Los predios que Víctor Carranza ocupó de manera irregular por tres décadas

Más de 30 años se ha demorado el Estado en recuperar dos predios que fueron ocupados de manera irregular por Víctor Carranza, el temido esmeraldero que fue señalado por varios excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de ser aliado de ese grupo criminal. La Agencia Nacional de Tierras recuperó el 6 de junio uno de los terrenos y se apresta a aprehender el otro. 

Se trata de dos predios ubicados en Puerto López (Meta): La Chorrera y Siberia. Juntos abarcan unas 954 hectáreas y estaban siendo explotados por una empresa que heredó Blanca Carranza de Carranza, una de las viudas del ‘Zar de las esmeraldas’, quien  murió en abril de 2013.

VORÁGINE conoció las resoluciones oficiales que dan cuenta de la historia de ocupación irregular de ambos predios por parte de Víctor Carranza, su viuda y una de sus empresas. 

Los procesos los abrió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) entre 2013 y 2014. Desde ese momento el Estado supo que La Chorrera y Siberia eran predios baldíos, es decir, que le pertenecían a la nación. Sin embargo, cuando los funcionarios de la entidad fueron a hacer una inspección ocular se encontraron con un cuerpo de vigilancia, adscrito a la empresa Ganadería Brisas de Agualinda, que no los dejó pasar. 

Las inspecciones a ambos predios se pudieron hacer el 5 de diciembre de 2014. En los dos casos los descubrimientos fueron similares: las tierras estaban siendo utilizadas para ganadería extensiva. El informe técnico de la inspección a La Chorrera señala: “se evidencia el desarrollo de actividad pecuaria activa con alrededor de 500 bovinos de doble propósito de las razas Brangus y cebú comercial”.

Después de la visita entró en escena un abogado de la familia Carranza, Alfonso Sánchez Rodríguez. El apoderado de la viuda del esmeraldero, Blanca Carranza de Carranza, intentó que se revocaran las resoluciones por medio de las cuales se habían iniciado los procesos de recuperación de baldíos. Sánchez argumentó que las notificaciones se habían dirigido a Víctor Carranza, quien había muerto en abril de 2013.

El pedido de Sánchez y la desaparición del Incoder, cuyas funciones las asumió la Agencia Nacional de Tierras (ANT), retrasó varios años el proceso. Fue hasta 2018, cuando se corrigió el problema de notificación y la nueva entidad continuó con el caso de recuperación de baldíos. 

El 27 de septiembre de 2019, la ANT expidió dos resoluciones por medio de las cuales declaró la ocupación indebida de La Chorrera y de Siberia. Entre otros argumentos, la entidad señaló que Ganadería Brisas de Agualinda no debía tener predios baldíos del Estado, por cuanto no era sujeto de reforma agraria. Es decir, no se trataba de campesinos que necesitaran tierra para trabajar, sino de una compañía de uno de los más poderosos terratenientes de Colombia.

La multimillonaria familia Carranza se negó a darse por vencida. El 16 de diciembre de 2019 el abogado Sánchez interpuso un recurso de reposición contra las resoluciones que declararon la ocupación de los baldíos. El apoderado actuaba a nombre de Blanca Carranza y de Ganadería Brisas de Agualinda. Entre junio y julio de 2020 la ANT resolvió el recurso de manera negativa, por lo que quedó en firme el proceso de recuperación. Pero, lograrían retrasar más la materialización.

Sánchez fue notificado de su revés judicial en diciembre de 2020. El 16 de ese mes, el abogado interpuso dos recursos de apelación contra las resoluciones que ordenaban recuperar ambos predios. La ANT resolvió esa instancia para el caso de La Chorrera el 30 de abril de 2024 y en el de Siberia, el 30 de octubre del mismo año.

Siberia fue explotada por Víctor Carranza y su familia desde 1993 para actividades ganaderas. Es decir, durante 32 años el círculo más cercano del esmeraldero aumentó su fortuna gracias a un predio que le pertenecía al Estado y debía ser utilizado por campesinos sin tierra. El pasado 6 de junio la ANT hizo la aprehensión del terreno. 

La tierra pasó a manos de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Carlos de Guaroa (Asogan), una organización que agrupa a 50 campesinos, desplazados, madres cabeza de hogar y jóvenes rurales. “Le estamos apuntando a cultivos como maíz, arroz, auyama y patilla. Y vamos a dejar otra parte para ganadería”, le dijo a VORÁGINE una persona de Asogan que pidió no revelar su nombre por cuestiones de seguridad. Hasta ahora, los asociados han estado cercando y comprando materiales para adecuar el predio, ubicado a una hora  de camino -o un poco menos- del casco urbano de San Carlos, dependiendo del estado de la vía. 

Por su parte, La Chorrera, que fue ocupada por el esmeraldero desde 1980 todavía no ha sido recuperada. Fuentes de la ANT, con conocimiento del caso, le indicaron a VORÁGINE que el proceso está avanzando, pero no tienen fecha fijada para la aprehensión. La familia Carranza completa 45 años explotando un predio del Estado.

Los Carranza: la costumbre de apropiarse de tierras ajenas

Ocupar lotes baldíos ha sido una práctica recurrente de la familia Carranza. Su modelo de acaparamiento lo convirtió en uno de los mayores terratenientes de Colombia. Incluso, en 2013 el congresista Iván Cepeda reveló que el esmeraldero hizo una fiesta para celebrar que tenía un millón de hectáreas de tierra bajo su poder. 

Uno de los casos emblemáticos de ese acaparamiento de tierras ha sido el de la hacienda El Brasil, en Puerto Gaitán (Meta). El medio Rutas del Conflicto le ha hecho seguimiento al tema: se trata de una extensión de 16.000 hectáreas en la que se han encontrado cinco fosas donde los paramilitares enterraron cuerpos. 

Carranza se hizo a los predios que componen El Brasil después de comprarlos en 2007 a personas que han sido señaladas de ser sus testaferros. Esas tierras están siendo explotadas ahora por Agropecuaria Aliar, compañía que distribuye los productos marca La Fazenda y cuyos éxitos comerciales han sido celebrados por presidentes como Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque. 

Blanca Carranza ha estado en medio de ese entramado de poder y atajos. Un caso recordado es el de el predio El Porvenir (Puerto Gaitán, Meta) que tuvo que ser devuelto por la viuda y por uno de los hijos del esmeraldero. Eran 25.000 hectáreas que la familia también había destinado para actividades de ganadería, como lo registró El Tiempo. 

Por medio de todas las gestiones de su abogado, la familia Carranza demostró su negativa a dejarse quitar tierras aunque estas le pertenezcan al Estado. En los llanos todavía ronda el fantasma de Víctor Carranza en forma de multimillonarias propiedades, mientras que las organizaciones campesinas siguen buscando parcelas para adelantar sus proyectos productivos.

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