La corrupción es el principal ingrediente en la receta que intoxica el medio ambiente del Pacífico.
27 de octubre de 2024
Por: Luis Bonza, enviado especial a Chocó. / Ilustración: Angie Pik
Minería ilegal Chocó Río Quito Sentencia T-622 Dragas Policía cómplice

Eran las seis de la mañana cuando Gabriel*, como todos los días, abrió la puerta de su casa ubicada en un asentamiento de pocas casas que se asoma por los meandros del río Quito, afluente del Atrato. El aire espeso del Pacífico chocoano apenas alcanzó a calentar sus pulmones cuando un pequeño objeto, que alguien introdujo con minucia debajo de su puerta, le cortó la respiración por un instante. Era un mensaje silencioso y metálico que advertía que los violentos están atentos a sus movimientos, vigilantes a sus palabras.

La amenaza llegó cuatro días después de que en Quibdó tuviera lugar una mesa minera de la que participaron autoridades del gobierno local y nacional, representantes de los consejos comunitarios y asociaciones mineras del Chocó. Gabriel fue invitado a la sesión en representación de los Guardianes del Atrato, un cuerpo colegiado de líderes comunitarios que, desde 2016, representan legalmente el río que lleva el mismo nombre.

“Se supone que uno llega a estos escenarios a decir las cosas como son, pero cuando uno expone lo que está pasando, la única opción es amenazar al líder. Hoy la minería ilegal en el río Quito está a 15 minutos de Quibdó, la capital de Chocó. Están las dragas trabajando común y corriente, sin ningún pronunciamiento del Ministerio de Defensa ni alcaldía ni gobernación. Las únicas que siguen pagando los impactos son las comunidades”, denuncia el guardián.

La orden sexta de la Sentencia T-622 de 2016, que le otorgó derechos al río Atrato, requirió el diseño de un plan de acción para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal en todo el Chocó. Ocho años después de esa orden, la extracción ilícita de minerales sigue campando por el departamento, sin que nadie la pueda detener.

De acuerdo con la UNODC, en 2022 Chocó ocupó el primer lugar en hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en el país, representando el 40% del total nacional. Además, fue el departamento que focalizó la mayor cantidad de EVOA en la categoría de explotación ilícita, con 33.938 hectáreas, un área mayor a la de una ciudad como Santa Marta.

“Aquí comenzaron a dinamitar y explotar la maquinaria, que no ha servido absolutamente para nada porque en la minería hay un poder muy grande, no sabemos si es político o militar, pero cada vez que hay un operativo, ocho días antes ya todos los mineros se dan cuenta y simplemente lo que hacen es sacar todo lo de valor de la draga”, agregó el líder Gabriel.

Por su parte, el director de Codechocó, Arnold Alexander Rincón, le dijo a VORÁGINE que en el eje central de la minería del departamento, que está en el río Quito, “hay un juego del gato y el ratón, entre nosotros destruir y ellos construir. Hemos hecho más de 35 operativos en los últimos cinco años, y en el río Quito ha sido el mayor número”.

“La fuerza pública mete una dinamita, quema, toma la fotografía, la sube y dice que atacaron la estructura de minería ilegal del Clan del Golfo o del ELN. Los operativos máximo duran dos días y al tercer día ya otra vez el minero fue, trajo el motor de donde lo tenía guardado, lo instala y sigue trabajando normal, común y corriente”, agrega Gabriel

El del gato y el ratón es un juego injusto cuando el ratón recibe información sobre los movimientos del gato. Ese es el caso de la lucha contra la minería ilegal en el Chocó, donde los miembros de la fuerza pública, en lugar de perseguir, negocian con quienes ejercen la explotación ilícita de oro. 

En 2020 tres miembros de la Policía Nacional de Chocó fueron capturados por filtrar información sobre los operativos que realizó la fuerza pública contra la minería ilegal entre 2017 y 2019, a cambio de dinero y oro. 

Uno de ellos fue el patrullero Edwin Mena, que hacía parte de los grupos que integraban el Escuadrón Móvil de Carabineros de Antiterrorismo, y de allí obtenía información de primera mano sobre los operativos que le comunicaba al intendente William Reyes, quien ponía sobre aviso a los mineros ilegales. 

Adicionalmente, el intendente Reyes y el subintendente Dany Alfredo Popo, quienes ejercían sus labores en un puesto de control en la vía que conduce de Quibdó a Istmina, permitían el paso de maquinaria pesada, parte de las dragas o dragones, motores, repuestos y otros insumos sin exigir documentación. Esto además de informar a los ilegales sobre las características de los vehículos que se desplazaban a realizar las diligencias contra esa extracción. 

De acuerdo con el líder Gabriel, “supuestamente las comunidades no podían estar involucradas en el plan de acción del Ministerio de Defensa para evitar que se fuera a filtrar la información, pero si la información la manejan desde Bogotá, ¿cómo hacen para darse cuenta los mineros ocho días antes? Es de allá mismo la fuente”.

La corrupción en miembros de la fuerza pública en Chocó ha llegado, incluso, hasta los altos mandos de esa institución y de la política. En 2023 fue capturado el coronel y Comandante del Departamento de Policía de Chocó, Clauder Antonio Cardona Cataño, por haber recibido 64 millones de pesos a cambio de suministrarle información a dos mineros ilegales sobre las fechas de los operativos contra la minería ilegal que realizó la fuerza pública.

Uno de los mineros que hizo parte de los sobornos también fue capturado. Se trata de Nestor Mosquera Arboleda, conocido como “El Gordo”, quien, según la Fiscalía, “era uno de los presuntos mayores auspiciadores de la extracción ilegal de oro en Chocó” al ser dueño de al menos cinco unidades de producción minera en el municipio de Medio Atrato.
El otro de los personajes involucrados, sin embargo, no apareció en los medios de comunicación que cubrieron la captura del excomandante Cardona Cataño. VORÁGINE pudo confirmar, gracias a un expediente judicial, que se trata de Geiler Santos Mena, quien fue secretario de gobierno del municipio de Medio Atrato entre 2016 y 2019. Una fuente reservada dijo, además, que Santos tenía entables mineros ilegales en ese municipio mientras ejercía como secretario.

Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:

“Inacción selectiva”

El Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra es una organización que ha seguido de cerca la implementación de la sentencia. Según los cálculos que han realizado, el 99.9% del total de hectáreas de EVOA que han sido medidas en el país desde 2014 están en once departamentos, con Chocó en el primer lugar. 

Entre 2018 y 2022, según Siembra, se realizó en promedió un operativo por cada 75.6 hectáreas de EVOA a lo largo de los otros 10 departamentos, pero en Chocó se realizó 1 operativo por cada 667 hectáreas. 

De acuerdo con Rodrigo Rogelis, investigador de Siembra, “la estrategia en sí misma, como enfoque, no funciona, pero además de eso hay otra capa de complejidad y es que, la estrategia, por más mala que sea, se implementa de modo desigual a lo largo del país. En el Atrato la intervención del Estado sí parece ser mucho menor en comparación, por ejemplo, a la zona del Bajo Cauca antioqueño en la que sí hay una relación entre operativos y magnitud del fenómeno”.

Así mismo, mientras en el departamento del Chocó aumentaron en un 22% las áreas totales de EVOA entre 2017 y 2022, durante el mismo periodo las incautaciones se redujeron en un 20.2% y las capturas cayeron un 76.8%.

En respuesta a un derecho de petición, el Ejército Nacional indicó que entre 2022 y 2024 han interceptado 17 dragas y 38 dragones, que son grandes máquinas que extraen el sedimento de los ríos para filtrar el oro, causando destrucción, a gran escala, de los ecosistemas acuáticos. 

A diferencia de lo que afirma el director de Fedechocó, según el Ejército Nacional, la mayoría de operativos no han ocurrido en Río Quito, sino en Quibdó. Los cálculos de Siembra indican que en Quibdó se realizó, en promedio, un operativo por cada 114.6 hectáreas de EVOA entre 2018 y 2022.

Además de Quibdó, ocho municipios del Atrato promediaron más de 500 hectáreas de EVOA entre 2018 y 2022, concentrando el 91.3% del total de áreas afectadas. Sin embargo, en esos municipios se realizó en promedio 1 operativo por cada 956.7 hectáreas afectadas..

Rodrigo Rogelis, investigador de Siembra, propone una hipótesis para entender este fenómeno: “Cuando en 2018 los precios del oro se disparan, la cantidad de operativos e incautaciones descienden, y si uno asocia esto a los casos de corrupción de autoridades públicas, puede sospechar que hay unos territorios que se dejan sueltos. Eso es lo que llamamos inacción selectiva: en los lugares donde más se produce oro y en momentos en los que los precios están altos, pues pareciera que la intervención militarista se recoge”.

El Comité de Seguimiento a la sentencia T-622 de 2016 reportó que en el municipio de Río Quito había, hasta 2020, 21 dragones operando. Según cálculos del Ejército, uno de estos artefactos produce alrededor de 350 mil dólares en oro cada mes, eso quiere decir que cada uno puede generar más de cuatro millones de dólares al año.

Las fuentes consultadas por VORÁGINE coinciden todas en que las grandes dragas que saquean el oro del Atrato no son propiedad de personas locales, pero nadie sabe con certeza de quién son. En 2017 dos iraníes de origen estadounidense fueron procesados por la justicia colombiana por la explotación de oro ilegal en el departamento. 

“Son estas grandes cabezas que lideran un fenómeno criminal organizado que funciona al modo de una mafia y que precisamente porque mueve tanta plata entonces se intercepta con parte del Estado; hay casos de soborno que justamente les permite a ellos hacer lo que quieran y si le sumas a eso las relaciones cercanas que tienen con grupos armados, pues es una situación bastante compleja”, advierte Rogelis.

Las dudas sobre si los grupos armados también son dueños de las producciones mineras rodean los testimonios de quienes tratan de dilucidar este entramado en el que todos saben qué pasa, pero no quién es la cabeza. 

Un informe de inteligencia al que accedió VORÁGINE sería una prueba de que la subestructura Héroes de Jesús Carretera, del Clan del Golfo, es dueña de varios entables mineros en el municipio de Cantón de San Pablo, donde contratan pobladores de la región como trabajadores de las minas o para hacer inteligencia. 

“En la informalidad, la criminalidad campea. Viene la corrupción, viene la evasión de impuestos, viene la no asumida de la responsabilidad ambiental y viene que los grupos delincuenciales metan las narices y ya no sea suficiente la extorsión sino que quieran también hacer minería”, afirma Ariel Quinto, presidente de la Federación Minera del Chocó.

“Todos en la misma bolsa”

La Sentencia T-622 determinó trece órdenes para proteger, conservar, mantener y restaurar el Atrato, entre ellas se cuenta la de neutralizar y erradicar la minería ilegal. Según Gabriel, muchos sectores mineros del departamento, que no están en la ilegalidad, pero sí en la informalidad, se sienten amenazados por el trabajo de los guardianes que trabajan por el cumplimiento de la sentencia.

“Hay ciertos grupos de mineros que creen que los que apoyamos la sentencia estamos en contra de la minería, cosa que es totalmente diferente. Lo que hemos pedido es la formalización minera para el minero nuestro, que sabemos que sobrevive de esto en muchos territorios, pero le han dado una mala interpretación y nos ven como si fuéramos enemigos de la minería”, explica.

La informalidad es uno de los principales problemas que afrontan los mineros del departamento, que son enfáticos en decir que no son ilegales, porque el trabajo que realizan tiene como fin el sostenimiento de sus familias, no el financiamiento de la guerra. 

La Empresa Agrominera y Ambiental de Unión Panamericana (Emagroaup) está conformada por 35 titulares mineros y desde hace casi treinta años han trabajado por transitar el camino de la formalización. Algunos de los mineros ya están de ese lado, pero a muchos otros aún les falta camino por recorrer. 

Mientras se transita por los senderos de la informalidad, los mineros se ven sometidos a varias dificultades. La principal de ellas es la extorsión que les cobran los grupos armados ilegales. Unión Panamericana es bisagra entre los municipios de San Juan y Atrato, las dos subregiones del Chocó que integran el eje minero del departamento. 

Los mineros que hacen su trabajo en ese municipio, actualmente, tienen que ceder de manera forzosa el 7% de cada producción, bien sea al Clan del Golfo o al ELN, quienes se dividen las zonas para hacer los cobros. Las cuentas no las hacen en gramos, sino en castellanos, que equivalen a 4.6 gramos de oro.

“Si usted se hace una libra de oro, que son cien castellanos, tiene que darles siete, o sea que son 32,2 gramos por cada libra de oro que se consiga. Eso es muchísimo. Nos ha tocado convivir con ese tipo de acciones porque pobre de nosotros donde nos opongamos a eso, somos carne de cañón”, denuncia uno de los mineros de Emagroaup.

La informalidad, en la mayoría de casos, no es una decisión, sino el resultado de las barreras que existen para formalizar esa actividad económica en medio de la estigmatización y la persecución del Estado. 

“Es el gobierno, en el cumplimiento de la normatividad y la seguridad estatal quien determina como ilegal a todo aquel que no esté cumpliendo con los requerimientos, pero venimos exigiendo un marco diferencial en el trato porque, aunque tenga razón en muchos aspectos, comienza a estigmatizar al sector minero y nos mete a todos en la misma bolsa”, explica Fredy Robledo, profesional de Emagroaup. 

La consecuencia de quedar “todos en la misma bolsa” la vivió uno de los mineros de esa empresa, quien fue capturado en 2019 por el Ejército Nacional mientras estaba haciendo extracción con un motor de diez caballos, cerca de un dragón, que era el objetivo del operativo. Los motores y las motobombas son los elementos que más ha incautado el Ejército entre 2022 y 2024, con 83 y 54 unidades respectivamente.

“Nosotros no podemos vivir únicamente de las herramientas artesanales que tenemos, porque el oro cada día se consigue más profundo, en lo superficial es muy difícil. La minería de subsistencia ya no existe, tenemos que meterla en la pequeña minería donde podamos utilizar nosotros la motobomba, las draguetas, el motor y hasta ciertos tipos de retroexcavadoras”, propone Carlos Latorre, representante legal de Emagroaup.

La minería de subsistencia es aquella que se realiza utilizando elementos manuales solamente. Las clasificaciones de pequeña, mediana o gran minería no hacen referencia al tipo de herramientas que se emplean, sino a la cantidad de hectáreas sobre las que se lleva a cabo la extracción. Esto quiere decir que si un minero de subsistencia pretende usar algún tipo de mecanización, independientemente del tamaño, debe tener un título minero y una licencia ambiental. 

“¿Por qué la persecución a la minería informal en el Chocó? Donde los índices siempre nos reportan como el departamento con menos escolarización, con más niveles de hambre y desnutrición, con más desempleo. No tener una política diferencial es un trato discriminatorio, una persecución del Estado, porque cuando al criminal se le trata como informal y al informal como criminal, no vamos a tener un proceso de diferenciación y no vamos a llegar a la paz total”, concluye Robledo.

El Chocó bajo emergencia

La amenaza de la que fue víctima Gabriel no es un caso aislado, hace parte de un entramado violento para silenciar las voces de los líderes sociales, no solo en el departamento, sino en todo el país. En lo que va del año, han sido asesinados siete líderes sociales en el Chocó y 144 en Colombia. 

En julio de 2024, Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, envió una comunicación oficial al Gobierno de Colombia en la que le informó sobre la situación de Gabriel y le solicitó adoptar medidas para proteger sus derechos y los de los Guardianes del Atrato. La carta no ha sido respondida y el guardián no ha recibido protección de ningún tipo.

Marlen Giraldo hace parte del Centro de Investigación y Promoción de Etnodesarollo (CIPE), una organización étnica que trabaja por la reivindicación de los derechos de las comunidades del Chocó. Según su análisis, los confinamientos, desplazamientos, la violencia sexual y el reclutamiento forzado tienen el departamento en una emergencia.

“El tema del confinamiento ha sido recurrente, los paros que han ocurrido han sido muy seguidos y traen consigo consecuencias. Hace menos de un mes murieron tres personas en el Baudó porque el confinamiento impidió que esas personas se pudieran desplazar a tener una atención oportuna en salud”, explica Giraldo.

Los consejos comunitarios, que son la autoridad étnica encargada de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, también están en riesgo. De acuerdo con Marlen Giraldo, la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de Novita (Cocoman), del que hace parte, ha recibido múltiples amenazas.

Alexander Rodríguez Mena es integrante del Consejo Comunitario de Cocomacia, y también hace parte del Grupo Colegiado de los Guardianes del Atrato. Con preocupación, explica cómo la autonomía que la ley le otorga a los consejos comunitarios está siendo imposible de ejecutar por los actores armados que se disputan el territorio. 

“Una cosa es lo que está en los papeles y otra cosa es que yo, físicamente, como ser humano, no puedo contra un fusil o una pistola. Yo soy una autoridad que está escrita en un papel, pero los otros tienen armas. Cuando los consejos comunitarios quieren ejercer esa autoridad y autonomía, que por ley la tienen, los otros la detienen con la amenaza. Hay consejos comunitarios en los que ha tocado reversar cualquier decisión que han tomado, por salvar vidas”, explica Rodríguez.

La región capital de la biodiversidad del mundo

Cuando el presidente Gustavo Petro anunció a Cali como sede de la COP16, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, explicó que la decisión fue tomada con base en escoger “la región más biodiversa de Colombia, en donde, a pesar de todo, tenemos la región capital de la biodiversidad del mundo. Se llama el Pacífico colombiano”. 

El presidente estaba hablando del Chocó biogeográfico, una vasta selva que se extiende desde la frontera con Ecuador hasta el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá. Este territorio, compuesto por manglares, bosques inundables, ciénagas, bosques húmedos, secos y páramos, es el hogar de 1.297 especies de fauna y 14.000 especies de plantas; alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial y está flanqueado por dos océanos: el Pacífico y el Atlántico.

De acuerdo con Global Forest Watch, el departamento del Chocó, ubicado en el corazón de esa selva, perdió 34.800 hectáreas de bosque primario húmedo entre 2002 y 2023, que equivale a más de la mitad del tamaño de Cali. 

Fairy Medina es ingeniera ambiental del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Según el conocimiento que ha adquirido en 13 años trabajando en el Instituto, la pérdida de la capa orgánica del suelo es uno de los principales impactos que genera la minería en el departamento.

“En la capa orgánica no conseguimos metales. Para poder acceder a ellos hay que llegar a unos niveles de profundidad para los que hay que remover esa primera capa, que es donde se encuentra la tierra más fértil, que tiene los nutrientes que se requieren para la producción agrícola”, explica la ingeniera Medina. 

Esa es una de las razones por las que la minería, cada vez más, se presenta como una de las pocas actividades productivas disponibles para la población del departamento del Chocó, pues la cantidad de suelos fértiles para la agricultura se ha visto drásticamente reducida.

“Hemos logrado cuantificar aproximadamente 62 mil hectáreas de suelos intervenidos por la actividad minera. Los ejercicios que hemos hecho nos han llevado a concluir que el suelo no va a llegar a recuperarse, así se haga natural o de manera antrópica, no va a volver nunca a las mismas condiciones que tenía inicialmente”, explica la ingeniera Medina. 

Un estudio que realizó la Universidad Nacional en huertos caseros de los municipios de Nóvita, Istmina y Tadó, encontró que más del 40 % de los suelos tienen altos niveles de mercurio, generando contaminación en alimentos que consumen las comunidades locales: frutas, verduras y plantas medicinales. 

Con respecto a las afectaciones de los afluentes hídricos, además del mercurio, Fairy Medina explica que los vertimientos que genera la minería en el agua, afecta las variables físico químicas de la misma y esto “genera un conflicto en el uso del recurso hídrico para el desarrollo de actividades como el consumo de agua doméstico”.

De acuerdo con un informe publicado por UNICEF, en al menos 20 de los 30 municipios del departamento, más del 75% de los hogares usan fuentes de agua sin tratar. “La inexistencia o la poca cobertura del servicio de acueducto es uno de los factores que sí o sí, obliga a las comunidades a tomar el recurso de manera directa y a realizar otras actividades del día a día sobre las fuentes hídricas que tienen a su paso”, agrega la ingeniera Medina. 

Ante ese panorama de contaminación y afectación de los recursos naturales, la estrategia del Estado ha sido la de la erradicación, “pero no siempre erradicar una enfermedad significa matar a la persona, puede haber fórmulas. En la sentencia se dan órdenes para evitar la contaminación del río, pero también se ordena proteger a la comunidad, tener un plan de atención para que quienes han venido haciendo minería de forma tradicional y ancestral puedan tener garantías”, afirma Ariel Quinto.

Elizabeth y Samy Murillo Dominguez, dos hermanas que han dedicado toda su vida a la minería, están utilizando plantas disponibles en el departamento como alternativa para reemplazar el uso de mercurio en su actividad minera. El mercurio se usa para separar el oro de otros minerales al formar una amalgama con el metal, lo que permite su fácil extracción, pero su uso indiscriminado ha puesto a Colombia en la posición del mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo.

Ante ese panorama, las hermanas Murillo han recurrido a la baba del balso y la hierba del dulce, dos plantas que encuentran en el territorio y que cumplen la misma función de separar los metales del agua, según explican, con la misma efectividad. 

“No teníamos conciencia de que el mercurio iba a destruir las fuentes hídricas, los peces y que iba a llegar a nosotras y nos iba a enfermar. Es muy complejo que la gente le diga no a la minería porque destruimos selva, porque dañamos ríos, pero resulta que nosotras, las mujeres chocoanas, vivimos y sobrevivimos por la minería. Si nos quitan la minería, sería como cuando arrancan un árbol de sus raíces”, concluye la señora Samy.

La desconexión del Chocó

Marlidis Palacios es lideresa ambiental comunitaria y exsecretaria de ambiente de Quibdó. Según explica, además de los impactos que la extracción minera genera en suelos y ríos, hay un factor adicional que genera contaminación al buscar evitarla: la quema de las máquinas que realizan minería ilegal. 

“La fuerza pública hace el proceso de quema, pero no retira el residuo que deja la quema y quedan grandes estructuras tanto en las orillas de los ríos como en el fondo del agua. Esto se convierte en pasivos ambientales mineros que afectan a las comunidades, el territorio y el cauce del río”, afirma Palacios. 

De acuerdo con Palacios, este hecho, que parece un descuido sencillo, es una muestra de la desconexión que existe entre la fuerza pública, que recibe órdenes del centro del país,  y las necesidades y requerimientos de las comunidades que conocen y viven del territorio. 

“Es muy difícil la comunicación con Bogotá y los ministerios para generar conocimientos y gestionar proyectos que de verdad puedan minimizar las problemáticas que hay en el departamento. Llevamos años trabajando después de la Sentencia T-622, sabemos que no se han cumplido las órdenes para poder avanzar y siguen las comunidades con los problemas ambientales, sociales, de salud y demás”, concluye Palacios.

El líder Gabriel no sabe de dónde proviene la amenaza que recibió en su casa y que, de hecho, es la segunda de ese tipo. Los proyectiles de arma de fuego no lo preocupan tanto como la situación que vive el departamento, y que seguirá igual de grave, o peor, cuando él ya no esté. 

“La gente está de brazos cruzados, porque cómo se enfrenta una comunidad a una situación tan compleja que el mismo Estado, con la estructura política, militar, económica, jurídica que tiene no ha sido capaz de resolver. Imagínese usted qué papel juegan las comunidades”, se pregunta el guardián.

Su trabajo, mientras tanto, seguirá siendo el de veedor de una sentencia que, confía, algún día cambiará el panorama que parece ser el mismo desde la Colonia: “Aquí seguimos como si estuvieramos en la esclavitud. Dicen que el Chocó es muy rico pero por los intereses que tienen en los recursos naturales; se los están llevando y nosotros seguimos en las mismas. Solamente nos quedan los problemas, las enfermedades, la alteración del orden público y la estigmatización de que seguimos siendo la región más pobre de Colombia”, finaliza el líder Gabriel.

* Nombre cambiado para proteger a la fuente.

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