VORÁGINE revela detalles de una investigación por contratación sin cumplimiento de requisitos que salpica al autoposesionado rector de la Universidad Nacional.
12 de mayo de 2024
Por: Nicolás Sánchez Arévalo y José Guarnizo. / Ilustración: Angie Pik
Ismael Peña le ocultó a sus electores un proceso penal que lo salpica.

El Consejo Superior Universitario (CSU), instancia encargada de elegir el rector de la Universidad Nacional, no conocía un hecho que podía ser importante para la elección: José Ismael Peña enfrenta un proceso en la Fiscalía por presunta contratación sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Los hechos se remontan a 2016, cuando Peña era decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. El 31 de mayo de ese año, Peña firmó un contrato a nombre de la institución con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Esa entidad fue representada por Isabel Cristina Jaramillo Jiménez, quien ahora es la secretaria general de gestión administrativa y financiera de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes

El monto del convenio interadministrativo fue de 671 millones de pesos y la contratación se hizo de manera directa, es decir, sin ningún otro oferente (un hecho que con el correr del tiempo tomaría relevancia). El objeto contractual consistía en la implementación de un Centro de Innovación Aplicada, un lugar destinado a brindar asistencia técnica a por lo menos 50 microempresas de los sectores del calzado, la marroquinería y el cuero en el barrio Restrepo, al suroriente de Bogotá. 

Peña goza de presunción de inocencia hasta que un juez falle. Sin embargo, integrantes del CSU le dijeron a VORÁGINE que hubiera sido importante conocer ese hecho antes de las votaciones para elegir rector. “Sin duda es fundamental tener conocimiento de esos procesos en curso para poder deliberar y decidir, eso nunca se le comunicó al CSU, ni por parte del profesor Ismael ni por parte de ninguno de los consejeros y consejeras, ni de la secretaria general”, dijo María Alejandra Rojas, una delegada del Gobierno Nacional en esa instancia. Nataly Garzón, otra delegada del Gobierno, también negó conocer el caso contra Peña y dijo que la importancia de estar enterada antes de las votaciones dependía del “grado en el que esté el proceso”.

Diego Torres, representante de los profesores ante el CSU, también dijo que no conocía la investigación penal, pero matizó ese hecho. “Hubiera sido conveniente saberlo, pero no creo que eso hubiera cambiado la dinámica de la votación. Mi visión no hubiera cambiado (…) Las personas que han sido decanos, vicerrectores, es inevitable que terminen con un proceso de investigación porque contratar con el Estado es fregado. Si hay una condena eso es super serio, pero desde mi experiencia personal quiero contarte que ninguna de esas demandas contra profesores ha prosperado porque los procesos internos de la universidad son muy robustos”, dijo en una entrevista telefónica.

Peña ha adquirido amplia relevancia por la controvertida elección de la rectoría de la Universidad Nacional. El proceso ha sido cuestionado por la ministra de Educación, Aurora Vergara, y ha generado numerosas protestas por parte de los estudiantes. El descontento se explica porque la comunidad universitaria votó en una consulta para que el rector fuera el profesor Leopoldo Múnera. Sin embargo, el CSU eligió a Peña, quien solo obtuvo el 8.3% de los votos de la consulta. Si bien dichas votaciones no eran vinculantes, parte de la comunidad universitaria esperaba que su voz fuera tenida en cuenta.

La ministra Vergara se ha negado a firmar el acta que proclama como rector a Peña argumentando que los consejeros están ocultando el sentido de los votos. Profesores y estudiantes anunciaron este 9 de mayo que entrarán en un paro indefinido. Ese anuncio se dio una semana después de que Peña se autoposesionara como rector en una notaría.

Las alarmas de la Contraloría 

El 17 de agosto de 2017 la Contraloría Distrital empezó a hacer una auditoría que reveló una serie de presuntas irregularidades en el proceso contractual de 2016. En el documento que contiene los hallazgos, fechado en octubre de 2017, ese ente de control expuso: “se determinó un detrimento patrimonial en cuantía de $224.390.000”.

Los auditores concluyeron que la Secretaría de Desarrollo Económico pagó por un rubro que el ente de control calificó de “inexplicable”. Se trata de un ítem que en la propuesta de la Universidad Nacional aparecía como “Transferencias” y que sumaba 204 millones de pesos. Los investigadores advirtieron que la institución educativa nunca aclaró a qué se refería con ese concepto. Sobre ese aspecto dijeron: “Resulta imperativo concluir que los dineros allí dispuestos no eran necesarios, en consecuencia nunca debieron pagarse, pues se está en presencia de un mayor valor pagado, que se traduce en una gestión antieconómica constitutiva de daño patrimonial”.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría se refirió a un ítem que se agregó en medio de la ejecución del convenio que, según los auditores, no estaba incluído en la propuesta original. Se trata de un rubro de 20 millones de pesos destinados a arriendos. El ente de control cuestionó que la Secretaría haya pagado ese dinero a pesar de que el gasto supuestamente no estaba sustentado. “No había lugar efectuar pagos por tal concepto, ya que desde cualquier mirada deriva en una gestión antieconómica, constitutiva de daño patrimonial”, se lee en la auditoría.

Vea el En corto sobre este tema:

¿Un convenio direccionado?

La Contraloría también cuestionó la forma en la que la Secretaría escogió el tipo de contrato. Los convenios interadministrativos se utilizan cuando dos entidades públicas se unen y cada una aporta algo para la realización de un objeto. Sin embargo, los investigadores concluyeron: “el aporte de la Universidad no se dio”. Ese hecho llevó a que también controvirtieran la modalidad contractual que se utilizó: “bajo las condiciones en que se ejecutó, podría haberse suscrito con cualquier otra institución u oferente bajo las características de un contrato conmutativo”.

En la auditoría también cuestionaron la manera como se hizo un estudio de sector y de mercado, un proceso que se adelanta para tener precios de referencia antes de contratar. La Contraloría encontró que el 4 de abril de 2016 la Secretaría envió un correo a la Universidad Sergio Arboleda pidiendo presentar una propuesta a más tardar el 6 de abril. La Sergio pidió prórroga, pero, según se lee en el documento, nunca obtuvo respuesta. Por otra parte, la propuesta de la Universidad Nacional fue presentada varios días después, el 28 de abril de 2016.

“Cuando se contrata con una universidad pública no hay necesidad de hacer proceso licitatorio. Es un convenio interadministrativo, la Universidad Nacional que ya venía operando ese centro, pues lo siguió haciendo. Ahí está uno de los errores conceptuales de los auditores de esa época porque no tenía que haber pluralidad de oferentes si se está haciendo un convenio interadministrativo con una entidad que ya viene operando el centro”, aseguró en entrevista con este medio Erick Behar, quien para la época de la firma del convenio se desempeñaba como Subsecretario de Desarrollo Económico del Distrito.

En conclusión los auditores señalaron: “Es evidente que algunos de los estudios y/o productos obtenidos en virtud del convenio 70 de 2016, NO CUMPLIERON EL FIN; sin embargo, no es posible llegar a la cuantificación de la pérdida de recursos por este concepto”.

El archivo del proceso

Ismael Peña se defendió en el marco del proceso abierto por la Contraloría. En una versión libre ante el órgano de control explicó el sentido que tenía el rubro de “Transferencias”. Afirmó que por disposición de un Acuerdo del CSU, expedido en 2009, todos los contratos o convenios suscritos por esa institución educativa deben generar a la Universidad, como transferencia, mínimo el 22% del valor del contrato. Esos montos son invertidos en diferentes instancias de la institución educativa.   

Erick Behar también se refirió a ese rubro en la entrevista con VORÁGINE: “Esos auditores, que yo no considero que sean expertos en el tema, ven las transferencias y dicen que es un sobrecosto, pero las transferencias en ningún lado del mundo son un sobrecosto”.

Peña en su versión libre se refirió a los 204 millones estipulados como “Transferencias”: “corresponde nada más y nada menos que al valor de las transferencias que la Universidad recibe por la ejecución de las actividades de extensión, como una forma de hacer sostenible sus funciones misionales”. En últimas, es la contraprestación que recibe la institución educativa.

La Contraloría cerró la investigación y en el auto, fechado el 15 de septiembre de 2023, se lee: “los costos de transferencias estaban pactados por las partes y fueron soportados en debida forma y fueron revisados y contrastados con el total cumplimiento de las obligaciones contractuales”. 

La misma entidad se refirió al pago mencionado como arriendo que, en primera instancia, había sido cuestionado por los auditores. Peña y algunos funcionarios de la Secretaría explicaron que esos recursos se usaron para que los empresarios participaran en dos ferias de calzado y marroquinería. “Los movimientos en los conceptos de gasto no implican ninguna modificación contractual, pues estos solo buscan el fortalecimiento del objeto y alcance del contrato, por lo que no existió un daño patrimonial”, concluyó la Contraloría.

Tras descartar el detrimento patrimonial, la Contraloría archivó la investigación. La Personería, por medio de un auto de terminación de procedimiento, también cerró una investigación que había abierto en contra de Behar y de una exfuncionaria de la Secretaría. “Al revisar los productos generados por la Universidad Nacional se cumplió con la finalidad que se buscaba dentro del convenio”, se lee en el documento fechado en 2020. “No se presentó irregularidad en la etapa precontractual”, concluyó la Personería. 

El proceso penal

La página de la Rama Judicial muestra que la Fiscalía ha intentado cinco veces adelantar la audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, esta no se ha efectuado, en algunas ocasiones porque no llegó el fiscal y en otras porque los abogados de los indagados no se presentaron. El intento más reciente fue el 18 de abril de 2024, pero, según dice en el mismo portal, la diligencia se canceló porque solo se presentó Liliana Pulido Medina, una de las indagadas que hacía parte de la Secretaría, y dijo no tener abogado de confianza.

Vía correo electrónico, Pulido Medina le aseguró a VORÁGINE: “Entiendo que en Fiscalía estaba en proceso de cierre, pero la verdad nunca tuve oportunidad de rendir ninguna declaración en Fiscalía para explicar el tema”. Por su parte, Behar dijo que su nombre fue excluido del proceso: “A mí me mencionaron al comienzo por lo que yo había estado involucrado en los estudios previos, pero después a mí no me llamaron. Lo que entendí es que el fiscal luego llamó a otras personas, pero yo no estoy llamado a eso”. Y agregó: “Justo el decano de esa época es este señor Peña, entonces, lo que pienso es que van a utilizar eso para deslegitimar su elección y a mí me parece que eso sería una injusticia”.

“Ya fue cerrado por Contraloría, Personería y la Fiscalía me informó que lo cerrará”, le dijo Peña a VORÁGINE. Le preguntamos vía Whatsapp a Peña quién y cuándo le dijo que iban a cerrar el proceso, también por qué no advirtió sobre la existencia del proceso al CSU, pero al cierre de este artículo no habíamos recibido respuesta a esas dos preguntas. El profesor advirtió que estaba en un lugar con difícil acceso a internet.

Consultamos a la Fiscalía por el estado del proceso, pero al cierre de este artículo no recibimos ninguna respuesta. El esclarecimiento definitivo de lo que sucedió alrededor del convenio interadministrativo es importante, sobre todo en un momento en el que los ánimos de la comunidad universitaria están caldeados.

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