Santiago Uribe, empresarios y narcos fueron asociados de una temida Convivir

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia por conformar un grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’. A principios de los años noventa esa estructura criminal asesinaba personas en el municipio de Yarumal (Antioquia) tras señalarlas de ser delincuentes. Las acusaciones contra las víctimas no estaban soportadas en ninguna investigación judicial. La condena da cuenta de un capítulo de las relaciones entre integrantes de la familia Uribe y las estructuras paramilitares. Pero, hay otros que se han mantenido ocultos y que la justicia no ha investigado. 

VORÁGINE revela documentos inéditos que relacionan a los hermanos Uribe Vélez, y a varios empresarios reconocidos, con una estructura que operó entre 1995 y 2006 en el suroeste antioqueño. Hasta el momento eran desconocidos los nexos de Álvaro y Santiago con una organización temida en varios municipios: la Convivir Las Garzas. Mafiosos, paramilitares, homicidios y violencia sexual contra una niña hacen parte de los registros del accionar de esa organización. 

Álvaro Uribe, el surgimiento y la reunión 

La Convivir Las Garzas surgió en septiembre de 1995, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, le otorgó personería jurídica. Para ese momento el político liberal fomentaba la conformación de esas cooperativas, creadas por ley en 1994, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos advertían que podían ser cooptadas por paramilitares.

El primer representante legal de la organización fue un hombre llamado Eriberto Pardo Cortés. Las Garzas operaría en tres municipios antioqueños: Fredonia, Titiribí y Venecia. Desde sus inicios contaron con el apoyo del entonces gobernador. 

El acta de la asamblea de esa Convivir en 1997 deja en evidencia ese respaldo. Incluso, en un hecho poco usual, la reunión se adelantó en un salón de la Gobernación de Antioquia. En esa ocasión, como quedó consignado en el documento, hicieron presencia Álvaro Uribe y el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa.

En el acta de esa reunión y en otros documentos de Las Garzas quedó registrado el papel que jugaron personas que han sido señaladas de tener nexos con grupos armados. Por ejemplo, en el encuentro estuvo Raúl Mora Abad, nombre poco conocido a nivel nacional, pero de gran importancia. El caballista le vendió en 1985 dos predios a Vicente Castaño. En 1992 hizo parte de la junta directiva de Funpazcor, una fundación creada por los Castaño para simular que hacían una reforma agraria en Córdoba, mientras despojaban tierra. Años después compró miles de hectáreas despojadas en los Montes de María y se las vendió a Argos. 

Otro hecho que se advierte en varios listados de personal que la Convivir le envió a algunas entidades: para la época de esa asamblea, por lo menos, uno de los integrantes de la organización era paramilitar. Desde 1996 aparece en los registros de la cooperativa Realvale Sepúlveda Corrales, quien puso en su hoja de vida como referencia personal a Mario Agudelo, un diputado cercano a Uribe. Sepúlveda, antes de llegar al suroeste antioqueño, comandó un grupo de excombatientes del EPL que se rearmaron en bandas conocidas como ‘Comandos Populares’. Luego, se integró a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y fue enviado a integrar convivires en Antioquia: una de ellas era Las Garzas y, la otra, un tiempo después, en Chigorodó.

Según los documentos en poder de VORÁGINE Sepúlveda era uno de los integrantes de Las Garzas que andaba armado por la región. 

Las quejas contra las Convivir

La conformación de Las Garzas marcaba su accionar. En varios archivos oficiales quedaron consignadas quejas sobre actuaciones que se asemejaban a las de los paramilitares. 

VORÁGINE accedió a una resolución de la Fiscalía que da cuenta de un incidente con dos integrantes de Las Garzas el 12 de enero de 1999. A las 8:45 p.m., un grupo de policías se desplazaba en un vehículo por la carretera principal de Titiribí (Antioquia). De pronto, un hombre con pasamontañas saltó a la vía y le apuntó al conductor con un arma de fuego. “Quieto, hijueputa, orille el carro y apague las luces”, gritó. 

Los uniformados tenían registros previos de atracos en el sector. Habitantes de la región habían informado que dos hombres en una moto blanca y con revólveres detenían carros para robarlos. Al grito del asaltante reaccionaron los policías, quienes lo redujeron y capturaron a su cómplice que estaba escondido al borde de la carretera. Ambos eran integrantes de la Convivir Las Garzas, les incautaron una moto blanca sin placas, pasamontañas y dos revólveres.

Días después del incidente dos personas declararon ante la estación de Policía de Amagá. Ellos habían informado sobre los atracos en la vía y, el 12 de marzo de 1999, llegó una camioneta hasta la casa de uno de ellos (que era contigua a la otra), unos hombres se bajaron y dispararon hacia el interior. Un testigo identificó la camioneta como la misma que usaba la Convivir Las Garzas.

La fiscal de Titiribí, María Cecilia Arroyave Hénao, decidió no imponer medida de aseguramiento a los dos hombres dándole crédito a lo que decían los integrantes de la Convivir: que ellos pararon el carro porque pensaron que se transportaban integrantes de la guerrilla. Los policías que estaban en el lugar aseguraron que se trató de un asalto. Le envíamos un correo a ella para conocer su versión, pero no obtuvimos respuesta.

Hay más denuncias sobre el accionar de la Convivir. El 14 de enero de 1999 el entonces comandante de la Policía de Amagá, Luis Humberto Loaiza, le envió una carta al jefe de la Sijín en Antioquia. En el oficio se lee: “la gente los confunde con paramilitares porque andan de civil y en carros y motos civiles, por lo tanto temen algún tipo de retaliación”.

En ese mismo oficio, Loaiza dio cuenta de cómo llegaron los integrantes de la Convivir al municipio de Amagá: “De acuerdo a versiones de algunas personas que temen dar denuncias por escrito, dicho cuerpo de seguridad y vigilancia privada en algunas ocasiones ha realizado procedimientos de requisas e identificación de vehículos y personas haciéndose pasar como miembros del F2 (una sección de inteligencia de la Policía)”. Y continúa: “Este comando en labores de inteligencia estableció que unos grafitis aparecidos en las paredes de este municipio fueron obra de ellos, los cuales decían: ‘Llegó el Grupo Urbano contra la Delincuencia (GUCD)’ y, a pesar de que el señor supervisor Julio Ernesto Ruíz Gómez me negó que fueran los originarios de dichos grafitis, coincidencialmente, el día anterior ellos compraron tres tarros de aerosol color rojo (el utilizado para estos grafitis)”. 

Loaiza planteó que se pusieran los hechos en conocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Con eso buscaba que se suspendiera la licencia de funcionamiento de Las Garzas, pero su pedido no fue escuchado y el entonces superintendente, Julio César Vásquez Higuera, renovó la autorización el 25 de febrero de 1999.

Llega Santiago Uribe a Las Garzas

Según la periodista Olga Behar, el grupo criminal ‘Los 12 apóstoles’ tuvo su debacle en 1997 cuando empezaron las investigaciones judiciales y periodísticas. Varios de los integrantes de la estructura fueron asesinados.

Santiago empezó a participar en Las Garzas hacia el 2000. Varios archivos de la organización dan cuenta de que él era asociado y que la finca que le cuidaban llevaba el nombre de Gongonal, ubicada en la vereda El Golpe de Concordia (Antioquia). Aunque en sus documentos fundacionales la cooperativa no tenía ese municipio entre su radio de acción, al parecer, se fue ampliando hasta llegar allá. El papel de los asociados era fundamental porque ellos garantizaban la operación de Las Garzas por medio de aportes económicos. 

Entre los asociados de la cooperativa había viejos conocidos de los Uribe y del crimen antioqueño. En los documentos aparecen los hermanos Pedro y Santiago Gallón. Este último fue condenado tras admitir que financió varios grupos paramilitares, entre ellos el que operaba en la misma región de Las Garzas: el Frente Suroeste. Pedro fue mencionado por Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra como un narcotraficante que hacía negocios con las Autodefensas Unidas de Colombia. Francisco Antonio Flórez, alias “Don Pacho”, lo señaló de ser un enlace entre la Oficina de Envigado y el condenado general de la Policía Mauricio Santoyo, según reportó El Espectador. Los dos hermanos son señalados por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de haber fundado el Bloque Metro de los paramilitares junto a los Uribe Vélez en la Hacienda Guacharacas.

Otro asociado de Las Garzas fue mencionado en el párrafo anterior: Francisco Antonio Flórez, “Don Pacho”, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2009 señalado de enviar cocaína a ese país. 

El poder de Santiago en la Convivir podría ser más amplio de lo que muestran los documentos. Durante algunos años el gerente de Las Garzas fue un militar retirado llamado Juan Carlos Rosero. Según le dijo a VORÁGINE una persona que fue cercana al directivo de la asociación, en varias conversaciones lo escuchó decir que tenía una relación cercana con el hacendado. Rosero fue desaparecido en 2001, al parecer, a manos de paramilitares. Otro hecho que daría cuenta de la influencia de Santiago es que uno de los trabajadores de su finca, llamado Luis Albeiro Balzán, fue contratado en Las Garzas como hombre de seguridad. 

Los documentos a los que accedió VORÁGINE son una copia del expediente de Las Garzas que reposa en la Gobernación de Antioquia. La manera desordenada en que fueron archivados por la entidad impide, en algunos casos, establecer las fechas de algunos oficios. Es el caso de varios de los listados de asociados que están disgregados en los 12 tomos que conoció este medio.

El archivo permite establecer con certeza las identidades de los asociados de Las Garzas, entre los que se encuentran empresarios influyentes de Antioquia. Por ejemplo, David Bojanini, quien fue durante 13 años presidente del grupo Sura. Contactado por VORÁGINE, el empresario admitió que esa asociación le prestó seguridad a una finca suya en Fredonia. Sin embargo, aseguró que cuando llegaron a ofrecerle el servicio él les dijo que si tenían armas no le interesaba y le afirmaron que solo contaban con radios y teléfonos. Dijo que la organización era legal y que las Convivir fueron promovidas por la Gobernación de Antioquia. “Muy rápidamente empecé a oír rumores de que habían tenido unos desmanes, les dije que no volvieran y nunca más volví a trabajar con ellos. Eso fue muy poco tiempo”, respondió. “Yo no hice nada ilegal (…) yo, que me acuerde, no daba plata para eso (…) Yo no sé qué hicieron y qué no hicieron”, insistió. Bojanini dijo que la relación con Las Garzas pudo haber sido de “dos o tres meses”. “Yo soy una persona de paz, nunca en la vida he tenido un arma de fuego ni me interesa estar vinculado con esas cosas”, concluyó. 

Otro empresario reconocido que fue asociado de Las Garzas es Juan Raúl Vélez, fundador de Cueros Vélez. Su nombre también aparece en los documentos que incautó la Fiscalía en el Parqueadero Padilla, centro financiero de los paramilitares que fue allanado en abril de 1998. Les envíamos mensajes por Whatsapp a él y al jefe de prensa de su empresa para obtener una entrevista, pero no recibimos ninguna respuesta. En los registros también figura Hernán de la Cuesta, fundador de la encuestadora Invamer, quien murió en 2015.

Vea los listados completos al final del reportaje.

Actuando como paramilitares

Jaime Andrés Pérez, quien purgaba una pena por narcotráfico, y Juan Felipe Cano se conocieron en una cárcel. Cuando salieron los veían juntos en el municipio de Venecia alquilando fincas, haciendo fiestas ostentosas y exhibiendo grandes cantidades de dinero. Así quedó consignado en una sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro.

La amistad se dañó un día de marzo de 2002 cuando, luego de una de sus acostumbradas fiestas, Pérez señaló a Cano de robarle unas pertenencias en una finca. El hombre, que se hizo millonario de repente, llamó a Las Garzas para recuperar sus cosas. Tres integrantes de esta organización se dieron a la búsqueda y encontraron a Cano junto a los elementos robados. 

Con revólveres en sus manos persiguieron a Cano y le hicieron varios disparos. El hombre alcanzó a huir, pero le tocó tirarse por un barranco, y quedó herido. Así logró llegar a la casa donde vivía junto a su familia.

“Para el caso ocurrido con Cano, demostraron plenamente (los integrantes de Las Garzas)  su actitud agresiva, debiendo optar en dicho momento por informar a las autoridades de inmediato de todo lo percibido y escuchado, mas nunca arrancar en persecución del sujeto, y mucho menos, disparar, sea en señal de advertencia o directamente contra su humanidad”, advirtió el juez que estudió el caso.

El 18 de mayo de 2002 un grupo de hombres armados llegó a una finca en la vereda El Limón, de Venecia (Antioquia). Cano, acompañado de su familia, se estaba recuperando de sus heridas. Tras varios minutos de discusión entre los intrusos y los familiares, el joven salió de su habitación. De inmediato le dispararon varias veces y una bala lo impactó en la cabeza. Murió en el lugar. 

La familia y la Fiscalía señalaron que miembros de Las Garzas habían perpetrado el homicidio. Sin embargo, un juez no encontró probado los señalamientos con respecto al asesinato y absolvió a cuatro acusados. 

Varias autoridades señalan los crímenes de Las Garzas

El caso de Cano es uno de los retratos del accionar de Las Garzas, pero hay más hechos comprometedores. VORÁGINE accedió al acta de una reunión que se adelantó en junio de 2002 (un mes después del asesinato del joven) en el Batallón Número 4 de Ingenieros del Ejército. En el encuentro dos oficiales de la Policía le hicieron llamados de atención a los integrantes de esa organización. El documento reseña que el capitán Orlando Vicente Dávila “habla de que ha habido quejas de la comunidad la cual se los asocia como ‘paramilitares’ por algunas de sus actuaciones”.

Luego, habló el coronel Luis Alberto Moore: “Manifiesta que esta asociación no debe actuar operativamente ya que para esto están las fuerzas del Estado, sino como canal oportuno de comunicación y de alerta ante la ocurrencia de algún hecho”. Cuando “Don Pacho” fue extraditado aseguró que Moore cobraba coimas por dejar transportar alijos de cocaína por las carreteras de Antioquia. 

En la misma acta quedó consignado que las autoridades presentes les hicieron varios llamados a los integrantes de Las Garzas: “Ante las quejas de la comunidad en las cuales son asociados con grupos de autodefensa deben corregir cualquier actuación de sus miembros en contra de la comunidad”. No existe registro de que los policías y militares hayan pedido investigaciones por posibles violaciones a los derechos humanos. Y hay indicios de que estos delitos sí ocurrieron.  

En una reunión adelantada menos de dos meses después, en agosto de 2002, los señalamientos fueron más explícitos. La alcaldesa de Fredonia, Martha Ligia Pareja, advirtió de hechos graves que rodeaban a los integrantes de la organización: “Manifiesta la alcaldesa que en hechos recientes el señor Hernan Grisales, operador de Las Garzas, lo hirieron en un enfrentamiento en el municipio de Angelópolis, la gente le tiene miedo. Manifiesta además que en varias veredas municipales ha habido muertos que se les han atribuido a este servicio especial, probablemente en razón de una supuesta limpieza del municipio. Igualmente se dice que han extendido su radio de acción hasta el municipio de Amagá (Antioquia)”.

En ese encuentro, el coronel de la Policía Roque Ángel Lara también señaló presuntos delitos: “manifiesta que no es clara la relación de las Garzas con desmovilizados del Bloque Bolívar, dicen que están generando cobros por autogestión sobre todo en el municipio de Venecia, y se presume que hay asociación con grupos paramilitares”. Por eso, acordaron que interviniera la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. “Sería necesario dejar claras las fronteras entre los servicios especiales legales y los grupos ilegales”, se lee en el acta. 

La Superintendencia de Vigilancia formuló cargos contra Las Garzas, entre otras cosas, por exceder el límite territorial para el cual habían sido autorizadas sus labores. El entonces director de la organización, Jairo Loaiza Flórez, dirigió una carta, el 23 de mayo de 2003, a la entidad negando todas las acusaciones y señaló: “Es de anotar que uno de nuestros asociados y gestor es el Doctor Santiago Uribe Vélez, hermano de nuestro Señor Presidente de la República, el cual posee una finca en el Municipio de Concordia”. Contactamos por Signal y Whatsapp al hacendado y al expresidente para conocer sus versiones sobre lo expuesto en este reportaje, pero no obtuvimos respuesta. La organización operó varios años más.

Violencia sexual y el fin de Las Garzas

El 19 de febrero de 2006 una menor de edad, a quien protegemos su identidad, denunció que fue violada por tres hombres en una finca de Amagá. La niña le contó a la Policía lo sucedido y los uniformados reportaron la captura de Ángel Omar Aparicio, integrante de Las Garzas que portaba un arma con salvoconducto de la misma organización.

Ese fue el inicio del horror para la niña y su familia. El 23 de marzo de 2006, una mujer que se identificó como “La Mona” llamó a la mamá de la menor de edad y le ofreció un millón de pesos para que retiraran la denuncia. Pactaron una cita para la que estaba advertida la Policía, pero la persona que ofreció el soborno nunca llegó. 

El acoso no se detuvo ahí. El 7 de marzo de 2006 unos hombres secuestraron a la niña durante nueve horas, los captores la amarraron y la amenazaron con matar a su familia si ella no retiraba la denuncia. Tras ese hecho, los familiares de la menor de edad decidieron huir junto con ella a Medellín. 

En la ciudad, la Fiscalía llamó a la niña para que identificara a sus violadores. Ella los reconoció y, además, dijo que afuera de la entidad se encontraba parqueada una camioneta que había visto cuando la tuvieron secuestrada. Era el vehículo donde se movilizaban los integrantes de Las Garzas.

La Policía de Amagá también denunció que la fiscal local que conoció el caso de violación podía ser presionada por los hombres de Las Garzas. En un oficio de la Procuraduría se lee: “Informan los integrantes de la Policía Judicial que la citada asociación, sin contar con permiso para laborar en el municipio de Amagá, cuenta en esa municipalidad con tres puestos de vigilancia fijos, y que además han creado en la población de la región temor por sus actuaciones”. 

Ese hecho llevó, por fin, a la desaparición de la Convivir Las Garzas, una organización que impuso el terror a miles de personas teniendo entre sus asociados a Santiago Uribe, los hermanos Gallón, narcotraficantes y reconocidos empresarios.

Adonde la justicia no llega

La justicia no ha terminado de investigar los vínculos entre Las Garzas y los crímenes que cometió el Frente Suroeste de los paramilitares, pero hay algunos indicios. Por ejemplo, El Tribunal Superior de Medellín, en 2019, reveló la importancia de las Convivir en ese sector: “Como en las demás regiones donde fueron constituidas, contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos de los municipios y se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares. Según la Fiscalía, cuando el grupo paramilitar (Frente Suroeste) ingresó a la subregión, empezó a operar de manera conjunta con algunos miembros de las cooperativas de vigilancia privada, en una especie de división del trabajo donde ‘los integrantes de las Convivir hacían la labor de inteligencia en el área urbana —hacer seguimientos, buscar casas de vicio ‘ollas’, ubicar milicianos o subversivos—, entregando estos datos al comandante paramilitar’”.

El asunto es crucial porque involucra a decenas de personas asesinadas. La alcaldesa de Fredonia habló en la reunión de 2002 de una “limpieza” que se le atribuía a Las Garzas. El portal Verdad Abierta reveló una cifra que da cuenta de la dimensión de ese fenómeno criminal perpetrado por paramilitares y convivires en el suroeste antioqueño: “Según la documentación de la Fiscalía, por cuenta de esta ‘limpieza social’, 504 personas fueron asesinadas en solo tres pueblos entre 2000 y 2004: Angelópolis, Titiribí y Amagá”.

La mal llamada “limpieza social” es una práctica de grupos de asesinos que seleccionan a sus víctimas con base en sus prejuicios. Las personas son perseguidas por tener orientaciones sexuales diversas, confrontar a las estructuras criminales y, en algunos casos, son señaladas de consumir sustancias psicoactivas y de robar. No existe derecho a la defensa ni un juicio justo.

Una sentencia del Tribunal Superior de Medellín da cuenta de que excusados en la “limpieza social”, los integrantes del Frente Suroeste persiguieron organizaciones sociales y dirigentes populares de esa región. “Sus acciones estuvieron dirigidas contra las personas que se opusieran o no acataran las reglas impuestas por ellos o censuraran o denunciaran sus actividades delictivas, pues con ello ponían en riesgo su dominio y control sobre la población”, se lee en la decisión de 2019.

VORÁGINE contactó por aparte a dos personas que han estudiado el paramilitarismo en Antioquia. Ambas pidieron que protegieramos su identidad, una por temor a represalias violentas y la otra por el cargo que tiene actualmente. Coincidieron en decir que el accionar del paramilitarismo en el suroeste no se ha estudiado a fondo porque estuvieron involucradas personas muy poderosas. 

En 2020 un fiscal se inhibió de investigar a Santiago Uribe por su presunta financiación del Frente Suroeste de los paramilitares. Le enviamos un mensaje por Whatsapp al funcionario para saber si en su decisión tuvo en cuenta lo relacionado con Las Garzas. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Sobre ‘Los 12 Apóstoles’ al hacendado le queda una instancia por surtir: la casación en la Corte Suprema.

Las familias de cientos de muertos, desplazados y víctimas de otros crímenes siguen esperando justicia por el accionar de Las Garzas. Las heridas todavía están abiertas con el agravante de que la verdad no ha llegado para darles respuestas.

Si tiene más información sobre este u otros temas, por favor, escribanos a info@voragine.co

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