Las alianzas que se investigan entre miembros del Ejército y disidencias de las Farc

La historia de la violencia colombiana está plagada de episodios de complicidad entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales. En distintos tribunales ha quedado comprobado que paramilitares, guerrillas y carteles de la droga han sostenido lazos estrechos con militares y policías, muchas veces de los más altos rangos. Con las nuevas organizaciones criminales, surgidas tras la desmovilización de las Farc, la historia parece repetirse. La semana pasada se conoció públicamente que dos generales del Ejército están siendo investigados por presuntos vínculos con disidencias. 

La noticia no es una novedad para quienes viven en las regiones más golpeadas por la violencia. VORÁGINE recogió testimonios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y conocedores de las dinámicas de la guerra que denuncian la cercanía o la connivencia de miembros de las Fuerzas Militares con los grupos criminales que someten a las poblaciones, especialmente con estructuras vinculadas a la Segunda Marquetalia, la facción disidente comandada por Iván Márquez. 

Los generales investigados

A comienzos de este mes, la Fiscalía le notificó al general Federico Mejía Torres que lo está investigando por un presunto caso de concierto para delinquir. Mejía, quien actualmente dirige el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército, comandó la Tercera División hasta hace un mes. En esa unidad, lideró la operación Perseo, uno de los despliegues militares más grandes bajo el gobierno de Gustavo Petro, dirigido contra el frente Carlos Patiño, una disidencia de las Farc vinculada al Estado Mayor Central (EMC) que tomó el control del Cañón del Micay, en Cauca. Fue precisamente en medio de esas operaciones que ocurrieron los hechos bajo investigación. 

Según videos y chats publicados por la Revista Semana, tropas del Ejército hicieron patrullajes junto a un grupo ilegal. En las evidencias se ven soldados que se desplazan junto a civiles armados en medio de una operación militar. También hay registros de coordinaciones e intercambios de información en los que habría participado el general Mejía. El alto oficial negó los señalamientos, pero reconoció que, cuando llegó a esa unidad, algunos militares tenían nexos con hombres de la Segunda Marquetalia, que sostienen una guerra contra el frente Carlos Patiño. Es decir, lo que se investiga es si en medio de la mediática operación Perseo, los militares se aliaron con uno de los bandos disidentes para enfrentar a un enemigo común. 

El otro mando militar bajo investigación es el general Hernando Garzón Rey, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como inspector del Ejército, uno de los cargos más importantes en la jerarquía castrense. En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro hizo públicas las denuncias: “He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”, escribió el 10 de septiembre. El mandatario agregó que el caso ya había sido puesto en conocimiento de la Fiscalía. 

Lo que se indaga es si el general ha tenido vínculos con disidencias en el Guaviare, en donde es propietario de una finca. Aunque no se han hecho públicas las evidencias, al parecer las autoridades conocieron un video en el que se ve al alto oficial reunido con miembros de un grupo criminal. Garzón ha dicho que no tiene ningún nexo ilegal y que, por el contrario, fue extorsionado por los delincuentes, a quienes les entregó dinero. Las imágenes, según su versión, registran un hecho del que él fue víctima, y no cómplice. 

Denuncias de connivencia 

Los Comandos de Frontera, que estuvieron vinculados a la Segunda Marquetalia hasta noviembre pasado, son uno de los grupos disidentes más poderosos del país. Controlan gran parte del flujo de cocaína que se mueve hacia Ecuador y se convirtieron en una de las mayores amenazas criminales para el país vecino. Además, ejercen un violento y asfixiante control social sobre los habitantes de Putumayo. Allí, tres líderes le dijeron a VORÁGINE que su cercanía con miembros del Ejército es evidente. “Los mismos Comandos decían en las reuniones con la gente que los militares los protegían y les avisaban de los operativos en la zona”, dijo uno de los entrevistados, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad. 

Ese grupo criminal sostiene una guerra contra el frente Carolina Ramírez, vinculado al Estado Mayor Central. Según las denuncias, en medio de los enfrentamientos han observado una dinámica similar a lo que presuntamente sucede en Cauca: una supuesta connivencia de los militares con uno de los bandos en disputa. “Hasta hace muy poco no había operativos contra los Comandos. Incluso la gente los denunciaba a la Policía o al Ejército y los Comandos se enteraban de las denuncias, las repetían textualmente en las reuniones y tomaban represalias”. 

Otra fuente agrega: “En el río va pasando el Ejército y detrás van pasando los Comandos de Frontera. Sabemos que por donde se mueve la coca tienen acuerdos con ellos. En los paros armados decretados por Comandos de Frontera no se vio el Ejército, no se vio ninguna acción y paralizaron todo el departamento”. 

Según otro entrevistado, los Comandos empezaron a consolidarse en el territorio hace tres años, impulsados por esa supuesta permisividad. Explica que, por ese entonces, el comandante de la Sexta División, que opera en Putumayo, era el general Jorge Herrera Díaz, quien justamente fue retirado del Ejército por presuntos vínculos con los Pocillos, un grupo vinculado a la Segunda Marquetalia en Cauca. Al mismo general se le escuchó decir en un audio revelado por Noticias Uno en 2022: “Caliche era el de la parte armada y el de finanzas Pocillo (…) Los manes siguen manejando el narcotráfico. Yo me reúno con ellos, vienen acá, hablan conmigo”. 

En el departamento vecino, en Nariño, hay denuncias similares. En medio de las disputas que hay entre distintas facciones de grupos residuales de las Farc, la población señala que hay connivencia con uno de los bandos. “Para la gente de la Segunda Marquetalia la Fuerza Pública no es una preocupación. No se enfrentan con ellos. Cuando hay enfrentamientos con otros grupos, el Ejército se hace al margen o le da ventaja a la Segunda Marquetalia”, dice un líder de la región. Otra persona agrega: “A la gente la intimidan, la amenazan incluso frente a miembros de la Fuerza Pública”.

Algunas de esas denuncias de connivencia en Nariño han sido puestas en conocimiento de entidades nacionales, como el Ministerio del Interior y la Fiscalía. “A los grupos que son del EMC, sean de Mordisco o de Calarcá, los ven en esa lógica militar como el enemigo real, como farianos, herederos de las Farc. La Segunda Marquetalia puede ser vista más como potenciales aliados económicos porque se mueve demasiado dinero del narcotráfico”, dice un investigador que conoce las dinámicas del conflicto en el sur del país. 

Sin embargo, también hay evidencias de presuntos nexos de militares con las disidencias del EMC. En diciembre pasado, después de un operativo en Arauca, la Fiscalía accedió a varios celulares que eran usados por dos jefes disidentes vinculados a esa facción. Encontraron chats de alias “Antonio Medina” con un mando del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que delinque en Cauca y también hace parte del EMC. En la conversación, el primero le pedía a su aliado que le enviara hombres de refuerzo para sus tropas.

José Duván Hernández, uno de los criminales que viajó desde Cauca para unirse a la estructura en Arauca, se desmovilizó a comienzos de este año y empezó a colaborar con la Fiscalía. Según su declaración, publicada por Caracol Radio, él y sus compañeros viajaron hasta los Llanos en dos carros conducidos por soldados que vestían uniformes, lo que les permitió evitar retenes militares. Además dijo que en los vehículos llevaban explosivos para las disidencias. 

También en Arauca, en agosto pasado, la Policía capturó a un teniente activo del Ejército que le filtraba información de operaciones militares al EMC. Además, a comienzos de este año, la Fiscalía identificó y capturó a los miembros de una red de tráfico de armas en la que participaban varios soldados. La organización robaba fusiles y municiones en instalaciones militares para venderlas a disidentes en los Llanos y en el sur del país. 

Este tipo de nexos de algunos militares no se restringen sólo a las disidencias. En otras regiones denuncian casos similares con otros grupos ilegales. Un líder del norte de Buenaventura le dijo a VORÁGINE que, desde que el Clan del Golfo entró a esa región en 2022, han notado la permisividad de la Fuerza Pública. “Hemos estado confinados por orden de ese grupo, queman carros, la gente encerrada y la Fuerza Pública está ahí y no hace nada. Por el lado de la Base Naval de Bahía Málaga (de la Armada) se la pasa la gente del Clan. Hacen fiestas, conciertos de música popular, y no pasa nada”, agregó. En esa región, el Clan del Golfo tiene una alianza con las disidencias para enfrentarse al ELN. 

El pasado 19 de octubre, la Fiscalía capturó a José Alejandro Castro, un coronel que dos años atrás se había retirado del Ejército. El exoficial fue señalado de comandar el frente Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo en el sur de Bolívar, la misma zona donde había terminado su carrera militar. Como reveló VORÁGINE en su momento, los investigadores lo imputaron por ordenar el asesinato del reconocido líder social Narciso Beleño, perpetrado en abril del año pasado. Precisamente, Beleño había denunciado la connivencia de los militares con ese grupo: “El Ejército hace retenes, se estaciona en los caminos, y atrás vienen los paramilitares avanzando”, había dicho en una entrevista a este medio.

VORÁGINE se comunicó con el Ejército para indagar por estas denuncias, pero al cierre de este artículo no habíamos recibido una respuesta. Sin embargo, en junio pasado, el Comando de las Fuerzas Militares publicó un comunicado sobre el tema. Dijeron: “Desde esta institución, rechazamos cualquier señalamiento que sugiera la existencia de acuerdos directos entre autoridades militares y grupos armados organizados al margen de la ley”. Y agregaron: “Así mismo, no tenemos algún tipo de connivencia con ningún grupo armado al margen de la ley. El actuar de los soldados, marinos y aviadores es legítimo, cumpliendo cabalmente la Constitución y las leyes”.

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