El histórico fallo internacional que favoreció al pueblo indígena cuyo corazón está en un nevado

El aleteo metálico del helicóptero primero fue un zumbido lejano, un rumor que se coló entre el silencio de la mañana y las voces de los u’wa que impedían el paso en una carretera veredal de Toledo, en Norte de Santander. Gloria Bocota y su hija de cuatro meses estaban tendidas sobre el asfalto, rodeadas por otros 450 indígenas, cuando escucharon el retumbar de las hélices. Era el anuncio de la tragedia.

Era 11 de febrero del 2000 y el pueblo u’wa completaba dos semanas de protesta contra la exploración petrolera en su territorio. Apenas alcanzaron a darse cuenta de la presencia de la fuerza pública cuando ya estaban acorralados por completo. “Necesito que abran la vía”, sentenció uno de los uniformados. Los indígenas se negaron y exigieron poder dialogar con el gobierno nacional, pero en lugar de respuestas recibieron una lluvia de gases lacrimógenos que los obligó a arrojarse al río Cubujón.

Lo siguiente que Gloria Bocota supo, en medio de la asfixia y el ardor en los ojos, fue que su bebé, Nury Bocota, había muerto ahogada en el río, con heridas por la explosión de los gases que explotaron junto a ella. “El mismo Estado colombiano mandó a matarnos, porque ellos son los que echaron los gases. Ni a los animales los espantan así”, dice la madre con su dolor intacto, como si no hubiera pasado un solo día.

Por la muerte de Nury no hubo ningún responsable, al contrario, fue señalada por el Estado. La versión que arrojó una investigación de la Fiscalía General es que la menor falleció en el río “por el descuido de sus padres, quienes le entregaron la bebé a otra menor de edad, y ésta se dirigió al río y allí se ahogó aquella”.

Pasaron veinticuatro años para que Gloria conociera un asomo de justicia. El pasado 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano como el responsable de la violación a los derechos de la niñez que tuvo lugar durante la dispersión de la protesta en la que murió Nury.

“El Estado no logró demostrar cómo el uso de la fuerza a través de la utilización de gases lacrimógenos para dispersar la manifestación de los u’wa resultaba necesaria y proporcional, más aún considerando la presencia de niños y niñas”, dice el documento.

En el fallo, la historia de Nury se articula a un relato de más de treinta años de violaciones a los derechos humanos que cometió o permitió el Estado contra los u’wa. Se trata de la primera sentencia de un tribunal internacional que declara la responsabilidad de Colombia en la violación a los derechos colectivos de todo un pueblo indígena.

Bordes, linderos y títulos

“Como la liana que une la rama del árbol al suelo, así mismo el bosque es el cordón umbilical que nos une a la existencia, hemos sobrevivido gracias a él y él ha sobrevivido gracias a nuestro respeto”. (Fragmento de la Carta de los u’wa a la humanidad).

El pueblo u’wa está asentado alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy. Su resguardo se extiende por 220.275 hectáreas entre los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Santander y Boyacá, por los límites que fijó en 1999 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). 

La entrada al resguardo por el municipio de Cubará, en el extremo nororiente de Boyacá, la marca una pequeña caseta de madera desde la que ondea una bandera indígena. La vegetación es igual a un lado y a otro de ese borde imaginario: tupida, salvaje, indómita. El único límite que conoce el verde del bosque es el azul del cielo, que cuando el espesor lo permite, se cuela entre las ramas y las hojas. 

Los u’wa, como la naturaleza, tampoco conocen de fronteras y divisiones. Son las formalidades de los riowá (hombre blanco) las que los han condenado a vivir como extraños en su propia tierra, acorralados entre linderos arbitrarios. 

Mucho más allá de las hectáreas que están escritas en el papel, cada capa de montaña va perdiendo el tinte verde y se vuelve más azul. En ese horizonte cerceta, como el antifaz del pato, se extiende el territorio ancestral de los u’wa: un millón cuatrocientos mil hectáreas que equivale a ocho veces el tamaño de Bogotá, pasa por ciudades como Bucaramanga y Pamplona y llega hasta Venezuela. 

El mapa que marca esa área está en títulos coloniales, documentos que fueron emitidos por la corona española y que han sido una herramienta clave para demostrar que ese territorio le pertenecía a los indígenas.

Que los u’wa adquieran propiedad absoluta sobre lo que hoy son ciudades enteras es muy poco probable, los indígenas lo saben. Sin embargo, ante un Estado que ha insistido en que “no existe prueba respecto a la existencia de presuntos títulos coloniales”, los u’wa buscan que se les reconozca, al menos de forma simbólica, que esa tierra fue suya y les fue despojada, y así poder participar en la toma de decisiones relacionadas, por ejemplo, con los proyectos extractivos que allí tengan lugar.

“Aquí hay dos poderes: el poder nuestro y el poder del riowá. Desde la colonización para acá empezaron a invadir, violar, quitar, matar. ¿Qué estamos exigiendo al Estado colombiano? Que necesitamos que se clarifique, miremos por dónde queda el territorio de nosotros, que no es el que está marcado en una resolución, está más allá. Los títulos tienen una historia; si ellos no los tienen, nosotros sí”, dice  Bladimir Moreno, autoridad u’wa. 

Incluso dentro de los límites que estableció el INCORA en 1999 hay predios de los que los indígenas no han podido hacer uso, porque pertenecen a privados. La compra de esas propiedades, para que hagan parte efectiva del resguardo, es una responsabilidad del Estado que no se ha cumplido en su totalidad, a pesar de que se han establecido plazos concretos para ello. 

En 2014, por ejemplo, ante las presiones de los u’wa, el Gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a terminar ese saneamiento en un término de dos años. Más de una década después, ese acuerdo no se ha cumplido. 

Luis Gonzalo Cordero fue funcionario del INCORA desde 1969 hasta su disolución en 2003. Llegó al departamento de Arauca en 1989 y desde entonces ha sido un intermediario entre el Estado y los u’wa en el saneamiento del territorio. 

Sobre la forma en que se establecieron los bordes del resguardo, Cordero hace una analogía con un ejercicio tan arbitrario como tirar una ruana sobre un mapa, lo que queda adentro es de los u’wa y lo que no, no. “Como linderos físicos se seleccionaron carreteras que pasaban sobre predios de una sola persona, entonces quedaba un pedazo adentro y otro pedazo afuera; el propietario no iba a vender solo una parte, le tenían que comprar todo, entonces eso creó un problema”, explica.

Cordero le dijo a la Corte IDH que hacen falta aún 89 predios por comprar. El tribunal, después de estudiar el caso, concluyó que la ineficacia del Estado para resolver la clarificación de los títulos coloniales y para culminar el saneamiento del resguardo, ha violado el derecho a la propiedad colectiva del pueblo u’wa. 

Los problemas para que ese proceso no se haya podido terminar después de más de veinte años, le dijo Cordero a VORÁGINE, se pueden enumerar de la siguiente forma: falta de consulta con el sector campesino al inicio de la constitución del resguardo, violaciones al debido proceso, demora en los pagos para los dueños de los predios, cambio de funcionarios, recortes presupuestales e incluso la pandemia. 

La Corte IDH, en la sentencia que fue notificada el 20 de diciembre de 2024, ordenó al Estado implementar las medidas necesarias para efectuar el saneamiento integral del resguardo y así, finalmente, garantizar el uso y goce del territorio de los u’wa.

El corazón de la tierra

“Más de mil veces y de mil formas distintas les hemos dicho que la tierra es nuestra madre, que no queremos ni podemos venderla, pero el hombre blanco parece no haber entendido. ¿Acaso es costumbre del hombre blanco vender a su madre?”.

La tierra es la madre, nosotros somos sus hijos. Por eso, según los u’wa estamos hechos de lo mismo. El sudor es el agua de los ríos y los mares; el cabello y las vellosidades están en los bosques y las selvas, y su ausencia en los desiertos; los huesos que conforman la columna y articulaciones están en las cordilleras, las montañas y las piedras. El Zizuma es el corazón. El lugar desde donde nace la vida. 

Debajo de la ruana que cobijó el territorio de los u’wa, además de predios privados, quedaron 92.000 hectáreas del Parque Nacional Natural El Cocuy, que equivale casi a la mitad del resguardo. Ese nevado, para los indígenas del pueblo u’wa no es un parque sino un lugar sagrado en el que reposa el archivo de las divinidades y de todos los reinos de la naturaleza: el Zizuma. 

“Es el centro donde está el mismísimo Sira (dios), donde se sembró y se cultivó el origen de la vida, de la raza, de la cultura. Para nosotros está prohibido pisarlo, porque ahí está toda la fuerza y el equilibrio que conecta con todos los glaciares. Si el hombre blanco llega a pisar, pues es como desconectar una nevera, se descongela”, advierte Yuro Cobaría, médico tradicional u’wa.

En febrero de 2016 un grupo de hombres con camisetas de la selección Colombia subieron hasta la cumbre del Cocuy, improvisaron una cancha y jugaron un partido de fútbol sobre la nieve, en pleno Zizuma. En ese momento los u’wa se pronunciaron sobre “la mala administración de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC)” y junto a la presión de los campesinos que viven alrededor del parque, lograron que la zona delimitada fuera cerrada para el ingreso de los turistas. 

El cierre duró solamente un año porque en 2017 se realizó un acuerdo para que el pueblo u’wa y PNNC pudieran coadministrar el parque. Esa unión, sin embargo, ha resultado infructuosa porque no hay coincidencias sobre lo fundamental. Los u’wa creen que no es posible negociar porque ninguna voluntad, ni siquiera la suya, puede administrar el corazón de la tierra. 

“Zizuma es aire, oxígeno, agua. De eso dependemos no solamente la comunidad indígena u’wa, sino la sociedad humana. Si entendiera eso el Estado colombiano, se haría una liberación de ese Nevado Cocuy, pero el mundo de occidente tiene una visión del Zizuma para el desarrollo de la economía, para el turismo”, agrega Moreno.

El pasado 21 de enero circuló en redes sociales un video en el que turistas extranjeros ascendían por el glaciar de El Cocuy, a pesar de que está prohibido pisar, deslizarse o manipular la nieve, y los recorridos solo pueden realizarse hasta el borde de la masa de hielo. 

“Estoy listo para ir a la policía y pagar”, dijo en inglés uno de los turistas ante los reclamos de varias personas que intentaban explicarles que no estaba permitido lo que igualmente hicieron, sin que nadie los pudiera detener. 

Para los U’wa, en el Zizuma están los espíritus que garantizan la existencia y permanencia del ser humano, pisarlo está prohibido por su ley de origen, y su misión es protegerlo a toda costa. A esa casa de dioses, sin embargo, hoy cualquier persona puede ingresar pagando menos de cien mil pesos, de acuerdo con la página web de PNNC.

La posición del Estado ha sido la de señalar que no todo el Nevado del Cocuy hace parte del resguardo de los u’wa, por eso no pueden permitir que sean ellos quienes lo administren. Aún así, la Corte IDH lo halló responsable por violar los derechos políticos, la propiedad colectiva y la participación en asuntos públicos del pueblo indígena, y le ordena considerar su cosmovisión en una mesa de concertación.

Esa decisión de la Corte IDH, sin embargo, se queda corta para garantizar que los u’wa puedan decidir con autonomía absoluta sobre el Zizuma, que es lo que estaban pidiendo. 

“Siempre le hemos dicho al Estado colombiano no al turismo, no a la coadministración. Liberémoslo, dejémoslo quietecito. Eso es lo que hemos exigido. La corte habla de participación, pero la participación no es recibir la plata, porque el territorio es innegociable, intocable, no se puede vender el nevado”, dice Bladimir Moreno.

Juliana Bravo es abogada y directora del programa de la Amazonía de EarthRights International, una de las organizaciones que representó a la nación u’wa ante la Corte IDH y que  trabaja por unir el poder de la ley con el poder de la gente para la defensa de los derechos humanos y del ambiente.

Sobre la postura de la Corte IDH, Bravo explica que ese tribunal “mantuvo el estándar y reforzó la importancia de garantizar la cosmovisión de los pueblos en la participación y administración del área protegida. Esto es un aspecto importante en el marco del litigio pues los u’wa no querían un comanejo, ellos querían que la Corte reconociera su derecho a decidir, administrar y conservar de manera autónoma sobre su territorio, que incluye el parque ”.

Sangre, petróleo, ruiría

“Antes el oro era amarillo, ahora es negro; pero el color de la sangre que se paga por ellos sigue siendo roja, sigue siendo india”. 

El 10 y 11 de enero de 1995 se realizó en la ciudad de Arauca un encuentro del que participaron cerca de ochenta u’wa. Aunque se había planteado como una reunión informativa, los indígenas se sorprendieron al ver que se trataba de la presentación de un proyecto para hacer extracción petrolera en su territorio. 

La profesora y lideresa Daris María Cristancho, que estaba encargada de hacer la traducción del español al idioma u’wa, recuerda que ella y sus compañeros se pararon de la mesa al ver las imágenes de campos de perforación que se proyectaban sobre la pared. Sin embargo, veinte días después, el Ministerio de Ambiente consideró cumplida la consulta previa y otorgó la licencia ambiental a la multinacional Oxycol para hacer exploración petrolera en un área de 208.934 hectáreas que alcanzaba parte del resguardo de los indígenas. 

“Ahí es donde empieza la pelea porque a nosotros nunca se nos dijo que íbamos a una consulta, nos dijeron que era una reunión informativa. Fue una decisión de mala fe y un engaño”, afirma la lideresa.

Ese episodio fue el inicio de una lucha jurídica con la que el pueblo buscaba demostrar que su voluntad no había sido tenida en cuenta para la aprobación de ese y otros proyectos dentro de su resguardo. 

Durante ese proceso los indígenas obtuvieron la primera sentencia de la Corte Constitucional en relación con la consulta previa en Colombia, que señaló la vulneración a la participación, a la integridad y al debido proceso para ellos. Más allá de esos derechos, para los u’wa hay un asunto de vida o muerte en evitar la extracción petrolera en su territorio. 

“El petróleo es la sangre de nuestra madre tierra, es la que hace que el planeta azul pueda vivir y tener fuerza para producir. Ella tiene sus venas dentro del suelo, pero si la siguen sacando, ese calor que está en la sangre va a contaminar el ambiente, la atmósfera y todos vamos a morir, dicen los abuelos”, explica Daris Cristancho.

Entre el 2000 y 2004 la Oxy (y luego Ecopetrol) realizaron perforación exploratoria en territorio U’wa, específicamente en los pozos 1 y 2 de Gibraltar, siempre con oposición de los indígenas, pero en 2010 las reglas del juego cambiaron porque los proyectos comenzaron a plantearse en los alrededores del resguardo.

Ese año, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia ambiental a Ecopetrol para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Magallanes en el municipio de Toledo, en Norte de Santander, a una distancia de 270 metros de la línea del resguardo u’wa.

Esa perforación, según argumentaron los indígenas a la Corte IDH, rompió el equilibrio natural, generó impactos negativos sobre las aguas del río Orozco y sobre la flora y la fauna, incluyendo la destrucción de plantas sagradas para ellos. “Nada más con que lleguen con la maquinaria tumbando, escarbando, arrancando todo lo que hay, están desalojando a los espíritus que están en el agua, en el bosque, en los árboles”, agrega la lideresa Daris.

Aura Benilda Tegría Cristancho es hija de Daris, es además la primera abogada mujer u’wa y fue la primera alcaldesa de Cubará, un municipio ocupado mayoritariamente por indígenas y en el que nunca uno de ellos había ocupado el cargo mayor. 

Aura explica que “los ríos son canales de comunicaciones por los que las autoridades tradicionales mandan mensajes que reciben más abajo otros espíritus. Con la perforación hay una desarmonía que no va a permitir que ese canal funcione”.

La exalcaldesa de Cubará recuerda que la movilización y la incidencia política fueron fundamentales para desmantelar el proyecto de Magallanes y evitar que avanzaran otros planes  extractivos y mineros alrededor del resguardo de los u’wa. El objetivo era demostrar cómo se estaba constituyendo una violación de derechos humanos, que además iba en contravía del Auto 004 del la Corte Constitucional sobre el exterminio de los pueblos indígenas, donde los U’wa se mencionaban en peligro de desaparecer.

“Las voladuras del oleoducto y la presencia de militares nos hizo blanco de ataque de los grupos armados, además el reclutamiento y el asesinato de lideres hacía parte del conflicto armado que ha atravesado este corredor que está en la frontera con Venezuela”, agrega Aura Tegría. 

El Oleoducto Caño Limón – Coveñas fue construido en los ochentas y pasa por debajo del resguardo de los u’wa. Entre 1986 y 2015, el complejo fue objeto de 854 ataques con explosivos, la mayoría por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esos atentados ocasionaron derrames que contaminaron quebradas y ríos de gran importancia para la  humanidad.

La Corte IDH señaló al Estado colombiano como culpable, al no ejecutar la consulta previa, por violar el acceso a la información y a la participación en la vida cultural del pueblo U’wa. Adicionalmente, le ordenó tomar medidas para mitigar los daños ambientales que sufrió el territorio.

El Tribunal, además, señaló la importancia de que los Estados tengan en cuenta la “triple crisis planetaria” que describe la interconexión y los efectos de tres amenazas globales: la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la crisis climática derivada de la explotación y uso de combustibles fósiles y las emanaciones de metano.

La lucha de las mujeres u’wa

“Un mundo que es indiferente a las penas de las personas, más lo es a sus sueños, y en él, en ese desarrollo augusteo, se ven ciudades con edificios y rascacielos muy altos y dignidades muy bajas”.

Rosmira miraba hacia el cielo, seguía las estelas de vapor mientras se esfumaban. Imaginaba que era ella la que estaba volando. Cuando se enceguecía por la luz, apretaba los ojos, regresaba la mirada a la tierra y seguía viendo el infinito azul en su cabeza. Al terminarse el día, cuando las horas se quedaban cortas para su ritual fantasioso, soñaba que cruzaba ríos verdes dando brazadas enormes, dejando tras de sí un rastro de burbujas y espuma. 

Esas imágenes que veía en el cielo y en sus sueños cuando era una niña fueron las que la acompañaron cuando hizo su primer viaje internacional en 2022, a Santiago de Chile, para asistir a la audiencia pública en la que la Corte IDH escuchó a los u’wa de viva voz. 

Desde 1997, cuando fue presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasaron 18 años para que fuera admitido, otros siete para que los u’wa fueran escuchados en audiencia y dos más para que una sentencia les diera la razón sobre casi treinta años de violaciones a sus derechos humanos. 

Mientras ese proceso transcurrió los u’was hicieron protestas, incidencia en medios de comunicación, presentaron recursos judiciales y buscaron todas las formas posibles de mantener su reclamo visible y vigente. Durante ese mismo periodo, Rosmira Sandoval fue docente, luego directora de Mujer, Infancia y Adolescencia en la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (AsoU’wa), y ahora es cabilda del Resguardo Kuitua.

“En 2018 creé una asociación de mujeres de la que hacen parte 75 asociadas. Queremos fortalecer el liderazgo de la mujer y de la niñez, y poder sacar estos procesos adelante. Las mujeres también somos importantes en temas políticos, culturales, comunitarios, administrativos, todo lo que conlleva ser parte de un pueblo originario.”, explica Rosmira. 

AsoU’wa nunca ha tenido una presidenta ni una vicepresidenta. Para que las mujeres puedan hacer parte de la creación de documentos en nombre de los U’wa ya no pueden estar en su ciclo menstrual. Aún así, mujeres como Daris, Aura y Rosmira han mantenido encendida una lucha de la que otros son protagonistas. 

Aura Tegría, la exalcaldesa de Cubará, celebra en la sentencia de la Corte IDH un reconocimiento “al liderazgo de las mujeres indígenas para contribuir a la lucha y resistencia de nuestro pueblo. Muchas lideresas han seguido la misma línea, ahora tenemos cabildas y autoridades que no dejan acabar el proceso”.

El esfuerzo que han hecho, sin embargo, es desinteresado de los reflectores. Todas ellas reconocen que los logros que han obtenido no son personales, tampoco exclusivos para los u’wa, sino para todos los pueblos del mundo. 

Una victoria histórica

“Pero también sabemos que un día una voz humana (quizá voz de mujer, de indio o de poeta) de alguien que recorra la faz de la tierra dirá: «La tormenta ha pasado y el humilde liquen, en su callada quietud, vuelve a respirar tranquilo sobre su hermoso y sencillo trono de piedra»”. 

El 17 de abril de 2023, una semana antes de la audiencia pública del caso u’wa vs Colombia, Gustavo Petro hizo una intervención en la sesión de apertura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Allí citó a los u’wa cuando hablan de que sacar el petróleo de la tierra es desangrarla y provocar su muerte. 

Por esa razón fue una sorpresa que la postura del Estado colombiano ante la Corte IDH, en el caso de los u’wa, fuera tan contraria al discurso del presidente. Hay una incoherencia entre la mención de los indígenas en un discurso político y la posición jurídica que se adoptó en el tribunal. 

Aún así, la Corte IDH declaró la responsabilidad por las violaciones de todos los derechos humanos que denunciaron los u’wa y ordenó una serie de acciones para reparar la vida cultural, la vida digna y la integridad personal de los indígenas. 

Para conocer esas reparaciones y los puntos que abordó la corte en la sentencia, más de cien u’wa se reunieron a principios de enero de 2025 en la sede de AsoU’wa, en el municipio de Cubará, para hacer preguntas y dialogar sobre lo que viene para su lucha. 

Entre el español y el idioma u’wa transcurrió la jornada en la que, más que celebrar, los indígenas empezaban a dar puntadas sobre cómo lograr que lo que dispuso la corte pueda cumplirse en su totalidad y en los tiempos designados. 

“Ahora sigue sentarse a entender cuál fue el espíritu de la corte para tomar la decisión que tomó, después podemos empezar a mirar cuáles serían las vías de tipo administrativo, político y cultural para avanzar en el proceso”, afirma Ebaristo Tegría, el primer abogado del pueblo U´wa y quien lideró la primera etapa del litigio del caso.

Entre el público, soportando el calor que los ventiladores esparcían en lugar de atenuar, estaba Gloria Bocota sentada y silenciosa, atendiendo la reunión mientras soplaba dentro de su blusa oscura y secaba el sudor de su frente.

“La sentencia es muy grande y abarca muchos temas. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a protestar, a hablar, a exigir al gobierno que nos respete, que proteja la libertad de expresión; y que también tienen derecho los niños y niñas a estar en las protestas”, dice Gloria con voz quebrada y midiendo qué palabras decir, para no llegar a alguna que la haga romper en llanto.

Las medidas que estableció la Corte IDH para reparar a la nación u’wa fueron colectivas, no individuales. Es posible, sin embargo, que los u’wa puedan definir, a nivel interno, alguna forma de resarcir a Gloria y su familia.

Los derechos que violó el Estado a los u’wa, según la Corte IDH, fueron a la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, el medio ambiente sano, la libertad de expresión, el acceso a la información, la vida cultural, la niñez, la protección judicial y la libre determinación de los pueblos indígenas.

Más que un inventario de derechos vulnerados, la sentencia es un hito en la historia de resistencia de los u’wa y de los pueblos indígenas del mundo, que siguen enfrentando el despojo, la violencia y la impunidad.