VORÁGINE revela que el estacionamiento en Medellín donde las AUC manejaban su contabilidad nunca fue objeto de extinción de dominio. Por el contrario, sus propietarios nunca dejaron de serlo, pese a tener investigaciones por lavado de activos. Hoy una reconocida fiduciaria tiene el dominio del parqueadero.
30 de julio de 2023
Por: Nicolás Sánchez Arévalo / Ilustración: Angie Pik

El hombre de camisa roja al que acababan de capturar en el parqueadero estaba tan nervioso que le temblaba la mandíbula. Cuando le ofrecieron un vaso de agua por fín confesó: “Sí, yo soy paramilitar”. Minutos antes intentó huir diciendo que era un ganadero que estaba allí apenas de paso. 

Gregorio Oviedo, junto con unos cien hombres del CTI bajo su mando, habían acabado de irrumpir en el Parqueadero Padilla, en pleno centro de Medellín, después de tumbar las puertas porque nadie les abrió. Era 30 de abril de 1998, y el país aún no conocía las dimensiones que estaba adquiriendo el paramilitarismo en Colombia.

En el lugar había paredes de doble fondo donde los delincuentes guardaban sus libros contables, los estatutos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundadas un año antes por Carlos Castaño, y los organigramas que mostraban la composición de la estructura armada. Esos hallazgos hicieron que el hombre de rojo no se resistiera más. Se trataba de Jacinto Alberto Toro, conocido en el mundo del crimen con el alias de ‘Lucas’. 

Oviedo, en conversación con VORÁGINE, recordó que gracias al allanamiento identificaron a 423 personas naturales y 58 jurídicas que hacían aportes a los paramilitares, como quedó consignado en un anexo de la Comisión de la Verdad. La información estaba en los libros contables y en 73 diskettes. ‘Lucas’ y dos secretarias intentaron destruir uno, pero no alcanzaron. Oviedo y sus hombres habían acabado de descubrir nada menos que el corazón de las AUC.

El exagente Oviedo también reconoce que en ese momento no se hicieron muchas preguntas sobre quiénes eran los dueños del Parqueadero Padilla. A pesar de que se ha escrito mucho sobre el tema, los propietarios de ese inmueble— clave para la expansión del paramilitarismo— apenas han sido mencionados. 

VORÁGINE obtuvo documentos que prueban que el parqueadero nunca fue objeto de extinción de dominio y que la familia que arrendó el inmueble a los paramilitares en los años noventas aún hoy es la propietaria. De hecho, transfirieron el dominio del parqueadero a una fiduciaria que pertenece a reputados empresarios del Valle del Cauca. 

Varios miembros de esta familia a la que pertenece el inmueble murieron de manera violenta, y dos más están siendo investigados por lavado de activos. Hay varios indicios que dan cuenta de una opaca fortuna familiar que ha pasado desapercibida para  las autoridades.

¿Quiénes son estas personas cuya propiedad se usó para servir de centro de operaciones de las AUC? El anexo de la Comisión de la Verdad reveló que el parqueadero pertenecía a una empresa llamada Inversiones Ovalar, con la cual ‘Lucas’ suscribió contratos de arrendamiento en 1996, 1997 y 1998. La historia de esa empresa está marcada por la violencia. 

Ovalar fue fundada por Óscar Vargas Lara, patriarca de la familia, asesinado en Medellín el 16 de enero de 1994. Constituyó la empresa en asocio con Beatriz Elena Torres, en 1981. El capital inicial fue de $5.000.000, cifra que equivale a $575 millones de hoy. Tan solo tres años después ese capital fue aumentado a $6.500.000. En la sociedad tenían participación accionaria los dos esposos y sus tres hijos: María Cristina, Juan Sebastián y Óscar Alberto.

Fueron años de inusitada prosperidad para los Vargas Torres. Aparte de Ovalar constituyeron la Inmobiliaria Tarapacá en 1992. El capital inicial de esa sociedad fue de $5.000.000, unos 52 millones en 2022. También compraron bienes en Medellín y en Urabá. Por ejemplo, el parqueadero lo adquirieron en 1981.

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Conexiones entre los Vargas y los paramilitares

Y aquí viene la primera conexión de los dueños del Parqueadero Padilla con los paramilitares. En 1990, Óscar Vargas Lara adquirió dos lotes en Medellín junto a Hernán Darío Moreno Calle, alias “Mateo Rey”, quien ha sido señalado por las autoridades de ser testaferro de los hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Moreno, que fue comandante del Bloque Frontino de ese grupo criminal, también se encargó de sobornar a funcionarios de la DIAN para que dejaran entrar al país 3.117 fusiles AK-47 provenientes de Nicaragua con destino a los paramilitares, como lo reconstruyó Justicia y Paz

Alias “Mateo Rey”  fue clave en la expansión del paramilitarismo desde Urabá hacia el noroccidente antioqueño. El anexo de la Comisión de la Verdad sobre el Parqueadero Padilla expone que Vicente Castaño, uno de los fundadores de las Accu, explicó en un escrito que “Mateo Rey” le pidió a la cúpula paramilitar expandirse hacia esa zona de Antioquia y que habría sido el contacto con los Castaño y con Heber Veloza, excomandante del Bloque Calima y del Frente Turbo, para ampliar su influencia. 

El nombre de pila de “Mateo Rey” también apareció entre los registros contables que estaban en el Parqueadero Padilla, junto a otras 422 personas naturales y 58 personas jurídicas, como lo reveló el anexo de la Comisión. En ese mismo documento quedó al descubierto que este hombre  fundó en Barranquilla una empresa fachada de los paramilitares llamada Asesorías y Servicios Integrales de Seguridad Asis Ltda.

Otros negocios de los Vargas, bajo sospecha

Algunas inversiones de los Vargas en Urabá también han sido vigiladas de cerca por el Estado. Por ejemplo, la finca La Florida 2 (ubicada en el sector La Caleta de Turbo, Antioquia). Ese bien fue adquirido por Vargas Lara en 1985, pero en 1989 el Consejo Nacional de Estupefacientes tomó posesión sobre el terreno. En 1995 la finca fue devuelta a Vargas por parte del Fondo Nacional Agrario. Esta transacción tomará importancia más adelante. 

Una pista sobre los hechos que habrían motivado al Consejo Nacional de Estupefacientes a hacerse con el control de la finca se puede encontrar en un documento de 2021 de la Fiscalía. En este se lee: “Según fuente humana en reserva, dice que (Vargas Lara) fue asesinado hace 26 años aproximadamente, además que fue aliado del narcotraficante clandestino en Antioquia aliado de LEONIDAS VARGAS y extinto Pablo Escobar (sic)”. Leonidas, asesinado en 2009 en Madrid (España), fue un mafioso que hizo su vida criminal junto al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. 

Los negocios sin el patriarca

El tamaño de la fortuna de los Vargas Torres quedó detallado en los documentos de la sucesión que se surtió en 1995. Para ese momento los activos eran de $408 millones, lo que equivale a $2.375 millones en 2022. Esa fortuna fue repartida entre Beatriz Elena Torres y sus hijos María Cristina, Juan Sebastián y Óscar Alberto.

La familia siguió haciendo negocios después del asesinato del padre en 1994. En 1996, Beatriz Elena se convirtió en accionista mayoritaria de una empresa de textiles llamada Disurtex y fue nombrado gerente el abogado David Alberto Arango Arango, hombre de confianza de la familia, como lo demuestra que también fue gerente de Ovalar y de Inmobiliaria Tarapacá. Ese mismo año Ovalar, la primera empresa familiar, le arrendó el Parqueadero Padilla al paramilitar ‘Lucas’.

La propiedad de los predios que compró en vida Vargas Lara junto a alias “Mateo Rey” cambió en 2002. En marzo de ese año, Beatriz Elena le vendió las partes que tenía de las propiedades al jefe paramilitar y a una mujer llamada Irma Rita Diez Durango. En 2013 la Fiscalía extinguió el dominio de ambos bienes

Los negocios de la familia Vargas Torres con los paramilitares tendrían otra faceta. Según quedó consignado en una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, Rodrigo Alberto Zapata, excomandante paramilitar, señaló a Beatriz Elena de contribuir económicamente a ese grupo criminal. 

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El desenlace de Beatriz Elena y Óscar Alberto, su hijo mayor, fue violento. El 26 de mayo de 2014 ambos fueron asesinados con apenas 29 minutos de diferencia, según sus registros de defunción. La primera fue asesinada en San Jerónimo (Antioquia) y el segundo en Medellín. La Fiscalía creó un grupo de tareas especiales y entre sus hipótesis se encontraba que personas de la misma familia habrían participado en el doble homicidio, pero el caso sigue impune. A su tumba se llevaron todo aquello que podrían conocer sobre las razones de los paramilitares para instalar su base financiera justo en un bien de la familia Vargas Torres.

La investigación por lavado

Las empresas y los bienes de la familia quedaron en manos de Maria Cristina y Juan Sebastián. Pero en 2021 la Fiscalía empezó a investigar la procedencia de sus riquezas y abrió un proceso de extinción de dominio. El ente investigativo identificó 19 inmuebles propiedad de los hermanos o de Ovalar (en Medellín, Itagüi y Turbo) y 12 vehículos, entre los que se encuentran algunos de marcas como Rolls Royce, Porsche y Mercedes Benz. En un documento conocido por VORÁGINE, insisten en la destinación para actividades ilícitas del Parqueadero Padilla. Tuvieron que pasar 23 años para que la entidad abriera un proceso de extinción de dominio sobre el bien que los paramilitares usaron para garantizar su operación.

“Si es un bien que fue adquirido por dineros mal habidos se puede hacer una expropiación y es claro que desde ahí se hicieron actividades delictivas, el Estado podría hacer un proceso de extinción de dominio con la participación de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales”, aseguró Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), una organización defensora de derechos humanos que ha documentado durante décadas la violencia en Antioquia.

Es lo mismo que piensa Oviedo al enterarse de que la familia que le arrendó el parqueadero a ‘Lucas’ sigue siendo propietaria del inmueble. “La Fiscalía debió ordenar la entrega del parqueadero”, dijo. “Lo del Parqueadero Padilla sentó las bases para la supresión del movimiento paramilitar en ese momento, si hubiera habido voluntad política”, afirmó. Los procesos contra los financiadores de ese grupo que masacró a miles de colombianos, reposan sin muchos avances en anaqueles judiciales. 

El proceso de extinción está inmovil en la Fiscalía. Prueba de eso es que los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes de los Vargas no tienen anotaciones de embargo, secuestro ni de extinción de dominio después de que empezara la investigación en 2021. Lo que sí queda en evidencia en esos documentos es que los Vargas Torres siguieron haciendo negocios con los bienes.

Los negocios con la fiduciaria

Antes del informe que le dio inicio a la investigación de extinción de dominio en contra de los Vargas Torres, María Cristina y Juan Sebastián estaban haciendo encargos fiduciarios con tres de sus propiedades: el Parqueadero Padilla, en Medellín; y la finca La Florida 2 y La Virgencita, en Turbo. 

En 2018 los hermanos le transfirieron el dominio de las fincas La Florida 2 y La Virgencita a la Alianza Fiduciaria, una empresa cuyos propietarios mayoritarios son Australis Inversiones del Pacifico y la Organización Delima S.A. El primer grupo empresarial tiene sede en Madrid España y cuenta con participación del Banco Mundial. La organización Delima, pertenece a cacaos empresariales del Valle del Cauca como Ernesto de Lima Le Franc. El costo del negocio entre los Vargas Torres y la Alianza Fiduciaria fue de 800 millones de pesos.

A la Florida 2 llegaron en junio de 2023 1.035 familias campesinas sin techo que se asentaron en 27 hectáreas. Las personas que están en ese pedazo de tierra buscan hacer casas para ellos y argumentan que La Florida cercó más terreno del que muestran las escrituras. “Le pido a la Presidencia de la República y a la Agencia Nacional de Tierra, que nos apoye, que rescate este baldío, que lo recupere para que nos lo adjudiquen”, dijo Joel Díaz, líder del asentamiento en entrevista con este medio. “Cada familia en este momento tiene un lote para construir su vivienda porque el gobierno nunca les ha dado la vivienda digna y ni siquiera tienen el terreno”, insistió.

Las relaciones de negocios entre los herederos y Alianza Fiduciaria se amplió en 2021, cuando los hermanos Vargas Torres le entregaron el dominio del Parqueadero Padilla a esa empresa por 956 millones de pesos. En últimas, el dominio del predio donde los paramilitares guardaban su contabilidad lo tiene Alianza Fiduciaria.

Alianza Fiduciaria y el despojo

Alianza Fiduciaria ha tenido intereses en predios ubicados en los Montes de María, donde grupos armados despojaron de sus tierras a miles de campesinos. Esta firma ha pedido que se les reconozca la buena fe en la tenencia de predios en seis procesos de restitución de tierras, entre 2017 y 2022. Sin embargo, en todos los casos sus pretensiones han sido denegadas por los juzgados y las parcelas han sido restituidas a campesinos que salieron huyendo de la violencia malvendiendo sus terruños.

Alianza Fiduciaria administra fideicomisos en favor de Cementos Argos SA y Tierras en Promisión, empresas que hicieron compras masivas de tierra en los Montes de María en medio de la violencia que se desarrolló en la región y que obligó a miles de campesinos a desplazarse. 

“No se puede alegar como argumento para sustentar la buena fe, únicamente la revisión de la cadena traditicia del inmueble, toda vez que era una situación de público conocimiento los hechos de violencia propiciados por grupos al margen de la ley en los corregimientos de las Palmas, lo cual suponía un mayor grado de diligencia a FIDUCOR S.A. ahora Sociedad Alianza Fiduciaria S.A., a fin de verificar si el predio había sido enajenado a su anteriores propietarios sin vicio alguno o afectados por el accionar de grupos armados al margen de la ley”, señaló el Tribunal Superior de Cartagena al estudiar las actuaciones de la empresa con respecto a un predio despojado en San Jacinto (Bolívar). 

El Tribunal Superior de Cartagena argumentó de manera similar en los otros procesos de restitución en los que Alianza Fiduciaria intentó ser reconocida como tenedora de buena fe. En todos los casos, los magistrados le reclamaron a la empresa que debió tener mayor cautela cuando incluían en encargos fiduciarios la tierra que había sido comprada a los campesinos aprovechando el temor que infundió el contexto de violencia. 

Turbo, donde Alianza Fiduciaria hace negocios con los Vargas Torres, también ha sido una zona con altos índices de despojo de tierras. A eso se suma que el folio de matrícula inmobiliaria de La Florida 2 da cuenta de una intervención del Consejo Nacional de Estupefacientes. 

Pedimos que un vocero de Alianza se pronunciara sobre los hallazgos de esta investigación. Vía correo electrónico, Carlos José Jiménez, gerente jurídico de esa empresa, manifestó: “Alianza Fiduciaria en su calidad de entidad sujeta a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y conforme a las disposiciones legales que regulan el negocio fiduciario, por temas de reserva bancaria está impedida para pronunciarse respecto de los negocios que administra, como de sus clientes (sic)”.

En un perfil que hizo Caracol Noticias sobre Ernesto de Lima Le Franc, fundador de la Organización Delima, el empresario mostró una servilleta que tiene enmarcada en su oficina, en la que Luis Carlos Galán (asesinado por el Cartel de Medellín) escribió “TANTO MAFIOSO LIBRE”. A pesar de tener ese recordatorio, las prácticas de su grupo empresarial parecen ignorar esa realidad para hacer negocios con personajes que tienen fortunas de opaca procedencia.

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