¿Qué ocurre con los que quedan? Huérfanos por feminicidio en Colombia

Sin ella

“Fui por mi tía varias veces a la finca. Pero nunca fue fácil para ella alejarse de José. Ese hombre la mantenía casi que secuestrada en la finca donde vivían. Siempre en fincas, y bien lejos de nosotras. Hasta que un día escapó de él y sus chantajes. Pidió un camión, subió todas sus cosas y se vino con nosotras para Quimbaya. Una semana después, a punta de mentiras, la citó en esa finca donde vivían y la mató”. Así cuenta Astrid López Henao, entre un profundo dolor, las circunstancias en las que su tía más querida fue asesinada.

A Dreisy Yamile Henao Franco la mató José Abel Marín el 27 de febrero de 2020, en una finca de Alcalá, Valle del Cauca; a solo media hora de Quimbaya, ciudad materna donde vivía. Tenía 31 años y dos hijos: Juan, de 10 años, y Alejandra, de 14. 

Al feminicida lo había conocido por redes sociales, meses después de la muerte de su primer esposo. Vivió con él y sus hijos dos años y medio, siempre en varias fincas “bien lejos, para que no fuera tan fácil visitarlos”, recuerda Astrid. 

Dreisy intentó en repetidas ocasiones escapar de los chantajes emocionales de José, quien siempre amenazaba con suicidarse cada vez que ella quería terminar su relación. Fueron uno: “sin usted no puedo vivir”; dos: “las cosas van a mejorar”; tres: “me voy a tomar un veneno”; y cuatro: “la voy a matar”, los intentos por escapar.

Hasta acá dos patrones recurrentes en contextos de feminicidios: aislamiento y chantaje.

Juan, su hijo menor, recuerda el día de su asesinato: su madre despertó temprano en la mañana, preparó el desayuno y puso hacer un poco de arroz. Le dijo que saldría a hacer una vuelta y que volvería pronto para llevarlo al colegio. Salió de Quimbaya antes de las 8. Dieron las 10, las 11, las 12 del mediodía. Dreisy nunca regresó.

 —Entonces me asusté y me fui para la casa de mi abuela a preguntar si ella estaba ahí y me dijeron que no. Se nos hizo raro, además porque yo siempre estaba con ella. Yo era la “ñaña” de mi mamá —explica. 

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Entre enero y julio de 2023, la Fiscalía General de la Nación registró, en su base de datos abierta, 301 feminicidios en todo el país. Y para la zona donde asesinaron a Dreisy, entre 2018 y lo corrido de 2023 registró 164 feminicidios en los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Chocó; 33 de ellos en Quindío. 

Otras organizaciones como la Red Feminista Antimilitarista, la Corporación Humanas y la Casa de la Mujer Stella Brand llevan su propio conteo:

La labor de la Red Antimilitarista no termina con estadísticas, han incidido en la formulación de políticas públicas y programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer en el país a partir de proyectos como Juntas nos protegemos, a partir del cual buscan construir redes de apoyo para mujeres en peligro de ser víctimas de feminicidio. 

Estefanía Guzmán, coordinadora de la Red, recuerda que la iniciativa arrancó “con estrategias de protección alrededor de mujeres cercanas, amigas, familiares, tías y primas”. Todas, reconoce, estaban muy solas, sin herramientas para tramitar estas situaciones de violencia; pero en 2023 ya “tenemos 17 círculos de protección, mientras el año antepasado teníamos cinco”.

¿Cómo saben cuándo las mujeres están en riesgo? Primero realizan un diagnóstico que les permite identificar qué sucede y cómo el potencial feminicida ejerce violencia, presión y amenaza, señala Estefanía. Después construyen acciones de apoyo “con cada una de esas personas en términos de un círculo, de unas conversaciones, para proteger en la cotidianidad a la (potencial) víctima”. 

Cada proceso es acompañado por una psicóloga y una abogada, con el fin de “activar unas rutas institucionales, medidas de protección, denuncia y acompañamiento a las audiencias”. 

Estefanía y otras integrantes de la Red han encontrado que las mujeres, además de tener que lidiar con las ausencias del Estado y la institucionalidad manifiestas en el “acceso a la justicia y la dilatación de los procesos, la lentitud, la impunidad”, también se enfrentan a la ausencia de rutas y políticas enfocadas en la atención integral psicosocial tanto para quienes están en riesgo, como para las sobrevivientes a una tentativa de feminicidio y les familiares, hijos e hijas de víctimas de feminicidio. 

“Hemos identificado que hay mujeres que llegan a los círculos sin haber recibido ninguna atención psicosocial o con visiones que las llevan casi que a acompañar a sus agresores. Presionadas por la unidad familiar, sin enfoque de género”, afirma.

En Quindío, desde que Dreisy fue asesinada, su sobrina Astrid sostiene que ni ella ni los hijos de Dreisy, ni el resto de la familia, han recibido algún acompañamiento psicológico por parte del Estado, como víctimas indirectas; en cambio, han tenido que exigir en medio de su dolor, rabia, angustia, ansiedad, depresión e insomnio, justicia para sí mismos y para ella.

Catalina Arrobo, en su tesis de maestría El derecho a la protección integral en hijos e hijas de víctimas de femicidio: aportes para la construcción de una política pública que incluya sus afectaciones psicosociales, señala que la institucionalidad y las organizaciones gubernamentales, tras la muerte de la madre y la orfandad de los hijos y las hijas, suelen desconocer el tipo de pérdidas, daños y cambios en el estilo de vida del menor, los integrantes de la familia y sus cuidadores.

Por tanto, después de una pérdida como esta, la mayoría de los menores “cambian de vivienda, escuela, amigos y hasta de familia. Lo que genera temor, inestabilidad y confusión (…) Situación que es subestimada por la comunidad y algunos profesionales quienes minimizan estas condiciones (…)”, apunta Arrobo.

“Mamá, aparezca” 

Antes de que Dreisy saliera de su casa ese 27 de febrero, con destino a Alcalá, estuvo hablando con José; llevaban tres días desde que ella dio por terminada la relación. Conversaron en torno a la posibilidad de volver a estar juntos y de otros temas, como el regreso a clases de sus hijos e hijas.

José la había llamado con el pretexto de pagarle un dinero que le debía, supuestamente para que Dreisy pudiera comprar los uniformes de Juan y Alejandra. Su familia materna la estaba apoyando económicamente, mientras conseguía un nuevo trabajo, ya que sus ingresos, hasta esos días, provenían de los trabajos que realizaba junto a su expareja en fincas. 

Dreisy desayunó junto a su hijo Juan y se despidió. Abordó el bus que la llevaría a la vereda El Higuerón. Su plan era reclamar el dinero, volver por Juan y llevarlo al colegio.

—Esa primera noche lloramos mucho, porque ‘Tata’ —como le decía su sobrina Astrid a Dreisy— no era así. Pensamos lo peor. ¿Será que ese señor le hizo algo?, ¿dónde estará?, ¿seguirá con vida?, ¿estará herida?

Ese día todos se fueron a la cama sin poder conciliar el sueño. Astrid se juró que no descansaría hasta encontrarla.

Desde el 28 de febrero preguntaron a conocidos y amigos por su paradero, pero nadie sabía. Sospecharon de José, sobre todo porque Nelly —hermana de Dreisy— contó que ese día, en horas de la mañana, él la había llamado; se escuchaba bastante alterado. José le preguntó si ella sabía dónde estaba Dreisy; ante su respuesta negativa, dijo: “uno a veces hace cosas de las que después se arrepiente” y colgó. 

Ese mismo día, Astrid fue a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) del Quindío a poner la denuncia, pese a que no habían pasado las 72 horas que la ley establece para dar a una persona por desaparecida. Se negaba a quedarse de brazos cruzados, sobre todo por el comportamiento de José.

La mayoría de los funcionarios se mostraron indiferentes y la enviaron de oficina en oficina. Solo después de varios intentos consiguió que uno de ellos le prestara atención.

—Un muchacho de la Dijin se ofreció a ayudarnos y no esperó a que pasara el número de horas señaladas—, dice Astrid, y reconoce que gracias a que él quiso darla por desaparecida antes del tiempo previsto, se agilizaron las labores de búsqueda. 

La desaparición de Dreisy quedó registrada en Cartago, por su cercanía con Alcalá y por ser jurisdicción del Valle del Cauca.

La familia continuó preguntando en la calle y pegó volantes con información detallada que ayudara a encontrarla. Se dividieron en dos grupos: unos se fueron al Quindío, los demás se quedaron entre Cartago y Alcalá. 

—Empapelamos panaderías y tiendas. Pegamos volantes en las estaciones de bus, en los postes. Además, acudimos a medios de comunicación. Incluso a través del mismo Facebook de mi tía —señala Astrid.

Luego de la volanteada, vino la búsqueda en terreno. Pidieron permiso a los dueños de la finca donde vivió Dreisy con José para buscarla dentro de la casa y sus alrededores.

—Hermanas, tíos, sobrinas, hijos, cuñados, toda la familia hicimos un barrido por toda esa finca a punta de machete —recuerda Nini Johana, hermana mayor de Dreisy y madre de Astrid. 

Buscaron con sigilo. Les provocó tirar medio monte abajo. Con el paso de las horas la intuición de que ella debía estar ahí aumentaba. 

—¡Dreisy, Dreisy! —gritaban entre sollozos a coro de machetazo. Se abrieron camino entre la espesa hierba. Rogaron porque en algún momento ella atendiera a los gritos, pero solo hubo silencio.

—Yo me fui con los niños y estuvimos revisando en un guadual grande, una cosa muy inmensa. Pasamos por ahí varias veces. Incluso me acuerdo que Juan empezó a decir: “mamá aparezca, aparezca” —explica Astrid entre hondos suspiros, como si regresara al cansancio y desdicha de ese día.

Una semana después de su búsqueda, José Abel Marín se entregó a las autoridades y detalló ante la Fiscalía que estranguló y abandonó a Dreisy en medio del guadual, dejándola cubierta con ramas; el mismo guadual donde su hijo de solo 10 años, rogó en repetidas ocasiones que apareciera. El cuerpo de Dreisy fue encontrado dos días después de su asesinato.

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A la fecha, Colombia no cuenta con cifras oficiales acerca de cuántos menores han quedado huérfanos por cuenta de un feminicidio. Ni en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o las comisarías de familia tienen ese registro. Uno de los tantos motivos, explica Angee Vargas, en la investigación Daño Psicológico en NNA víctimas Indirectas del Feminicidio en Colombia, Argentina, Ecuador y España, se debe a que buena parte de las instituciones del Estado aún no dimensionan la gravedad del daño psicológico que genera en los menores perder a su madre por cuenta de un feminicidio, desconociendo que “quedar huérfano de madre, no sólo hace que el niño, niña o adolescente sea doblemente vulnerable, sino que lo expone a otras condiciones de fragilidad social y se pueden llegar a producir cambios negativos en su vida social y bienestar”. 

Identificar las afecciones psicológicas en las víctimas indirectas puede contribuir al fortalecimiento de redes de apoyo sociales y familiares, aunque no sea sencillo reconocerlas, además de las dificultades económicas por las que atraviesan las infancias y los y las jóvenes, señala Manuela Solórzano, psicóloga infantil e integrante del equipo Marma Psicología en el departamento del Quindío. 

Ella ha encontrado, a lo largo de su carrera, que las infancias “suelen estar bastante desprotegidas” y que “el ICBF en la mayoría de los casos no cuenta con personal con un enfoque diferencial que les brinde el acompañamiento que necesitan para atravesar no sólo su pérdida, sino el trauma. Sus historias están atravesadas, en buena parte de los casos, por niños y niñas a quienes su papá o padrastro asesinó a su mamá. Entonces, cuando no sabemos quiénes son, ni nos hemos interesado en ello, difícilmente vamos a tener a disposición las herramientas necesarias para acompañar. Podemos estar generando acciones con daño”.  

La investigadora Alejandra Molina y la periodista Marcela Boyacá encontraron a través de su investigación académica Red y Alianza para la identificación y caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos de Víctimas de Feminicidio en Bogotá, que el ICBF en la actualidad sólo cuenta con el registro de los “huérfanos a causa de la violencia armada, hijos de padres desaparecidos o secuestrados por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

Las investigadoras también identificaron, después de entrevistar al comisario de familia Iván Arturo Posada, del municipio de Puente Nacional, Santander, que el ICBF, además de no tener datos específicos, tampoco ha establecido un protocolo para la atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio, aunque destacó que las comisarías de familia  “trabajan bajo unos lineamientos y unas leyes frente al tema de violencia intrafamiliar” basándose en la ley 294 de 1996, “por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”. 

Justicia: ¿a dónde fuiste?

Durante la primera audiencia con la Fiscalía programada con el feminicida de Dreisy Yamile Henao Franco en el Circuito Penal Tercero de Cartago, Valle del Cauca, José confesó ante el juez que ese 27 de febrero de 2020 —día en que desapareció Dreisy—, la citó con el pretexto de abonar parte de un dinero que le debía hacía meses. Cuando Dreisy llegó a la entrada de la finca, él le pidió acompañarlo hasta donde su patrón. Eso sólo fue un engaño para adentrarse en el monte, quedando lo más lejos de la carretera, completamente aislados. Lo último que sintió Dreisy, antes de faltarle el aire, fue a José Abel caminando a sus espaldas.

—La finca donde ellos vivían es enorme, entonces a mano izquierda hay un caminito por donde pasan todos los trabajadores para las fincas aledañas. Él le dijo que se fueran por ahí, porque la carretera era más lejos —parafrasea Astrid lo que dijo José. 

Cámaras de seguridad en la zona revelarían, días más tarde, el momento preciso en que Dreisy llegó al lugar. Se bajó de un bus intermunicipal, para después internarse en uno de los caminos que conducen hasta la finca donde la esperaba José.

—Yo pensé que me le iba a tirar encima y le iba a gritar: ¿usted por qué la mató? Pero yo solo temblaba y temblaba, y no paraba de llorar —reconoce Astrid. 

Dicha audiencia fue la única realizada de manera presencial antes de la pandemia, la cual obligó a que las demás se programaran virtual. Eso dio para que el caso empezara a dilatarse —explica Astrid— dejándola a ella, quien ha estado al frente del proceso legal, y a su familia en un “completo limbo”.

Previo a los siguientes intentos de audiencia virtual, detalla la familia, José Abel decía no contar con acceso a Internet o su abogado cancelaba. 

—¿Cuántas veces cancelaron esa segunda audiencia? 

—La cancelaron como cuatro veces, hasta que por fin se hizo. Cuando no era una cosa era la otra. A veces salían con que José no tenía Internet o carga en el celular, entonces tocaba posponer. Después vino la audiencia de testigos. Hablamos cuatro personas de la familia, entre ellos los dos hijos de mi tía, Alejandra y Juan José.

—¿Y qué pasó con José? 

—A él le dieron prisión domiciliaria, mientras avanzaba el proceso, especialmente por la pandemia y dizque porque tenía una enfermedad, pero un día simplemente anocheció y no amaneció. Se voló. 

—¿No estaba bajo vigilancia constante de las autoridades?

—Parece que no, porque se les escapó y ahora no se sabe dónde pueda estar. Nos han dicho que lo han visto en el barrio Japón de Dosquebradas (Risaralda) y que tiene una nueva pareja. 

Desde que José huyó en 2020 y hasta marzo de 2023, que consiguieron su recaptura, la familia sostiene que no hubo ningún avance judicial. Lo atribuyen a que inicialmente fueron representados por abogados del Estado.

—Hicimos ventas, rifas, colectas, todo lo que se puedan imaginar para poder pagar un buen abogado.

—Después de tres años del feminicidio de Dreisy, ¿en qué va el proceso legal?

—Ahora tenemos un poco más de esperanza, porque la persona que contratamos ha estado moviendo el caso. Enviamos una vigilancia administrativa como último recurso.

Apenas el 29 de abril de 2023, las autoridades le informaron a Astrid que el asesino de su tía había sido capturado de nuevo. Lo encontraron en el barrio Japón de Dosquebradas.

Dos meses después de su recaptura —el 11 de junio— la Fiscalía continuó con la audiencia de testigos, a la que acudieron personas que todavía faltaban por declarar.

La familia del feminicida en dos ocasiones pagó un abogado para que lo representara, pero estos han terminado renunciando porque él está pidiendo libertad o casa por cárcel.

En el momento de publicar este reportaje sigue pendiente la audiencia condenatoria, en la que el juez dará su sentencia y dirá cuántos años de cárcel pagará José Abel.

El sentimiento de culpa

La psicoterapeuta Carolina Leguizamón explica que el estrés postraumático en las familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes suele derivar en múltiples síntomas físicos y mentales que se convierten, con el paso del tiempo, en enfermedades crónicas. 

“Hay aumento o pérdida de peso, dolores de cabeza intensos o migrañas, contracturas musculares, presión baja, hipotensión, hipertensión, taquicardia, enfermedades o afectaciones en el área estomacal, problemas para caminar, retención de líquidos, afectaciones en la piel, irritación, sarpullidos, problemas dentales”. La persona está atravesando por “un rompimiento del tejido social”, recalca Leguizamón.

Para Nini Johana, la hermana mayor de Dreisy Henao Franco, la espera por la justicia ha sido agobiante. Cree que tras el asesinato de su hermana, algunas molestias físicas han empezado a aparecer y ha desarrollado fuertes cuadros de depresión. 

—Hay días en los que he pensado en la muerte. Cuando estoy tan triste me pongo a ver fotos de ella, a escuchar la música que a ella le gustaba —explica, mientras revisa las fotos de la infancia de Dreisy en el álbum familiar. 

Además, cuenta Nini, en ocasiones siente una enorme culpa. Cree que hubiera podido hacer más por ella, pero que la dejó sola. Lo mismo creen las demás mujeres de la familia: Nelly, otra de las hermanas de Dreisy, y Astrid. 

El sentimiento de culpa, destaca Carolina Leguizamón, creadora de la red en salud mental Ella Migra, suele ser, en la mayoría de los casos, el que más se evidencia e impera particularmente en las mujeres de la familia y en la madre de la víctima “porque se le ha delegado la obligación del cuidado y del bienestar de los demás, de los hijos y las hijas. Por eso, tras un feminicidio, terminan por responsabilizarse por lo ocurrido, por no haberla protegido más, entre comillas, y cuestionan qué hubieran podido haber hecho diferente para evitar el asesinato”.

Otros malestares emocionales y mentales, explica Leguizamón, se manifiestan en la mayoría de los casos a través de “tristeza, enojo, ira, miedo, además de otros sentimientos, como negación, soledad, depresión, odio, rencor, desesperanza y (la mencionada) culpa. Además de que no son lineales, son duelos complejos que no necesariamente mejoran en el transcurso del tiempo, y menos con una o un par de sesiones o acompañamiento psicológico”. La psicoterapeuta no pierde de vista que “hay una relación directa entre el estado de salud mental de las víctimas directas e indirectas y la impunidad” porque “la revictimización por parte de las autoridades genera graves impactos emocionales” que profundizan su desgaste físico, psicosocial y económico.

“Con la muerte de la víctima, los padres y demás familiares, desarrollan trastornos del sueño y alimenticios, y depresión, produciendo en algunos casos dependencia a ansiolíticos y antidepresivos y llegando, a descuidar, en ocasiones, su salud física (…) Además de hacerse cargo de los hijos de las víctimas”, explican Queila Rodríguez y Mauricio Martínez, en su investigación Impacto psicológico, biológico y socioeconómico del feminicidio: desde la perspectiva de la víctima y del victimario. 

—El dolor lo hemos sacado a través de los encuentros de mujeres a los que nos han invitado desde la colectiva feminista Bugambilias. Ellas están con nosotras desde que mataron a mi hermana —resalta Nini.

El acompañamiento de Bugambilias y un par de consultas gratuitas con una psicóloga particular han sido el único acompañamiento psicosocial que ha recibido la familia de Dreisy. Esta colectiva feminista es una de las pocas organizaciones que brinda acompañamiento a familias y mujeres víctimas de violencias basadas en género en Quindío.

—Ellos nunca han hecho una visita, la comisaria de familia y ICBF nunca han dado un acompañamiento psicológico, o sea, ni siquiera una citación para ver cómo está el caso de Juan José o Alejandra, nada. Es más, los papeles —que la familia de Dreisy se quede con la custodia de uno de sus dos hijos— los tuvimos que hacer nosotros, ir hasta allá y hacer todo, para que no nos lo fuera a quitar el Estado —señala Astrid. 

La custodia de Alejandra fue otorgada a una de sus tías paternas. Mientras, Juan José está a cargo de Astrid. 

—Recuerdo que mi mamá era una guerrera, una buena mamá. Yo me mantenía con ella para todos lados, por eso Aleja me decía que yo era el preferido de mi mamá. Nunca la dejaba sola, nunca.

Juan recuerda que su padrastro José lo maltrataba. Ese fue otro de los motivos por los que su mamá quiso alejarse definitivamente: porque un día lo sorprendió golpeándolo. 

—Alejandra vivió durante un tiempo con nosotras, conmigo y mi abuela, pero al final decidió irse a vivir con Mercedes, una de las hermanas del papá. Ella es quien ahora está a su cargo —detalla Astrid. 

Alejandra tenía 14 años cuando asesinaron a su madre. Nunca estuvo de acuerdo con la relación que sostuvo con José. Sentía que no hacía feliz a su mamá y la controlaba. Además, en varias ocasiones este hombre, en condición de padrastro, la humillaba y la violentaba verbalmente. 

Otro estudio enfocado en la salud mental de las infancias, titulado Perfil de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en Colombia, desarrollado por los investigadores Elizabeth Valoyes y Ernesto Durán, explica que, cuando un menor pierde a su madre por cuenta de un feminicidio y de manera indirecta al padre, en buena parte de los casos, por ser el victimario, “el niño desarrolla algunas patologías en el área psicológica como ansiedad por separación, angustia, depresión, ira, entre otras; y tanto los niños como adolescentes que no permanecen al cuidado de sus padres sufren quebrantamientos de los derechos como la protección, salud, educación”. 

—Yo estaba estudiando y cuando llegué a la casa donde vivíamos, no había nadie. Llamé a mi mamá a su celular y no me contestaba, y no me había dejado las llaves para entrar. Entonces me fui para donde mi abuela, y mi prima, mis tías, todas, me dijeron que mi mamá no aparecía —recuerda Alejandra—. Con José nunca tuve buena relación. Incluso un día me amenazó, me dijo que si a mi mamá le pasaba algo iba a ser mi culpa. Él me tenía mucha rabia porque cuando yo estaba en la casa, no dejaba que le pegara a mi hermanito y menos me dejaba humillar de él. Días antes de que la matara, mi mamá me contó que la encuelló en la calle y la amenazó de muerte.

Por su parte, Ana Orfilia Franco Duque, la madre de Dreisy, se encuentra sumergida en una profunda depresión desde la muerte de su hija.

—Ella me obedecía en todo, nunca me decía que no. Ella conmigo se manejó muy bien, ella era muy obediente y todo eso, por eso la recuerdo mucho. Así lo tengan a él en la cárcel, así sea Dios que haga justicia con él, pero toda esta situación para mí ha sido muy dura. Lloro mucho en soledad y cada vez que hablo de ella.

La administración de justicia en Colombia, para las víctimas directas e indirectas del delito de feminicidio o violencias basadas en género, sacó en 1997 la Ley 360, y en 2004 la Ley 906, a través de las cuales el Estado colombiano reconoce que toda víctima de alguna forma de violencia tiene derecho a recibir una atención psicológica y psiquiátrica. Sin embargo, estas no contemplan la ayuda terapéutica especial para los niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas del feminicidio.

Después vino la Ley 1761 de 2015, también conocida como la ley Rosa Elvira Cely, la primera legislación que empezó a nombrar y tipificar los asesinatos de las mujeres por razón de género como delitos de feminicidio, y que consignó en su artículo 12 “establecer niveles de impacto personal y social para la definición de políticas públicas de prevención, protección, atención y reparación de las víctimas de la violencia de género”, entre ellas las indirectas, como las familias y los hijos e hijas menores de edad, únicamente amparados por la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. 

Colombia también cuenta con la Ley 1257 de 2008, mediante la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y que contempla en su artículo 8 la atención integral para las víctimas, a través de la orientación, asesoramiento y asistencia técnica legal gratis, información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos y legislación que la cobija, además de “asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas”. 

No es una, son muchas

El caso de Dreisy no es el único que ha conmocionado recientemente a departamentos del occidente colombiano como Quindío, Risaralda o Chocó. 

En octubre de 2022, Estefanía Muñoz Escobar, quien tenía 21 años, fue asesinada de un disparo por Johan Stiven Baena Rodas, de 20 años, en el sector de Villa Santana, en Pereira. El joven fue juzgado por el delito de feminicidio y recibió la imputación de cargos apenas en abril de 2023. 

Estefanía tenía una bebé que quedó al cuidado de sus padres; ellos, al igual que la familia de Dreisy, sostienen que no han recibido acompañamiento profesional en salud mental por parte del Estado, que les ayude a afrontar la muerte de su hija.

Pero además del dolor que esto les ha significado, han tenido que atravesar altos niveles de estrés solicitando la custodia de su nieta. Los trámites que deben realizar ante el ICBF son procesos bastante rigurosos, para los cuales se sienten solos y con el temor de que la familia del feminicida quiera quedarse con la niña.

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Cuatro meses más tarde de faltar Estefanía —el 7 de febrero de 2023— ocurrió un infanticidio y una tentativa de feminicidio en el departamento del Quindío. Jair Sebastián Serna Velázquez, de 22 años, apuñaló a su pareja, Andrea Estefanía Arias Valbuena, de 26 años, y degolló a su hijastra de 4 años, Salomé Puentes Arias. El crimen se registró en el barrio Las Colinas, de Armenia.

Andrea logró sobrevivir al ataque, pero su hija no. Jair fue procesado por el delito de tentativa de feminicidio y homicidio agravado, recibiendo una condena de 60 años de cárcel. Sin embargo, su defensa logró llegar a un acuerdo con el juez y su pena se redujo a más de la mitad: solo pasará 24 años en la cárcel. 

La familia de Andrea le pide a la Fiscalía que no les falle a las víctimas y exige reconsiderar la condena, pero no han conseguido que el caso se reabra, por lo que han tomado la decisión de recurrir a algunas vías de hecho: se plantan afuera de esta institución, junto a algunas organizaciones de mujeres, para pedir justicia.

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Dos días después del brutal ataque contra Salomé y Andrea, Luz Paloma Londoño Henao, de 30 años, fue asesinada por su pareja, Fidel Antonio Cordero Arrieche. El hombre le quitó la vida apuñalándola mientras dormía. Su cuerpo fue encontrado por su hija de tres años, quien dio aviso a los vecinos y estos a las autoridades. La niña les dijo que había encontrado a su mamá dormida y rodeada de sangre. El crimen ocurrió en la vereda Buenos Aires, municipio de Calarcá, y aunque el responsable intentó escapar, fue capturado una semana después y procesado por el delito de feminicidio.

Personas cercanas a la familia cuentan que la menor, al ser tomada como “única testigo”, fue sometida a estresantes interrogatorios que no contaron con la presencia de personal especialista en infancia, ni de ningún tipo de acompañamiento psicológico. Ahora ella y su hermana mayor se encuentran bajo los cuidados de su abuela y tías maternas.  

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El cuerpo sin vida de Leidy Yojana Restrepo, de 32 años, fue encontrado el domingo 23 de abril del 2023, sobre las 10:30 de la mañana, mientras flotaba sobre las aguas del río Atrato. Era madre de dos niños y trabajaba en la minera El Roble, del municipio del Carmen de Atrato, Chocó. Su familia y amigos la recuerdan como una mujer alegre, con un gran gusto por los caballos y el deseo de enviar a sus hijos algún día a la universidad. 

Su cuerpo tenía signos de tortura y su rostro estaba desfigurado. Por ello, su familia solo consiguió identificarla por un tatuaje y una tobillera que llevaba siempre, según le relataron a Consonante Lab. El padre de su hijo menor fue quien alertó de su desaparición, porque ella no pasó en la mañana por su casa a recoger al niño. 

Días después de su asesinato, un grupo de lideresas convocaron a toda la comunidad carmeleña a una velatón en memoria de Leidy Yojana para exigir justicia en su nombre. Cerca de 100 mujeres y niñas llegaron hasta la plaza del municipio. Cada una, con un cartel y velas blancas encendidas, pidieron al Estado y al aparato de justicia tomar con seriedad el tema de la violencia contra la mujer en el departamento del Chocó y hallar a los responsables del crimen. 

Un mes después, Aida Luz Lagarejo Córdoba, de 34 años, fue asesinada por cuatro hombres, en la ciudad de Quibdó. Su cuerpo fue encontrado en el barrio San Martín el 4 de mayo, en una zona boscosa, después de que fuera violada y descuartizada. La policía local informó que días después del feminicidio habían logrado capturar a los cuatro responsables de su crimen.

Las siguientes fueron Daicy Mosquera, quien fue lanzada desde un segundo piso y rematada por su pareja de varias puñaladas en el municipio de Istmina, y Ángela Moreno, golpeada con brutalidad por su pareja, con la ayuda de un objeto pesado, entre muchas otras. 

Según cifras recabadas por la Corporación Humanas, una organización social de mujeres  dedicada al acompañamiento de las violencias basadas en género en el Chocó, en esta región del país se registraron 30 casos de feminicidio entre 2018 y 2023. Aunque para la Fiscalía General de la Nación, según su portal de cifras abiertas han sido 39.

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Ana Teresa Gualtero Morales tenía 31 años y dos hijas cuando fue asesinada el 21 de enero de 2013 por Luis Alejandro Hurtado Zuleta, un amigo cercano a la familia, en Boquia, un pequeño caserío del municipio de Salento, en Quindío. Sin embargo, apenas diez años después —en marzo del 2023— Hurtado fue condenado a 39 años de cárcel.

La Fiscalía encontró que Hurtado no era el único autor del crimen, sino que Alejandro Castaño Marín fue cómplice de la muerte de Ana Teresa.

Se cree, explica Martha Gualtero Morales, hermana de Ana Teresa, que la justicia penal tardó porque el principal homicida es hijo de Olga Zuleta, una reconocida jueza del Eje Cafetero. Sin embargo, señala con certeza que “después de diez años, finalmente se está haciendo justicia. Ya sabemos que Luis Alejandro Hurtado Zuleta sí la mató, lo podemos decir sin temor a equivocarnos. Porque todos estos años estuvimos en silencio, no teníamos pruebas, ahora sí”.

Aunque Ana fue víctima de violación y tortura antes de su muerte e intentaron quemar su cuerpo en una zona boscosa de Boquia evitando que fuera reconocida, su caso no “pudo ser tipificado como feminicidio, porque a ella la mataron antes de que la ley Rosa Elvira Celi saliera”, detalla Martha. Su caso fue juzgado como homicidio.

A la tardía condena se suma que Hurtado se fugó dos días después de conocer la sentencia del juez.

Desde que Ana faltó, Juliana e Isabella, quienes en 2013 tenían 13 y 9 años respectivamente, quedaron al cuidado de sus abuelos maternos y de Martha, su tía.

“Para nosotros la partida de mi hermana fue muy dura porque ella era la chispa de la casa, entonces dejó un vacío muy grande. Mi mamá quedó psicológicamente mal y esta es la hora y mi mamá sigue mal, por más psiquiatras, psicólogos, tratamientos. Sí ha sido muy traumático. Para mi papá también fue muy duro, él murió esperando que se hiciera justicia. Y ni se diga para mis sobrinas, Juliana al inicio fue la más afectada, Isabella creo que apenas ahora viene a sentir el vacío de la mamá”, dice Martha.

Juliana Gómez Gualtero, hija mayor de Ana Teresa, recuerda que sobre la muerte de su madre se hablaba poco en casa. Su tía y abuelo decidieron manejar el tema entre ambos porque no querían que su abuela enfermara más y tampoco supieron explicarle a Juliana y su hermana cómo fue que a su madre le arrebataron la vida.

Juliana relata su malestar y el de Isabella, su hermana: “Ella tenía una compañera que le decía la huérfana y no sabemos por qué lo hacía, pero eso era muy doloroso para ella. En mi caso, a mí me afecta sobre todo en las fechas especiales, por ejemplo, el día que me gradué del colegio yo no quise ir al grado; mi abuelo se había acabado de morir, mi mamá no estaba y yo sabía que todos iban a estar con sus padres y yo no. Entonces no quería vivir eso”.

En Colombia 3.465 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre 2018 y lo que va de 2023, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, el sistema de información de la Red Feminista Antimilitarista. En América Latina y el Caribe se registraron 6.373 entre 2021 y 2023, según la asociación MundoSur, sin contar países sobre los cuales no se han tenido datos durante algunos años.

En Colombia, de todas maneras, hay distancias importantes entre las cifras reunidas por distintas organizaciones de la sociedad civil y las de organismos del Estado como la Fiscalía General y Medicinal Legal.

¿Hay luz para una política en Colombia que atienda a las víctimas indirectas?

De acuerdo con el informe Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio o feminicidio del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina y el Caribe están 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. “En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región (4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe)”, detalla el informe.

Las tasas más altas fueron registradas en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres) y Brasil (1,7 casos por cada 100.000 mujeres). 

En Colombia, según cifras del Observatorio de Feminicidios, en los últimos cuatro años más de 700 menores quedaron huérfanos por feminicidios.

Sin embargo, la región en los últimos años ha avanzado en el proceso de visibilizar y judicializar la violencia de género, los feminicidios y recientemente reconocer a los huérfanos por cuenta de este crimen; por lo menos en leyes. Algunos de esos países son Uruguay, con su Ley 18.850 de 2011; República Dominicana, con su Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidio, en 2015; Argentina, con la Ley Brisa, expedida en 2018; Perú, a través de un decreto de urgencia en atención a huérfanos por feminicidio, expedido en 2020; y México, en 2021, a través de su Protocolo Nacional de Atención Integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. Finalmente Colombia podría sumarse al listado, si el Congreso de la República aprueba la iniciativa de un proyecto de ley al respecto, radicado en julio de 2023. 

El proyecto busca que el Estado reconozca y garantice los derechos de los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio en condición de vulnerabilidad, hasta la edad de 25 años. Propone una ruta de atención gratuita e inmediata para garantizar la seguridad, intimidad, no revictimización, protección integral, cuidados inmediatos, recuperación física, psicológica y social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como “la atención y seguimiento gratuito en los campos emocional, psicosocial, económico, educativo y de salud, buscando la superación del acto de violencia feminicida, a través de la realización de un proyecto de vida tanto para los menores, como para los cuidadores y representantes legales que a su vez sean víctimas indirectas de feminicidio”.  

El documento fue aprobado en primer debate, el pasado 26 de septiembre, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

Sanar en red para colectivizar el dolor

Leguizamón, psicoterapeuta de la red Ella Migra, señala que las víctimas directas e indirectas no solo enfrentan múltiples barreras para acceder a los servicios en salud mental, sino que cuando logran acceder estos no suelen tener un enfoque diferencial. Entonces, “es importante reconocer cuáles son todos esos lugares de discriminación, de violencia, en función de los diferentes referentes identitarios. Si es una mujer indígena, si es afro y reconocer cómo los diferentes lugares de opresión y de violencia operan en función de estos (…) además de todo un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, es decir, se requieren herramientas psicocorporales, conocimiento del síntoma como una expresión de una dinámica enferma a nivel social”. Al mismo tiempo, considera que esos síntomas deben trascender la individualidad y la atención meramente clínica, para que se convierta en un asunto colectivo y haga parte de las discusiones públicas.

“Se debe hacer público y eso no quiere decir que estemos revictimizando, quiere decir que estamos pasando la responsabilidad del núcleo familiar, el escenario social que es donde habita esta disfuncionalidad, donde surgen y se generan estos eventos”, explica Carolina. 

Una persona que ha perdido a su familiar en un hecho de feminicidio “no necesariamente necesita un terapeuta o un psicólogo, lo que necesita es que la escuchen”, enfatiza la trabajadora social Valentina Cárdenas.

Valentina, trabajadora social, y la abogada Brigit Zapata, ambas integrantes de la organización Hilar Voces, dedicada al litigio de alto impacto, han tomado la “decisión política” de escuchar activamente a familiares de víctimas de feminicidio en Risaralda. Desde hace tres años acompañan a Gloria Valencia y Adriana Ruíz, las madres de Paula Esmeralda González Valencia y Geraldine Samara Pérez Ruiz, víctimas de presuntos feminicidios ocurridos en la ciudad de Pereira.

A Paula la mataron el 31 de mayo de 2020. Su cuerpo fue encontrado en una de las zonas boscosas del parque El Oso, ubicado en la ciudadela Cuba. Han pasado tres años desde su muerte y aún se desconocen los avances de la investigación. A la joven de 21 años alguien la ahogó en un caño de agua y abandonó su cuerpo. 

Geraldine fue encontrada sin vida el 6 de septiembre de 2020 en las canchas del barrio San Judas, ubicado bajo el viaducto César Gaviria Trujillo. Sobre su caso, las autoridades se han atrevido a afirmar que la joven de 18 años se suicidó, por lo que el proceso de investigación, al igual que en el caso de Paula, tampoco ha tenido mayores avances y nunca ha sido contemplado por las autoridades ni como presunto feminicidio o como suicidio feminicida, considerado como un tipo de suicidio forzado o inducido como consecuencia de estar expuesta a otras violencias basadas en género. 

Puede conocer más sobre los casos de Paula y Geraldine en Los feminicidios que la fiscalía silenció en Pereira

“Con doña Gloria llevamos más o menos dos años y medio y empezamos justo 4 o 5 meses después de que a Paula la asesinaran. Primero fue una aproximación muy desde lo humano, lo que hicimos fue tener conversaciones familiares, hablamos de cómo estaban y seguían viviendo la situación, cómo la estaban tramitando, cuáles eran los recuerdos de Paula, cuáles eran sus expectativas respecto a la justicia”, dice Valentina Cárdenas. “En ese diálogo nos dimos cuenta de que sus expectativas son muy altas respecto al sistema penal directamente”.

Después de tener espacios cercanos con las dos familias, Hilar Voces reafirmó que el acompañamiento tanto a las madres de las dos víctimas como a sus familias debía superar el objetivo del acceso a la justicia, para entender qué es lo que cada persona necesita cuando tramita el dolor de la pérdida.

En el proceso concluyeron que Gloria contaba con una red de apoyo, mientras Adriana se encontraba muy sola. “En un caso había un núcleo familiar, en el otro era solo madre e hija”, explica Cárdenas.

Durante el acompañamiento a las víctimas indirectas, encontraron que suele generarse una crisis identitaria porque se fractura un plan de vida, dejando preguntas sobre el sentido mismo de cómo continuar: “¿para dónde voy?, ¿qué haré con mi vida de ahora en adelante? Porque la vida que conocían se esfumó, quieren recuperarla, pero ya no es posible. Entonces hay que buscar otros motivos, otra intención, otros propósitos”, recuerda Cárdenas. 

La suma de encuentros llevó a Hilar Voces a reflexionar sobre los conceptos de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual posteriormente consolidó el espacio colectivo Sanemos Juntas y el fanzine Hacer memoria para sanar.

En Sanemos Juntas se hizo “una invitación a víctimas indirectas de feminicidio en donde se acercan a hablar entre sí y con nosotras acerca de lo que esperan de la justicia. ¿Qué queremos y esperamos del proceso legal? ¿Qué debería brindarnos el Estado? ¿Qué tan necesarias son las redes de apoyo? Escuchando la respuesta entendimos cada vez más que los acompañamientos no deben ser individuales porque se pierde la posibilidad de que lleguen otras voces, otras miradas, otras experiencias”, enfatiza Cárdenas.

En el fanzine Hacer memoria para sanar reúnen las voces de algunas víctimas indirectas, quienes hablan del duelo, la pérdida, los recuerdos, la soledad y el malestar mismo de sentirse abandonadas por el Estado. 

La experiencia de Hilar Voces en Risaralda tiene algunas similitudes con la de la Colectiva Bugambilia en el Quindío, una organización artivista que surgió con el fin de generar espacios seguros desde el arte y la reflexión en respuesta a la violencia contra las mujeres y al olvido respecto a los feminicidios, según explica Sol Angie Sánchez.

Bugambilia ha acompañado a la familia de Dreisy Yamilé Henao Franco desde sus “capacidades, tratando de no revictimizar y más bien acompañar y proteger para que esta se sienta cómoda, segura; tratamos de ser ese apoyo porque, aunque no somos la justicia ni el Estado, emocional y simbólicamente estamos ayudando a sostener”, detalla Sol Angie. 

Sol resalta que aunque su colectiva no cuenta con la formación profesional para brindar una atención en salud mental o psicosocial, la apuesta ha sido desde la sororidad para caminar junto a las Henao Franco. 

“Las mujeres históricamente hemos sido silenciadas por nuestros compañeros, entonces así es como nace esa necesidad de juntanza, esa necesidad de protegernos entre nosotras, de cuidarnos, de colectivizar el dolor, además de hacer incidencia hasta que se haga justicia. La familia de Dreisy nos ha enseñado muchísimo sobre eso y hemos terminado por sostenernos de manera mutua”, agrega Sánchez. En 2021, como un ejercicio de memoria y sanación para la familia de Dreisy, sus hermanas, sobrinas, madre e hija tuvieron la oportunidad de hacer parte de una antología poética que se llamó Plétora poética, Antología femenina por la vida, del Taller editorial artesanal Casa Guaricha. Buscaron que Nini Johana, Luz Nelly, Astrid, Geraldine, Ana Orfilia y Alejandra, entre versos y cartas, le expresaran a Dreisy su amor y añoranza:

Ese día, a medida que crecía la ira y con ella el miedo,
también perdíamos las esperanzas de volver a ver tus ojos brillantes,
tus labios,
tu hermosa sonrisa
y de poder volverte a abrazar. 

Astrid Natalia López Henao, sobrina de Dreisy.

De tu sonrisa extraño la luz que irradiaba,
la buena alegría que contagiabas con tu calidez.
Eres el ejemplo, la razón de ser mamá,
eres el origen de la alegría que le transmitías a toda la familia. 

Luz Nelly Franco Henao, hermana de Dreisy.

Tanto Bugambilias como Hilar Voces encontraron en la palabra otra forma de tejer caminos para sostener cuando la justicia penal y la respuesta estatal, además de ser insuficientes, no se están preocupando por la salud mental y emocional de las víctimas indirectas y de las sobrevivientes de feminicidio en Colombia.

Mientras, otras colectivas como la Corporación Humanas trabajan en la prevención del feminicidio en el departamento del Chocó y en la construcción de redes de apoyo o “Círculos de Protección” para las mujeres, y han creado un Observatorio de Feminicidios junto a otras organizaciones afines, como la Red Feminista Antimilitarista de Medellín y la Organización Femenina Popular de Santander. 

Desde 2019 vienen implementando esta herramienta en varios de municipios, con el propósito de generar “un espacio seguro, para proteger la vida y la integridad de las mujeres”, explica Lina Perilla, una de las psicólogas que acompaña estos círculos desde Humanas, construidos “colectivamente entre la mujer que se encuentra en riesgo y las personas de su confianza, como amigas, vecinas, familiares e hijos”. 

“Ellas luego empiezan a trabajar de manera separada en cómo desmitificar estos estereotipos, que llevan y conducen a la violencia contra las mujeres o que justifican la misma violencia contra las mujeres. Además trabajamos con las personas que hacen parte del círculo, para que ellos y ellas mismas cuestionen cómo han interactuado con la mujer en riesgo”, explica Perilla. 

Humanas también teje vínculos con la institucionalidad, y así logró concretar el primer Consejo de Seguridad para las mujeres chocoanas el 25 de noviembre de 2022, según detalla Yessica Robledo, lideresa chocoana y trabajadora social. Además, busca incidir en el desarrollo de la política pública de mujer y equidad de género, exigir compromiso institucional para realizar consejos periódicos sobre estos temas y sistematizar en cifras y datos los feminicidios e intentos de feminicidio en el departamento.

Fanzine por Hilar Voces y Yah Colectiva junto a dos madres de víctimas de presunto feminicidio en Pereira

Sobre todo vivir

Jessica Obando, abogada y feminista colombiana, señala: “Las barreras que hay en la tentativa de feminicidio son las mismas en el caso de que sí se haya consumado y la familia habrá de buscar justicia bajo unas lógicas donde solo hay castigo, pero que en buena parte de los casos queda en impunidad”. Analiza también que “la justicia colombiana lamentablemente no tiene una postura restaurativa, una visión que se centre en las víctimas, sino una visión que se centra en el hecho punible y que se encarga de sancionar con miras a la resocialización del feminicida”.

Beatriz Suárez es sobreviviente de tentativa de feminicidio. Su pareja intentó asesinarla en tres ocasiones, durante los diez años que estuvieron juntos. Una de ellas estando en embarazo.

Intentó en varias ocasiones denunciarlo, pero siempre tuvo miedo y se sentía sola: “Yo vivía en el oriente de Cali, en el distrito de Aguablanca, entonces la desinformación es muy grande, porque no sabía cómo poner una denuncia, o la diferencia entre una denuncia y una conciliación. Había muchas brechas en ese momento, y yo me vine a dar cuenta de eso muchísimo tiempo después”, recuerda Beatriz. 

Las amenazas contra su vida eran constantes. “Si él me tiraba al río Cauca, nadie me iba a buscar porque yo no le importaba a nadie y él se quedaba con la niña. En otras ocasiones, cuando salía a dar una vuelta con la niña, me decía que se la iba a llevar”.

Para Beatriz, tal era el odio que este hombre le tenía, que acudió a cuanta coartada pudo, hasta que consiguió dañarla. Se metió con lo que ella más quería: su hija. Cuando la niña tenía más o menos cinco años, el padre solo podía verla dos veces por mes y tras una de esas visitas “me cuenta que él está abusando sexualmente de ella. Entonces eso para mí fue una locura, porque yo también fui abusada sexualmente por él en varias ocasiones”.

Beatriz fue a la Fiscalía para poner la denuncia. Horas más tarde, empezó a sentir que la vida se le estaba haciendo más que un nudo. “Apenas lo denuncio, yo salgo desplazada de Aguablanca con la niña, y termino viviendo en una zona rural, cerca a Cali. Tuve que esconderme durante muchos meses”, cuenta, mientras se asoma por un momento a la amargura de aquellos días. 

“Yo estaba sin trabajo, sola. Además, durante la denuncia, las autoridades hicieron todo tipo de comentarios, incluso me culparon por lo sucedido. Bienestar Familiar me hizo sentir como la peor madre del mundo”, dice Beatriz. Y agrega que siente que no pudo defenderse: “La fiscal estaba frente a mí, gritándome, diciendo cuanta cosa se le ocurrió y yo solo lloraba o guardaba silencio. Estaba pasmada”. 

“Las autoridades, en lugar de apoyarte o respaldarte, porque estás denunciando lo que le pasó a tu hija, sin mencionar lo que yo había vivido, te señalan”. La idea de que si moría todo sería más fácil, la acompañó durante meses. “No sabía quién era. Porque con todo lo que había vivido con ese hombre, sentía que había quedado completamente desdibujada de la realidad y eso se nota. Se ve en cómo te vistes, en cómo hablas, en cómo te sientes”.

Hasta ese momento, Beatriz no había recibido ningún tipo de acompañamiento psicosocial, sólo lo estaba recibiendo su hija.

 “Todo ese proceso de hacer justicia para mi hija fue muy duro. No querían reconocer que había sido abusada sexualmente. Decían que eso no había sido así, porque solo fueron unos tocamientos y que eso no daba cárcel. Entonces que lo mejor que podía hacer era conciliar con el hombre”, comparte Beatriz. 

Hasta ese punto, “nadie me había dicho a mí: señora, usted necesita terapia para poder transitar todo lo que le está pasando. Venga, nosotros le ayudamos. Eso no pasó nunca”. Sólo mucho tiempo después, y a través de Casa Matria, una organización dedicada a la atención y prevención de violencias basadas en género para las mujeres de Cali, empezó a recibir acompañamiento de una psicóloga. 

A medida que pudo avanzar con su terapia, empezó también a ser invitada a espacios de mujeres y a reconocerse como una sobreviviente de tentativa de feminicidio y víctima de violencia vicaria. “Todo fue con mucha fuerza de voluntad. Sentía que en cualquier momento podía perder los estribos, porque aparte del abuso que mi hija sufrió, yo también estaba cargando con la misma violencia y con su odio. Con sus ganas de exterminarme, con sus ganas de desaparecerme, con sus ganas de matarme todo el tiempo”.

Un día, cansada de no saber cómo rehacer su vida, pero con unas ganas “inmensas de recobrar la esperanza”, se sentó con su hija a planear un futuro prometedor para ambas. “Le dije a mi hija que de todo ese dolor iba a salir la esperanza. Le dije que íbamos a tener una casa, una fundación y que íbamos a trabajar con mujeres, que íbamos a hablar de mamás, a dar talleres con los niños, y así es como nace Red Dianicas”, cuenta llena de orgullo. 

Beatriz define a Red Dianicas, “como una organización feminista maternoincluyente que busca prevenir los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, además de brindar herramientas a las madres y personas cuidadoras de infancias abusadas, a la hora de acompañarlas. Porque pocas veces sabemos cómo tramitar una situación así”. 

Han pasado, desde entonces, cerca de tres años. La organización ha logrado acompañar a varias mujeres en Cali, que en esa red han encontrado contención. 

“Sólo hasta ahora puedo decir, que he empezado a sanar, y no solamente mentalmente y emocionalmente, sino físicamente”, dice.

Para la abogada Obando, en casos como este no solamente “resulta difícil reunir los materiales probatorios que permitan concluir en una condena, sino que también se lucha contra los estereotipos y las formas culturales que hay en los operadores de justicia, jueces y juezas”. Por esto, en los casos de tentativa de feminicidio “es común encontrar que la Fiscalía considera que este tipo de agresiones (…) no constituyen una tentativa de feminicidio, por lo que la víctima pasa a tener que comprobar que sí hubo una intención de querer acabar con su vida”.

Carolina Ramírez, activista por los derechos de las mujeres, e integrante de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México, cuenta que las mujeres que consiguen sobrevivir a este delito,”somos y hemos sido doblemente revictimizadas. Primero, cuando nuestro delito se tipifica por lesiones personales, o simplemente queda como violencia doméstica, así que nuestro agresor queda en libertad. Después, cuando pedimos que sea tipificado como tal, para que pague por lo que nos hizo, y ahí se puede ir un montón de tiempo. Además de que nuestro cuerpo queda con secuelas después de que sobrevivimos a una agresión y con el tiempo empieza a enfermar”.

Carolina hace más de diez años sobrevivió a un intento de feminicidio. Recuerda que su recuperación fue lenta y dolorosa, por lo que llegó a creer en ocasiones que sería muy difícil pararse de la cama y recuperar su vida. Hasta que lo consiguió. Sin embargo, en los últimos tres años, algunas de las molestias que sintió por esos días regresaron y con ellas, las secuelas. “Tuve un desgaste de cadera y de fémur después de mis lesiones, además de mi salud mental, porque una queda con pesadillas, con temor de salir sola a la calle, porque quien nos quiso asesinar en la mayoría de los casos sigue suelto, así que somatizas todo eso”, explica Carolina. 

Entre 2018 y 2022, más de 17 mil mujeres fueron asesinadas en México, según el diario El País y solo en el 25% de los casos se ha dictado una sentencia condenatoria, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Para Carolina y otras mujeres sobrevivientes en México, identificar malestares físicos y emocionales, sobre los que cuentan con poca o ninguna garantía de contención y reparación, las llevó a organizarse a través de la prevención, el autocuidado, la gestión de recursos, el emprendimiento económico y la incidencia en medios de comunicación, explica Ramírez. 

Las sesiones de autocuidado y de apoyo mutuo a través de la arteterapia, explica la activista, han sido “cobijo y abrazo”. A partir de ellas están construyendo herramientas interactivas para compartir con otras mujeres y colectivas dentro y fuera del país, como una serie de fanzines o “femzines” como ellas los han llamado —cercano al ejercicio de Hilar Voces en Colombia— con los que pretenden brindar datos y tips que le permita a las mujeres, familias e hijos transitar el dolor, la ausencia y la pérdida. 

“Transitar el camino de la justicia no es sencillo en soledad, es necesario tomarse de la mano y hacerlo juntas, cuidarnos entre todas. El que hoy también estemos hablando de salud mental dentro de la colectiva, además de justicia, es porque ya nadie nos devolverá la salud que perdimos. No hay programas dirigidos especialmente a nosotras, menos a las familias y para los hijos, tampoco”, concluye Carolina Ramírez.

* Esta investigación hace parte de una cobertura sobre salud mental y género producida por La Cola de Rata, con fondos del Google News Initiative News Equity Fund.

Investigación y redacción: Valeria Urán Sierra
Edición general y acompañamiento editorial: Maritza Palma Lozano
Fotografías: Sandra Bejarano Aguirre
Ilustración e historia web: Stella Maris Carmona
Fact Checking: Jorman Lugo Cruz

Agradecimientos: a todas las organizaciones, sobrevivientes y familiares de víctimas que confiaron en nosotras.