La desconocida imputación por presunta corrupción contra el presidente del Consejo Gremial

En las redes sociales del Consejo Gremial, una organización que agrupa a 32 gremios, hay fotos que muestran a sus directivos en conversaciones con varios ministros, con el presidente Gustavo Petro, con la cúpula de las Fuerzas Militares y con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. La influencia de esta organización es amplia. Lo que esa agremiación no ha publicado es que su presidente, Germán Arce Zapata, está imputado por presunta corrupción hace casi dos años.

La imputación contra Arce, que también es el presidente de Asofiduciarias, se dio el 16 de agosto de 2022 y, con ese proceso judicial a cuestas, llegó al cargo con más poder entre los dirigentes empresariales del país: la presidencia del Consejo Gremial. Su elección se dio en medio de una asamblea de miembros de esa organización que se desarrolló en el Metropolitan Club, de Bogotá, el 13 de diciembre de 2022.

La Fiscalía acusó a Arce de firmar un contrato sin los requisitos legales, de tener un interés indebido en la suscripción del mismo y de peculado por apropiación en favor de terceros (es decir, que, según el ente acusador, habría ayudado de manera ilegal a que un contratista se quedara con dinero del Estado).

El contrato

Una de las temporadas de lluvias más fuertes de la historia de Colombia se dio en 2010, según datos de la Presidencia en esa ola invernal resultaron damnificadas 2.4 millones de personas, 323 murieron, 312 resultaron heridas y 66 desaparecieron. La familia de Arley Mapallo vio cómo su casa se agrietó de tal manera que su derrumbe parecía inminente. Él vivía en Rosas (Cauca), un municipio al sur de ese departamento ubicado a una hora de Popayán. En varias veredas del pueblo decenas de familias también quedaron en situaciones de altísimo riesgo. 

Los damnificados se acercaron a la Alcaldía buscando apoyo para volver a tener una vivienda en condiciones. Algunos optaron por irse a Popayán, a Cali o al casco urbano de Rosas a pagar arriendo. Otros, sin esa posibilidad, siguieron viviendo en medio de estructuras que en cualquier momento podían colapsar.  

Adelantaron esas gestiones durante varios años, hasta que en 2015 creyeron que les iban a dar una solución definitiva. Ese año el Fondo de Adaptación, adscrito al Ministerio de Hacienda, firmó un contrato para la construcción de 92 apartamentos en Rosas. Arce lo suscribió porque él había sido nombrado gerente de esa entidad el 2 de septiembre de 2014. 

En octubre de 2015 el Fondo contrató a una empresa caleña llamada Codiseños por 4.279 millones de pesos. Con la obra se buscaba darle un techo a 92 familias damnificadas de la ola invernal de 2010. El plazo inicial del contrato era de 10 meses.

Mapallo hacía parte de una veeduría ciudadana que en unas visitas a la obra se percató de que había retrasos. El acta de inicio, documento requerido para empezar la ejecución, solo se firmó en enero de 2016. Una primera suspensión de los trabajos se dio entre agosto y septiembre de ese año. El plazo de entrega inicial era de 10 meses y terminó extendiéndose a 31.La veeduría puso en conocimiento de la Contraloría lo que estaba pasando.

Aunque el proyecto tenía varios vacíos, en marzo de 2016 el Fondo de Adaptación le pagó un anticipo de 1.283 millones de pesos a Codiseños. Luego, la misma entidad hizo dos giros más. En un documento que la Contraloría le envió a la Fiscalía en 2019, y que conoció VORÁGINE, resaltaban la falta de concordancia entre el dinero que se le había pagado a la empresa (44% del total del contrato) y el avance que mostraba la obra (19%). Por eso empezó una investigación penal. 

Los señalamientos de la Fiscalía

En la audiencia de imputación de cargos contra Arce y dos exfuncionarios más del Fondo de Adaptación, la fiscal del caso expuso varias presuntas irregularidades que encontró en la adjudicación del contrato. Por ejemplo, la funcionaria judicial aseguró que en el expediente encontraron que un arquitecto de Codiseños, llamado Omar Fernando Guzmán López, hizo un certificado para avalar él mismo sus supuestos estudios. 

Otra de las supuestas irregularidades advertidas por la Fiscalía y la Contraloría tiene que ver con el terreno donde se empezó a construir el proyecto: Codiseños nunca fue propietaria del predio. En una conversación telefónica con Otto Burbano, dueño del lote, le contó a VORÁGINE cómo fue el proceso de negociación con la empresa. Relató que hacia 2015 llegaron a su casa funcionarios de la Alcaldía junto con empleados de Codiseños y estos últimos le expresaron su interés de comprar una parte de su finca El Higuerón. Con el acuerdo de palabra le pidieron hacer una autorización para empezar la construcción del proyecto y él accedió. Solo con ese documento como respaldo, el contratista construyó a medias cinco torres. Pero nunca le pagaron a Burbano. “Como ellos no pagaron, nosotros no dimos escrituras”, aseguró él. Los apartamentos tampoco los terminaron. 

Ahora Burbano tiene el lote, pero con unas estructuras abandonadas que no le permiten hacer nada en esa parte de su finca. Antes aprovechaba ese lugar para poner unas vacas a pastar. “Es un elefante blanco, está el armazón en concreto y todo”, dijo el actual alcalde del municipio, José Roberto Campo, en entrevista con este medio. 

La fiscal también expuso que tenía indicios para creer que Arce y los otros dos funcionarios direccionaron el proceso de contratación en favor de Codiseños. Primero, aseguró que se hizo un proceso de contratación directa cuando debía aplicarse uno de otro tipo. Y, segundo, dijo que debió hacerse un estudio de mercado. “Se dispuso la contratación sin que se hubiesen surtido todos los trámites necesarios, esto es precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos precisos para optimizar recursos y evitar perjuicios”, agregó la funcionaria. 

En lugar de eso, según la exposición de la fiscal, el Fondo de Adaptación elaboró dos documentos titulados ‘Análisis de consumo y precios históricos’. El primero recomendaba que la obra la ejecutara la Agencia de Desarrollo Territorial, pero en el segundo se hicieron unos cambios que, de acuerdo a la funcionaria, favorecieron la contratación directa con Codiseños. 

“En ejercicio de sus funciones se interesó indebidamente en provecho de un tercero, en este caso la empresa Codiseño, en la celebración de forma directa del contrato de obra 157 de 2015 al intervenir en el direccionamiento de la contratación. Como lo indican los elementos materiales probatorios usted participó en la etapa precontractual para la selección del contratista y fue usted quien suscribió los documentos necesarios para adelantar la invitación directa“, le reprochó la fiscal a Arce. 

La funcionaria señaló que el peculado que presuntamente cometió Arce ascendió a los 1.283 millones. 

La defensa del dirigente gremial

El exfuncionario del gobierno Santos pidió la nulidad de su proceso, con lo que busca tumbar toda la actuación. La decisión está en manos del Tribunal Superior de Bogotá desde el pasado 29 de agosto. “Encontramos que la imputación que se le hizo a German Arce fue confusa”, explicó el penalista Mauricio Pava, que lo defiende en los estrados judiciales.

Arce atendió una extensa entrevista con VORÁGINE en la que se defendió de las acusaciones que le hizo la Fiscalía. Hizo un recuento sobre las funciones que tuvo como gerente del Fondo de Adaptación, donde dijo que manejaba un presupuesto de más de 15 billones de pesos y tuvo que aprobar unas 30.000 soluciones de vivienda. Además, dijo que su labor le exigía estar al tanto de situaciones en más de 800 municipios del país. Según la página de esa entidad, durante los 18 meses en los que Arce estuvo de gerente se entregaron 6.993 viviendas.

Uno de los argumentos en los que más insistió Arce en su defensa es que el hallazgo fiscal que dio origen el caso penal ya fue cerrado. Este medio conoció el auto de la Contraloría al que el dirigente gremial hacía referencia. En concordancia a lo dicho por él, en el documento, del 2 de septiembre de 2021, esa institución de vigilancia fiscal decidió cerrar el hallazgo. “Este Despacho adoptará la decisión de archivar la actuación adelantada, por inexistencia de daño patrimonial”, se lee en el oficio firmado por Juan Pablo Gutiérrez, director de investigaciones 2.

Un factor determinante que tuvo en cuenta la Contraloría para tomar esa decisión fue que el dinero que el Estado le entregó a Codiseños fue recuperado por medio del cobro de las pólizas de incumplimiento que se establecieron. Entre los montos que fueron reintegrados se encuentra el anticipo por el que la Fiscalía le imputó el peculado por apropiación en favor de terceros a Arce. 

El exfuncionario del gobierno Santos también aseguró que la Fiscalía le está aplicando un régimen de contratación que no se le debe exigir al Fondo de Adaptación, debido a que este se regía por una contratación especial. Dijo que él no tenía la función de revisar los detalles técnicos de la adquisición de los lotes para ejecutar los proyectos y que no conocía a las personas de Codiseños. “Ese contrato fue investigado por la autoridad competente y el proceso fue archivado”, concluyó refiriéndose a las actuaciones de la Contraloría. Además, afirmó que el propio Fondo de Adaptación solicitó declarar el incumplimiento por parte del contratista.

Arce rechazó que tras un deslizamiento que ocurrió en Rosas en 2019 que causó la muerte a 32 personas, hayan salido en medios de comunicación versiones según las cuales algunos decesos se habrían podido evitar con la entrega del proyecto en La Violeta. Campo, el actual Alcalde, también dijo que nada tenían que ver esos apartamentos con las personas que perdieron la vida. 

El poder de Arce

Arce, que trabajaba en la banca privada, incursionó en la vida pública con el impulso de algunos poderosos. Su llegada al gobierno de Juan Manuel Santos se dio de la mano de Juan Carlos Echeverri, que en ese momento era Ministro de Hacienda y lo nombró, primero, como director de crédito público y, después, como viceministro. De ahí pasó a dirigir la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Arce, según El Espectador, era un hombre de confianza de Santos. Incluso, hizo parte del equipo programático para la campaña santista a la reelección y se unió a la fundación Buen Gobierno. 

Su nombramiento como ministro de Minas, el cargo más alto que ha ejercido en el sector público, fue impulsado por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, tal como lo reportó La Silla Vacía. 

En 2019 Arce hizo una pequeña donación de $100.000, según el aplicativo Cuentas Claras, a la campaña para la Alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán. Este último logró su aspiración a gobernar la capital tras ganar en primera vuelta en las elecciones territoriales de 2023. 

Le preguntamos a Arce si el resto de integrantes del Consejo Gremial conocían de su imputación al momento de su elección y dijo que no.

Esa vida en las altas esferas del poder de Arce, contrasta con las de los damnificados de la ola invernal de 2010 en Rosas a quienes ni siquiera les han garantizado el derecho a una vivienda digna. Mapallo desobedece una orden de la inspección de Policía que le prohíbe entrar a su casa por estar ubicada en una zona de alto riesgo. Sin embargo, él no tiene dónde más vivir. “Yo sigo allí porque la situación económica es difícil”, contó Mallapo. “Cada que hay estos sismos la casa sigue abriéndose en diferentes partes”, agregó. El líder comunitario también relató que decenas de familias están en situaciones similares a las que él está atravesando.

El alcalde del municipio le contó a VORÁGINE que hay un proyecto para hacer 48 casas para ellos en el casco urbano que deberían entregarse en 2024. Mapallo, que se posesionará como concejal el 1 de enero de 2024, se mostró esperanzado con que el gobierno nacional ayude a resolver el problema. Pero, un fundado escepticismo ronda a los posibles beneficiarios, mientras los 44 restantes siguen padeciendo los estragos de un proyecto de construcción fallido que los ha perseguido por más de ocho años.

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