El Estado colombiano sigue en deuda con el pueblo U’wa

En las tardes, el calor en Cubará, Boyacá, se vuelve espeso. La corriente de aire húmedo que baja desde la selva del Sarare se pega a la piel. El polvo de las calles destapadas queda suspendido en el ambiente cada vez que pasa una moto o una camioneta, mientras el sol cae con fuerza sobre los techos y las fachadas bajas del pueblo. A esa hora, las montañas parecen cerrar el horizonte y el pueblo queda suspendido bajo un calor que alcanza los 30°C.

Lejos de Bogotá y de las oficinas centrales del Estado, Juan Gabriel Jerez y Daris Christancho, representantes de la Asociación de Autoridades Tradicionales U’wa (ASOU’WA), se conectan a una reunión virtual con funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es 25 de marzo de 2026 y son las tres de la tarde. Ha pasado un año y siete meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por no haber velado por los derechos de la Nación U’wa y ordenó, entre otras medidas, un acto público de reconocimiento y perdón. Un año y medio después, el Gobierno Nacional apenas comienza a definir cómo cumplir esta última, una de las reparaciones más básicas. Durante el encuentro, asegura Juan Gabriel, solo ellos y uno de los funcionarios habilitan sus cámaras; de los demás, apenas conocen sus nombres y escuchan sus voces. 

Sentados frente al computador y escapando del calor dentro de la oficina de ASOU’WA, ambos escuchan cómo los funcionarios del Estado les explican, sin mayor reparo, que aunque el acto público de reconocimiento de responsabilidad sí se realizará, el Gobierno no cuenta con suficientes recursos y la propia Nación U’wa deberá encargarse de conseguir el lugar para desarrollar la actividad. 

Durante la reunión también discuten cómo se traducirá y compartirá el resumen de la sentencia en idioma U’wa, otra de las medidas simbólicas ordenadas por la Corte IDH. La respuesta vuelve a ser la misma: no hay presupuesto suficiente y los U’wa tienen que adaptarse a lo que el Estado pueda financiar. 

Daris y Juan Gabriel se desconectan de la reunión con una promesa: que el acto público de reconocimiento y perdón se realizará el 3 de mayo. Pero luego se aplaza para el 14 de mayo a las dos de la tarde. En todo caso, la Nación U’wa comienza a preparar sus bailes y cantos para recibir al Gobierno Nacional. 

A las dos de la tarde del día pactado, en Cubará todo está listo para dar apertura al evento. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro llega con dos horas de retraso. Mientras esperan, los U’wa creen que, como tantas otras veces, antes y después de la Corte IDH, los van a volver a dejar plantados.

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La Nación U’wa llega hasta la Corte IDH 

Daris recuerda que, veinte días antes de la audiencia ante la Corte IDH que se llevó a cabo el 25 y 26 abril de 2023 en Santiago de Chile, el pueblo U’wa se reunió para decidir cómo viviría ese momento histórico. Entre escuelas, sedes comunitarias y las instalaciones de ASOU’WA, docentes, líderes y autoridades tradicionales buscaron televisores, computadores y conexiones a internet para seguir la transmisión desde las zonas urbanas cercanas a sus resguardos. 

Además, semanas antes de viajar, quienes representaron al pueblo ante la Corte realizaron ayunos y prácticas de armonización espiritual. Cada comunidad reunió aportes para financiar el viaje, y recibió el apoyo de EarthRights International (ERI), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la organización Amazon Watch. Junto a Daris viajaron Berito Kuwaru’wa, el principal líder de la Nación U’wa; Evaristo Tegría, otro de los principales líderes y abogados de la comunidad, y Rosmira Sandoval, gobernadora del Resguardo Kuitua. 

Antes de que empezara la audiencia, Daris estaba inquieta. Mascaba hoja de coca con ansiedad. Tenía poco más de cincuenta años en ese momento, pero recordaba con nitidez a la joven de veintitrés que decidió enfrentarse al Estado, a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) y a la multinacional británico-neerlandesa Shell, cuando supo que pretendían extraer el crudo que se encontraba dentro del territorio de la Nación U’wa. Habían pasado casi treinta años de reuniones, viajes, promesas incumplidas y expedientes. El 25 de abril de 2023, sentada a pocos metros de los jueces de la Corte, sentía que toda esa historia se reescribiría. Su pueblo había agotado todas las instancias posibles en Colombia.

Daris aprendió a resistir mucho antes de sentarse frente a los jueces de la Corte. Nació en 1971 en Bachira, en la Sierra Nevada del Cocuy —el Zizuma para los U’wa—, hija de una mujer indígena y un campesino que abusó de su madre y que nunca la reconoció. Tener dos orígenes distintos hizo que durante sus primeros cinco años fuera enviada lejos de la comunidad para protegerla de agresiones y señalamientos, porque la ascendencia campesina era vista como una marca de maldad entre los indígenas. 

Cuando regresó, hablaba español y luego aprendió la lengua U’wa, conocimiento que años después la convirtió en intérprete y vocera de su pueblo, y la hizo lideresa de Bachira y la Salina, dos de las comunidades cercanas a la sierra. Además, fue docente durante más de diez años en Cubará. Así que mucho antes de que Daris se enfrentara al Estado colombiano y a las petroleras, ella había entendido lo que significaba defender un territorio.

Durante casi tres décadas, la Nación U’wa se reunió con ministros, delegados y técnicos de distintos gobiernos, y las conversaciones casi siempre terminaban igual: compromisos escritos y mesas de diálogo que quedaban en el silencio o el olvido. A principios de los años noventa, el Estado abrió la puerta a proyectos petroleros en Boyacá y Norte de Santander, y prometió a la Oxy que podría explorar y explotar pozos de gas y petróleo en tierras que, aunque en ese momento no hacían parte de los resguardos reconocidos años más tarde por el Estado, los U’wa habían ocupado milenariamente. Fue en ese momento cuando este pueblo inició una batalla jurídica y política para impedirlo, al tiempo que exigió la constitución legal de sus resguardos. 

Los U’wa saben que su derecho a habitar esas tierras quedó consignado siglos atrás, en unos títulos coloniales entregados por la Corona española a sus ancestros. En esos documentos se reconoce su presencia en territorios que hoy abarcan Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander, además de los estados de Táchira, Mérida, Barinas y Apure en Venezuela. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones perdieron el rastro de esos documentos, hasta que a mediados de los años 2000 lograron recuperarlos tras solicitar acceso al Archivo General de la Nación, donde permanecían guardados. Ahora buscan que el Estado reconozca la legitimidad de esos títulos, especialmente porque los límites actuales de sus resguardos dejaron por fuera varias de las zonas donde se proyectaron actividades de exploración y explotación petrolera.

Gloria Lopera, abogada de la Universidad de Antioquia y perito encargada de interpretarlos ante la Corte IDH, explica que dichos documentos no sólo tienen un valor histórico, sino que siguen siendo herramientas jurídicas fundamentales para reclamar y proteger los territorios ancestrales indígenas. Desde que los títulos están en sus manos, cada vez que desean consultarlos los U’wa pasan por un ayuno de varios días, ya que consideran que, al venir  de los Riowa, el hombre blanco, deben prepararse para recibir la información que contiene.

El territorio ancestral de la Nación U’wa se extiende entre las montañas de la Sierra Nevada del Cocuy, la selva del Sarare y las llanuras que descienden hacia Arauca y Venezuela. En sus resguardos, dispersos entre páramos, selvas húmedas y ríos caudalosos, sus casas se levantan entre la misma vegetación que cubre el territorio, y están hechas de palma de seje y árbol de San Pablo —un tipo de palma cuyo tronco es verde y anillado, y puede alcanzar hasta 10 metros de altura—. 

Las jornadas comienzan poco después del amanecer, cuando muchas familias salen hacia los cultivos de yuca, ñame, maíz, hoja de coca y frutos nativos. Los hombres suelen ir con sus hijos a sembrar, mientras las mujeres preparan el fuego y cocinan descalzas en ollas de barro hechas por ellas mismas. También elaboran chicha de maíz y yuca, para lo cual los niños mastican parte de los granos y tubérculos. 

En medio de la cotidianidad siempre circula el mambe — hojas de coca tostadas y molidas, mezcladas con cenizas— y, cuando una enfermedad o un conflicto altera el equilibrio espiritual, las familias ayunan para armonizar el territorio. Los U’wa también fabrican utensilios con fibras naturales para cargar agua y tienen procesos de educación propia para preservar su lengua y sus saberes ancestrales.

Cuando Daris entró a la sala y tomó asiento en el tribunal, en Santiago de Chile, supo que no hablaría solo por ella. Era la voz de las mujeres U’wa que, como diría minutos después, habían sostenido “la protección de la madre tierra, de nuestros hijos y de nuestra cosmovisión”. Frente a los jueces explicó que desde temprana edad había comenzado “la lucha para que este mensaje fuera llevado al mundo”. Detrás de sus palabras estaban los werjayas, los mayores espirituales, y Kerá Shikará, el territorio ancestral U’wa que, más que un espacio geográfico, representa “el corazón del mundo”. Retomando las palabras de Berito Kuwaru’wa, el primer líder de la Nación U’wa en llevar el caso a instancias internacionales, Daris también les explicó que por ese territorio “corren las venas que alimentan el universo. Si se destruye, se desangra el mundo”.

Berito se convirtió, desde los años noventa, en una de las principales voces indígenas contra la expansión petrolera en territorios ancestrales. Tras regresar a la Nación U’wa, luego de haber sido separado de su comunidad por misioneros católicos durante la infancia, lideró una campaña internacional contra proyectos extractivos impulsados por multinacionales como Oxy. Llevó el caso U’wa a tribunales y organismos internacionales denunciando que la explotación petrolera amenaza la biodiversidad y la supervivencia espiritual de su pueblo. En 1998 recibió el Goldman Environmental Prize, considerado uno de los reconocimientos ambientales más importantes del mundo.

La audiencia avanzó entre mapas, cifras y discusiones jurídicas alrededor de los títulos coloniales, el saneamiento de sus resguardos y la consulta previa para el desarrollo de actividades petroleras. Las organizaciones demandantes y en representación del pueblo U’wa como ERI, Cajar y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) insistieron en que el Estado llevaba más de veinte años sin culminar el saneamiento del territorio U’wa ni clarificar plenamente sus títulos coloniales. 

Laura Posada, abogada de ERI, explicó ante la Corte que, aunque el Resguardo Unido U’wa y el Resguardo Kuitua están constituidos, los títulos todavía no están completamente a nombre de la Nación U’wa. Según dijo, de las más de 1,4 millones de hectáreas que componen su territorio, apenas unas 352 mil tienen reconocimiento formal y el Estado “continúa sin saber cuántos predios faltan por comprar”. 

Después de que los jueces escucharon con atención el testimonio de Daris Christancho y la defensa de la Nación U’wa ante la Corte IDH, una de las juezas, Verónica Gómez, le preguntó a la defensa del Estado colombiano de qué manera podría garantizar al pueblo U’wa el desarrollo de una consulta previa ante proyectos extractivistas, si ni siquiera había logrado titular completamente el territorio ya reconocido como U’wa. 

Si bien admitió que el proceso estaba incompleto, Martha Lucía Zamora, entonces directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, atribuyó las demoras a la cercanía territorial entre comunidades indígenas, campesinas y los proyectos minero-energéticos que operan en ese territorio. También aseguró que no tenían acceso a los títulos coloniales, por lo cual no sabía a qué tierras se refería el pueblo indígena. Esta afirmación incomodó a la Nación U’wa, no solo porque ellos habían encontrado los títulos dentro del Archivo General de la Nación, sino porque representan su vínculo espiritual y cultural con Kerá Shikará.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibió el caso en 1997 pero solo se pronunció hasta 2019, respaldó durante la audiencia de 2023 ante la Corte IDH parte de los reclamos de la Nación U’wa, y sostuvo que el pueblo indígena no había contado con recursos efectivos para proteger sus derechos frente a las licencias ambientales otorgadas cerca del territorio U’wa ya reconocido por el Estado. 

Durante la audiencia, Alejandra Cardona, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explicó que las afectaciones iban más allá de la ocupación de sus tierras y los daños ambientales, también eran de carácter espiritual. Además, denunció que “la permanencia de terceros en el territorio ha generado fragmentación comunitaria y cambios en el uso de los recursos naturales”, ya que campesinos y colonos dedicados a la ganadería hacen uso de plantas sagradas como el árbol de yopo o halla — utilizado por los U’wa como medicina y medio de comunicación espiritual— para elaborar cercas. 

Al final de la jornada, Daris salió exhausta, aunque aliviada de que un tribunal internacional hubiera escuchado lo que el Estado colombiano se negó a oír durante décadas.

La estrategia detrás de un litigio histórico 

En 2014, cuando la abogada colombiana Juliana Bravo llegó a EarthRights International, uno de los primeros casos que asumió como directora de la oficina para América Latina en Perú fue el de la Nación U’wa. Para entonces, ella ya llevaba más de veinte años acompañando casos de vulneración de derechos humanos en la región, pero entendió rápidamente que este litigio tenía una dimensión distinta. 

Tras revisar el expediente, Bravo y su equipo encontraron que la Nación U’wa ya había acudido ante la CIDH, pero el caso seguía sin una decisión de fondo. La organización se encargó entonces de reactivarlo y, una vez conocida la respuesta de la Comisión, orientó la estrategia jurídica hacia el reconocimiento del consentimiento y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Con ello, buscó ampliar la discusión más allá de una interpretación estrictamente occidental del derecho e incorporar la cosmovisión U’wa como un elemento central del caso. 

Fue así como, en octubre de 2020, el caso llegó finalmente a la Corte IDH. Para entonces, la CIDH ya había emitido un informe de fondo, formulado recomendaciones al Estado colombiano y concedido tres prórrogas para su cumplimiento, sin obtener una respuesta satisfactoria. 

En esa estrategia, EarthRights International y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, como equipo jurídico, buscaron ampliar el alcance de los derechos discutidos ante el alto tribunal para demostrar que la afectación al pueblo U’wa no podía reducirse a daños ambientales o económicos, sino que comprometía su supervivencia misma. El litigio incorporó argumentos sobre crisis climática y protección de ecosistemas estratégicos como la Sierra Nevada del Cocuy —también conocida como Parque Nacional Natural El Cocuy o Zizuma para el pueblo U’wa—, y esta discusión fue ampliada por los jueces dentro de la sentencia, en su apartado sobre el derecho al ambiente sano. Allí advirtieron que los Estados deben empezar a considerar la “triple crisis planetaria”, es decir, “la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la crisis climática derivada de la explotación y uso de combustibles fósiles y las emanaciones de metano”, dentro de sus políticas. 

Sin embargo, un año y medio después de la sentencia emitida por la Corte IDH el 20 de diciembre de 2024, Bravo sostiene que las principales órdenes del fallo —entre ellas la mitigación de los impactos de proyectos petroleros como el Oleoducto Caño Limón-Coveñas y el saneamiento y ampliación de los resguardos U’wa— continúan limitadas a reuniones y espacios de diálogo que, hasta ahora, no se han traducido en resultados concretos.

Aun así, la abogada está convencida de que el caso marcó un precedente histórico para Colombia y América Latina. La sentencia reunió en una misma discusión asuntos que rara vez habían sido abordados de manera conjunta por la Corte: la consulta previa, la cosmovisión indígena, la crisis climática y los límites de las actividades extractivas frente al derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios. Desde ERI, además, se insistió en que la consulta previa no podía considerarse de manera aislada en el caso U’wa, pues para este pueblo la explotación petrolera resulta incompatible con su visión del mundo y con el equilibrio de su territorio. En otras palabras, la discusión no era únicamente cómo consultar un proyecto, sino reconocer que los U’wa se oponen, por razones culturales, espirituales y territoriales, a cualquier actividad petrolera dentro de su territorio ancestral porque estas “desangran la madre tierra”.

La columna vertebral de la Nación U’wa 

A sus setenta y ocho años, Luis Gonzalo Cordero dice, con una convicción que no parece admitir dudas, que toda su vida ha sido un hombre de palabra y dispuesto a ayudar a los demás. Sentado en la sala de su casa en Saravena, Arauca, a sólo veinte minutos de Cubará, habla duro y con fuerza. Afuera, el calor se pega a las paredes; adentro, entre carpetas viejas y documentos acumulados durante décadas, recuerda el día en que conoció la resistencia de la Nación U’wa. 

“Empecé a acompañar al pueblo U’wa en 1995. Llegaron a la oficina pidiendo ayuda y ninguno de mis compañeros les hizo caso. Los ignoraron durante semanas”, cuenta. En ese entonces trabajaba en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), la entidad que se encargó de los procesos de titulación y reconocimiento de tierras en Colombia hasta 2003. Se desempeñaba como supervisor de crédito en la oficina de proyectos de Puerto Boyacá.

Un día, cansado de verlos esperar en silencio, les pidió que entraran a su oficina y le explicaran qué necesitaban. Los escuchó durante varios minutos. Hablaron del territorio, de sus ancestros y de los límites sagrados que el Estado no reconocía. Cuando terminaron, Luis Gonzalo entendió que no se trataba de un trámite más. “Era un asunto de vida o muerte. Ellos no estaban pidiendo cualquier cosa; estaban defendiendo la permanencia de un pueblo entero en su territorio”, recuerda.

Lo que los U’wa exigían era que el Estado reconociera legalmente las tierras que sus familias habían habitado durante generaciones y que ahora estaban en manos de colonos y campesinos. Han pasado treinta y un años desde entonces, y podría decirse que él es quizá una de las personas que más conoce la disputa territorial del pueblo indígena. 

La Nación U’wa inició su proceso de reconocimiento territorial desde la década de 1970, con algunos avances. En 1974 se constituyó la Reserva de Cobaría, cinco años después la de Aguablanca y, finalmente, mediante la Resolución 059 de 1987, se creó el primer resguardo indígena U’wa, con cerca de 61.155 hectáreas distribuidas entre Boyacá, Norte de Santander, Casanare, Santander y Arauca. 

La participación de Luis Gonzalo fue decisiva para terminar de conformar el resguardo. Él empezó a recorrer el territorio ancestral U’wa como funcionario del INCORA y, años después, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Durante esas visitas insistía en que el reconocimiento debía hacerse a partir de los lugares sagrados y divisiones históricas definidas por los propios U’wa, como Cobaría, Aguablanca, Tegría, Bókota y Rinconada. 

La casa de Luis Gonzalo está ubicada sobre la vía que conecta Saravena con Cubará. Es amplia, de portón blanco y con un árbol de mangos que sobresale en el patio. Una de las habitaciones está destinada exclusivamente a resguardar su archivo: cajas de cartón apiladas y una mesa plástica Rimax sostienen décadas de documentos organizados con rigor, cada carpeta marcada con fechas y nombres de expedientes. 

En 1997 comenzó a trabajar con ASOU’WA, sin dejar de ser funcionario público. Con el tiempo, se ganó la confianza de la comunidad y construyó vínculos cercanos con varios de sus integrantes, entre ellos Daris, quien lo considera un U’wa más. “No me desligo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que asumió las funciones del INCORA y el INCODER, porque solo de esa forma puedo hacer presión”, explica Luis Gonzalo.

Después de seis años de trámites, exigencias de la Nación U’wa y el acompañamiento constante de Cordero, el 6 de agosto de 1999 el INCORA expidió la Resolución 056. Con ella amplió los resguardos que hasta ahora habían sido reconocidos e incorporó la Reserva Indígena de Taburetes–Aguablanca. A ese territorio se sumaron varios terrenos baldíos y algunos predios que el Estado les compró a campesinos y colonos a través del Fondo Nacional Agrario, ubicados en Cubará y Güicán, Boyacá; Chitagá y Toledo, Norte de Santander; Concepción, Santander, y Tame, Arauca. Fue así como nació oficialmente el Resguardo Indígena Unido U’wa, con una extensión aproximada de 220.275 hectáreas ubicadas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander.

Sin embargo, el área reconocida no corresponde a la totalidad del territorio ancestral que reclama la Nación U’wa. Según argumentaron EarthRights International y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, el Estado delimitó el resguardo dejando por fuera no sólo buena parte del territorio históricamente ocupado por la comunidad, sino que en una de esas zonas que no incluyó, años más tarde empezó a operar el gasoducto Gibraltar —a una distancia de entre 500 y 1.900 metros del resguardo, según concluye la sentencia final de la Corte IDH—. Durante la audiencia, varios integrantes del pueblo U’wa aseguraron que esa exclusión buscó evitar la obligación de realizar una consulta previa con el pueblo indígena sobre la ejecución del proyecto extractivo. 

El Resguardo Unido U’wa fue entregado oficialmente el 23 de agosto de 1999. Pero, veintisiete años después, el proceso sigue inconcluso. Con una lista de predios pendientes en sus manos, Luis Gonzalo señala que este resguardo aún no ha sido completamente saneado, es decir, si bien ya fue totalmente delimitado, los miembros del pueblo U’wa aún no tienen la titularidad y la posesión completa. 

Esa situación llevó a la Corte IDH a concluir, en su sentencia, que el Estado colombiano vulneró el derecho de la Nación U’wa a la propiedad colectiva y comunal; una decisión que también se basó en las promesas incumplidas por el Estado en 2014, cuando les aseguró que resolvería la situación jurídica de esos predios en un plazo de dos años. Con el agravante, según dijo Alejandra Escobar, abogada del Cajar, durante el segundo día de la audiencia ante la Corte IDH de 2023, de que el Estado aún no tiene claridad sobre cuántos terrenos y fincas con mejoras faltan por adquirir. 

Si bien el territorio U’wa atraviesa zonas de difícil acceso en Boyacá, Norte de Santander, Santander, Casanare y Arauca, Luis Gonzalo ha logrado identificar junto al pueblo U’wa de qué manera se puede avanzar en el proceso catastral, de registro y de adquisición predial. Por eso, Juan Gabriel Jerez, abogado y presidente de ASOU’WA, considera que al Estado le ha faltado voluntad política. 

Desde su oficina en Cubará explica que “a la fecha y después de más de un año de la sentencia, el Gobierno Nacional no sólo no ha reconocido los títulos coloniales, tampoco ha reparado los daños que han ocasionado a nuestro territorio los proyectos de gas y petróleo”. Según cuenta, decidió estudiar Derecho para comprender mejor los conflictos por los que estaba atravesando su pueblo. Sólo hasta principios de 2026 asumió la presidencia, pero siente que se preparó toda su vida para eso. 

Para Juan Gabriel, si el Estado colombiano realmente tuviera la intención de cumplir la medida ordenada por la Corte IDH que exige el saneamiento integral del resguardo, “ya habría consolidado una mesa técnica de trabajo seria y respetuosa”. Pero, asegura, eso no ha ocurrido todavía. “El 20 de marzo de 2026 estuvimos en Bogotá en una reunión con la ANT. Nos atendió Farlin Pérez Rentería, directora de Asuntos Étnicos. Nos saludó, dijo que contáramos con su despacho y se fue. Al final terminamos reunidos con funcionarios sin poder ni capacidad de decisión”, recuerda con frustración.

Luis Gonzalo habla del tema con molestia. Asegura que él mismo le ha entregado a la Agencia Nacional de Tierras la información sobre los predios que faltan por comprar. Les ha detallado dónde están ubicados, quiénes son sus propietarios y cuáles son los trámites legales necesarios para avanzar en el saneamiento territorial. “Y no me han puesto cuidado”, dice. 

Para culminar ese proceso, según explicó la ANT vía derecho de petición, hay que adquirir 68 terrenos y 25 fincas con mejoras —ampliaciones o adecuaciones realizadas por actuales dueños—, distribuidos entre Boyacá, Santander y Norte de Santander. Lo mismo ocurre con el Resguardo Kuitua, otro de los territorios en disputa. “También les he detallado los predios necesarios para su ampliación, que es otra de las medidas ordenadas por la Corte”, agrega Cordero. En ese caso, la ANT debe comprar 22 predios ubicados en el municipio de Toledo, Norte de Santander. 

El Resguardo Kuitua está ubicado en las montañas húmedas de Toledo, muy cerca de la frontera con Boyacá y Venezuela. Allí, las carreteras estrechas y los caminos de herradura atraviesan pendientes cubiertas de neblina, bosques andinos y quebradas que descienden hacia la selva del Sarare. El territorio cambia constantemente entre el frío de las zonas altas y el calor húmedo del piedemonte, mientras ríos como el Cubugón atraviesan montañas verdes donde conviven comunidades campesinas y familias U’wa. En medio de ese paisaje de cañones y selva, también aparecen infraestructuras como el Oleoducto Caño Limón–Coveñas y el corredor energético y gasífero de Samoré-Gibraltar, escenarios históricos de la disputa entre la Nación U’wa y el Estado colombiano y las empresas extractivas.

Rosmira Sandoval es la cabilda del Resguardo Kuitua, su gobernadora. Tiene los ojos pequeños, una sonrisa amplia y la firmeza de quien ha crecido dentro de la lucha territorial del pueblo U’wa. Es madre de seis hijos y jefa de hogar. Dice que comenzó a involucrarse en el proceso cuando apenas tenía entre diez y doce años, mientras acompañaba a su abuelo, entonces cabildo de la comunidad Santa Marta, un territorio “satélite” que años después se convertiría en el actual Resguardo Kuitua y que en ese momento no había sido reconocido como territorio U’wa. 

“Yo he sido hija de este gran proceso”, afirma. También explica que, si bien en 2015 el INCODER visitó la comunidad para evaluar la constitución del resguardo y expidió el Acuerdo 377, mediante el cual creó oficialmente el Resguardo Indígena Kuitua en Toledo, su territorio aún no ha sido completamente ampliado ni reconocido en su totalidad por el Estado. Hoy, el resguardo cuenta con 557 hectáreas; tierras que, recuerda Sandoval, fueron donadas por su abuelo, Ciro Alfonso Sandoval, fundador de la comunidad.

“No es tan fácil llevar la bandera de la casa, la bandera de la responsabilidad de la familia, la bandera de la responsabilidad de ser líder; tener que salir, dejar a sus hijitos y sus cosas para poder estar al frente del cañón defendiendo a todo un pueblo o a toda una generación”, dice. Pero lejos de asumirse desde el sacrificio, Rosmira habla de la lucha como una convicción profunda: “Veo que son de los retos más bonitos que las mujeres tenemos. Además, gracias a mi abuelo, hoy tenemos resguardo”.

Todas esas dificultades que describen Rosmira, Juan Gabriel y Luis Gonzalo para conseguir el reconocimiento pleno de sus resguardos, también se reflejan en la falta de respuestas institucionales sobre el estado actual del saneamiento y la ampliación territorial del pueblo U’wa. 

Para esta investigación, el 23 de febrero de 2026 se envió un derecho de petición a la ANT para conocer qué acciones había adelantado la entidad frente al cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Sin embargo, la institución no respondió dentro de los plazos establecidos. El 20 de abril de 2026 fue radicada una acción de tutela para insistir en la entrega de la información solicitada, y fue solo hasta el 11 de mayo, dos meses y medio después del derecho de petición, que la entidad atendió la solicitud en un escueto documento de sólo tres páginas. 

Frente al saneamiento y ampliación de los resguardos, la ANT aseguró que, a la fecha, ha adquirido aproximadamente 100 predios, sin aclarar en qué año hicieron la compra, cuál es el estado actual de esas propiedades y en cuánto tiempo los U’wa tendrán acceso pleno a ellas. Tampoco explicó si en este momento existe algún proceso de adquisición de tierras en trámite. La ANT solo señaló que estas propiedades se encuentran  “principalmente en el departamento de Norte de Santander y, en menor medida, en Boyacá” y que “la titularidad de la totalidad de los predios reclamados (Estado, particulares o empresas) hace parte de procesos técnicos, jurídicos y catastrales en curso, por lo cual la información disponible se encuentra en permanente actualización”.

La Nación U’wa se opone a los proyectos petroleros 

“Nosotros preferimos suicidarnos antes que permitir que saquen la sangre de la madre tierra”, les dijo Daris a los jueces de la Corte IDH, al recordar el miedo que atravesó a la Nación U’wa entre 1999 y 2000, cuando comenzaron no solo a manifestar su descontento, sino a resistirse a los proyectos petroleros. Helicópteros sobrevolaban el territorio, policías y militares ingresaban a las comunidades y el Estado convocaba reuniones que, según denunciaron, nunca fueron verdaderos espacios de decisión. Para los U’wa, extraer petróleo significa “desangrar” la tierra y condenar también su propia existencia. 

La disputa territorial comenzó en 1991 cuando la Oxy firmó con Shell y Ecopetrol un contrato para explorar el Bloque Samoré —que más tarde daría origen a los Bloques Sirirí y Catleya— en Norte de Santander, sin garantizar procesos de consulta previa ajustados a estándares nacionales e internacionales.

En 1995, el Ministerio de Ambiente otorgó la primera licencia ambiental para el proyecto petrolero y, por esos mismos días, una delegación U’wa viajó hasta Arauca para reunirse con funcionarios del Gobierno Nacional, creyendo que sus peticiones frente a ese proyecto serían escuchadas. Sin embargo, según recordó Daris Christancho ante la Corte IDH, más que consultarles, les informaron que la decisión ya estaba tomada. “Para nosotros eso fue una humillación”, afirmó. 

La situación llevó a la Nación U’wa, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, a interponer una acción de tutela contra el Ministerio y las empresas petroleras. Dos años después, en 1997, la Corte Constitucional concluyó que el Estado había violado el artículo 330 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege los derechos de los pueblos indígenas, al no garantizar su participación en decisiones sobre el territorio, y le ordenó al Estado realizar una consulta previa que nunca se llevó a cabo.

Un mes después —cuenta Daris ante todo el auditorio, mientras continúa masticando hoja de coca—, su caso no solo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que la Organización de los Estados Americanos (OEA) también lo revisó en mayo de 1997 y determinó que era necesario que se realizara un diálogo con enfoque intercultural con las multinacionales y que se suspendiera el proyecto, mientras llegaban a un acuerdo. Eso derivó, más adelante, en la cancelación definitiva del proyecto Bloque Samoré.  

Pero el conflicto apenas empezaba. En 1998 escaló con el proyecto Gibraltar 1, 2 y 3, luego de que la Oxy solicitó por segunda vez una licencia al Ministerio de Ambiente, esta vez para realizar perforaciones exploratorias en Toledo y, después de contar con los permisos, los convocó a una consulta previa. Pero la Nación U’wa se negó a participar.  “Ya nos habían engañado antes”, dice Daris, refiriéndose a aquella reunión en Arauca. “No íbamos a pasar por lo mismo”. 

A finales de 1999 y comienzos del 2000, varias familias U’wa se asentaron cerca de la zona de exploración del proyecto petrolero Gibraltar. Daris, con la voz quebrada, recuerda aquellos días en que, en medio de los operativos y mientras huían de los gases lacrimógenos, murió la bebe Nury Bocotá, de apenas cuatro meses. 

Durante las protestas, varios integrantes de la comunidad fueron retenidos en una base militar en Samoré, Toledo. “Las mujeres y los niños hicimos un cordón rodeando a los hombres golpeados. El Ejército nos decía que no podíamos salir y nosotros respondimos: ‘Dispárennos, porque no queremos estar acá’”, relató Daris ante la Corte IDH. Según denunció, fueron tratados “como animales”. Más de veinte años después, Laura Posada, abogada de EarthRights International, asegura que aún no existe una investigación seria sobre la muerte de la bebé y que incluso la Fiscalía insinuó que pudo tratarse de un descuido de la madre.

En mayo de 2002, la Oxy y Shell finalmente abandonaron el pozo Gibraltar 1 y la responsabilidad, en adelante, recayó sobre Ecopetrol. La petrolera estatal dio entonces continuidad a la perforación de los pozos Gibraltar 2 y Gibraltar 3, que, según registró la comunidad y detalla la sentencia, se traslapan con el territorio de al menos seis comunidades indígenas. Entre 2002 y 2003, la petrolera también promovió los Bloques Sirirí y Catleya en zonas de Boyacá, Norte de Santander y Arauca. 

En 2008, tras el hallazgo de yacimientos de gas, se constituyó el Campo de Gas Gibraltar, ubicado entre Cubará y Toledo. Un año después, el proyecto se consolidó con la puesta en operación de varios pozos y una planta de gas conectada al gasoducto Gibraltar–Bucaramanga, que entró en funcionamiento en 2012. Actualmente, según información de Ecopetrol en su página oficial, la planta despacha 27 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y hace parte de la estrategia energética del Piedemonte Llanero. Sin embargo, para la Nación U’wa, este complejo industrial representa una fractura sobre territorios ancestrales y corredores espirituales conectados con Zizuma. Desde este proyecto gasífero se extrae el suministro industrial y domiciliario que abastece a varios municipios de Santander, Antioquia y Norte de Santander. 

Durante la audiencia ante la Corte IDH, el Estado colombiano argumentó que no realizó consulta previa con la Nación U’wa porque el proyecto gasífero estaba oficialmente fuera de los límites del resguardo definidos por el propio Estado en 1999 y porque se trataba de una iniciativa de interés nacional que prometía impulsar el desarrollo del país. Sin embargo, Evaristo Tegría, líder U’wa y entonces estudiante de Derecho, recordó ante los jueces que mientras discutían la delimitación del resguardo, el ministro de Medio Ambiente de la época, Juan Mayr, les advirtió: “No señores U’wa, la línea no puede estar aquí”. Meses después, ese mismo Ministerio otorgó la licencia ambiental para los Bloques Sirirí y Catleya y los pozos Gibraltar.

Según denunció Evaristo ante la Corte IDH, el área proyectada para los Bloques Sirirí y Catleya fue excluida deliberadamente del resguardo U’wa en 1999, pese a formar parte de su territorio ancestral. “Ahí entendimos que de día trabajaban con el pueblo U’wa y de noche con la petrolera”, afirmó ante los jueces. En 2004, el Estado intentó realizar una consulta previa para ese bloque, pero la Nación U’wa se negó. 

“Para nosotros es preguntarnos de qué manera queremos morir en nuestro territorio”, dijo Daris, quien también denunció que estos procesos han estado marcados por desigualdades de poder, falta de información y presiones sobre las comunidades, reduciendo la consulta previa a un trámite que desconoce su autonomía como pueblo indígena. 

Además, mientras la Nación U’wa mantenía su resistencia frente al proyecto Gibraltar y los Bloques Sirirí y Catleya, Ecopetrol anunció en 2012 el proyecto Ape Magallanes, ubicado a solo 270 metros del Resguardo Unido U’wa en Toledo, como se alcanza a leer en el fallo a favor del pueblo U’wa. El proyecto fue finalmente suspendido el 15 de diciembre de 2025, después de que el caso fuera llevado ante el Consejo de Estado por ASOU’WA.

Según expusieron el pueblo U’wa, ERI, Cajar y la ONIC, como demandantes ante la Corte IDH, estos proyectos avanzaron en medio de una creciente militarización del territorio y del conflicto armado. En ese contexto, fueron asesinados en 1999 los indigenistas estadounidenses Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Lahe’ena’e Gay, quienes acompañaban procesos de educación y defensa territorial junto a la Nación U’wa frente a  proyectos petroleros como el Bloque Samoré. Su caso fue acreditado por la JEP en 2019 y hace parte del macro caso 001 de víctimas por secuestro. 

En el caso del oleoducto Caño Limón-Coveñas —otro de los proyectos con presencia en la zona—, la Nación U’wa ha denunciado, desde su construcción, los impactos ambientales y espirituales causados por esta infraestructura en su territorio ancestral. El oleoducto, inaugurado en 1986, transporta crudo desde el campo petrolero Caño Limón, en Arauca, hasta el puerto de Coveñas, en Sucre, atravesando cerca de 780 kilómetros y varios departamentos del país. La comunidad señaló ante la Corte, por ejemplo, los efectos del derrame del 25 de marzo de 2014, que afectó ríos y ecosistemas de la región —daños que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reconoció vía derecho de petición—. Por ello, la Corte ordenó al Estado implementar medidas para mitigar y reparar los daños ambientales ocasionados por este proyecto.

En la actualidad, de acuerdo con la información entregada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante respuesta a un derecho de petición radicado el 26 de mayo de 2026, la entidad administra  “dos títulos de exploración y extracción dentro del territorio U’wa”: el Contrato E&P LLA 16-1 —que, según la ANH, no hace parte de la sentencia de la Corte IDH— y el Convenio E&E Sirirí que corresponde al Bloque Sirirí cerca del Resguardo Kuitua. El primero se encuentra en etapa de exploración y es operado por la petrolera colombiana Parex Resources. El segundo, a cargo de Ecopetrol, también se encuentra en fase de exploración, pero permanece suspendido desde el 24 de abril de 2014 debido a desacuerdos de la Nación U’wa frente al desarrollo de actividades de hidrocarburos. 

En esa misma respuesta, con fecha del 10 de junio, la ANH explicó que, para ampliar la información sobre los contratos de hidrocarburos presentes en la zona, consultó el portal de datos abiertos de la Agencia Nacional de Tierras y encontró que, con corte al 26 de marzo de 2026, “se observa que —seis comunidades U’wa— se cruzan con (…) contratos de hidrocarburos”. No obstante, afirmó que estos contratos son administrados por Ecopetrol, por lo que no cuenta con información que le permita establecer la fase de operación en la que actualmente se encuentran. 

Sin embargo, según informó la empresa petrolera, el único contrato que permanece vigente es el Contrato de Riesgo Compartido Catleya, suscrito el 18 de diciembre de 2003 entre Ecopetrol S.A. y Repsol Exploración Colombia S.A. —actualmente Repsol Colombia Oil & Gas Limited—. La compañía aseguró que, a la fecha, no ha realizado ninguna actividad exploratoria en el área, dado que el contrato “se encuentra suspendido sin fecha efectiva por motivos de fuerza mayor desde el año 2003”.

El corazón espiritual de la Nación U’wa 

Es el Zizuma para los U’wa. La Sierra Nevada del Cocuy o del Güican, o Chita para las comunidades campesinas que viven cerca, y el Parque Nacional Natural El Cocuy (PNNC) para el resto de los colombianos y quienes lo visitan desde fuera. Su geografía se extiende sobre la Cordillera Oriental entre Boyacá, Arauca y Casanare como una cadena de montañas cubiertas de nieve, páramos y lagunas glaciares. El paisaje está formado por picos rocosos que superan los 5.300 metros de altura, valles de frailejones, cascadas y senderos envueltos por neblina. Desde sus cumbres nacen ríos y quebradas que descienden hacia las cuencas de los ríos Arauca, Casanare y Chicamocha, conectando ecosistemas andinos con la Orinoquía. Y allí se encuentra la mayor masa glacial de Colombia y la más extensa al norte de la línea del Ecuador; sin embargo, debido a la crisis climática, en las últimas décadas su deshielo ha avanzado aceleradamente.

En el Zizuma habitan los espíritus, los sitios sagrados que sostienen el equilibrio de la vida y el “pensamiento de nuestro pueblo”, explicó Daris a los jueces. Evaristo, por su parte, denunció que desde que el PNNC quedó bajo administración de Parques Nacionales Naturales (PNN), la Nación U’wa perdió voz en las decisiones sobre el territorio, afectando ceremonias, recorridos espirituales y formas tradicionales de relacionarse con la montaña sagrada. Por eso, la comunidad reclama participar en la administración del parque, pues entre 92 mil y 135 mil hectáreas del área protegida corresponden a territorio ancestral U’wa, según las cifras expuestas por ERI y Cajar ante la Corte.

El Estado ya había propuesto en el pasado una coadministración entre el pueblo U’wa y la entidad ambiental, sin embargo, el diálogo fue intermitente y en ocasiones no consiguieron ponerse de acuerdo. Al pueblo U’wa le gustaría cerrar definitivamente el parque al turismo y la visita de quienes no habitan cerca al nevado, mientras que para PNN el lugar debería estar abierto al público tomando precauciones. 

En su sentencia de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, después de que el Estado colombiano no involucró por completo a la Nación de U’wa en el manejo del PNNC, vulneró su derecho a la participación política, la propiedad colectiva y la vida cultural. Por lo tanto, ordenó avanzar no solo en un mecanismo que permita la coadministración del parque, sino que también respete la autonomía, la cosmovisión y las prácticas culturales del pueblo U’wa.

“Una sentencia no transforma la realidad por sí sola”

El 26 de abril de 2023 la sala de audiencias de la Corte IDH permaneció en silencio mientras Heber Tegría Uncaría, representante de la ONIC, se inclinaba hacia el micrófono. Frente a él estaban los jueces; detrás, autoridades U’wa que habían viajado desde Colombia hasta Chile. En las pantallas del auditorio se proyectaban mapas del territorio ancestral U’wa, imágenes del Zizuma y gráficos de los proyectos petroleros y gasíferos que el Estado buscó desarrollar sobre la región: Samoré, Gibraltar, Sirirí, Catleya y Ape Magallanes.

Con la voz pausada, Heber le pidió a la Corte que, tras escuchar los argumentos de todas las partes, declarara responsable al Estado colombiano por las violaciones contra los derechos de la Nación U’wa. También solicitó garantizar la autonomía sobre el Zizuma y frenar los proyectos extractivos que habían fracturado su relación espiritual con la tierra. “Queremos vivir dignamente en nuestro territorio, sin proyectos extractivos y sin más daño a nuestra madre tierra”, dijo ante el tribunal. 

Sin embargo, al otro lado de la sala, la delegación del Estado colombiano mantuvo su defensa. Hasta el final de la audiencia, la abogada Martha Lucía Zamora insistió en que el Estado había avanzado en la titulación y el saneamiento de los resguardos U’wa, que los proyectos cuestionados contribuyen al desarrollo energético del país y que no había incumplido sus obligaciones ante el sistema interamericano porque siempre intentó consultar a la comunidad. 

Para los jueces, esos argumentos no resultaron suficientes. Minutos antes de concluir esas jornadas, la jueza Verónica Gómez preguntó si la posición del Estado era negar su responsabilidad internacional. Zamora respondió que, si los Estados revisaran la historia de sus países y del continente, todos tendrían una “responsabilidad histórica” con los pueblos indígenas.

El alto tribunal concluyó, en su sentencia del 20 de diciembre de 2024, que el Estado colombiano violó los derechos de la Nación U’wa durante veintisiete años, su derecho a la propiedad colectiva, la consulta previa, la libertad de expresión y de reunión; su derecho a la niñez y a la libre determinación y su derecho a la vida cultural y al ambiente sano. También incluyó su derecho a las garantías y la protección judicial, después de permitir el desarrollo de estos proyectos extractivistas sin garantizar procesos de consulta libres, previos e informados, al tiempo que determinó que la respuesta estatal frente a las protestas pacíficas derivó en violaciones al derecho a la integridad personal. 

Para resarcir esos daños, la Corte IDH le ordenó al Estado adoptar medidas de reparación simbólicas como la publicación de un resumen oficial de la sentencia en las páginas institucionales del Estado y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, así como su traducción al idioma U’wa (U’wa Ajka o tunebo) y la divulgación oral en las comunidades. En materia de reconocimiento, estableció que el Estado debía realizar, en un plazo máximo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y crear un fondo de desarrollo comunitario orientado a reparar los daños culturales, espirituales y materiales sufridos por el pueblo U’wa.

La sentencia también incluyó medidas para la restitución y protección del territorio ancestral U’wa. En un plazo máximo de dos años, el Estado debe avanzar en el saneamiento integral del Resguardo Unido U’wa, la ampliación del Resguardo Kuitua y la resolución definitiva de la clarificación de los títulos coloniales reclamados por el pueblo indígena. Además, el alto tribunal ordenó crear una mesa de concertación para la coadministración y conservación del Parque Nacional Natural El Cocuy, garantizar la participación U’wa frente a proyectos extractivos vigentes y adoptar medidas para mitigar los daños ambientales ocasionados por el oleoducto Caño Limón–Coveñas. En su decisión, la Corte IDH reconoció que, aunque varios proyectos petroleros se desarrollaron fuera de los resguardos, su cercanía territorial produjo afectaciones directas sobre la Nación U’wa.

La noticia del fallo llegó al territorio como un triunfo largamente esperado. En las comunidades U’wa hubo gritos, abrazos y celebraciones improvisadas, mientras sonaba el himno de la guardia indígena y se repetía, una y otra vez, “Viva la Nación U’wa”. Sin embargo, entre la alegría también se instaló el silencio. Algunos quedaron en suspenso, pensando que el fallo no abarcaba todo lo que habían esperado: una mayor autonomía sobre el Zizuma y sobre la forma en que, para ellos, ese territorio sagrado debe ser protegido y gobernado.

Por eso, este fallo —histórico para la Nación U’wa y llamado a convertirse en un precedente para otros pueblos indígenas de América Latina— apenas marcó el inicio de un nuevo capítulo. Más de un año después de la sentencia de la Corte IDH, el desafío ya no radica en lo que quedó consignado en el fallo, sino en su implementación efectiva. Mientras el Estado colombiano reporta avances administrativos, la instalación de mesas de trabajo y la apertura de distintos procesos, la representación de la Nación U’wa sostiene que varias de las órdenes siguen sin traducirse en transformaciones concretas para las comunidades ni en garantías efectivas sobre su territorio. Al cierre de esta publicación, la Corte IDH únicamente se había pronunciado sobre el cumplimiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas y del pago de costas y gastos.

“Una sentencia no transforma la realidad por sí sola”, explica Juliana Bravo, de EarthRights International (ERI). Para ella, el reto ahora es que las órdenes de la Corte realmente se implementen y no vuelvan a quedarse en el papel. “A veces pareciera que el proceso siempre vuelve al mismo punto”, dice. 

Desde la perspectiva de ERI, más allá de las dificultades técnicas o jurídicas, lo que ha faltado, sin duda, es voluntad política para culminar el saneamiento territorial y garantizar plenamente los derechos de la Nación U’wa. “Han pasado gobiernos, mesas de diálogo, compromisos y acuerdos, pero la sensación para las comunidades sigue siendo la misma: los proyectos extractivos avanzan más rápido que las garantías para los pueblos indígenas”.

La ANT, una de las principales entidades encargadas de cumplir las órdenes de la Corte IDH, evitó entregar información detallada sobre los avances del saneamiento del Resguardo Unido U’wa y la ampliación del Resguardo Kuitua. En respuesta a esta investigación, aseguró que divulgar datos sobre reuniones, mesas de trabajo o decisiones en curso podría afectar el desarrollo del proceso. La entidad sólo mencionó una reunión realizada el 20 de marzo de 2026 —la misma a la que hizo referencia Luis Gonzalo, asesor de la Nación U’wa— y afirmó que enviaría el acta correspondiente, pero el documento nunca llegó entre los anexos remitidos. 

También aseguró haber remitido, en su respuesta, anexos cartográficos y documentos técnicos sobre la ubicación de los resguardos, pero varios archivos llegaron en formatos sin acceso directo. Mientras tanto, el pueblo U’wa afirma que la reunión de marzo ha sido el único encuentro sostenido con la ANT durante 2026 y que no existe ningún avance concreto. Días antes del cierre de esta investigación, la ANT aceptó dar una entrevista para aclarar este y otros puntos sobre los retrasos en el cumplimiento de la sentencia pero finalmente no la concedieron. 

Los avances frente a la orden de mitigar los daños ambientales ocasionados por las voladuras del oleoducto Caño Limón–Coveñas parecen avanzar con la misma lentitud. En respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Ambiente aseguró que entre septiembre y noviembre de 2025 realizó dos reuniones con la Nación U’wa en Cubará, para concertar planes de trabajo y adelantar monitoreos sobre el estado del agua, los suelos y los sedimentos en zonas cercanas a la quebrada La China y el río Cubugón. Además, reportó la realización de ocho mesas técnicas internas y cuatro reuniones interinstitucionales, impulsadas por la Cancillería y el Ministerio del Interior entre julio de 2025 y febrero de 2026. Sin embargo, pese a estos avances institucionales, la entidad reconoció que aún no ha sido posible establecer la magnitud total del daño ambiental ni determinar cuánto tiempo tomaría una eventual recuperación del ecosistema.

La ANLA, por su parte, confirmó que el oleoducto Caño Limón–Coveñas atraviesa territorio ancestral U’wa y que, al menos, 15 contingencias han afectado zonas cercanas al territorio indígena y áreas próximas a los resguardos. De acuerdo con la entidad, nueve de estos eventos ocurrieron en Cubará, dos en Toledo y cuatro en Saravena, municipios que hacen parte del área de influencia histórica y territorial del pueblo U’wa.

En el caso del Parque Nacional Natural El Cocuy, PNN reportó reuniones, mesas de concertación y un plan de trabajo para avanzar en mecanismos de coadministración del Zizuma junto a la Nación U’wa. De acuerdo con la entidad, dicho plan fue aprobado conjuntamente con ASOU’WA el 22 de septiembre de 2025. Sin embargo, reconoció que, pese a estos avances, el plan de manejo del parque continúa sin actualizarse tras el fallo de la Corte IDH.

Aunque el Estado, a través del Ministerio del Interior y la Cancillería, aseguró en respuestas remitidas entre marzo y mayo de 2026 que ha avanzado en espacios de diálogo y coordinación institucional, varias de las órdenes estructurales del fallo continúan sin materializarse: el saneamiento integral del Resguardo Unido U’wa y la ampliación del Resguardo Kuitua siguen sin resolverse, la clarificación de los títulos coloniales permanece estancada y las medidas para atender los daños ambientales avanzan aún en etapas preliminares de diagnóstico. 

Hasta la fecha, el Estado colombiano, a través de la Cancillería, sólo ha presentado un informe de cumplimiento, del que se negó a entregar mayores detalles sobre su contenido, argumentando que su divulgación podría afectar la implementación de las medidas ordenadas por la Corte.

Para el pueblo U’wa y sus representantes, gran parte de la implementación de la sentencia se ha reducido, una vez más, a reuniones y cronogramas que todavía no se traducen en garantías reales sobre el territorio. 

Y aunque parece que nada ha cambiado, los U’wa no quitan el dedo del renglón. Daris recientemente ingresó a la junta directiva de ASOU’WA, y en marzo de este año inició los trámites ante la ANT para la constitución del resguardo Wuanua Rauriuwa, en La Salinas, Casanare. Juan Gabriel sigue asumiendo las tareas que le encomendó su pueblo como presidente, que van más allá de la implementación de la sentencia de la Corte IDH. 

Rosmira se mantiene optimista y persiste en sus labores como mujer, madre, cabilda y líder de la organización Mansenu’was, una red de 75 mujeres U’wa que busca fortalecer su liderazgo femenino y su autonomía económica en el territorio. Mientras tanto, Luis Gonzalo dedica sus días a insistir ante sus superiores de la ANT para que revisen el inventario de predios que entregó tras el fallo del alto tribunal internacional, que ahora vaga entre cientos de papeles olvidados. “Yo no quiero morirme sin que estas tierras queden en manos de los U’wa”, sentencia.

* Este trabajo se realizó en el marco de la beca de investigación periodística de la Red Dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.