Empresa del Jamming estaba en bancarrota cuando prometieron festival

La empresa organizadora del Jamming Festival 2022, que se iba a llevar a cabo entre el 19 y 21 de marzo pasado en Ibagué, no tenía dinero suficiente en sus estados contables para sacar adelante el megaevento que acogería a 150 mil personas y que fue cancelado por los empresarios horas antes de su inicio, lo que se tradujo en pérdidas económicas para los asistentes por cerca de $75 mil millones, un monto mayor al desfalco de Centros Poblados en el escándalo de $70 mil millones que le costó el puesto a la exministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Karen Abudinen. En resumen: por cada $100 que tenía la empresa Buena Vibra Eventos EU, $96 estaban endeudados. 

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Así lo concluyen de forma preliminar los estados financieros que dicha organización reportó a la Cámara de Comercio de Bogotá en la renovación del registro mercantil del año pasado, que fueron analizados por un contador forense que habló con Vorágine para entender lo que podría estar detrás de la cancelación de la edición número 10 del ambicioso evento, que esta vez prometía convertirse en el festival más grande de música de Colombia.

Buena Vibra Eventos EU está matriculada desde el 1 de marzo de 2019 y fue creada con un capital de apenas $10 millones. Su representante legal y único socio en documentos es Alejandro Casallas Rodríguez, de 43 años, quien desde el 13 de enero de 2017 gerencia también la sociedad Jamming S.A.S., empresa que hasta hace cuatro años operaba el megaevento musical y que actualmente tiene un patrimonio de $97.733.434 e ingresos por $140.000 en reporte de 2021. Dicha empresa fue constituida el 10 de noviembre de 2013 junto a Johanna Paola Moreno Cobos, exesposa de Casallas y quien desde hace dos años no tiene relación con el Jamming.

Para el contador forense, quien pidió no ser nombrado, la información reportada por Buena Vibra Eventos EU da luces de la antesala a la edición 2022 del festival, evento que no se realizaba desde 2019 debido a las medidas estrictas del Gobierno colombiano para prevenir el Covid 19.

“Es imposible que una empresa pueda respaldar un festival de las dimensiones del Jamming si tiene el patrimonio de esta organización, que en el reporte de diciembre de 2021 era de $71.112.339. Ese valor no sirve ni para hacer publicidad masiva en vallas. De acuerdo a lo que leo, ellos no tenían un peso para invertir, estaban súper endeudados. O sea, no tenían ningún capital de trabajo que uno pudiera decir, por ejemplo, que ellos invirtieron $2 mil o $3 mil millones para la logística, los artistas o la publicidad. Se nota que todo el dinero que recaudaban de la boletería, que nunca se dejó de vender, lo iban invirtiendo sobre la marcha… porque lo reportado a Cámara de Comercio dice algo distinto, no se perciben en los estados financieros los ingresos millonarios generados por venta de entradas”, aseguró el contador. 

La situación financiera reportada por Buena Vibra Eventos EU hay que mirarla en contexto, por eso cuenta el experto que en lo reportado en 2020 la empresa tenía activos por $1.124 millones y unas deudas que llegaban a los $1.035 millones, lo que se traduce en que por cada $100 que tenían en activos, $92 eran de deudas. La situación no mejoró en lo reportado en 2021, porque mientras los activos sumaron un poco más de $2.017 millones, los pasivos fueron de $1.946 millones, es decir: por cada $100, $96 estaban endeudados.

“Estos estados financieros reportados deben corresponder a los internos de la empresa y a la declaración de renta, se supone que lo informado a Cámara de Comercio es confiable, veraz, completo y exacto, como reza en los formatos que se firman”, explica el experto en la materia al añadir que en el año previo al Jamming 2022 Buena Vibra Eventos EU reportó cuentas por cobrar por $1.946 millones, lo que significa un endeudamiento en el corto plazo del 131 %.

Desde Vorágine intentamos tomar contacto con los empresarios del Jamming Festival a través de las redes sociales del evento, correo electrónico y WhatsApp, pero hasta el momento de publicación de esta historia no se había recibido respuesta alguna. 

Los números en rojo de Alejandro Casallas 

El perito hace el análisis a partir de la revisión de los dos Formularios del Registro Único Empresarial Social, Rues, que Buena Vibra Eventos EU informó a la Cámara de Comercio de Bogotá el 20 de noviembre de 2020 y el 29 de diciembre de 2021. Es importante mencionar que este último se entregó hace tan solo cuatro meses, cuando la organización del festival anunciaba en todas las redes sociales que quedaban pocas boletas disponibles. 

Los estados financieros fueron firmados por Alejandro Casallas Rodríguez con su número de cédula, como se lee en los reportes contables. Todo estos documentos, a los que accedió Vorágine, hacen parte de los expedientes de la Cámara de Comercio de Bogotá que tiene registrados la empresa ante esta entidad desde su constitución como organización empresarial.

Lo plasmado en los documentos por el representante legal del Jamming Festival no concuerda con las explicaciones públicas de los organizadores del evento, como la que dio Luis Alberto Casallas, padre de Alejandro, en una entrevista  que el 10 de abril pasado le concedió a Noticias RCN. Allí afirmó que los tres días de conciertos no se realizaron por “amenazas contra la dirección del festival”. 

En el comunicado que expidió el Jamming Festival el 18 de marzo pasado también  informaron que el “aplazamiento” se dio de manera preventiva para evitar desmanes que pudieran haber sido generados por la cancelación de varios artistas. 

El evento de tres días se iba a realizar en Playa Hawai, un centro recreativo y parque temático que está ubicado en el kilómetro 22 de la vía Ibagué-Bogotá, en el departamento del Tolima. Los asistentes habían comprado sus boletas a través de varios métodos de pago habilitados por los organizadores del festival, que prometía la reunión, durante tres días, de 117 djs y artistas diferentes. 

Las personas compraron sus entradas por transferencias a través de Nequi, Bancolombia, Davivienda, Efecty y la plataforma de pagos PayU, pero no con operadores de boletería reconocidos en el país como Tu Boleta o Colboletos, algo que no resultaba confiable según señalaron  algunos expertos y empresarios después del fracaso consumado.

Como lo registró un reportaje de 070 publicado días después de la cancelación del megaevento, “si bien esto no es ilegal, el papel de las tiqueteras es fundamental en eventos masivos. La Ley 1493 del 2011 estipula que, al ser los canales de venta, las tiqueteras también son las que responden ante problemas con el dinero que ingrese en boletería (…) Y se encargan de reunir y pagar la contribución parafiscal al Ministerio de Cultura, para que esos recursos se destinen a escenarios públicos para las artes escénicas. Todas estas funciones las asumieron los organizadores del Jamming a título propio, permitiendo el ingreso de dinero a sus cuentas personales. Eso también lo permite la Ley 1493”.

Playa Hawai, de 26 hectáreas, le fue arrendado a los organizadores del festival en un contrato firmado el 28 de diciembre de 2021 entre Alejandro Casallas Rodríguez, representante legal del Jamming, y Juan Raúl Solórzano Mejía, dueño del lugar. El contrato, en poder de Vorágine, muestra que este se desarrolló entre el 11 y 25 de marzo pasado, fijándose un canon de arriendo de $450 millones, los cuales se debían pagar en cuatro depósitos.

“Ellos me alcanzaron a pagar $250 millones, y me quedaron debiendo un saldo de $200 millones: $100 millones que se vencieron el 15 de febrero y otro monto igual que debían pagarnos a finales de marzo, después del evento. Adicional a eso me quedaron debiendo alimentación y hospedaje porque ellos trabajaron aquí en el parque, tanto la familia Casallas como los empleados de ellos que estaban haciendo acá todo lo de manejo de aguas, duchas, montajes de escenarios e instalación temporal de postes de energía. Ese dinero me lo iban a pagar a final de mes, pero desafortunadamente con la decisión tomada no hubo los ingresos y no me han cancelado el dinero. Esto afecta las finanzas de Playa Hawai, pero aquí vamos avanzando”, afirma Juan Raúl Solórzano, al añadir que ya tienen abogados trabajando en las reclamaciones legales del dinero no pagado y otras cuestiones.

“Tratar de realizar un evento estando desfinanciados, es una estafa”

Pedro Luis Garcés Escobar, abogado experto en derecho administrativo y contratación estatal, va más allá de las afectaciones visibles que deja el fallido Jamming Festival 2022 y señala que Buena Vibra Eventos EU podría llegar a verse sujeta a una auditoría fiscal que verifique si en los reportes entregados por la empresa a la Cámara de Comercio hay información falsa que esconde los verdaderos movimientos financieros de la empresa. 

“Tratar de realizar un evento estando desfinanciados es una estafa, de acuerdo con nuestro Código Penal. Lo irregular no es que el dinero de los consumidores ingresen a las cuentas bancarias de la empresa o una persona natural, lo importante y clave es saber yo como empresario cómo ejecuto y hago uso de esos dineros que me están consignando las personas para un fin específico que es el concierto de tres días. Si no me das ese producto, me estás hurtando ese dinero, ahí es donde empieza la irregularidad y se puede configurar una estafa. Se están adueñando de un patrimonio que es mío y que destiné para algo que no me están dando”, expresa el jurista de la Universidad de Magdalena.

Para el abogado es importante que las autoridades investiguen otros presuntos y eventuales delitos que pueden ir conexos a la estafa y que tendrían que ver con los reportes contables que la empresa Buena Vibra Eventos EU ha estado informando a la Cámara de Comercio de Bogotá. Para él, los estados financieros necesariamente  tienen que responder a la venta de boletas.

“Cada paquete de entradas, en promedio por los tres días, costaba $600.000 por persona. Si esperaban unas 150 mil personas, ¿cuánto dinero se recaudó que no está consignado en los estados financieros informados a Cámara de Comercio? Estamos hablando de que las cuentas dan unos $90 mil millones, aproximadamente, y partiendo de la base de que todos los asistentes compraran los combos por todo el fin de semana. La Cámara de Comercio les cobra impuestos a las empresas de acuerdo a lo que ellos notifican en la contabilidad, por eso creo que a esta empresa van a tener que hacerle una auditoría. Esto puede llegar a configurar otros escenarios penales como la malversación de dineros, lavado de dinero, concierto para delinquir, estafa, hurto agravado y quizás falsedad en documento público al no reflejar sus verdaderos estados financieros”, puntualiza el experto.

Empresarios vendieron más boletas de las reportadas 

En uno de los frentes de los reclamos legales ante Buena Vibra Eventos EU está otro abogado que se llama Alejandro Rodríguez González, quien es fundador de una firma que se llama Faro Te Protege, organización especializada en defender los derechos de los consumidores y que opera en el país desde el 1 de septiembre de 2020. 

El jurista cuenta que en el momento está en contacto con 180 personas que están siendo asesoradas para instaurar los recursos individuales de reclamación ante los organizadores del Jamming Festival 2022, sin contar otros 18 afectados que van a instaurar una acción colectiva jurídica para que a cada uno le reembolsen el dinero de lo que pagaron por las entradas. “Tenemos que revisar la póliza de seguro de la empresa del Jamming para ver cuál es el alcance de esta y cuáles son los amparos que le dieron en el seguro a la empresa Buena Vibra Eventos EU con su evento. Nuestro objetivo es lograr que a las personas le devuelvan el 100 %”, argumenta el experto en derecho empresarial al añadir que si algún afectado del Jamming necesita asesoría gratuita puede escribir al correo [email protected]

Hay un dato que llama la atención y es que los cálculos de 150 mil personas que asistirían al festival, información que fue dada en su momento por Brian Bazin Bulla Tovar, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, no se acerca en nada a las 58.000 boletas que reportó legalmente Buena Vibra Eventos EU en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, Pulep, donde cada organizador de conciertos o eventos masivos debe registrar ante el Ministerio de Cultura el número de entradas que pondrá en circulación para su actividad autorizada. Así lo muestran documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC,  

En un sentido similar se pronunció el concejal de Ibagué Rubén Darío Correa Carvajal, quien lideró el viernes 29 de abril un debate de control político a la Alcaldía de esa ciudad por cuenta de los permisos que le dio al Jamming Festival. 

Correa Carvajal dijo que el 1 de febrero pasado la empresa organizadora del festival realizó la solicitud del sellamiento de la boletería ante la Alcaldía. Buena Vibra Eventos EU reportó que venderían 130 mil boletas a $130 mil cada una, lo que generaría un recaudo de $16.900 millones. Sin embargo, “el director de espacio público de la Alcaldía de Ibagué, mediante memorando 9661 del 1 de febrero del 2022, pide que se realice el sellamiento de la boletería sin que se hubiese cumplido el lleno de requisitos. Flagrante transgresión legal”, añadió el político. 

Mucho antes de esto, cuenta el concejal que el 23 de noviembre de 2021 Andrés Fabián Hurtado, alcalde de esa ciudad, promovió en un video el evento sin que el Jamming Festival tuviera todos los permisos, como tampoco firmado el contrato entre los dueños del centro recreativo Playa Hawai y los organizadores del evento, convenio comercial que solo se logró el 28 de diciembre pasado. En noviembre de 2021, además, el Jamming promocionó y vendió combos de entradas para los tres días del festival que costaban $620.000, un valor que, aseguraban, incluía un descuento por comprar en ese momento. Este año, días antes del fracasado concierto, ya estaban publicitando el Jamming 2023. 

Otro de los cuestionamientos del concejal tuvo que ver con que el 13 de diciembre de 2021, en el Hotel Sonesta de Ibagué, se realizó una rueda de prensa con los organizadores del Jamming Festival y la Alcaldía de esa ciudad para socializar unas medidas de preparación ante el ingreso masivo de visitantes al municipio por el festival que se iba a realizar en marzo. El cabildante criticó que en ese momento el primer mandatario de los ibaguereños actuara como un especie de organizador del Festival. 

Desde la administración municipal de esa ciudad, la persona que ha respondido a los cuestionamientos principales es el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo Suárez. El funcionario se defendió en el debate de control político afirmando, por ejemplo, que la Alcaldía radicó en la Fiscalía denuncias contra los organizadores del Jamming Festival el 24 de marzo pasado, tras ser citados a entrevistas con funcionarios del ente acusador que investigan el caso.

“Dentro de esa entrevista suceden dos denuncias: una por los presuntos delitos de estafa  cometidos por los organizadores del Jamming Festival 2022 y otra, radicada por el arquitecto Juan Diego Prada (director de Espacio Público de Ibagué), por los presuntos delitos de fraude procesal, esto por la variación en el precio de la boletería”, argumentó el Secretario de Gobierno, quien dijo que se le pidió a la Fiscalía que la Alcaldía sea acreditada como víctima de los organizadores del Jamming por el daño fiscal, tributario y económico a la ciudad. 

En suma, el funcionario indicó que el municipio autorizó la realización del evento previo cumplimiento de todos los requisitos para la viabilidad del festival. Aclaró al concejal que aunque los contratos de todos los artistas que se iban a presentar no fueron adjuntados en los trámites por la familia Casallas, quienes alegaron que estos documentos tenían cláusulas de confidencialidad, los organizadores del festival sí entregaron certificación autenticada de la Notaría 14 de Bogotá donde relacionaban a los artistas confirmados que iban a salir a tarima el fin de semana del 19 al 21 de marzo pasado.

“Una vez supimos de la cancelación del evento, ingresé a la habitación de uno de los organizadores del Jamming Festival con autorización de Luis Casallas. Tuve un diálogo con él, acompañado de varios funcionarios de la Administración Municipal y la Policía Nacional. Lo que dije públicamente en el sitio es que estaba bajo custodia policial”, argumentó el Secretario al aclarar que en ningún momento esta persona quedó capturada.

“Fuimos el conejillo de indias para ellos solventarse”

Una vez estalló el escándalo de la cancelación del Jamming Festival, que dejó pérdidas comerciales para Ibagué por más de $20 mil millones, muchos turistas y colombianos de diferentes regiones se enteraron de lo que estaba pasando cuando se dirigían a esa ciudad, incluso desde países como Chile, Bolivia, México y Ecuador, por solo mencionar los de la región. 

Este es el caso de Paula Calle, una ecuatoriana de 27 años, graduada de Comunicación de la Universidad de Cuenca, que ahorró durante dos años para poder conocer Colombia, con la excusa de asistir al evento. Ella dice que se enteró de la cancelación del festival mientras caminaba hacia el avión que la llevaría a Ibagué, en una sala del aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Ver tiquetes aquí.

Paula viajó con su novio ecuatoriano Diego Saltos y llegó a la capital colombiana procedente de Guayaquil, a donde había viajado por tierra desde Cuenca, donde reside actualmente. Su estancia en Colombia fue del 18 al 22 de marzo.

“Yendo a abordar me enteré por WhatsApp que se cancelaba el Jamming, yo iba con mi novio y luego iban a llegar unos seis amigos más, todos nos encontraríamos en Ibagué. Yo no lo podía creer, mi novio me decía que seguro era una noticia falsa, y esa era mi ilusión. Actualizaba mi celular rápido para ver si había algo oficial, pero miraba el Instagram del Jamming y nada, la Alcaldía de Ibagué tampoco decía nada”, cuenta la mujer tras recordar  la impotencia de no poder disfrutar sus primeras vacaciones desde 2019, pues el Covid-19 le había impedido tomarlas en la agencia de marketing digital en la que labora. 

Quería vivir tres días intensos con sus amigos en un pedazo de Colombia que se caracteriza por su amplia oferta gastronómica y la cordialidad de sus gentes, algo que todavía Paula recuerda de nuestro país como un aliciente en medio de la desazón por la cancelación del Jamming Festival.

Los cálculos de los gastos los hace en dólares, moneda oficial en Ecuador. Esto, para decir, que su novio pagó en pasajes de avión US$1.048 por los dos, mientras que en boletas del Jamming pagaron US$334. Todo esto, en pesos colombianos, suma cerca de $5.5 millones, lo que le pagarían a cinco trabajadores que ganen en Colombia un salario mínimo mensual. 

Ella no pensaba en el dinero sino en la frustración de no ver a sus bandas favoritas y saber que no tenía respuestas claras. 

“Una amiga, por ejemplo, había alquilado zona de camping en el festival y me decía en Ibagué: ‘Paula, ¿dónde duermo? En mi presupuesto no estaba el hospedaje’. Ella escasamente tenía para la comida y uno que otro detalle para traerle a la familia. Así como ella eran muchas chicas. Muchas. Yo tuve que solidarizarme con la gente de mi país y por un grupo de WhatsApp empezamos a coordinarnos para garantizarles un espacio en los hospedajes nuestros”, relata la mujer mientras, a través de la videollamada, intenta no llorar al recordar todo el insuceso. 

Paula cuenta que siempre creyó en el Festival porque vio que sus artistas favoritos, como Cultura Profética, habían confirmado por Instagram que iban a asistir al Jamming 2022, como también lo llegó a hacer Don Omar en Twitter, entre otros. Su optimismo estaba presente pese a que leía algunos comentarios de sus amigos que decían que habían comprado las entradas por internet pero que no les había llegado un correo electrónico de los organizadores con la confirmación de la compra de los tiquetes.

“Otros compañeros sí estaban diciendo que ellos se iban a dar a la quiebra… y claro, esto de que estaban endeudados en un 96 % lo que me da a pensar es que nosotros fuimos el conejillo de indias para ellos solventarse. No sabía que ya financieramente estaban mal. Dos días antes del evento, si no me equivoco, lanzaron las ventas de las boletas para el festival del 2023, entonces no solo caímos nosotros sino las personas que compraron las del siguiente año”,  expresa la joven ecuatoriana.

Dice que además veía que la Alcaldía de Ibagué promocionaba el evento, lo que para ella era un sello de garantía para la realización del mismo y así no perder su dinero, el cual ahora trata de recuperar en medio de trámites burocráticos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Buena Vibra Eventos EU y despachos judiciales. El pasado 4 de abril, de hecho, un juez de Ibagué negó una acción popular en grupo que fue instaurada por víctimas del fracasado evento musical. 

El juez Germán Martínez Bello negó la acción colectiva alegando un incumplimiento al artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, pero insta a los organizadores del festival para que devuelvan el dinero a las personas que compraron sus entradas a un evento que no se realizó. “Encuentra este despacho que la vulneración de derechos a los consumidores ya ocurrió porque para el evento por el cual pagaron la fecha ya pasó y no se realizó. Incumplida la obligación, lo que procede es devolver el dinero a los usuarios”. 

SIC formuló cargos contra Buena Vibra Eventos y empresario

Aunque la justicia ordinaria por el momento les da la espalda a los consumidores, la Superintendencia de Industria y Comercio avanza en las investigaciones administrativas en contra Buena Vibra Eventos EU y su representante legal, Alejandro Casallas Rodríguez. La SIC, a través de la Resolución 13767 del 18 de marzo del 2022, formuló cargos en contra de la empresa por la presunta falta de información oportuna y clara sobre el evento Jamming Festival 2022 y un supuesto incumplimiento en el registro oportuno del número de boletas ante el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, PULEP.

En este documento de 35 páginas, la entidad expone pantallazos de las inspecciones administrativas adelantadas a la página web y redes sociales del Jamming 2022 antes de las fechas del festival, esto para verificar los artistas que estaban confirmados o no. Además, la SIC informa en el texto de la apertura de investigación administrativa contra Buen Vibra Eventos EU y su representante legal Alejandro Casallas Rodríguez.

La formulación de cargos responde, entre varias razones, a que la empresa organizadora del festival no respondió un requerimiento de diez puntos enviado por la entidad el 11 de marzo, una semana antes de realizarse el festival, ante las quejas de muchos ciudadanos por la cancelación de varios artistas a pocos días de la cita musical. 

De los diez puntos del oficio no contestado por Buena Vibra Eventos, hasta la expedición de la resolución, varios llaman la atención. 

Uno tiene que ver con la petición de la SIC para que la organización hiciera llegar la certificación del representante legal que acreditara la “cantidad de consumidores” que compraron boletas para asistir al “Jamming Festival 2020”, edición que no se hizo por restricciones por el Covid-19, y los que adquirieron boletas para el evento de este año. 

También la entidad les pedía informar quién o quiénes fueron los operadores de la boletería del evento, tanto para la edición 2022 como para las anteriores. Además de ello, la SIC pedía a Buena Vibra Eventos EU que entregaran en un archivo de Excel toda la relación de quejas y solicitudes de “devolución de dinero, retracto, u otras similares” radicadas por los ciudadanos afectados. 

A todo lo anterior, Alejandro Casallas Rodríguez, en oficio del 25 de marzo pasado y como respuesta a la SIC, dijo no tener conocimiento de una reunión a la que la entidad los citó vía correo electrónico el 16 de marzo, para tratar los requerimientos por los que estaban siendo indagados administrativamente. También, el representante legal de Buena Vibra Eventos EU le dijo a la Superintendencia que estaban dispuestos a entregar todos los insumos requeridos por ellos, a lo que la entidad respondió con el otorgamiento de 15 días hábiles para que los empresarios del Jamming presentaran sus descargos y pruebas en este caso. 

“Somos los principales interesados en ilustrar al despacho, y a cualquier otra autoridad competente, sobre los hechos sobrevinientes que imposibilitaron el cumplimiento del evento en las condiciones normales e inicialmente proyectadas, así como las propias del giro ordinario de quienes participamos e impulsamos la difícil industria de los espectáculos públicos”, se lee en el documento de dos páginas firmado por Casallas Rodríguez.

“Organizadores del Jamming no daban comprobante de pago de boletas”

Juan Pablo Álvarez Soto, de 25 años, residente en Caldas, Antioquia, fue otro de los afectados con el fracasado festival. Compró por $1.180.000 dos combos de entradas para disfrutar del Jamming durante los tres días que iba a durar el evento. Iba a vivir esta experiencia con su novia y tres amigos más. Todos, dice, habían pedido vacaciones en sus trabajos para poder compartir en este evento.

Cuenta que se enteraron de todo después de salir de sus casas y estando en Doradal, Antioquia, por lo que decidieron de todas formas seguir viajando en la camioneta hacia Girardot, donde tenían ya reservado el hospedaje que los iba a acoger mientras disfrutaban del festival. Como si no fuera suficiente con la desazón de no poder vivir ese fin de semana de conciertos, cuenta que durante el viaje tuvieron un impase en la carretera al caerles una roca al parabrisas del vehículo, reparación que les costó $500.000.

“A todo esto toca sumarle los gastos que tuvimos en gasolina y peajes, que fueron en total unos $600.000, sin contar lo que eran comidas y demás. Nuestras esperanzas de recuperar el dinero están lejanas, pues esta es la hora que no me han respondido el correo que les envié con toda la información de la compra de mis dos combos de boletas”, expresa el joven. 

Añade que hay dos cosas que le llamaron la atención, pero a las que poco cuidado les puso por la emoción de vivir tres días de conciertos con sus artistas y bandas favoritos. Una es que las entradas del Jamming Festival no se le compraban a una empresa operadora de boletos, sino directamente a los organizadores. La otra, cuenta, es que por las transacciones virtuales que hizo solo le quedó comprobante de pago de PayU, plataforma de pagos internacional, pero no uno elaborado y enviado por Buena Vibra Eventos EU. 

“Después de pagar las boletas uno no tiene nada. Hay un comprobante de PayU, pero no de la página (web) del Jamming para ver cuántas boletas compró uno. Nada. Cuando salió el comunicado de ellos anunciando cómo se podía solicitar la plata para el reintegro -algo que no sucederá, seamos realistas- ellos pedían que uno informara el valor exacto de lo que se pagó… y a mí literalmente me tocó buscar en mis extractos bancarios de Bancolombia cuánto me habían debitado por la compra porque no tenía comprobante de ellos donde estaba el valor exacto, solo lo de PayU”, relata Juan Pablo, quien por el momento tiene solo en curso una reclamación ante la empresa organizadora.