Lafaurie, Pretelt, Luis Gallo: La red de poder detrás del caso Tulapas y la condena al general Palomino

El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema de Justicia condenó por tráfico de influencias al general retirado Rodolfo Palomino. Para el alto tribunal está probado que el exoficial, cuando fungía como director de la Policía, presionó a una fiscal para evitar la captura de un reconocido empresario. La investigación contra Palomino es uno de los tantos hilos que se conectan y se desprenden de un caso mayor: el despojo de tierras y el desplazamiento de alrededor de 4.000 campesinos en la región de Tulapas, en los límites entre el Urabá antioqueño y cordobés.

Durante dos décadas, el aparato judicial ha tratado de esclarecer este episodio. Los expedientes han transitado por despachos de jueces ordinarios, por los tribunales de Justicia y Paz y, ahora, son analizados en la JEP.  En esas largas pesquisas se ha ido estableciendo una red de relaciones alrededor de los protagonistas del despojo. Al final, el de Tulapas no sólo es un caso emblemático de desplazamiento forzado, también  ejemplifica como pocos el alcance del crimen en las más altas esferas de todos los poderes.

En el análisis del contexto que permitió el despojo y especialmente en las declaraciones de los dos testigos clave, los ganaderos Benito Osorio y Benito Molina, han resultado salpicados poderosos del más alto nivel: fiscales, magistrados, empresarios, generales de la República y decenas de políticos.

El general y el empresario

El 8 de febrero de 2014, la fiscal Sonia Velásquez se alistaba para uno de los momentos más importantes de su carrera judicial. Acababa de firmar las órdenes de captura contra diez personas involucradas en el despojo de tierras en Tulapas, ocurrido entre finales de los 90 y comienzos de la década del 2000. En ese episodio, los paramilitares de la Casa Castaño habían presionado con violencia a miles de campesinos que, sin otra alternativa, terminaron vendiendo sus tierras al Fondo Ganadero de Córdoba a precios mínimos. El expediente había acumulado polvo por años, pero finalmente la fiscal Velásquez se aproximaba a dar resultados concretos.

Esa noche, Velásquez esperaba que un policía de la Dijín llegara a su casa para recoger las órdenes de captura y ejecutarlas. Pero antes que su visitante previsto, a su puerta llegó el entonces director de la Policía, el general Rodolfo Palomino. La secuencia de los hechos quedó consignada en el sentido del fallo proferido por la Corte Suprema la semana pasada. El general, a quien la fiscal no conocía más que por los noticieros de televisión, apareció en la portería de su conjunto residencial y le pidió que lo recibiera. Ella accedió, consciente de que algo extraño sucedía. Por eso, antes de que el oficial entrara a su casa, escondió un celular entre algunos libros y grabó la reunión. 

El audio, que dura poco más de 40 minutos, fue la prueba reina que terminó en la condena contra Palomino. Allí se escucha al general haciendo referencia a las capturas ordenadas por la fiscal: “Dentro de este listado, que son como 14 personas, cuando uno ve el nombre de este personaje, Luis Gallo Restrepo, uno se sorprende. Yo quisiera convencerla, doctora, de una propuesta, y espero que no sea calificada como una propuesta indecente: ¿Qué tal si dejamos eso pendiente?”. Para la Corte fue clara la presión de Palomino, quien ocupaba uno de los mayores cargos de poder del país, sobre una funcionaria “rasa”. 

Palomino continuó con sus argumentos defendiendo a Gallo: “Ese hombre de bien estaba haciendo a través de la fundación de él, en Estados Unidos, una recepción de recursos de donantes de puros filántropos, gente que con dinero quiere ayudar a las causas más nobles. Y dado ese mundo donde esta persona se ha estado moviendo, amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, el doctor Moreno, eso tendría una connotación enormemente grave”. La reunión continuó, y el audio muestra que la fiscal rechazó la propuesta y le dejó claro al general que tenía pruebas suficientes para enjuiciar a Gallo. Días después, Velásquez puso la denuncia que derivó en la reciente condena, en primera instancia, contra Palomino. 

¿Pero quién era el hombre por el que el director de la Policía se atrevió a interceder? Luis Gallo nació en 1959 en Nueva York y estudió en las mejores universidades del mundo. Se graduó como administrador de empresas en Georgetown y se especializó en Harvard. Trabajó en JP Morgan, una de las entidades financieras más importantes a nivel global. Luego se dedicó a la banca de inversión y regresó a Colombia, donde hizo parte de la junta directiva de Bavaria hasta 2009, según registros de la época. En 1995 entró a la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, una decisión extraña para un empresario de su perfil, pues esa entidad no tenía grandes rendimientos económicos. 

Para ese momento, en la región de Tulapas ya se extendía la violencia de la casa Castaño. Los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y su cuñada, Sor Teresa Gómez, se asociaron con el Fondo Ganadero para apropiarse de miles de hectáreas de tierra en Urabá. La zona era un corredor estratégico desde lo militar y se ubicaba en un enclave funcional para el tráfico de armas y drogas. Benito Osorio Villadiego, presidente del fondo y uno de los testigos clave del caso, aseguró que, aunque la entidad firmaba las compras, realmente era Sor Teresa quien negociaba con los campesinos que, obligados por la presión paramilitar, vendieron sus tierras a precios ínfimos frente a su valor real.

Osorio, además, confesó que tenía una “amistad fraterna” con los hermanos Castaño y con Salvatore Mancuso, y que tuvo vínculos con decenas de políticos y militares condenados por paramilitarismo. Sobre Luis Gallo dijo, en una audiencia reservada ante la JEP, que “era el hombre más influyente en la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba. Un hombre de un nivel intelectual elevado, con un MBA en Harvard. Todas las actuaciones mías en el fondo eran previamente consultadas con Luis Gallo. Fue mi protector y mi orientador en el Fondo Ganadero de Córdoba”.

También dijo que Gallo sabía de la violencia que padecía Tulapas mientras aprobaba la compra de las tierras: “En el caso del doctor Gallo por supuesto que se sabía que se estaba comprando en una zona donde habían ocurrido cruentos combates con las autodefensas, inicialmente con Salvatore Mancuso y su gente, posteriormente con la casa Castaño y finalmente con el Bloque Élmer Cárdenas. Todo el mundo sabía eso. Y es que además para llegar a Tulapas había que pasar varios retenes de las autodefensas. No había forma de que usted no se diera cuenta de que estaba en una zona de autodefensa”.

Según el otro testigo clave, Benito Molina, quien también fue presidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Castaño le dijo que Luis Gallo los ayudaría, con sus contactos, a sacar adelante los proyectos que los paramilitares tenían en la región. Gallo estuvo detenido brevemente, tras la orden de captura librada por la Fiscalía, la misma que el general Palomino intentó frenar. Luego quedó libre, según la Corte, gracias a sus influencias. Sin embargo, su proceso siguió avanzando y, cuando se aproximaba a un fallo, Gallo se postuló a la JEP, que lo recibió. Ante el tribunal especial, el empresario ha negado sus presuntas relaciones con el paramilitarismo, y ha dicho que quiere reparar a las víctimas de Tulapas.

Los directivos del fondo ganadero y Álvaro Uribe

A comienzos de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe nombró a Benito Osorio Villadiego como gobernador encargado de Córdoba. “Yo me doy cuenta cuando me llamó Carlos Holguín Sardi y vi en la página de la presidencia que estaba colgado mi nombre como el gobernador de Córdoba que había encargado el doctor Álvaro Uribe para esa época”, le dijo Osorio a la JEP. Según el testigo, para el momento de esa designación, su cercanía con los paramilitares ya era de conocimiento público. Agregó: “Yo nunca negué ni negaré la amistad fraterna que tuve con los hermanos Castaño Gil ni la que tuve con Salvatore Mancuso”. 

Incluso, dijo, era tan conocida su relación con los paramilitares que apenas duró 20 días en el cargo, y tuvo que renunciar porque los medios de comunicación nacionales estaban a punto de hacer publicaciones sobre esos vínculos. En la audiencia reservada ante la JEP, Osorio ahondó en su relación con el expresidente. Dijo que lo conoció antes de que se convirtiera en un político relevante, cuando hace más de 30 años acompañó a su amigo Alfonso Spath a venderle tierras a Uribe. Agregó que se encontró con el exmandatario en varias reuniones posteriores, en fincas de conocidos en común, en ferias ganaderas y en El Uberrimo, la hacienda del exmandatario en Córdoba. 

El nombre del expresidente también ha sido mencionado en las versiones de Benito Molina, el otro testigo clave del desplazamiento en Tulapas. Según él, para legalizar el despojo de las tierras, fue muy importante el nombramiento de Arturo Vega, uno de los miembros de la junta del Fondo Ganadero de Córdoba, como director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en 2003.  

Molina aseguró ante la JEP: “Gracias a la gestión del señor Mono López, de los señores Carlos Sotomayor y Luis Gallo, se logra el nombramiento del señor Arturo Vega, por parte del presidente Álvaro Uribe, como director de Incoder, hecho relevante por cuanto se necesitaba una persona de confianza que representara los intereses del fondo en la legalización de predios adquiridos de manera irregular, y mucho mejor si esta persona salía de la misma junta directiva del fondo”. Lo concreto es que dos directivos del fondo, Vega y Osorio, ambos señalados como partícipes del despojo, fueron nombrados en cargos relevantes por el expresidente Uribe: uno como gobernador encargado y el otro como director de una entidad de alcance nacional. 

Lafaurie, Pretelt y la elección de un fiscal general

De las declaraciones ante la justicia que Benito Osorio ha rendido, buscando saldar sus cuentas pendientes por el despojo de Tulapas, se desprendió otro caso: el supuesto apoyo de los paramilitares a la elección del fiscal general en 2005. Ante la JEP, Osorio aseguró que a mediados de ese año recibió una llamada de José Félix Lafaurie, quien ya era el presidente de Fedegán, cargo que todavía ocupa. El líder gremial le dijo que iba a viajar a Montería, y le pidió que lo recogiera en el aeropuerto. Según el relato, luego de encontrarse, y por instrucción de Lafaurie, se dirigieron a la casa de Salvatore Mancuso. 

Allí, según Osorio, escuchó que Lafaurie le dijo al jefe paramilitar: “‘yo vengo de parte del gobierno nacional, de Sabas Pretelt de la Vega, ellos están convencidos y consideran que el fiscal general de la Nación debe ser Mario Iguarán, y no el doctor Jorge Pretelt. Mario Iguarán será más benévolo con ustedes porque él ayudó a construir la ley de Justicia y paz’”. Al día siguiente, dijo Osorio, Lafaurie le mandó a su correo una lista de los miembros de la Corte Suprema, es decir, de los magistrados que tenían a cargo la elección del fiscal general, donde incluía sus datos de contacto y detalles sobre sus afinidades políticas. Benito Osorio agregó que le entregó esa información a Mancuso. 

Osorio también explicó el origen del supuesto interés de Lafaurie en impulsar la campaña de Mario Iguarán, quien finalmente fue elegido como fiscal general. “La esposa de José Félix, la doctora que es senadora de la República (María Fernanda Cabal) fue nombrada en la Fiscalía con un puesto internacional o algo así”. Se refería al nombramiento de Cabal, en ese entonces, como directora de asuntos internacionales de la Fiscalía. 

En 2022, Salvatore Mancuso firmó una carta en la que respaldó las versiones de Benito Osorio. “Los hechos relatados por el señor Benito Osorio son ciertos. Tanto aquellos relacionados con la forma como el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de tierras de manera ilícita en Tulapas (…) como de los vínculos de importantes dirigentes ganaderos, empresarios, políticos, militares y otros, con las actividades de autodefensa (…) De la misma manera, debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del exfiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Lafaurie. Todo ello fue verdad”. 

Lafaurie, por su parte, ha negado reiteradamente los señalamientos de Osorio, e incluso ha puesto en duda la salud mental del testigo: “No solo es delirante sugerir que Mancuso tuviera semejante control sobre la Corte Suprema, sino una calumnia contra la corporación y contra cada uno de los 17 magistrados que Osorio pone automáticamente bajo sospecha”.

Según Benito Osorio, Jorge Pretelt, otro aspirante al cargo, también tenía relaciones con los paramilitares de Córdoba y Urabá. Sobre esa cercanía, aseguró: “No solamente con Salvatore Mancuso sino también con la familia Castaño. Él tenía una finca cerca a El Tomate, Antioquia, que colindaba con una de las haciendas de los hermanos Castaño”. Pretelt no llegó a ser fiscal, pero en 2009 fue nombrado magistrado de la Corte Constitucional. Luego, fue presidente del alto tribunal, de donde salió tras ser acusado  -y condenado- de recibir un soborno de 500 millones de pesos para favorecer a la firma Fidupetrol en el trámite de una tutela. Además, Pretelt y su esposa tuvieron que devolver tierras en Urabá, luego de que se probó que los dueños anteriores habían sido desplazados por paramilitares. 

La lista de poderosos que aparecen en las declaraciones de los testigos claves del caso Tulapas es mucho más larga. Benito Osorio, por ejemplo, aseguró que los paramilitares sostenían el control de la región con apoyo del Ejército y de los altos mandos que en esa época comandaron las unidades en la zona. “Tanto el general Rito Alejo del Río como el general Orlando Carreño Sandoval eran amigos íntimos y cómplices de Salvatore Mancuso en sus actuaciones”, aseguró. Carreño fue comandante máximo del Ejército en 2003, por designación del expresidente Uribe. 

En la contraparte de los poderosos que aparecen vinculados de forma directa o tangencial al despojo están las víctimas de Tulapas, que todavía esperan justicia. Después de 30 años de desplazamiento, algunos han empezado a volver a sus tierras. Gabriel Pereira, por ejemplo, abandonó su finca en 1994, cuando los paramilitares llegaron a la vereda, desaparecieron a cuatro personas y asesinaron a dos más, decapitándolos, en la plaza pública. Él murió sin poder regresar, pero su familia retornó, finalmente, en marzo pasado.

“Tulapas es una de las zonas más afectadas por el despojo sistemático de tierras en Colombia, con un total de 22.000 hectáreas despojadas a campesinos, que fueron víctimas de homicidios, masacres y desplazamiento forzado. De igual forma, el Fondo Ganadero de Córdoba se ubica como la persona jurídica con mayor número de tierras adquiridas en Urabá”, informó la Unidad de Restitución de Tierras tras el retorno de la familia Pereira.  Aunque ha habido condenas, la mayoría de los protagonistas del despojo todavía tienen cuentas pendientes con la justicia.