Vorágine y EL PAÍS acceden a documentos oficiales que evidencian la intención de desarticular a la organización social Bakatá. Una informante y acusaciones sin sustento son la base de un proceso contra nueve líderes.
14 de mayo de 2023
Por: Nicolás Sánchez Arévalo de Vorágine y Sally Palomino de EL PAÍS América / Ilustración: Angie Pik

Los niños corrían en medio de una nube de gases en la oscuridad de la noche. Videos difundidos por vecinos que veían desde las ventanas mostraban a mujeres indígenas huyendo con sus hijos de la policía. Eran escenas que transcurrían en el Parque Nacional de Bogotá, donde cerca de 2.000 personas de diferentes pueblos indígenas vivían desde hacía siete meses porque no tenían otro lugar. El 6 de abril de 2022, la carrera Séptima, frente al parque, fue escenario de una batalla campal entre agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los indígenas. Hubo al menos siete policías heridos y 15 indígenas lesionados, entre ellos tres mujeres embarazadas y dos niños de menos de un año.

El enfrentamiento físico entre los agentes estatales y la comunidad indígena esa noche de abril fue el principio de un plan de la Fiscalía y la Policía colombiana para desarticular la organización social Autoridades Indígenas en Bakatá, según documentos a los que han tenido acceso Vorágine y EL PAÍS en una alianza periodística. En los informes oficiales los señalan sin pruebas de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de representar un peligro solo por ser indígenas.

Bakatá lideró el proceso de movilización indígena que el 29 de septiembre de 2021 se estableció en el Parque Nacional, en una visible y transitada zona céntrica de Bogotá. Los indígenas habían sido desalojados de los inquilinatos ―viviendas compartidas por varias familias― donde fueron ubicados con la ayuda estatal, tras su llegada a la ciudad, desplazados por la violencia. Su presencia en el parque era una medida desesperada ante la falta de un lugar donde dormir, pero también una manera de llamar la atención sobre el abandono en el que se sentían. Durante los ocho meses que permanecieron en el parque, de septiembre de 2021 a mayo de 2022, los líderes de Bakatá fueron sus voceros. Los indígenas reclamaban atención para los pueblos que se encontraban en la capital colombiana.

La Policía empezó a armar un proceso judicial en contra de la organización unas horas después de la violenta noche del 6 de abril en la que los agentes intervinieron por la fuerza una protesta de los indígenas. Jairo Montañez, líder de Bakatá, que estuvo en el Parque Nacional desde el inicio del asentamiento, contó ese día que estaban desesperados. “Ya no están dejando jugar a los niños porque al jugar queman calorías que no hay con qué reponer”, le dijo el indígena a funcionarios de varias entidades estatales en una reunión que se llevó a cabo en la mañana de esa misma jornada, como quedó registrado en un video. Los niños estaban comiendo una sola vez al día.

El fracaso del encuentro con delegados de autoridades nacionales y locales, en el que no se llegó a acuerdos, produjo una reacción desesperada de los indígenas, que ocuparon uno de los carriles vehiculares de la carrera Séptima. Entonces, empezó la represión. Según la versión de Montañez, centenares de agentes los sorprendieron mientras se manifestaban en la calle: “Yo nunca había visto tanto Esmad”. Tras la aparición de los antidisturbios, cuenta el líder, se escuchó la explosión de cuatro bombas aturdidoras.

La informante

Tres días después de los enfrentamientos, una mujer llegó a las instalaciones de la Sijín [la dependencia investigativa de la Policía] para ofrecer su testimonio. Según uno de los documentos a los que Vorágine y EL PAÍS tuvieron acceso, su relato fue recibido por el patrullero Gonzalo Albeiro Tangarife, adscrito a la unidad de antiterrorismo de la institución policial, y el intendente Wilber Ibañez Gómez.

La mujer señaló a los líderes de Bakatá de manipular a las comunidades con el fin de obtener dinero, y los acusó de instar al resto de la comunidad a atacar a la Policía y a funcionarios públicos. El agente de la Sijín quiso saber sobre las prácticas que se desarrollaban en el parque y preguntó por aspectos ajenos a la protesta que había desatado el caos la noche del 6 de abril. Por ejemplo, indagó si la comunidad consumía “sustancias psicoactivas y embriagantes”. La informante equiparó la medicina ancestral de los pueblos indígenas, y respondió: “He recibido denuncias de que sí son consumidores de bebidas alcohólicas y consumen medicina ancestral (hojas de coca, ambil, estas derivaciones de la coca)”.

Según el testimonio, las comunidades actuaban de forma violenta debido a su pertenencia étnica. “Muchos de estos indígenas [que estaban en el Parque Nacional] vienen desde sus territorios con el ánimo de proteger sus cosas por medio de la fuerza y la violencia, es por eso que Jairo Montañez, María Violet Medina, Edgar Juanias aprovecharon su saber y lo han ido implementando para atacar [a la Policía y a funcionarios públicos]”, aseguró la informante.

Montañez, en una conversación con esta alianza periodística, rechaza los señalamientos. “El llamado siempre fue al diálogo, a la paz y a buscar soluciones de forma estructural y conjunta”. Maria Violet Medina Quiscue también niega las acusaciones. “Decían que era un espacio público y que lo estábamos ocupando. Pero nunca se acordonó, nunca tuvo puertas, era un parque abierto”, contó en una llamada, que atendió desde Nueva York, donde participó este abril en el foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU en representación de Colombia.

El relato de la informante ante la Policía señalaba un supuesto plan de los líderes de Bakatá para hacer un resguardo indígena en la ciudad. “[Su objetivo] es crear la unidad de vivienda indígena en el Parque Nacional que incluya colegio y maloca [una casa comunal indígena] para ejecutar los recursos destinados desde el gobierno nacional y el distrital”, relató la informante a los agentes Tangarife e Ibañez. También acusó a la comunidad de inhumar en el lugar a un niño que murió por una enfermedad. “[Con esto buscaban] empezar a trabajar la idea de [crear] un cementerio indígena y ganar así terreno en el propósito de establecerse como resguardo”, decía la informante.

La Secretaría de Salud de Bogotá respondió para este informe sobre las graves acusaciones. “No, no existe ninguna información que permita suponer esta situación”, dijo la entidad, que reconoció que habían muerto tres niños, pero habían sido enterrados y cremados en los cementerios del Sur, Norte (ubicado en Chapinero) y El Apogeo. Ninguno en el Parque Nacional como señaló la mujer, cuyo testimonio fue acogido por la Sijín.

Los agentes de la Policía que recibieron el testimonio de la informante concluyeron: “Los datos aportados por la fuente humana son altamente confiables para la Policía Judicial, como quiera que su relato es amplio en detalles, es serio, desapasionado, objetivo y desprovisto de cualquier motivo que permita inferir lo contrario”.

Entre los señalados por la mujer, además de María Violet Medina Quiscue, Jairo Montañez y Edgar Juanias, está Giovani Yule, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, y actual director de la Unidad de Restitución de Tierras. Yule aparece como uno de los objetivos de la investigación judicial. Consultado al respecto declinó dar declaraciones.

Objetivo: infiltrar la protesta indígena

Tangarife rindió un informe de Policía Judicial ante la Fiscalía en el que pedía autorización para que la informante se infiltrara entre los indígenas. En el documento trazó los objetivos del plan. “Se pretende obtener elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan desarticular a un grupo de personas autodenominadas Autoridades Indígenas Bakatá”. También buscaban investigar a algunos medios de comunicación que cubrían la protesta indígena. “Prensa independiente que se encarga de revictimizar a los indígenas emberas ante la sociedad, con el fin de atraer la atención del ciudadano común y desprestigiar las labores interinstitucionales que se realizan en favor de este grupo indígena como: Furia gráfica y Punto Renacer, “La flaca” y el ya judicializado por parte de policía judicial alias Z11, integrante de la primera línea de Suba”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) califica de preocupantes las menciones del agente policial sobre algunos medios alternativos. “Es muy delicado y atenta contra las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa que la Fiscalía General de la Nación y sus cuerpos de investigación, estén adelantando actos que tiendan a la estigmatización y criminalización de medios de comunicación y periodistas que realizaron cubrimiento en el marco del paro nacional”, señala Jonathan Bock, presidente de esa organización.

Tangarife ha participado en otros procesos judiciales en contra de manifestantes, como el que se adelantó en contra de Kevin Sebastián Hernández y Edwin Raúl Murcia, a quienes la Fiscalía acusó de participar en la quema de un Comando de Atención Inmediata (CAI) al sur de Bogotá.

El informe policial para infiltrar la protesta indígena relaciona a la comunidad con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Se desconoce si sus integrantes y líderes tendrían vínculos y alianzas criminales con otras estructuras delincuenciales para temas relacionados con alianzas terroristas, sin embargo, se presume la colaboración de miembros activos del GAO Ejército de Liberación Nacional quienes estarían brindando información y material para la elaboración de los elementos empleados durante la manifestación violenta en contra de la Fuerza Pública, entidades públicas, vehículos de transporte privado”.

Montañez desvirtúa las acusaciones. “Nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo ni de relacionamiento, es sumamente irresponsable hacer ese tipo de señalamientos”, dice el líder indígena, a quien la Sijín le asignó el alias ‘Jairo’. A Giovanny Yule lo mencionaban como alias de ‘Yule’. “No sé a qué se refieren con alias Jairo porque ese es mi nombre de pila (risas). Tu alias no puede ser tu nombre”, comenta Montañez.

La Policía le pidió a la fiscal Marta Isabel Jiménez que se hicieran “todos los trámites correspondientes” para interceptar las líneas telefónicas de los nueve líderes señalados.

El estigma acogido por la Fiscalía

El 11 de mayo de 2022, la fiscal Jiménez acogió las afirmaciones de la informante y de Tangarife. Por medio de un oficio en el que resumía el caso, le pidió al jefe de la seccional Bogotá de la Fiscalía que autorizara la infiltración de la mujer. “Me permito solicitarle autorizar a esta delegada la expedición de la orden de un agente encubierto, ya que resulta indispensable para el éxito de las tareas investigativas”, afirmó. “Se ha evidenciado que su zona de influencia corresponde a un sector complicado, donde se observa permanentemente la presencia de personas con diferentes características”, se lee en el documento.

En ese oficio, la fiscal elevó el tono de las acusaciones. “El agente encubierto podrá adelantar transacciones con los presuntos indiciados, establecer si hay menores instrumentalizados, identificar integrantes del GDCO (Grupo Delincuencial Común Organizado) y ubicar los lugares neurálgicos”, decía la funcionaria. “Se podrá establecer el modus operandi de este grupo étnico, el reparto de tareas, así como la estructura jerárquica de la comunidad”, concluía el informe, cuyo argumento principal era la “peligrosidad” de los indígenas. “Manifiesta [la informante] que son personas peligrosas y en caso de ser descubierta por los integrantes de esta estructura criminal pueden atentar contra su vida y la de sus familiares”.

La Policía identifica un GDCO como “una agrupación de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, con los que pretenden obtener beneficios económicos o materiales”.
Montañez, uno de los señalados de pertenecer a un GDCO, cuestiona la incapacidad de las autoridades para protegerlos y la diligencia para señalarlos. “¡Dios Santo! Yo me río, pero no sé si me río de lo incoherente que es o de los nervios que me ocasiona ser señalado de esta forma porque jamás la Fiscalía o la Policía pudieron brindarnos seguridad en el tiempo que estuvimos allá y ahora nos señalan de ser un grupo organizado”.

Varias secretarías de la Alcaldía de Bogotá han firmado acuerdos con Bakatá. Según cálculos de la organización, que no tiene reconocimiento formal por parte del Ministerio del Interior, agrupa unas 7.000 personas de 15 pueblos indígenas que están en Bogotá, la mayoría víctimas del conflicto. Los líderes señalados tienen diferentes funciones, Montañez es el coordinador técnico de Bakatá, María Violet tiene el cargo de apoyo técnico y Juanias fue autoridad del pueblo Pijao Mohán.

La fiscal Jiménez señaló a los nueve líderes de conductas delictivas como terrorismo y violencia a servidor público y dejó claro cuál era el propósito de usar un agente encubierto: “Desarticular la comunidad indígena denominada Bakatá”. La intención de la Sijín y de la Fiscalía de desintegrar la organización social es vista como una estrategia para silenciar al movimiento indígena, dice Montañez. “No deberían desarticular nada porque nosotros no somos una banda criminal, no somos delincuentes, no somos ningún grupo organizado que se encuentra delinquiendo. Esa es la estigmatización y una de las estrategias judiciales para poder silenciar a grupos de defensores de derechos humanos”.

En el documento se insiste en el carácter violento de los pueblos indígenas que hacen parte de Bakatá. “Podemos establecer que dicha operación presenta un nivel de riesgo alto en razón a que el agente encubierto ha estado de apoyo en otro caso donde se investigó a líderes e integrantes de movimientos radicales violentos”.

Archivos de la Fiscalía conocidos por Vorágine y El PAÍS dan cuenta de que en esa entidad reseñaban a la informante como una persona que había entregado información sobre supuestos “grupos violentos” que participaron del Paro Nacional en 2021.

Un año de acuerdo, ningún cumplimiento

El 5 de mayo de 2022 las autoridades indígenas y delegados estatales llegaron a un acuerdo para levantar el asentamiento del Parque Nacional. En el encuentro, Carlos Baena, viceministro del Interior del Gobierno de Iván Duque, validó a la organización social como un interlocutor legítimo: “Si el proceso de Autoridades de Bakatá no tuviera reconocimiento, no estaríamos sentados acá”, dijo entonces. Ese día sellaron un acuerdo de 10 puntos para mejorar las condiciones de los indígenas que se quedaban en la ciudad y garantizar un retorno seguro para los que se fueran. Después de un año, ninguna de las promesas se han cumplido, aseguran los líderes.

Las comunidades que no han retornado porque consideran que no tienen garantías de seguridad para hacerlo, malviven hacinados en La Rioja, un edificio habilitado por el Distrito para albergarlos. En el lugar algunos duermen en el piso, sin colchonetas ni cobijas, como lo evidenció EL PAÍS en una visita al lugar en agosto pasado. El acceso al agua potable y a la energía es intermitente, por lo que algunas familias usan el agua estancada de un cercano monumento del Eje Ambiental, en el centro de Bogotá. Las autoridades indígenas han denunciado la muerte de 26 menores durante su estadía en ese lugar. “Creo que eso sí debería investigarlo la Fiscalía: las razones por las que mueren tantos niños”, señala Montañez.

La persecución continúa

Seis líderes indígenas, dos de ellos mencionados en el plan de la Policía y la Fiscalía para desarticular Bakatá, han sido llamados por jueces para responder en un proceso por el delito de instigación a delinquir. La Fundación Lazos, que lleva la defensa de algunos, dice que el fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento, a pesar de que el delito por el que intentan procesarlos es excarcelable.

“Estaban citados el pasado 10 de marzo a la audiencia de imputación y medida de aseguramiento, pero un día antes, la Fiscalía retiró la solicitud. “No pudimos tener acceso a ninguna información”, señala la Fundación Lazos, que interpreta este nuevo capítulo como otra forma de silenciar al movimiento indígena. “Existe una campaña para desprestigiar, para amilanar y hostigar”, señalan.

Los pueblos indígenas han denunciado durante décadas la discriminación y la estigmatización que sufren. En la reunión del 6 de abril de 2021, antes de los disturbios con el Esmad y de que se echara a andar el plan de la Fiscalía y la Policía, una lideresa les recriminaba a los funcionarios ese histórico olvido. “El problema no somos los pueblos indígenas, es la institucionalidad que no sabe responder”, decía la mujer, casi premonitoriamente, unas horas antes de que los indígenas empezaran a aparecer en el centro de un proceso policial.

Luis Bonza contribuyó en este artículo.

Nota al pie: Vorágine y EL PAÍS contactaron a las oficinas de prensa de la Policía y a la Fiscalía, pero hasta el momento de la publicación ninguna de las entidades había respondido el cuestionario enviado.

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