La apuesta de De la Espriella: arruinar periodistas para silenciarlos

Abelardo de la Espriella, quien se autodenomina “Tigre”, es la figura pública más agresiva contra la prensa en Colombia. Así lo revelan las cifras que tiene la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). El abogado fracasa mucho más de lo que triunfa en sus acciones legales contra periodistas, pero su estrategia preocupa a organizaciones defensoras de la libertad de expresión porque estaría encaminada a silenciar voces críticas por medio del acoso judicial. Embargos, procesos legales engorrosos y, según un periodista, amenazas de violencia física hacen parte de la estrategia del candidato presidencial contra quien lo cuestione.

“Yo suelo aplicar las siete plagas de Egipto, entonces yo caigo con todo. Hay abogados que solo denuncian penalmente, en cambio yo penalmente, tutela y acción civil”, dijo De La Espriella hace unos años en una entrevista con Carlos Alonso Lucio, excongresista que hoy lo respalda abiertamente en su campaña presidencial. 

Entre 2008 y 2019, la Flip registró 109 casos en los que el candidato presidencial era el denunciante por delitos de injuria y calumnia. La organización ha alertado, en diferentes ocasiones, que el “uso reiterado por parte de De La Espriella de herramientas legales, como la tutela o demandas ordinarias, así como el uso excesivo del derecho de petición, la solicitud de rectificación y denuncias ante las plataformas digitales, configuran un abuso de los mecanismos constitucionales y judiciales para intimidar y acallar a las y los periodistas”. 

VORÁGINE conoció diferentes casos de periodistas perseguidos por años a través de recursos judiciales y quienes, un tiempo después, dejaron de hablar del “Tigre” por temor a seguir siendo acosados y no tener dinero para su representación ante los estrados. 

Según la Sentencia T-452 de 2022, el acoso judicial ocurre cuando se usa la justicia para silenciar información de interés público en lugar de proteger derechos, aprovechando un desequilibrio de poder y recursos económicos para imponer pretensiones de censura y/o compensaciones impagables para quien emite las expresiones.

“Ahí sí se lo van a pensar” 

El periodista Ignacio Gómez, director de Noticias Uno, le contó a VORÁGINE que los primeros movimientos legales de Abelardo de la Espriella en contra del noticiero  no comenzaron con demandas millonarias ni largos litigios, sino con solicitudes de rectificación. Ninguna prosperó. Los periodistas, explica Gómez, contaban con pruebas sólidas que respaldaban cada publicación y no había lugar a correcciones. Esos recursos no escalaron a denuncias penales por injuria y calumnia: De la Espriella desistía de sus pretensiones.

Desde la Flip reconocen un patrón en esa forma de actuar, así lo explica Sofía Jaramillo, directora de la organización: “Muchas veces esas acciones terminan archivadas, desisten o terminan no acudiendo a las conciliaciones. Las mismas acciones no prosperan por una u otra razón”. 

Con el paso del tiempo, sin embargo, la estrategia cambió. El propio De la Espriella lo resumió sin ambages en una entrevista con Carlos Alonso Lucio: “Le toca a la gente sacar dinero del bolsillo y eso es lo que le duele a la gente. Ahí sí que lo va a pensar en una próxima ocasión cuando pretenda emitir otro señalamiento”. A partir de entonces, dejó de privilegiar las acciones penales, que suelen quedarse en audiencias de conciliación ante la Fiscalía, y optó por demandas civiles, procesos que pueden tardar años y que incorporan la exigencia de reparaciones monetarias, por presuntos daños a la honra y el buen nombre y, aún más importante, no existe forma eficaz de detenerlos.

Ese giro se materializó en 2019, cuando ‘Nacho’ Gómez, como lo llaman sus colegas, fue notificado, junto al periodista Guillermo Gómez, de una demanda civil por injuria y calumnia presentada por De la Espriella ante el Juzgado 14 Civil del Municipio de Barranquilla. El origen del proceso fue una investigación emitida en Noticias Uno que revelaba que De la Espriella, entonces abogado del exmagistrado Jorge Pretelt, había sido denunciado ante la Judicatura por presuntas dilaciones procesales. El expediente, según la investigación periodística, fue archivado en 16 días hábiles, cuando el tiempo promedio de trámite de ese tipo de recursos era de siete meses.

Por el supuesto daño a su honra y buen nombre, De la Espriella exigió que cada periodista pagara 17.500.000 pesos. Además, anexó al proceso un listado de tres bienes que atribuyó a Ignacio Gómez. Solo una era efectivamente de su propiedad; los otros dos correspondían a personas distintas que compartían su mismo nombre. Aun así, el Juzgado 14 Civil de Barranquilla aceptó la inclusión de los bienes y decretó medidas cautelares, una decisión que, en la práctica, dificulta cualquier intento de venta y abría el riesgo de perder la propiedad si el fallo resultaba adverso.

Los periodistas contrademandaron a De la Espriella por los efectos dañinos de su persecución judicial. La decisión llegó solo en octubre de 2024, cuando el juzgado resolvió los recursos de apelación sin fallar ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Negó las pretensiones de De la Espriella, así como la contra demanda de los periodistas. Pero para el periodista, el resultado no borró los años de desgaste, presión e incertidumbre. “Eran solicitudes claramente para acallar a los periodistas, para dejarlos en la calle, para ficharlos”, le dijo Ignacio Gómez a VORÁGINE.

“Vamos y nos damos en la jeta”

Guillermo Gómez fue el otro periodista vinculado al proceso civil que Abelardo de la Espriella promovió contra Ignacio Gómez, pero ese no sería el único episodio judicial entre ambos. A lo largo de los años, Gómez también enfrentó recursos penales y civiles impulsados por el abogado, una secuencia que, con el tiempo, reveló una lógica que iba más allá de la rectificación o la defensa del buen nombre.

En 2019, un paramilitar que había sido fuente de Guillermo Gómez en investigaciones de Noticias Uno le presentó a una abogada que había trabajado para De La Espriella Lawyers Enterprise, la firma del aspirante presidencial. El encuentro dejó al periodista una advertencia difícil de olvidar. “Me abrió un archivo donde me mostró los expedientes de Abelardo contra 12 periodistas, y me dijo: ‘esté tranquilo que nosotros no tenemos pruebas para derrotarlos a ustedes en juicio’”, relata Gómez. Según el reportero, la abogada le explicó que se trataba de una metodología instaurada por De la Espriella en la oficina para la persecución de periodistas. Semanas después, la advertencia se materializó: llegó la notificación de una demanda civil.

Antes de ese episodio, ambos ya se habían cruzado en procesos penales, varios de ellos interpuestos en 2016, en los que De la Espriella solicitaba rectificaciones. En uno de esos casos coincidieron en la audiencia de conciliación, el primer paso para este tipo de acciones. De la Espriella pretendía que se eliminara el contenido que consideraba injurioso y calumnioso. Guillermo Gómez se negó a borrar la información y a conciliar. “Vamos y nos damos en la jeta”, recuerda el periodista que le dijo el abogado. La conciliación no prosperó.

Dos años más tarde, en septiembre de 2021, Gómez fue notificado de la apertura de un nuevo proceso ante el Juzgado Cuarto Civil Oral Municipal de Barranquilla. Conserva aún los documentos en un sobre con el logo de De La Espriella Lawyers Enterprise, donde guarda el rastro completo de los litigios en su contra. En uno de esos escritos, De la Espriella sostiene que las publicaciones del periodista le causaron “daño psicológico”, afectaron su honra como abogado y derivaron en la pérdida de contratos y clientes. Por ese supuesto perjuicio, exigía una indemnización de 45 millones de pesos.

Además de las pretensiones económicas, Gómez denuncia que De la Espriella radicaba las demandas en juzgados de Barranquilla, lejos del lugar de residencia de los periodistas y de sus abogados, lo que añadía obstáculos logísticos y costos adicionales para ejercer la defensa. En este caso concreto, la demanda civil se originó en una publicación que reveló que el entonces magistrado Jorge Pretelt había seleccionado una tutela para frenar la ampliación del relleno sanitario Loma Grande, en Montería. La acción había sido interpuesta por el abogado José Javier de la Hoz, integrante de De La Espriella Lawyers Enterprise, mientras el propio De la Espriella era defensor de Pretelt.

El proceso solo tuvo una decisión de fondo en 2024, cuando el fallo fue favorable a Guillermo Gómez. En una tercera demanda civil interpuesta por De la Espriella, el abogado retiró la acción en menos de 15 días, sin que hubiera una resolución judicial.

Para Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Flip, este tipo de actuaciones encajan en lo que se conoce como acoso judicial. “De la Espriella utiliza el sistema judicial no para buscar justicia u obtener un resultado en los tribunales, sino para generar miedo, obligar a los periodistas o medios a asumir costos altísimos para defenderse y que finalmente terminen autocensurándose, pensando dos veces antes de publicar”, explica. Guillermo Gómez lo confirma desde su experiencia: tras la seguidilla de demandas civiles, dejó de mencionar a De la Espriella en sus investigaciones.

La abogada Ana Bejarano, codirectora de El Veinte y apoderada  de varios de los periodistas demandados, coincide en el diagnóstico y advierte sobre el riesgo de convertir la justicia en un mecanismo de silenciamiento. “Claro que se puede usar el sistema de justicia para defender la honra y el buen nombre, que son derechos fundamentales, pero eso debe hacerse bajo parámetros razonables, que no conviertan a los jueces en vehículos de censura”, señala.

Las demandas express 

En Colombia hay un capítulo de la historia reciente que aún no se ha contado del todo: el verdadero alcance de las “chuzadas” del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Julián Martínez, uno de los principales investigadores del escándalo de persecución y espionaje estatal, volvió sobre ese tema en un programa del Tercer Canal, donde mencionó la presunta relación de Abelardo de la Espriella con ese entramado. La reacción judicial no tardó.

Según relata el director del Tercer Canal, desde 2020 comenzaron a llegar solicitudes de rectificación enviadas por De La Espriella Lawyers Enterprise. Con el tiempo, esas solicitudes mutaron en demandas civiles. En total, el canal ha recibido 11 recursos judiciales provenientes de la oficina del candidato presidencial: dos siguen activos y los otros nueve fueron resueltos a favor del medio. Un patrón se repite en casi todos los casos y llama la atención de la dirección del canal: la mayoría de las acciones se interpusieron pocos días después de la emisión de los programas en los que se mencionaba al abogado. “Parecía que tuviera gente viéndonos. Era muy rápida la acción jurídica”, resume. Para el director, esa inmediatez sugiere un seguimiento minucioso del contenido periodístico.

El episodio más reciente se produjo en octubre de 2024, cuando Abelardo de la Espriella interpuso una acción de tutela contra los periodistas Julián Fernando Martínez Vallejo, Ignacio Gómez Gómez, Alfredo Serrano Zabala, Wilmer Alberto Zuleta y Daniel Mejía Lozano. La tutela fue presentada como respuesta a los comentarios de los periodistas sobre el presunto acoso judicial ejercido por el abogado y sobre sus vínculos mencionados con Álex Saab y David Murcia.

La acción fue radicada ante el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, que la declaró improcedente al considerar que De la Espriella no había agotado los mecanismos ordinarios de defensa. No obstante, el juez dejó abierta la posibilidad de que el abogado acudiera a la vía penal o civil para dirimir la controversia, mecanismos que, como ha reiterado la Flip, deben emplearse únicamente como último recurso cuando están en juego expresiones de carácter periodístico.

En ese proceso, De la Espriella sostiene que los comunicadores vulneraron sus derechos al buen nombre, la honra, la dignidad humana y la presunción de inocencia. El caso, sin embargo, sigue en curso. Para el director del Tercer Canal, el objetivo de estas acciones es claro y coincide con lo expresado por otros periodistas y expertos consultados por VORÁGINE: “Él apunta a atemorizar al periodista”.

Investigar, pero no ser investigado 

A Abelardo de la Espriella no lo incomodan solo las investigaciones, también las palabras. Un calificativo —“filipichín”— bastó para que demandara civilmente por injuria y calumnia a la periodista Cecilia Orozco. Le pedía 45 millones de pesos como reparación, pero en 2021 la justicia falló a favor de la exintegrante de Noticias Uno. El juez consideró que las opiniones expresadas por Orozco estaban protegidas por la libertad de expresión y de prensa, especialmente tratándose de figuras públicas sometidas a escrutinio. En total, han sido más de 6 los recursos legales que ha puesto en contra de la periodista. 

Ana Bejarano, representante de Cecilia Orozco, habla de este caso como un punto clave para mostrar el accionar del candidato presidencial: “La palabra filipichín no es precisamente un insulto. Ese es un caso muy emblemático de la alergia que tiene Abelardo a la crítica y a que se comente cualquier cosa de él que sea negativa”. 

A su vez, a De La Espriella le incómoda que lo investiguen. En febrero de 2018, el candidato presidencial instauró en Estados Unidos una demanda civil, por supuesta difamación, contra el periodista Daniel Coronell por una columna publicada en Revista Semana titulada “El avión”. Allí el columnista cuestionó el incremento de la fortuna del abogado que había atendido a figuras reconocidas como los Nule.

En medio del proceso, la defensa de Coronell solicitó todos los contratos de asesoría legal que había celebrado De La Espriella Lawyers Enterprise en los últimos seis años. Por ejemplo, documentos relacionados con sus negocios con Álex Saab. A raíz de esa solicitud, el “Tigre” decidió desestimar la demanda para evitar entregar los contratos con sus clientes y no “vivir con la deshonra a la confidencialidad a la que estoy obligado”, dijo a través de un comunicado el 2 de julio de 2020.  

En julio de 2017, Abelardo de la Espriella, junto al abogado Iván Cancino, interpuso una demanda contra el columnista Jorge Gómez Pinilla por supuesta injuria y calumnia. El motivo fue una columna publicada en El Espectador llamada ‘Ante la cagada de Uribe en Atenas’, donde hablaba de una página web, Losirreverentes.com, “dedicada a calumniar y denigrar de todo lo que no sea uribista”, según escribió Gómez. Allí mencionaba que había indicios de que el sitio lo financiaba De la Espriella. El periodista después recibió una citación por parte de la Fiscalía General de la Nación para comparecer a una diligencia penal. 

Según un pronunciamiento de la Flip, en abril de 2019, Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de Twitter un pantallazo de un chat de WhatsApp en el que aparecía el número de teléfono del periodista Camilo Poveda, quien lo había contactado para pedir una entrevista en nombre de una presentadora de radio. Tras esa publicación, Poveda empezó a recibir llamadas intimidantes de personas que vieron su contacto, lo cual la Flip calificó como una práctica de “doxing” (exposición de datos privados) innecesaria y peligrosa. La fundación rechazó esta acción y advirtió que, además de poner en riesgo al periodista, la publicación de información privada y la insistencia de De la Espriella en denunciar opiniones críticas contra él representan formas nocivas de intimidar a la prensa y de restringir la libertad de expresión. 

Más de 10 años de acoso

Han sido más de una década de recursos y hostigamientos contra periodistas. Por ejemplo, en 2017 promovió un proceso penal contra Héctor Mario Rodríguez. Dos años después, en 2019, intensificó su ofensiva judicial: radicó un proceso penal contra Hollman Morris y abrió acciones civiles contra Gonzalo Guillén, Héctor Fabio Cardona y Carlos Cortés. Ese mismo año inició un proceso civil contra Camila Zuluaga, y en octubre de 2019 presentó acciones contra la periodista Cecilia Orozco, un caso que se extendió por casi seis años, hasta junio de 2025.

El año 2020 marcó un punto de inflexión. En febrero, De la Espriella instauró una demanda  civil contra el periodista Sebastián Nohra, que solo fue cerrado dos años después, en marzo de 2022. En paralelo, instauró procesos civiles contra Camila Zuluaga, que terminó cinco meses después, y contra el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”. Ese mismo año abrió un nuevo proceso contra Yamit Palacios, quien ya había enfrentado una acción similar en 2019 y volvería a ser demandado nuevamente un año después, completando así tres procesos en su contra.

La lista continuó creciendo en los años siguientes. En 2021, De la Espriella interpuso acciones civiles en Barranquilla contra Julián Martínez y Daniel Mejía. En el caso de Ignacio Gómez, por ejemplo, el proceso iniciado en junio de 2019 solo tuvo resolución definitiva en agosto de 2024, una duración cercana a los cinco años.

Durante 2023 y 2024, las actuaciones judiciales no cesaron. En 2024, abrió un proceso ante el Juzgado 035 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple contra Camila Zuluaga, y promovió una actuación civil conjunta contra Daniel Mejía, Alfredo Serrano, Wilmer Zuleta, Ignacio Gómez y Julián Martínez. Ese mismo año también instauró acciones contra Melquisedec Torres, tanto en Bogotá como en Barranquilla. En esta ciudad, además, reposan procesos iniciados en 2018 contra Guillermo Gómez y Gonzalo Guillén, así como otro contra Ignacio Gómez.

Los casos más recientes amplían el foco hacia medios y organizaciones periodísticas. En 2025, De la Espriella adelantó actuaciones civiles contra La Prensa S.A.S. y la Fundación La Nueva Prensa, trasladando el conflicto del plano individual al institucional. Según los registros disponibles en la Rama Judicial, la mayoría de estos procesos tienen una duración promedio de entre dos y cuatro años, aunque algunos se han extendido mucho más.

El balance de los procesos impulsados por Abelardo De la Espriella contra periodistas, caricaturistas y medios deja un patrón difícil de ignorar: usa de forma intensiva los recursos legales, pero casi nunca gana. La mayoría de las demandas, tutelas y denuncias terminan archivadas, declaradas improcedentes o resueltas a favor de la prensa. Sin embargo, el efecto que producen no se mide en sentencias, sino en años de desgaste, costos económicos y miedo. El objetivo no parece ser obtener justicia, sino hacer que el ejercicio del periodismo resulte demasiado caro.

Las acciones civiles, en particular, revelan el núcleo de la estrategia: llevar el conflicto al terreno del dinero. Exigir indemnizaciones millonarias, pedir medidas cautelares sobre bienes, obligar a litigar en ciudades lejanas y prolongar los procesos durante años no solo tensiona la defensa jurídica de los periodistas, sino que los empuja a la autocensura. Algunos de ellos lo admiten sin rodeos: tras las demandas, dejaron de investigar o mencionar a De la Espriella.

Para Ana Bejarano este tipo de prácticas encajan de lleno en la definición de acoso judicial. “El acoso judicial busca el silencio y la intimidación. Nadie está haciendo periodismo de verdad porque él ha creado un ambiente de ‘cuidado hablas de mí porque te voy a demandar’”, advierte. 

En esa misma línea, Sofía Jaramillo expone: “Los funcionarios públicos tienen una obligación democrática que es tolerar la crítica. La prensa no la podemos ver como un enemigo que tenemos que silenciar, eso no se puede ver así. La prensa es una garantía para la ciudadanía”. 

El problema trasciende lo individual y toca el corazón de la democracia. Bejarano lo plantea con claridad: es peligroso que un candidato presidencial tenga tanta alergia a la crítica y a la observación pública, porque es precisamente ese escrutinio el que sostiene el debate democrático.

VORÁGINE contactó a la oficina de prensa del candidato presidencial para obtener una respuesta sobre los hechos de este artículo, pero hasta el momento no hubo pronunciamiento.