Asesinatos contra personas trans: aumenta la violencia y el gobierno desprotege

El mismo día que fue asesinada en Popayán (Cauca) la lideresa trans Roxxy Vanessa Astaiza, se conoció una carta con la que el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció el retiro del país de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza integrada por 43 países y diversas organizaciones de la sociedad civil. Durante la semana también se había suscitado una discusión alrededor de los derechos de las personas transgénero por la captura del director y creador de contenido Samuel Adrián, quien desacató la orden de un juez y fue detenido en el aeropuerto El Dorado (Bogotá).

Esos hechos tienen de trasfondo un contexto de violencia creciente contra la comunidad trans y de impunidad en los crímenes contra la población Lgbtiq+. VORÁGINE accedió a datos oficiales que dan cuenta de que 2026 podría cerrar siendo el año con más asesinatos de personas trasgénero, por lo menos, desde 2024. También obtuvimos un reporte de la Fiscalía sobre los avances judiciales en los asesinatos de personas de la comunidad Lgbtiq+ entre 2021 y 2026: los datos dan cuenta de una impunidad rampante.

Violencia homicida contra los trans sería la más alta en tres años  

El pasado 13 de septiembre fue noticia la captura del director Samuel Adrián. Después de que se conociera ese hecho, el influencer de extrema derecha cercano a de la Espriella, Agustín Laje, desinformó señalando que la decisión estaba influenciada por el gobierno de Gustavo Petro. Esa afirmación fue desmentida por el portal Colombia Check.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la captura de Adrián diciendo que debía “abrir un debate nacional”. El mandatario se refería a los tratamientos hormonales que reciben infancias trans en algunos centros médicos.

Alrededor de ese tema se han dado otras desinformaciones. Por ejemplo, el representante Luis Miguel López (Partido Conservador) anunció en su cuenta de X el pasado 26 de agosto: “Radicamos la ley ‘Laura’ para prohibir las cirugías de cambio de sexo en menores”. Como respuesta a un derecho de petición instaurado por el congresista Mauricio Toro, el Ministerio de Salud precisó que entre 2018 y 2024 no se realizaron cirugías de cambio de sexo a niños, niñas o adolescentes.

La desinformación sobre la comunidad trans tiene implicaciones en sus vidas. “Cada que sube la temperatura de esos mensajes transfóbicos, aumentan los casos de violencia contra personas trans. Por ejemplo, desde el 7 de agosto hubo tres homicidios y esos discursos favorecen el envalentonamiento de los actores violentos”, dijo Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. 

La fundación Grupo de Acción y Apoyo a las Personas Trans (GAAT) en Colombia ha contabilizado cuatro homicidios de personas trans desde el 7 de agosto. “Los episodios de violencia han venido aumentando a medida que han incrementado los discursos de odio y prejuicios hacia las personas trans, porque generan cierta validación social a todas estas personas que buscan aniquilar, discriminar o violentar a una persona por el hecho de ser trans”, dijo Danne Belmont, directora ejecutiva del GAAT. “El problema que vemos ahora es que la burla, el hostigamiento y las exclusiones se están normalizando, parecen más aceptables o menos graves. Cuando estas ideas circulan desde escenarios públicos, políticos, institucionales, como estamos viendo en la coyuntura actual, pueden reducir el rechazo social frente a la violencia”, complementó María Clara Zea, investigadora de la ONG Colombia Diversa.

La Defensoría Delegada para Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, con datos de la Fiscalía, registró 21 transfeminicidios con corte al 15 de septiembre 2026. La misma dependencia había contabilizado 27 casos en 2024 y 2025. 

Después de la fecha de corte se presentó otro homicidio. Roxxy Vanessa Astaiza, una reconocida lideresa que estaba aspirando a hacer parte del Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, murió luego de ser apuñalada. La primera hipótesis fue que se trató de una riña. Sin embargo, Zea le dijo a VORÁGINE que “la motivación del crimen puede ser prejuiciosa”.  

Es decir, hoy la cifra alcanza los 22 asesinatos en el año y todavía faltan más de tres meses para su cierre. El dato tiene otro elemento de contexto que muestra su gravedad. Durante 2026 se han registrado 39 homicidios de personas de la comunidad Lgbtiq+, de los cuales 22 corresponden a transgénero: el 56%. Eso implica un cambio en el comportamiento histórico del fenómeno. “La mayoría de homicidios eran hacia hombres cis gay, ahora la violencia se está dirigiendo con mucha más servicia y magnitud hacia las mujeres trans”, explicó Zea.

Le consultamos, vía derecho de petición, a la Defensoría del Pueblo por los motivos que hay detrás de la violencia contra la población trans: “No responde exclusivamente a hechos individuales o aislados, sino que se producen y profundizan en contextos atravesados por prejuicios, estereotipos de género, discriminación y condiciones históricas de exclusión social”.

La disparidad entre las cifras de las ONG y de las autoridades es reiterativa. Zea dijo que, por ejemplo, hay entidades que todavía clasifican a las mujeres trans como hombres gay. Eso ha hecho que los datos para analizar el fenómeno pierdan calidad y capacidad para responder ante la violencia. Castañeda, de Caribe Afirmativo, coincidió con lo que dijo Zea.

En VORÁGINE constatamos esa dificultad para obtener datos oficiales de la violencia contra personas trans. Le enviamos un derecho de petición a la Fiscalía pidiendo información sobre los asesinatos contra esa población, pero la entidad arbitrariamente abrió la respuesta a los homicidios contra la población Lgbtiq+. A pesar de ese problema, las cifras revelan que la impunidad ha sido la norma.

Homicidios contra la comunidad Lgbtiq+: impunidad rampante

La respuesta de la Fiscalía al derecho de petición da cuenta de la magnitud de la impunidad. Entre 2021 y agosto de 2026 el ente investigativo conoció 2.114 asesinatos de personas de la comunidad Lgbtiq+, de esos, solo en 183 casos hay condenas. Es decir, la impunidad alcanza el 92%. Y la cifra podría ser superior porque el hecho de que exista un fallo no quiere decir que todos los involucrados en el crimen hayan sido judicializados. 

Los datos también dan cuenta que en la gran mayoría de casos la posibilidad de encontrar justicia se encuentra muy lejana. De las 2.114 investigaciones, 1.679 están en etapa de indagación, es decir, la etapa más incipiente de los procesos penales. Eso representa el 79%.

“Hay un abismo alto de impunidad: muy pocos casos son investigados, muy pocos avanzan de manera correcta y cuando se analizan los que se juzgan resulta que son fruto de un proceso de negociación por un preacuerdo con el victimario que acepta su responsabilidad, pero la Fiscalía no indaga más, no pregunta por qué, lo que nos permitiría a nosotros efectivamente prevenir ese tipo de violencia”, dijo Castañeda cuando conoció las cifras que obtuvo VORÁGINE. 

La desprotección en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Los tres expertos con los que hablamos expusieron preocupaciones por retrocesos en programas que tenían efectos positivos en la vida de las personas trans. Por ejemplo, Castañeda se refirió a un fondo destinado a proyectos productivos de esa comunidad que existía en el Ministerio de la Igualdad. Según el director de Caribe Afirmativo, el liquidador de esa entidad, Jhon Milton Rodríguez, “en vez de trasladarlo a otro ministerio o a otra dependencia del Estado lo terminó clausurando”.

Rodríguez ha sido pastor de una iglesia llamada Misión Paz. Según denuncias de varias personas, expuestas por W Radio, en esa organización se practicaban las “terapias de conversión”. Se trata de procedimientos que la ONU ha calificado de torturas y que buscan cambiar la orientación sexual de las personas. 

Otra preocupación atada a la liquidación del Ministerio de la Igualdad tiene que ver con el funcionamiento de la Línea Salvia, un número telefónico al que pueden llamar personas víctimas de violencias basadas en género y en prejuicios. Las organizaciones temen que esa instancia pueda desaparecer con el cierre de la cartera. “No solamente nos preocupa la validación de la violencia inmediata, sino también la falta de garantías y de protección de nuestros derechos a mediano y largo plazo”, dijo Belmont, quien destacó que la línea servía para identificar algunos casos de violencia contra la población trans.

“Hay inquietud sobre quién va a ser el doliente de la Línea Salvia y, aunque sigue operando, sí sabemos que está bastante desprotegida y hay muchas dudas de cómo va a seguir operando en un gobierno que ha demostrado no ser aliado en los temas de Lgbtiq+”, dijo Zea.

A todo eso se suma que la decisión de sacar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos ha generado el rechazo de diferentes países. Por medio de redes sociales se han pronunciado las embajadas de Irlanda, Alemania y Dinamarca lamentando el paso que dio el gobierno de de la Espriella. Así, el Ejecutivo se alineó con personas que han expresado su rechazo por los derechos de la comunidad Lgbtiq+ como Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional Pedro Agustín Roa dijo en un video: “La participación en ese mecanismo no era prioritaria”. Argumentó que Colombia tiene “un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos” por la Constitución, las políticas públicas y la Corte Constitucional. Eso contrasta con los reportes de entidades y organizaciones civiles que dan cuenta de decenas de asesinatos al año por cuenta de los discursos de odio y los prejuicios.

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