”, dijo Lina Preciado, lideresa ambiental de La Calera. Sin embargo, ella y otras organizaciones sociales se constituyeron como terceros intervinientes. Es decir, para que la CAR iba a tener en cuenta sus posturas a la hora de estudiar el expediente para prorrogar o finalizar la concesión. 

Los líderes y las organizaciones empezaron a tomar capacitaciones pensando en el proceso. “Entre 2024 y 2026 nos reunimos cada 15 días en talleres de cartografía, de hidrogeología, de mapeo de actores, de incidencia, de comunicaciones… Esto no nos costó poco, de hecho fue mucho tiempo de trabajo”, recordó Cristancho. Además, se repartieron entre varios el estudio del voluminoso expediente de la concesión y se encontraban periódicamente para compartir los hallazgos. 

“Se dieron cuenta de que la CAR había permitido que Indega (Coca-Cola) embotellara por varios años sin tener la licencia renovada y de muchas irregularidades. Incluso, de una sanción que había tenido la empresa”, dijo Hoyos. 

Sectores poderosos empezaron a alinearse con las posturas de Coca-Cola. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) se constituyó como tercera interviniente por intermedio del Centro Nacional de Agua y la Biodiversidad. Según la página de la Andi, Coca-Cola hace parte de su Cámara de la Industria de Bebidas, un espacio encargado de hacer lobby para favorecer los intereses de sus asociados.

Hubo quienes recurrieron a métodos violentos para aplacar el entusiasmo por participar y estudiar. El 27 de marzo de 2025, el concejal Javier Cifuentes estaba en la rivera del río Teusacá, cuando fue abordado por un encapuchado: “Llegó a amenazarme diciéndome que dejara de joder, que yo no sabía con quién me estaba metiendo y que si seguía jodiendo me iban a ‘pelar’ a mí y a mi familia”, contó en entrevista con este medio. El cabildante también fue reconocido como tercero interviniente y se oponía a la prórroga de la concesión.

A pesar de los ataques, las organizaciones y los líderes siguieron exigiendo ser escuchados. Fue así que consiguieron que la CAR organizara un evento en el cual iban a hablar todas las personas que estaban reconocidas en el proceso. “Se dio por primera vez en la historia de Colombia una audiencia pública en el marco de una concesión de agua”, explicó Hoyos.   

La audiencia pública y el hostigamiento digital

La audiencia pública para escuchar a las partes quedó programada para el 15 de mayo de 2025. Un día antes del encuentro, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, publicó una columna en el diario La República en la que tendía un manto de duda sobre los liderazgos que se oponían a la prórroga de la concesión: “Los estudios técnicos de la CAR y de terceros no interesados en la actividad lo corroboran, pero pareciera que ciertos sectores de la opinión, debidamente financiados, tienen en la mira reputacional a quienes deben tomar de manera independiente las mejores decisiones y, aprovechándose de un escándalo donde pocos profundizan, les ponen en la picota”.

El mal ambiente hacia los líderes y las organizaciones también se expresó en la reunión. “Fue una audiencia pública muy compleja, Coca-Cola llevó a muchísimos de sus trabajadores no solo de La Calera, sino de diferentes partes del país. Empezaron a chiflar y a maltratar a los líderes que estaban cuestionando la concesión”, dijo Hoyos. “Cada vez que nosotros interveníamos tocaban vuvuzelas para callarnos (…) Además, empezaron a repartir panfletos contra Herminia Cristancho y Javier Cifuentes, hablando mal de ambos actores”, contó Preciado. 

A pesar de la hostilidad, los líderes y las organizaciones expusieron las razones por las que cuestionaban la concesión. El principal argumento era la falta de disponibilidad de agua para el consumo humano en tiempos de sequía, mientras la empresa seguía embotellando sin contratiempos. 

Los avances en términos de participación tuvieron costos altos para los liderazgos. Después de la audiencia pública se activó una estrategia de hostigamiento digital. En Facebook se creó, el 12 de mayo de 2025, una página con el usuario “Aparecieron las llaves” que empezó a difamar a VORÁGINE, al Cajar y al concejal Cifuentes a finales del mismo mes. Lo hacían por medio de contenido que pagaba pauta a Meta. Los anuncios de esa página estaban asociados al número telefónico 3142170447.

Otros hallazgos

En el proceso sobre La Calera había muchos ojos: medios, políticos, expertos, líderes, entre otros. Fue así que mientras la CAR estudiaba el expediente para tomar una decisión, salieron a la luz otros hechos relevantes. 

Por ejemplo, el 17 de agosto de 2025 la representante a la Cámara María del Mar Pizarro denunció que Coca Cola había tapado con cemento algunos manantiales. La empresa dijo que eran “cajas de mampistería” que cumplían las especificaciones de ley. 

A lo anterior se sumó que la multinacional le entregó a la CAR un estudio “técnico” con el que buscaban reforzar sus argumentos para que se prorrogara la concesión. VORÁGINE reveló un concepto de esa entidad en el que se exponían varias inconsistencias en el documento de la empresa. Entre otros puntos, el análisis calificaba como pocos confiables algunos de los hallazgos y señalaba que se habían incluído datos que alteraban los resultados finales de disponibilidad hídrica en la zona. 

Los líderes y las organizaciones se enfrentaban con la mayor embotelladora de bebidas azucaradas del mundo. Eso, de entrada, planteaba unas desigualdades en el proceso. Mientras Coca Cola contrataba empresas para hacer los estudios que respaldaran sus visiones, del otro lado los recursos eran limitados. “Hay un privilegio del saber técnico sobre el saber comunitario y campesino del territorio. Aunque la gente estuviera diciendo ‘es que mi señora, es que no hay agua’, la respuesta era ‘no, acá la discusión es técnica’”, contó Palacios. 

Los liderazgos encontraron aliados en diferentes organizaciones que aportaron su saber técnico. Con las visiones sobre la mesa, la CAR debía decidir. 

La decisión y la reanudación del hostigamiento

Pasó casi un año, en el que Coca Cola embotelló de manera continua, entre la audiencia pública y la decisión de fondo de la CAR. El 14 de abril de 2026 esa entidad emitió una resolución por medio de la cual prorrogó la concesión, pero fijó algunos cambios. Por ejemplo, la multinacional ahora solo podrá captar agua de cuatro manantiales, antes tenía siete a su disposición. Además, el caudal permitido se redujo de 3,4 litros por segundo a 1,9. La empresa tendrá que comprar 53,46 hectáreas de tierra que serán dispuestas para la conservación de los ecosistemas y, en caso de sequía o eventos que afecten el suministro para las comunidades, la compañía tendrá que detener la captación. 

Los resultados tienen varias interpretaciones entre quienes hicieron parte del proceso. Cifuentes, quien pertenece a la comunidad muisca, calificó de “salomónica” la decisión y explicó que se refiere a que “ninguno de los actores sintió que fuera una decisión muy fuerte”. “Es la primera vez que una comunidad organizada logra que una concesión se dé con restricciones. Entonces, para nosotros eso es un avance muy grande”, opinó. Pero, él dice que su objetivo es que la concesión se termine. Por eso, aseguró que está evaluando pedir la nulidad de la resolución. “La CAR no contempla una visión biocéntrica, no solo los seres humanos tomamos agua. El agua es todo y es un sistema complejo de interdependencias en el que las quebradas y los nacimientos también tienen derechos”, dijo.

“Lo más importante de este proceso es que la comunidad entienda que cualquier persona puede hacer vigilancia activa sobre cómo se están administrando nuestros recursos naturales. De ellos no solo dependemos nosotros, sino las generaciones que vienen”, destacó Hoyos. Además, también aseguró que la decisión no afectó a la empresa que puede embotellar agua, pero debe tomar varias medidas de compensación. 

Palacios también hizo su balance: “Nosotros estábamos solicitando que no se prorrogara la totalidad de la concesión y se prorrogó parcialmente, pero se redujo el caudal. Eso es una victoria práctica sobre la protección de tres manantiales que se liberaron de la mercantilización que la empresa estaba ejerciendo”. Y destacó: “Todas mis compañeras y yo salimos muy formadas de este proceso en cuanto a lo que implica una decisión de Estado sobre la naturaleza”.

El conocimiento, los hitos y los logros del proceso ahora hacen parte de la riqueza de los líderes ambientales de La Calera. Sin embargo, todavía tienen preocupaciones por su seguridad. Por primera vez, Cifuentes le contó a un medio de comunicación que en varias ocasiones su esquema de seguridad ha sido interceptado por motos. 

Y el hostigamiento digital se reactivó. El 15 de abril, un día después de que se expidiera la resolución, una cuenta llamada El Tropelero pagó dos anuncios para difundir piezas con ataques a VORÁGINE y a Cifuentes. Esa cuenta está asociada al número telefónico 3238575361. Las mismas imágenes fueron utilizadas e impulsadas por un perfil llamado “Está en la olla”. Ambas páginas son administradas desde la misma IP, una dirección única de identificación de los equipos que se conectan a internet.

La protección de la vida y los procesos en La Calera es un deber del Estado. Encontrar y juzgar a los responsables de los actos violentos que se han presentado es importante para garantizar que los conflictos encuentren en las instituciones espacios donde se pueden dirimir. Eso adquiere especial importancia en un país donde la persecución contra los defensores del medio ambiente ha costado cientos de vidas.

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