Empresarios y grupos armados arrasan un lugar vital: el Chocó biogeográfico

El lugar que unos días atrás era un bosque quedó convertido en un tapete de ceniza. El olor y las partículas que todavía espesaban el aire generaban escozor en la nariz, la garganta y los ojos. Días antes las columnas de humo se veían desde varios lugares del municipio de Unguía, Chocó, ubicado en una de las zonas más biodiversas del mundo. Cuando las llamas cedieron, los funcionarios del Estado y los delegados de la comunidad afro que ha habitado esas tierras por varias generaciones encontraron los cadáveres calcinados de jaguares, osos perezosos, iguanas y tortugas. Todas especies en peligro de extinción. Árboles en amenaza de desaparecer, como el cativo, el cedro y el pacó también cayeron en el incendio.

Entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2024 se unieron los bomberos de Unguía, Riosucio y Acandí para apagar el incendio. Los apoyaron el Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (Cocomaungía), la Cruz Roja y Parques Nacionales Naturales. Era importante establecer la causa de las llamas que acabaron con 650 hectáreas de bosque.

Para eso se valieron de drones y recorridos por los puntos donde habían logrado controlar las llamas. Concluyeron que ese evento era una muestra más de un problema que han denunciado durante años las comunidades étnicas del municipio: la quema de bosques para levantar ganado. Una cara de los conflictos socioambientales que padecen las comunidades que habitan ese lugar de Colombia. 

Esos hechos afectan un lugar clave para la humanidad: el Chocó biogeográfico, una región que abarca territorio de Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. En total tiene una extensión de 187.400 kilómetros. Y es una área prioritaria de conservación por albergar miles de especies de animales y plantas. Sin embargo, también es el escenario de choques entre las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la zona contra poderes legales e ilegales que están arrasando con los ecosistemas. Ríos muertos, bosques deforestados y animales calcinados hacen parte de las dinámicas que enfrentan las diferentes organizaciones sociales. La labor de los líderes de la zona se ha encontrado con las imposiciones de parte del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) que se lucra de la minería mecanizada, la coca y tendría vínculos cercanos con algunos ganaderos.

Unguía es el tercer municipio del Chocó donde más hectáreas de bosque desaparecieron en incendios forestales entre 2016 y 2020. Un informe de la Contraloría muestra que en ese lapso fueron arrasadas 8.022 hectáreas. Según el documento Talando la Selva y Contaminando las Aguas, del Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep), entre 2002 y 2022 se perdió el 19% del total de la cobertura arbórea. 

El 29 de julio de 2024 la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) expidió una resolución, que conoció VORÁGINE, con las conclusiones sobre el incendio de marzo y abril: “origen antrópico”, es el término clave. Es decir, fue ocasionado por el ser humano. Además, el documento dejó al descubierto los riesgos que corren los ecosistemas de Unguía: “(Existen) fincas ganaderas con expansión muy agresiva hacia zona de humedales y en proximidades a la ciénaga (del municipio)”. Ese rincón del departamento es codiciado por la ganadería porque ha sido declarado libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo cual abarata los costos de la cría y comercialización de ganado. 

En Unguía hay 64.321 cabezas de ganado distribuidas en 392 fincas. La Federación Departamental de Ganaderos de Chocó, que agrupa a 811 personas, rechaza los señalamientos de parte de Codechocó. “El área dedicada a ganadería no se expande hace muchos años, por ahí hace tres décadas. No es del todo cierto endilgarles a los ganaderos los incendios forestales y no me parece responsable por parte de las autoridades. Nosotros somos víctimas de esos incendios porque nos queman los potreros”, dijo Ovidio Cortés, presidente de esa organización, en una entrevista con VORÁGINE. Él señaló que los culpables de los incendios son personas que se dedican a la caza de la tortuga hicotea y pequeños agricultores para sembrar arroz. Una trabajadora del Estado que tiene funciones de vigilancia ambiental, a quien le protegemos su identidad, mencionó la caza de tortugas, pero también, y de manera más preponderante, la ganadería.

Las imposiciones de los actores armados

En Unguía el EGC– que el Estado llama Clan del Golfo– impone las normas. La trabajadora del Estado dijo: “Los grandes ganaderos se han estado expandiendo y ese es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Hemos hecho bastante acompañamiento para que se respeten los terrenos de las comunidades étnicas, pero ha sido muy difícil, ha sido imposible. Los grandes terratenientes tienen relación con los grupos al margen de la ley. Uno no se mete muy de lleno en ese tema porque es bastante delicado”. A lo que respondió Cortés: “No tengo información oficial sobre el tema. Hay ganaderos, finqueros, tenedores de tierra, pero yo no sé si haya quien se dedique también a otra actividad”. 

Los supuestos nexos entre los grandes propietarios y el grupo criminal también fueron mencionados por dos líderes sociales y dos comunitarios que conversaron con VORÁGINE. Incluso, esos vínculos serían determinantes para que particulares se hagan a más tierra de manera irregular. “Cada año tenemos el mismo inconveniente con los ganaderos: corren la cerca para expandir más las fincas”, le dijo a este medio una lideresa comunitaria.

La apropiación de extensiones de tierra por parte de grandes terratenientes la han padecido también las comunidades indígenas del municipio. Un caso emblemático es el del resguardo Cuti, del pueblo Embera Eyabida. En 1998 los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas les ordenaron a todas las familias salir de ese territorio. Para ese momento habitaban 240 hectáreas de tierra. Tras el desplazamiento, solo quedaron en el lugar cuatro mujeres que soportaron toda clase de vejámenes por parte de los armados. Aunque 60 familias retornaron, hay otras que siguen lejos. No han podido regresar porque no tienen dónde vivir, a los indígenas les quedaron apenas 40 hectáreas.

“El proceso de ocupación de terrenos del resguardo desde mediados de los 90 se dio principalmente por el desplazamiento de muchas familias fundadoras del corregimiento del Gilgal y el advenimiento de nuevos procesos de colonización que implicaron la intimidación y agresiones contra las mujeres indígenas, así mismo las presiones de parte de grupos armados ilegales para que las mujeres abandonaran la margen occidental de río, donde hay pretensiones para la ampliación de terrenos para la ganadería”, explicó la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana.

Esa reducción forzada del espacio donde vivían los indígenas causó fuertes cambios, incluso, en su dieta. La destrucción de los bosques que los emberá habían preservado por siglos ha hecho desaparecer a los animales salvajes de los que se alimentaban. “Ya no encuentran ni pavos ni ñeques (roedores medianos) ni zainos (cerdos de monte) ni venados. Ahora nos toca comprar la carne”, le dijo a VORÁGINE una lideresa social. El resguardo está casi cercado por los potreros ganaderos.

Un caso similar es el del resguardo Arquía, del pueblo Gunadule. Ese territorio étnico también está rodeado por la ganadería. La destrucción de los bosques para hacer potreros ha afectado su vida. “Ellos solamente están pensando en sacar plata. Nosotros pensamos en el buen vivir de nuestro territorio, en tener el sustento familiar, comer en la mañana platanito, pescadito, para sostener la vida (…) A nosotros sembrar cultivos en grandes expansiones no nos sirve. Hay que dejar el espacio para los animales silvestres, para los ríos, los árboles”, dijo un líder social entrevistado por este medio.

Los indígenas se ven afectados por la falta de espacio para su subsistencia. El informe Talando la Selva y Contaminando las Aguas lo denunció así: “La situación de deforestación es especialmente alarmante para el resguardo de Arquía, el cual se encuentra rodeado por áreas deforestadas que están siendo utilizadas para cultivos agroindustriales y para la siembra de hoja de coca”. La población se encuentra confinada. 

Quienes han estudiado las dinámicas de apropiación de tierras en el Bajo Atrato explican que esta ha cambiado con los años. “La estrategia de despojo se ha transformado. Antes era con una violencia mucho más cruda e intensa, ahora se inutilizan los territorios pertenecientes a las comunidades étnicas con daños ambientales. Los indígenas y los afrodescendientes no pueden hacer uso de sus territorios porque hay terceros ajenos, también llamados poseedores de mala fe, presuntamente amparados por actores armados. Así se va desplazando a la gente”, dijo un investigador del Cinep que no identificamos por motivos de seguridad. 

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Ríos sin peces y peligrosos para las mujeres

En la ribera del río Cuqué viven cinco comunidades afrodescendientes. Hasta hace unos 15 años el agua servía para varias labores: desde pescar y cocinar hasta lavar ropa y trastos de cocina. Ahora el río es menos caudaloso y por largas temporadas adquiere un color ocre. Los habitantes de las orillas del Cuqué solo lo ven pasar, pero ya no se bañan en esas aguas. Desde hace algún tiempo, quienes se meten a ese afluente padecen infecciones vaginales y sarpullidos en la piel. Las más afectadas son las mujeres porque tienen una carga superior en los cuidados del hogar.

La contaminación de ese río llegó de la mano de la minería de oro. La lideresa comunitaria citada arriba retrata el panorama: “nosotros decimos que a ese río usted le puede meter un machetazo como si fuera una natilla”. La imagen que ella alude se da cuando los sedimentos de la actividad minera empiezan a bajar por el caudal y le dan una textura farragosa al Cuqué. 

Un recorrido por la ribera del río revela la devastación. A lo largo de la cuenca se ven pozos de agua amarillenta que han sido producidos por las maquinarias que remueven la tierra buscando el oro. Eso ha generado una disminución del caudal durante los años que se ha ejercido la minería mecanizada. Los charcos en los que dura meses estancada el agua se han convertido en focos de enfermedades como el dengue. Por eso, el Cuqué, que antes era un espacio de la vida comunitaria y donde los lugareños buscaban oro utilizando sus bateas, no solo está destruido, sino que también es peligroso.

Hacia 2013 las comunidades y algunas instituciones del Estado intentaron impedir la entrada de grandes maquinarias a Cuqué, pero los paramilitares trazaron unos límites bajo amenazas. “Codechocó empezó a mirar, pero de un momento para acá se salió de control porque quienes controlaban el negocio eran grupos armados al margen de la ley, entonces se apartaron y los grupos hicieron lo que se les dio la gana”, dijo un líder social, quien aseguró que el río está “muerto”.

La muerte del río Cuqué fue una tragedia advertida. VORÁGINE conoció un informe de una visita hecha por un funcionario de Codechocó a varios lugares de Unguía, entre los que se encontraba ese afluente. “La actividad de minería mecanizada se está haciendo a la luz de las autoridades (administración municipal, fuerza pública) sin que haya control de la misma, aun cuando se hace de manera ilegal. Cada vez son más las versiones en el sentido que aumentaría el número de entables mineros con retroexcavadora, hay construcciones de campamentos a la espera de la entrada de maquinaria retroexcavadora (sic) y personal”, se lee en el documento fechado el 26 de marzo de 2013.

Esa explosión de la minería ilegal llegó de la mano de grupos paramilitares. El 21 de noviembre de 2014 un funcionario del CTI rindió un informe, conocido por este medio: “Por medio de una fuente humana se tuvo conocimiento que desde el año 2013 hasta la fecha fueron reclutadas personas de sexo masculino. Al parecer voluntariamente decidieron ingresar a la Bacrim, banda emergente al servicio del narcotráfico, Los Urabeños. Para tal fin fueron transportados en unos vehículos desde el municipio de Apartadó hasta el puerto de Turbo (Antioquia), posteriormente fueron transportados en lanchas hasta Unguía”. 

El Estado ha cambiado varias veces la manera de referirse a ese grupo armado: los han llamado Clan Úsuga, Los Urabeños y, ahora, Clan del Golfo. Por su parte, los integrantes de esa estructura la bautizaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y, en 2024, cambiaron su denominación a Ejército Gaitanista de Colombia. Ese grupo le impuso a las comunidades actividades económicas que garantizaban más ganancias, a pesar de la devastación ambiental. Durante décadas, los pobladores del lugar practicaron la minería artesanal. Pero EGC metió la maquinaria para asegurar una mayor extracción de oro. 

“Codechocó y el Ministerio de Ambiente han mostrado un completo desinterés en el cumplimiento de sus funciones de gestión de los recursos naturales y atención a los múltiples daños ambientales que tienen lugar en una zona de suma importancia ecológica como lo es el Bajo Atrato, subregión del Chocó biogeográfico. Han ignorado los reiterativos llamados de comunidades negras e indígenas, lo cual ha permitido que las afectaciones a los ecosistemas se agraven y se tornen, en muchos casos, irreparables”, dijo el investigador del Cinep. 

La muerte del Cuqué también afecta la economía de las comunidades. En Cocomaunguía la actividad que les ha dado sustento a varias generaciones ha sido la pesca en ríos y ciénagas. “Hay escasez de producción por los químicos y la sedimentación de la ciénaga. Está escaso el bocachico, la mojarra, el moncholo; la doncella y el bagre ahora se capturan muy poquito. Hay especies desaparecidas como la cachama. Tenemos una escasez como de un 50% o 60% de todas las especies”, dijo el líder. “La contaminación de los afluentes ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de Cocomaunguía, así como su salud”, concluyó el Cinep en el informe Talando la Selva y contaminando las aguas.

La ganadería agrava la contaminación de los afluentes en Unguía. “Hoy el alambre de las fincas ganaderas llega hasta las playas de los ríos”, dijo el líder comunitario. “Les hemos pedido a los ganaderos que nos cedan los 30 metros a la orilla de las quebradas y de los ríos, al principio dicen que sí, pero después vuelven a correr el alambre”, aseguró la lideresa comunitaria.

Los Embera del resguardo Cuti también creen que la contaminación del río que lleva el mismo nombre de la comunidad se debe a la ganadería y a los cultivos de coca. “Los administradores hacen fumigaciones con motor, entonces por el viento eso va a parar al agua, los techos. A veces nos tomamos el agua lluvia y eso afecta el estómago, empieza el vómito”, dijo la lideresa social. También aseguró que dos niños murieron en 2024 por enfermedades gastrointestinales y que han aumentado los abortos espontáneos, aunque estos no se registran porque hay familias que prefieren manejar el suceso de manera privada. La comunidad le endilga esas complicaciones de salud al agua contaminada.

Sobre los cultivos de coca la lideresa aclara que las afectaciones también se dan por los químicos con los que fumigan las plantaciones. Asegura que los trabajadores de las fincas lavan en el río los equipos con los que rocían herbicidas a los arbustos. Eso hace que todas esas sustancias viajen por el cauce del afluente y lleguen hasta el punto donde ellos se abastecen de agua.

El problema es similar para las 900 personas que habitan en el resguardo de Arquía. “Los ganaderos fumigan con un químico que le llaman matamaleza, que deja solamente los pastos. Ellos no respetan la ronda del río y esa sustancia cae al agua, por lo que a muchos niños les da diarrea. Los cultivos ilícitos nos afectan igual. Si el Estado fumiga (la coca) también nos afecta porque el viento expande el veneno”, aseguró el líder social.

“Desafortunadamente se hace un control químico de la maleza y se utilizan algunos herbicidas. Aunque tienen cierta toxicidad no son tan agresivos como el glifosato. Se utilizan concentraciones mínimas, pero es cierto que si llueve el agua va a buscar siempre los lechos de los ríos. Si se hace un análisis de agua podríamos ver que no son niveles tóxicos que afecten la salud humana”, dijo Cortés cuando le preguntamos sobre el tema.

Otra visión expone el informe citado del Cinep: “El vertimiento de productos químicos, como fungicidas y mercurio utilizados para la minería ilegal (controlada por grupos armados) y para el desarrollo de actividades económicas y extractivas, junto con la deforestación, ha provocado la sedimentación y contaminación de las fuentes de agua, esenciales para la conservación de la vida”. 

Un estudio de investigadores de la Universidad de Córdoba, la Universidad Tecnológica de Chocó y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, de Barcelona (España), dio cuenta de altas concentraciones de mercurio en los pescados recolectados en Unguía y en otros municipios de la ribera del río Atrato. Ese metal termina en los organismos de los lugareños, lo que causa diversas enfermedades en el sistema nervioso, en los riñones y puede generar pérdida de la memoria. 

El EGC se lucra de esas actividades económicas. “La ganadería, los cultivos ilícitos y la minería están ligados con el EGC. Si usted saca oro o coca no se lo puede vender a otra persona, a otra empresa, tiene que ser a ellos. Los ganaderos tienen que estar pagando mensualmente no sé cuánto”, dijo el líder social. Lo mismo dijo el dirigente comunitario: “El oro no se le puede vender a nadie más, solo al EGC. Ellos tienen una persona que se encarga de comprar el oro a todos los que hacen minería, tiene que pasar por ahí, sí o sí, y al precio que impongan”.

Enviamos un cuestionario vía Twitter a una cuenta que ese actor armado utiliza para difundir sus comunicados, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no habíamos recibido respuesta.

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Las salidas a la crisis

Aunque la cifra de hectáreas que tiene tituladas el consejo comunitario pareciera grande, 34.736, la gran mayoría de estas no son aptas para actividades económicas porque son humedales que la comunidad trata de conservar frente a la minería, la ganadería y la coca. El suelo es pantanoso la mayor parte del año, lo que hace imposible sembrar cualquier planta que garantice el sustento de la comunidad. Por eso, proponen que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le titule a Cocomaunguía algunos terrenos que le fueron confiscados a la mafia para poder sembrar su pancoger.

Otra acción que le piden al Estado es que sanee el territorio. Hay lugares del consejo comunitario que han sido invadidos por ganaderos y campesinos. Por eso creen que la ANT debe acompañar diálogos encaminados a que los foráneos salgan de forma pacífica de Cocomaunguía para que la tierra vuelva a manos de la comunidad.

También creen que la expansión ganadera se debe detener y eso pasa por proteger a quienes tienen pequeñas parcelas, pero cada vez se sienten más cercados por el ganado. “Hay gente que está entre las grandes áreas ganaderas y cada día los quieren estrechar más para que les vendan. Les ofrecen una cosa y la otra para sacarlos de en medio”, dijo el líder comunitario.

Los jueces han reconocido las afectaciones que ha producido el conflicto armado en los resguardos Arquía y Cuti. En una sentencia de junio de 2018 un juzgado especializado de restitución de tierras de Quibdó le ordenó a la ANT que volvieran a ampliar el territorio Cuti hasta las 240 hectáreas, extensión que tenía antes de la llegada del conflicto armado a sus territorios. También le ordenó a la misma entidad “coadyuvar en el proceso de reforestación y conectividad ecológica de los bosques de la región”. El mismo documento contiene una orden a Codechocó y la Alcaldía de Unguía para construir un plan de protección del río Cuti. 

Sin embargo, todavía hay un largo trecho entre los dictados judiciales y la realidad de las comunidades. El Cinep ha llamado la atención sobre los retrasos en la restitución en la subregión del Bajo Atrato-Darién, donde la mayoría de solicitudes por parte de comunidades étnicas se encuentran estancadas. En los casos donde hay fallos la lentitud estatal ha impedido que las comunidades puedan gozar de sus derechos territoriales: el nivel de cumplimiento de las órdenes judiciales en Unguía oscila entre el 33 y el 37%. Las entidades que más han incumplido sus deberes son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Agricultura, Codechocó y la Fuerza Pública. 

Los indígenas de Arquía piden 10.000 hectáreas más para su resguardo. Creen que con esa tierra podrían recuperar los bosques y las especies que hace unos años dejaron de ver y que eran fundamentales para su vida en comunidad.

El investigador del Cinep hace un llamado a otras instancias: “La Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó y la Comisión de Guardianes del río Atrato, deben adelantar acciones en articulación con las comunidades del Bajo Atrato en miras a la transformación efectiva de las conflictividades socioambientales”.

Por ahora, los afrodescendientes que habitan Cocomaunguía y los indígenas de Arquía y Cutí parecen estar perdiendo el pulso contra los ganaderos, los mineros y los cocaleros. Los negocios del EGC los ponen en una situación de desventaja casi insalvable. Ellos están construyendo propuestas, pero tienen que coexistir con el actor armado y luchar contra la falta de atención por parte del Estado. Han elegido la vía del diálogo con todos los sectores que están en el territorio para que la conservación pueda ganar algunos espacios en medio del control armado y el afán de enriquecimiento de los foráneos.

*Este texto fue elaborado gracias a la colaboración entre Vorágine y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Cinep/PPP trabaja en los territorios colombianos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y sus derechos sean respetados.