Todo en la vida tiene precio: el macabro y millonario negocio del EGC en Chocó

¿Cuánto vale transitar una carretera o cortar un árbol? ¿Cuánto vale contar un chisme o pasarse de tragos? ¿Cuánto valen los sueños de un migrante o la virginidad de una niña? En Chocó, el departamento más pobre de Colombia, todo tiene precio. El que lo fija y lo cobra es el Ejército Gaitanista de Colombia, que sin ser el dueño de nada, se apoderó de todo. La sentencia es inevitable: pagar o morir. 

El río Atrato es uno de los más caudalosos del país. Atraviesa, de sur a norte, gran parte del Chocó. Nace en el cerro El Plateado, sobre los Andes, pronto pasa por Quibdó, la capital, y zigzaguea luego por la selva espesa, magnífica, hasta el golfo de Urabá, donde encuentra su desembocadura en el mar Caribe. Alrededor suyo, en su cuenca, abunda la riqueza y la vida: oro, plata, especies de árboles diversas en un territorio habitado por decenas de comunidades, en su mayoría afros e indígenas, con tradiciones culturales únicas.

Hoy, la cuenca del Atrato está sometida. El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, controla esas riquezas materiales y la vida de los pobladores. Desde su subsistencia, pues impone extorsiones a todas las actividades económicas, hasta la esfera íntima, porque se atreve a dictar normas y castigos sobre el comportamiento, las relaciones y hasta la sexualidad de los habitantes. La evidencia de todo este abuso acaba de ser revelada en un extenso informe titulado, “EGC en el Chocó: Violencia, poder y miedo”, elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), que reúne testimonios, estadísticas, datos y trabajo de campo.  

Lea y descargue el informe del Cinep/PPP en este link.

La situación retratada deriva en una advertencia grave: “Si el EGC continúa aumentando su control en el territorio, se corre el riesgo inminente de que se destruya por completo la cultura de los pueblos negros e indígenas en los municipios de la cuenca del río Atrato”. 

Una máquina de hacer dinero

El EGC es una máquina criminal compleja y estructurada, que se ha depurado y ha evolucionado durante dos décadas, nutriéndose de la experiencia de distintos actores armados, para ser cada vez más rentable. “Esta estructura parece recoger el objetivo expansionista de los grupos paramilitares, con un nivel de disciplina propio de los grupos guerrilleros y la operación precisa de una empresa multinacional”, explica el informe. 

Chocó es uno de sus focos más rentables. A través de dos bloques, el Juan de Dios Úsuga y el Jairo de Jesús Durango, tienen desplegados alrededor de 3.000 integrantes, enfocados en captar las rentas de la minería ilegal, el tráfico de migrantes, el narcotráfico y el tráfico de las especies naturales de la selva. Además, han establecido una serie de “impuestos” sobre el comportamiento de las comunidades, de las que también se lucran. Como resultado, dice el documento del Cinep, se estima que tienen ganancias anuales de 4.400 millones de dólares, lo que equivale al total de las exportaciones de Colombia durante un mes a todo el mundo, y que hacen de esta región un enclave fundamental para las finanzas de este grupo ilegal a nivel nacional.

En el tráfico de migrantes encontraron una de las actividades más lucrativas. El grupo aprovechó el control territorial que ya ejercían sobre el Urabá y el norte del departamento, para convertir la crisis humanitaria en su bonanza. Se estima que más de un millón de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, haitianos, colombianos o asiáticos, cruzaron el Darién, con rumbo a Estados Unidos, entre 2022 y 2024. El EGC, que controla las rutas de paso, cobra a cada uno entre 125 y 175 dólares. El informe calcula que en ese periodo, el grupo criminal pudo haber obtenido 175 millones de dólares -alrededor de 700.000 millones de pesos-.

Además de lucrarse por el paso, el EGC controla los negocios alrededor de los migrantes. Cobra comisiones sobre los utensilios que les venden, los enseres o el calzado necesarios para enfrentar la selva del Darién. También les exige un pago a los mochileros, como se les conoce a las personas que ayudan a cargar maletas, bebés y hasta ancianos por la ruta. “Cada migrante que se mueve por ahí tiene que llevar su billete, porque si no, no avanza”, dice una lideresa de la región. 

En Chocó, el EGC encontró una nueva renta, muy lucrativa, en la instrumentalización de los migrantes. Pero eso no implica que hayan descuidado los negocios ilegales convencionales de este tipo de estructuras. De hecho, en los años recientes, ha impulsado la expansión del narcotráfico en un departamento que, por sus salidas al mar Caribe y al océano Pacífico, es un punto clave en el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. 

El caso de Riosucio ilustra esa expansión. En 2020, ese municipio solo tenía 156 hectáreas sembradas con coca. Tres años después, según la última medición del SIMCI, tenía 1.646. El EGC controla totalmente la producción de la hoja de coca. Se encargan de proveerles a los campesinos las semillas o los implantes de la mata, y dan instrucciones precisas sobre dónde y cómo debe comerciarse. Cada frente de los dos bloques del EGC presentes tiene asignados unos vendedores, y si un campesino negocia su producción con otro, es asesinado. 

Al departamento llegan emisarios de organizaciones criminales internacionales, especialmente de carteles mexicanos, que compran el producto y se encargan de transportarlo. El EGC vende cada kilo de cocaína hasta en 1.500 dólares, es decir, alrededor de 6 millones de pesos. 

En medio de esa dinámica de expansión de la coca se puso en riesgo la propiedad de las tierras colectivas por parte de los pobladores. “Con la misma siembra de cultivos de uso ilícito ellos llegan a arrendar unos terrenos. Usted tiene sus terrenos, y yo digo: bueno, si tú no vas a sembrar, arriéndame diez hectáreas y yo te pago. En la comunidad hay un señor que le arrendó cuarenta hectáreas a un comandante. ¿Cuándo recupera el muchacho esa tierra? Nunca. Por eso yo le digo expropiación”, dice un líder. 

La otra gran renta del EGC es la minería ilegal. En Chocó hay explotación de minerales como oro, plata, platino, cobre y molibdeno. De hecho, en 2022, según cifras de Naciones Unidas, ese departamento era el mayor foco en el país de explotación de oro de aluvión, es decir, del que se extrae de los ríos y arroyos. Esa explotación ha contaminado con mercurio a especies de peces como el bagre, el bocachico, la doncella o la sardina, que son vitales en la alimentación de las comunidades. 

El EGC se aprovecha de la minería por dos vías. Por un lado, financia y administra la extracción de los minerales, proporcionando las máquinas, como dragas, retroexcavadoras y bombas que se usan en más de 20 afluentes principales del río Atrato. La otra vía es la imposición de una extorsión a los mineros, que se paga con dinero o con una parte del material extraído, que puede ser hasta del 20% del total. 

La extorsión en las actividades económicas no se reduce a la minería. El EGC le cobra a todo tipo de negocios y establecimientos comerciales en la región. A los transportadores les han impuesto peajes en las carreteras y también en los ríos. Allí les exigen cuotas de dinero por el tránsito y, de paso, llevan el registro de quién sale y quién entra al territorio. Los transportadores de productos agrícolas son de los más afectados, por ejemplo, en las rutas que van y vienen de las plantaciones de banano. A un camión sencillo le cobran alrededor de 100.000 pesos por cada tránsito, y a los de mayor capacidad les pueden exigir hasta 250.000 pesos. 

El departamento también pasa por una crisis de deforestación, que tiene que ver con la expansión de la minería, la ganadería y la explotación de madera. Según Global Forest Watch, en 10 de los 13 municipios que conforman la cuenca del Atrato, se perdieron 35.000 hectáreas de bosque primario y 73.000 de cobertura arbórea entre 2020 y 2023. Si se tiene en cuenta que el EGC cobra alrededor de 10 millones de pesos por una hectárea deforestada, las ganancias de estas extorsiones pueden ser descomunales.

Todo tiene precio

Para llegar a ese absoluto nivel de dominio sobre las rentas de la cuenca del Atrato, el EGC desplegó un asfixiante control sobre la población civil. El grupo criminal ha establecido castigos para las personas que considera “chismosas, sapas, infieles o viciosas”, explica el Cinep. Pero también establece sanciones por orientaciones sexuales o de género o a quienes, simplemente, se atreven a expresar sus pensamientos o su forma de ser con libertad. 

Llevados de su juicio, los comandantes del grupo imponen multas de comportamiento que van desde los 250.000 hasta un millón de pesos. Cuando una persona no puede pagar, se le obliga a trabajos forzados, como cortar pasto, cargar arena, limpiar calles o plazas o trabajar en cultivos. También se han registrado casos en los que exigen pagos sexuales, es decir, donde se perpetran abusos. A las mujeres las obligan a portar públicamente letreros con adjetivos como “bruja”, “quitamaridos”, “chismosa”. 

La última instancia de este tipo de condenas arbitrarias son los asesinatos y las desapariciones. “Si la falta no es muy grave o es por primera vez o la persona no es problemática dentro de la comunidad y cometió la falta, lo pueden castigar con días de trabajo comunitario. (…) Ya se han visto varias familias que, ellos dicen, no pueden estar en la comunidad”, cuenta una lideresa.

El hostigamiento sexual está esparcido por toda la región. Los miembros del grupo, a través del dinero o del poder de su violencia, obligan a las mujeres a estar con ellos. Una persona de una las comunidades relata que “las mujeres indígenas van a los ríos a lavar, entonces ellos llegan a violar su intimidad y de ahí viene que ellos raptan y obligan a la mujer que les gusta, y la mujer que va contra su voluntad la están es violando, y después tiene que convivir con el comandante o el paramilitar”. 

Según el informe, el alcance de la violencia sexual llega al punto de que pagan hasta cinco millones de pesos por abusar de niñas y adolescentes “vírgenes”. “En Unguía hubo un comandante que llegó a tener 60, 65 niñas de todas las veredas y corregimientos. Las veía cada seis meses. Empezó a hacer casas, como un condominio. A las niñas las metía ahí. Esas niñas eran vigiladas, no podían salir del territorio. Todo lo que necesitaban se lo llevaban. Si querían estudiar igual se tenían que quedar allá, porque eran propiedad de él”, cuenta una lideresa. 

El nivel de control sobre la vida se filtra también en el escenario político. Cualquier aspirante a una alcaldía, por ejemplo, tiene que presentarse ante el grupo y llegar a acuerdos con sus integrantes, para que le permitan lanzar su candidatura. El EGC no suele hacer proselitismo por ningún candidato, lo que da una apariencia de libertad en las elecciones, pero soterradamente ejerce el control de esos puestos. “Todas las personas que van a aspirar tienen que llegar de ellos. (…) A nosotros nunca nos dijeron ‘voten por fulano’, no. Lo único es que ya se habían sentado con tal candidato a hablar de su proceso”, dice una persona de la región. 

El EGC puede ejercer todo este control porque no hay quién dispute su soberanía. Con el ELN sostiene choques en el sur del departamento, pero en la cuenca del Atrato ya ostenta un dominio armado total. En Quibdó, donde operan otras bandas criminales más pequeñas como los Zetas o los Mexicanos, el EGC ha venido ganando terreno, justamente porque controla los ríos que son la entrada a la capital. Allí tendría alrededor de 100 integrantes. 

Según el informe del Cinep, las autoridades tampoco ejercen mucha resistencia. La ONU recomienda que, por cada 100.000 habitantes, debe haber 300 policías. En 11 de los 12 municipios de la cuenca, el pie de fuerza está por debajo de esa tasa. En Riosucio, por ejemplo, solo hay 13 para 62.000 habitantes. 

Las cifras de capturas también son mínimas. Entre 2022 y 2024 se registraron 31 detenciones en flagrancia en Quibdó, Riosucio y El Carmen del Darien, tres municipios que suman más de 200.000 habitantes. De esas, solo 19 estarían asociadas a los delitos relacionados con el actuar de un grupo criminal. “Resultan preocupantes las bajas cifras presentadas por los departamentos de Policía, frente a la fuerte presencia y control que ejerce el actor en el territorio”, dice el Cinep. 

El resultado de este escenario es una población doblegada y comunidades oprimidas. El departamento registra la mayoría de casos (el 79%) de confinamiento del país. Miles de habitantes no pueden salir de sus casas a conseguir su sustento, incluso a conseguir medicinas, lo que agrava la situación de pobreza, de por sí ya crítica, del departamento. “A veces la población aguanta hambre, hay momentos en que los niños llegan a tener problemas de desnutrición porque no se puede recoger su siembra, no pueden hacer su trabajo del campo. Y cuando están en confinamiento ellos empiezan a llegar permanentemente y mostrando la plata. Que vaya y siembre coca o vaya a cargar tal cosa”, cuenta un poblador.

Los jóvenes están acorralados, con las esperanzas rotas. Así se vuelven presa fácil del reclutamiento. Esto se evidencia en la alta tasa de deserción escolar y en las preocupantes cifras de suicidios, especialmente entre los indígenas. En la región, dice el informe, se han reportado alrededor de 100 casos recientes. “Hemos analizado que la razón es la violencia, el confinamiento y el reclutamiento (…) No pueden hacer sus actividades, caminar en su parcela, no tienen ese espacio. Hay jóvenes que han ingresado (a los grupos armados) y las autoridades los han sacado, y esa persona ya no es normal, siempre va a tener esa secuela en su mente y por eso no se siente esa libertad, siempre va a pensar en cuándo va a venir ese grupo a asesinarlo”, dice un líder. 

El diagnóstico del Cinep es demoledor y cierra con un llamado perentorio: “Estamos presenciando lo que podría ser un proceso de etnocidio, a menos de que se adopten medidas concretas y efectivas para frenar esta expansión, que resulten del diálogo en curso con el Gobierno de Gustavo Petro, del desmantelamiento de las estructuras del EGC o de otras alternativas políticas. Es urgente actuar para evitar la destrucción irreversible de las comunidades y sus territorios”.