La lucha de mujeres migrantes para ser atendidas en hospitales en Colombia 

Entre las decisiones más difíciles que debe tomar un migrante, después de asumir que va a dejar su país, puede estar la de qué llevar en ese trayecto que no promete retorno. Más de 1.300 kilómetros iba a atravesar Abir Nasserdine desde Isla Margarita (Venezuela) hasta Bogotá (Colombia), junto a su esposo y sus dos hijos pequeños. 

Le pregunté cómo se empaca una vida en una maleta. Qué se escoge. Qué se deja por fuera. Ella no titubeó: “Lo primero que empaqué fue mi máquina de hacer repostería. Tengo una batidora profesional. Fue lo único que traje de allá porque ni siquiera los utensilios. Bueno, y algo de ropa”. 

La migración, en su caso, no era solo movimiento; era despojo. Un inventario de renuncias donde se quedaban sueños, metas trazadas a pulso, la idea de hogar. Como ella, casi 8 millones de venezolanos han abandonado su territorio en la última década, de los cuales 2,8 millones están en Colombia, el país que acoge al mayor número de venezolanos en el mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 

Antes de salir, en octubre de 2023, Abir y su esposo comenzaron a desprenderse de sus cosas. Vendieron lo que pudieron y regalaron lo que nadie quiso comprar. El juego de sala se quedó sin dueño, los recuerdos de cuando eran pequeños terminaron apilados en la casa de su hermano, y la colección de peluches de Abir —prueba de una infancia feliz— quedó guardada sin fecha de regreso. “Tocó soltar muchas cosas. Era nuestro futuro o seguir viviendo arraigados a un presente que no nos gustaba; estábamos incómodos”, dice.

Abir había sido maestra. Se licenció en educación, dio clases en Isla Margarita, luego dejó el aula por su segundo embarazo. Más tarde probó con la repostería y llegó a tener un pequeño supermercado. Justo antes del viaje trabajaba en el área de servicio al cliente de una academia panameña; su esposo era docente allí. Entre los dos sumaban 500 dólares mensuales, un ingreso que sobrepasaba el promedio venezolano, pero no les alcanzaba.

El menú diario era una repetición de carbohidratos: pasta, arepa, arroz, otra vez pasta. La proteína se volvió una rareza. Un kilo de pollo para todo el mes costaba 7 dólares (casi 27 mil pesos colombianos). Hoy, le cuenta su madre, cuesta el doble. Aun así, esa no fue la razón definitiva para irse.

Tres años antes, su familia había sufrido un asalto. Hombres armados entraron a la casa de su abuela, los amenazaron, les quitaron lo que pudieron. Después de eso, la inseguridad dejó de ser una estadística ajena y se volvió un ruido constante.

El punto de quiebre fue la educación de sus hijos. Desde 2019, recuerda, el nivel empezó a deteriorarse: boletines que prometían aprendizajes que no correspondían a lo que realmente pasaba en el aula. “Entonces es cuando nosotros vemos, cónchale, ¿qué le estamos ofreciendo a los niños? ¿Qué futuro ellos van a exigir aquí si no existe?”.

Mientras tanto, la isla que la vio crecer, considerada la “perla del Caribe de Venezuela”, también se apagaba. Los turistas dejaron de llegar uno tras otro: primero los rusos, más tarde los franceses, luego los latinos. La inseguridad espantó a los pocos que quedaban y la pandemia terminó de cerrar el flujo aéreo. La brisa marina empezó a comerse las fachadas de los locales y, con ellas, el negocio familiar que alguna vez los sostuvo.

En ese paisaje sin muchas salidas, la decisión se volvió inevitable. En abril empezaron a reunir documentos y a preguntar a amigos que ya estaban en Colombia. Seis meses después emprendieron el viaje: ella con el pasaporte vencido, una batidora envuelta como si fuera un talismán, algunas mudas de ropa, sus dos hijos mayores y su esposo. 

Pero el país del que habían oído hablar no era el que encontraron. Migración Colombia había disminuido la emisión del Permiso por Protección Temporal (PPT), “un mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación” que autoriza a los migrantes a permanecer en el país por un tiempo específico, y eso les cerró muchas puertas. Sin el PPT no les arriendan a extranjeros con hijos, les repetían. Y menos sin un fiador con finca raíz en Colombia.

Una estudiante del esposo terminó ofreciéndoles su garaje en Soacha. El trato era simple: ellos pagaban los servicios. En ese espacio pequeño improvisaron un hogar: un colchón matrimonial para ella y uno de sus hijos, uno individual para el otro hijo y su esposo durmiendo en el piso durante meses. 

Aun así, la sensación de ajenidad persistía. Usaban la cocina prestada, compartían la nevera, pero a veces escondían la comida para evitar que desapareciera. Lo bueno, me dijo Abir, es que las frutas y la proteína volvieron a la rutina, como un recordatorio de que, incluso entre ajustes y estrecheces, el cuerpo empezaba a respirar distinto.

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La salvación

Mientras hablamos Abir está sentada en la sala de su casa amamantando a Daniel, su hijo de seis meses nacido en Colombia, con su hija de seis años a un lado. Es isleña pero su piel es muy blanca, lleva el pelo largo con tonos cobrizos y cada tanto luce una media sonrisa, amable y maternal. Afuera se cuelan los sonidos de los carros, las bocinas, los vendedores ambulantes y el comercio; un ruido muy distinto al del mar de Isla Margarita. En ese mismo espacio, en diciembre de 2024, recibió la noticia de su embarazo. Y allí también el sistema le recordó que no había nacido en este país y, por un tiempo, le hizo creer que por esa falsa justificación no podía tener acceso a los mismos derechos, incluido el de la salud.

Como cuando llegaron a Colombia no lograron acceder al PPT eso los dejó, a ella y a su esposo, fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Solo sus tres hijos quedaron cubiertos. Una barrera administrativa que reconoce Liliana Andrade, coordinadora nacional del Proyecto PAISS, diseñado en 2020 para fortalecer la atención integral en salud de la población migrante y de acogida en 27 departamentos del país: “Estuvieron abiertos los canales de afiliación por un tiempo y se cerraron. Esto genera exclusión de la atención, pues afecta de manera muy particular a mujeres embarazadas, a niñas, niños y adolescentes y sobre todo a pacientes crónicos”. 

Abir, acostumbrada a convivir con el síndrome de ovario poliquístico, le restó importancia al retraso menstrual. Pero el tiempo pasó y la evidencia se impuso. Buscó un ginecólogo en Google Maps y encontró uno en Soacha; al llegar, la dirección correspondía a una veterinaria. Tuvo que hacerse una prueba de farmacia que confirmó sus sospechas. Después pudo hacerse una ecografía: tenía tres meses de embarazo. 

Al poco tiempo empezó a sentir un dolor de muela que se volvió insoportable. Sabía que, sin afiliación, sólo la atenderían si llegaba al hospital con algo que se entendiera como una urgencia. “Una urgencia de muerte”, dice ella. La sentencia T-259 de 2025 de la Corte Constitucional reafirma: “todos los extranjeros, incluidos aquellos que no han definido su estatus migratorio y no están afiliados al sistema de salud, son titulares de los derechos a la salud y a la vida digna”. Eso implica, entre otras cosas, que “tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias” y que “no es legítimo imponer barreras para negar su acceso”. Sin embargo, en una IPS le cerraron la puerta porque estaba embarazada. Y no quería repetir la experiencia en el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, donde meses atrás su hija había pasado una jornada entera por una cortada infectada en un dedo. Entraron en la mañana y, ya entrada la noche, seguían esperando el alta por trámites internos. 

“Llegué y les dije: ‘¿Cómo es posible que van a tener una menor de edad sin agua y sin comida? Eso es algo inhumano’. Saqué la mamá leona”, cuenta. Fue suficiente para que, minutos después, les entregaran la salida. 

Aun así, terminó regresando al Mario Gaitán Yanguas, el único lugar cercano con atención para gestantes, pues según Liliana Andrade, Colombia también tiene un sistema de salud insuficiente para la magnitud de la población de acogida. Iba con la expectativa de repetir un mal rato, pero se encontró con algo distinto: el proyecto PAISS, que además de afiliar a los migrantes al sistema y de brindarles atención de manera gratuita, ha consolidado 14 redes comunitarias de salud, en su mayoría lideradas por mujeres, en 6 departamentos de Colombia. En el hospital, Abir tuvo controles prenatales, una cesárea asistida y el manejo médico de la preeclampsia que le diagnosticaron. Y allí también nació su hijo Daniel, sano, así como otros 7.500 bebés que han nacido gracias al apoyo de PAISS, según afirma  Andrade, vocera del proyecto. 

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Las dos caras de la regularización 

Mariana Hernández decidió comenzar por el álbum fotográfico cuando empacó la maleta antes de partir desde Cabimas, estado Zulia, en 2018. En la primera página estaba la foto de su hermano, asesinado un año antes en un atraco en Venezuela. Cerró la maleta de madrugada. A las tres, cuando aún no amanecía, salió con sus dos hijos, de seis y cinco años. Sabía que la esperaban 529 kilómetros hasta Barranquilla, donde ya vivían su esposo y sus dos hijas mayores. La frontera estaba cerrada, así que avanzó hacia las trochas de La Guajira, un camino que, en ese tiempo, parecía la única salida.

El menor iba enfermo. En Cabimas ya no encontraba medicamentos ni atención médica suficiente, y por eso había tomado la decisión de migrar. El viaje en bus avanzó entre paradas improvisadas, bolsas con comida que no duraban mucho y el peso del calor. Cuando se encontró con autoridades colombianas en La Guajira, no querían dejarla ingresar. Mariana se acercó a un policía con sus dos hijos a los lados. “Por favor, déjame pasar, allá están mi esposo y mis hijas. Me están esperando en Barranquilla”, suplicó como quien sabe que de eso depende su vida. 

Había pagado 45 dólares (aproximadamente 135 mil pesos colombianos de ese momento) para llegar hasta allí y solo tenía el dinero justo para completar el trayecto. No había opción de devolverse. El policía le ordenó regresar. Mariana lloró, insistió, volvió a suplicar mientras los niños se aferraban a ella. Finalmente, algo pasó, “Diosito le tocó el corazón” dice, y le permitieron entrar. 

El comienzo no fue más fácil. Su hijo menor no recibió atención médica al llegar y tuvo que recurrir a los medicamentos que había traído desde Venezuela. Dos meses después, los dos niños tuvieron varicela. Uno de ellos casi convulsiona por la fiebre, y solo entonces lograron que lo atendieran en un centro de salud.

Tampoco hubo empleo al principio. Mariana tomó una carretilla junto a su esposo y pasaron días enteros caminando las calles calientes de Barranquilla, trabajando como recicladores. Con el tiempo buscó otros caminos y empezó a vincularse a procesos de liderazgo en la comunidad Isla Loma, donde vive. Casi 20.000 migrantes como ella han sido ayudados por PAISS desde la pandemia por covid-19. 

La regularización llegó en 2021. Ese año, el Gobierno puso en marcha el Permiso por Protección Temporal a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Con el PPT ellos podían afiliarse al sistema de salud más allá de las urgencias, acceder a un empleo formal, convalidar estudios, abrir productos bancarios. Mariana y su familia quedaron incluidos. Ella lo describe como una salvación. Esa que solo tiene el 5,2 % de casi el millón y medio de mujeres migrantes que había en Colombia a noviembre de 2024, según Migración Colombia. 

Mariana también habla de quienes no alcanzaron a obtenerlo. “Es bastante doloroso ver que hay venezolanos que no creyeron en el proceso y hoy en día no están regularizados. No pueden ser atendidos en el sistema de salud a menos que sea una emergencia o un accidente, pero si es una consulta médica general se la niegan”, cuenta, sin saber que está describiendo una situación muy parecida a la que vivió Abir unos meses atrás. 

El informe ‘Violencias basadas en género: Afectaciones a las mujeres migrantes y refugiadas’, de Migración Colombia, reconoce que las mujeres migrantes sufren riesgos puntuales como estereotipos estructurales, brechas de género en múltiples escenarios de convivencia, lógicas patriarcales y machistas, entre otros. 

Abir, después de dar a luz con el apoyo del proyecto PAISS, sigue chocando con la misma frontera: solo la atienden si se trata de una urgencia. Conseguir el PPT se ha vuelto más difícil y, durante seis meses, lo único que pudieron obtener fue un salvoconducto de refugio (conocido como SC-2). Una autorización provisional de permanencia que otorga Migración Colombia mientras decide si concede o no la condición de refugiado. 

En PAISS ambas han encontrado un red de apoyo que identifica barreras, promueve el autocuidado y la protección de derechos y teje puentes entre las instituciones y la ciudadanía; lo mismo que otras 5.600 personas que hacen parte de las redes comunitarias del proyecto. Mariana, ya asentada, acompaña a quienes llegan a su comunidad en Barranquilla. Abir participa en el programa de liderazgo: allí, junto a otras mujeres, ha aprendido rutas posibles para subsistir, acceder a información y buscar una estancia regular. En ese vaivén de experiencias, las dos sostienen, desde lugares distintos, ese tránsito complejo de reconstruir la vida en un país nuevo.

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Los derechos que no viajan

Además de dejar atrás un país, ser migrante implica habitar otro donde, a veces, la sensación es que la protección de ciertos derechos se mueve de lugar, como si dependieran de quién los reclama. Mariana lo sintió apenas llegó a Barranquilla. Una frase lanzada al aire —“ya vino a joder el venezolano”— le marcó el recibimiento. Desde entonces, su trabajo comunitario ha buscado abrir conversaciones y desmontar tensiones, aunque incluso en los espacios educativos esa fricción aparece.

Recuerda una escena en particular: el pasillo del colegio, el recreo terminando, los niños entrando al salón. Su hijo menor le contó que la profesora lo había empujado y lo había puesto contra la pared. Mariana fue al colegio y la confrontó. “Casi me voy a la mano con la seño”, relata. Terminó cambiando a su hijo de institución. La xenofobia también la ha sentido en los oídos sordos de muchas autoridades que, cuenta, no les daban importancia a las denuncias de los venezolanos. 

Abir también ha escuchado esos comentarios, a veces en trayectos cortos en bus o en estaciones de transporte. “Qué es ese venezolano”, “veneco de mierda”, “regrésense a su país”, recuerda. Incluso lo vivieron sus hijos, que recibieron burlas por su forma de hablar. Su hijo, en un momento, ya no quería regresar a la escuela. Abir habló con la profesora y la situación no volvió a presentarse.

“El estigma y la discriminación vienen de todos lados, desde salud, educación, trabajo, y la misma población de acogida. Falta por avanzar, pero también hay mucho construido en ese sentido”, puntualiza Liliana Andrade. 

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De la maleta de Abir quedaron por fuera las fotografías de la infancia de sus dos primeros hijos, las de su matrimonio, los juguetes que llenaban la casa y la ropa que nunca heredaría el bebé que nació en Colombia. A veces evita leer noticias sobre Venezuela para no abrir del todo ese hilo que la conecta con lo que dejó atrás: la voz de su madre contando que come fríjoles y arroz casi todos los días, las estanterías llenas que no significan nada cuando el dinero alcanza apenas para lo básico. El país donde vivió más de treinta años se volvió una memoria que duele. Tanto así que se enteró por mí de que María Corina Machado había ganado el Nobel de Paz 2025.

“Yo conocí una Venezuela diferente, donde tenía todo, todo por parte de mi familia. Ahorita no es la misma, no es la misma donde yo crecí”, dice. Suspira cuando menciona las navidades con hallacas o comida árabe, pero la respuesta surge firme cuando le pregunto si volvería: “no”. Lo dice como quien sabe que hay lugares que ya no existen, aunque uno los siga buscando. En su cocina, sobre una estantería, descansa la batidora profesional que viajó con ella desde Isla Margarita.

Esa misma firmeza aparece en Mariana Hernández. No ha regresado desde aquella madrugada en la que salió con la foto de su hermano guardada como un talismán. A veces imagina el reencuentro con su madre, pero también mira lo que ha construido: su voz en la comunidad, el trabajo con otros migrantes, la posibilidad de sostener un camino propio.

* Esta historia fue posible gracias a la financiación de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proyecto PAISS, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social.