La guerra entre “Calarcá” y “Mordisco” que desangra al Chiribiquete

Antes de que sus nombres aparecieran en una lista de desaparecidos, los ocho campesinos y líderes religiosos permanecieron encadenados durante toda la mañana y parte de la tarde del sábado 5 de abril de 2025. Los mantuvieron sometidos dentro de un viejo y abandonado laboratorio de pasta base de cocaína, a unos cuantos pasos de la finca El Cofre, ubicada en una región boscosa de la vereda Agua Bonita Media, en el municipio de Calamar, Guaviare. Afuera, los potreros y la maleza ocultaban la estructura de madera. Se hallaban en un recodo inaccesible y escondido de la Amazonía colombiana, un lugar donde la tierra parece hervir a fuego lento a cualquier hora del día.

Miller Leonardo Garrafa, alias “el Tuerto”, vigilaba de cerca a los cautivos. Los había despojado de lo poco que llevaban en los bolsillos y ahora les tomaba fotos con su teléfono para enviarlas a sus superiores. En las imágenes quedaron retratados rostros de pánico, incertidumbre y cansancio. Retenidos estaban James Caicedo Lucumí, labriego y predicador de la Iglesia Cuadrangular de la vereda Agua Bonita, y Nixon Peñaloza Chacón, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío. Junto a ellos estaban los esposos Isaid Gómez y Marivel Silva, así como Óscar Hernández y su pareja, Maryuri Hernández, maestra de una congregación local. El grupo lo completaba Jesús y Carlos Valero.

Siete de los secuestrados pertenecían a comunidades evangélicas y tenían raíces en el departamento de Arauca, desde donde habían migrado hacia Calamar durante la época de la pandemia. En todo caso eran civiles ajenos al conflicto armado.

Sin embargo, a los ojos de “el Tuerto”* y de su jefe de milicias, alias “Brandon”, el origen araucano de las víctimas era el indicador de que se estaba anidando una célula clandestina del Frente de Guerra Oriente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que pretendía supuestamente infiltrarse en el municipio. Los detalles de este caso fueron extraídos de un expediente de la Fiscalía al que tuvieron acceso Mongabay Latam y Vorágine.

El secuestro de las ocho personas y la tragedia que vendría unas horas más tarde se gestó como parte de un clima de paranoia que consumía al Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las FARC, comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como “Iván Mordisco”. Era un punto álgido de una guerra a muerte que hace varios años se desató con las tropas de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, aglutinadas en el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Esta lucha instaló una atmósfera de sospecha permanente. Cualquier rostro nuevo en la zona era perfilado como enemigo.

Pero la persecución contra civiles es apenas la superficie de un conflicto mucho más complejo. Esta pugna de los dos grupos por el control territorial ha desencadenado una oleada destructiva sobre la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, patrimonio mixto de la humanidad por albergar comunidades indígenas en aislamiento voluntario y pictogramas milenarios en sus formaciones rocosas. El área protegida, además, es un bastión ecológico de inmensa conectividad biogeográfica, y cuyo perímetro supera las 4 millones de hectáreas. Toda esta riqueza natural sostiene procesos vitales para la estabilidad climática del planeta.

Esta no es solo una contienda entre disidencias de las FARC que no se sometieron al Proceso de Paz de 2016. Se trata de una batalla por rentas millonarias. La prueba está a la vista: ahora hay cicatrices ocres donde antes había bosque. Los grupos armados mueven maquinaria para abrir nuevas vías con el cobro de extorsiones a campesinos, a negocios y poniéndole precio a cada nuevo árbol caído, como confirmaron voces locales y expertos consultados para esta investigación. Al mismo tiempo, el modelo beneficia a opacos intereses económicos que nunca aparecen en la foto.

Para entender quiénes se benefician de ello hay que mirar un expediente judicial que cursa en los juzgados de Villavicencio. La Fiscalía acusa a “Mordisco” de promover la apertura de carreteras ilegales para expandir los pastos ganaderos dentro de ecosistemas de especial importancia ecológica. En el escrito de acusación se sostiene que esas vías dieron acceso a predios donde las disidencias mantenían bovinos registrados “a nombre de terceros”, además de cultivos ilícitos. Se mencionan, entre otras, las haciendas Nuevo Colombia, San José y Corrientoso, ubicadas en Puerto Cachicamo, al suroriente de San José del Guaviare. Durante una de las audiencias, la Procuraduría corrió un poco más el telón, el delegado habló de “ganaderos, comerciantes, industriales, dueños de multinacionales y demás que dieron recursos económicos y apoyos para crear grupos terroristas”.

Entrevistas para este reportaje retratan el mismo patrón. Una fuente que lleva años recorriendo los entornos del Chiribiquete dice que existe una diferencia marcada entre los pequeños campesinos que apenas logran mantener unas diez reses y quienes administran grandes hatos. Sobre estos últimos asegura que “no necesariamente son dueños de todo el ganado que tienen”, sino tenedores que cuidan animales de otros propietarios. Dar con sus nombres en los recorridos por Guaviare es otra historia. Es como preguntar por fantasmas.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) encontró ese mismo mecanismo. Un habitante de Puerto Cachicamo relató a los investigadores que muchos colonos llegaron a baldíos con capital prestado: “Vaya y agarre hasta 70 hectáreas y trabaje. Si necesita vacas, yo le presto”. Así durante años hasta que ambas partes reparten las ganancias o el colono logra invertir por su propia cuenta.

Un campesino entrevistado para este reportaje describe que algunos invasores ocupan tierras de la Nación, desmontan entre 20 y 100 hectáreas, introducen ganado y, posteriormente, buscan legalizar su posesión mediante certificaciones de juntas de acción comunal y trámites notariales. Incluso, obtienen un paz y salvo que presentan ante las disidencias de las FARC, un requisito que, en la práctica, se convierte en un asunto de vida o muerte. Con estos documentos, asegura, los predios comienzan a circular en el mercado informal de tierras de la Amazonía.

“Hay una economía que cuenta con una infraestructura que tiene responsabilidades locales, regionales y transnacionales, cruzadas con la política”, dice Rodrigo Botero, director de la FCDS, para quien la velocidad de la invasión no tiene precedentes a nivel global. “No hay un país que se haya dado el lujo de meter un millón y medio de reses tan rápido en una zona que antes era bosque”, denuncia.

Catastro ilegal de las disidencias

El delirio de persecución que llevó a alias “el Tuerto” a secuestrar a los ocho campesinos y religiosos venidos de Arauca con la idea de ajusticiarlos se gestó a través de labores de inteligencia criminal. La revisión de cuatro expedientes de la Fiscalía pone de manifiesto que la disidencia estaba aterrorizada con la idea de tener a un enemigo interno. En sus filas buscaban con desespero a un informante del bando enemigo al que solo conocían por una descripción tan vaga como absurda: un hombre “viejo y calvo”. Desconfiaban hasta de las sombras.

El Frente Primero tenía ojos en todas partes, incluso dentro de las paredes del edificio de la Alcaldía de Calamar. La Fiscalía dice tener las pruebas para asegurar que Angie Lisseth Jaramillo Arias, conocida como “la Crespa”, trabajaba para ellos. Esta joven abogada de 26 años era contratista en la Personería Municipal, además de ser la pareja de alias “Brandon”, involucrado en la acción criminal contra los ocho líderes evangélicos y comunitarios. Según la investigación, la red que construyeron les permitió cumplir con dos objetivos: vigilar al bando enemigo y tener acceso a información exclusiva para sus operaciones.

Desde su escritorio, Jaramillo alertaba a las disidencias sobre allanamientos de la fuerza pública, enviaba fotos de comandantes abatidos por WhatsApp y utilizaba el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para perfilar los contratos que firmaba la Alcaldía. Entraba a la plataforma, consultaba los números de celular de los ingenieros a cargo de los proyectos de infraestructura en el campo y luego se los entregaba a la guerrilla para que los extorsionaran. 

La Fiscalía reconstruyó un episodio que resume el nivel de infiltración que las disidencias alcanzaron en las instituciones del Estado dentro del cinturón del Chiribiquete. La mañana del 3 de febrero de 2025, “la Crespa” recibió su pago mensual del grupo armado. Sobre el escritorio de la Personería Municipal de Calamar, a plena luz del día, contó siete millones de pesos en efectivo. El expediente muestra que ya era el tercer desembolso que recibía. Los dos anteriores habían ocurrido dentro del baño de la Alcaldía, donde un emisario de la guerrilla le entregó primero tres y luego trece millones de pesos para no despertar sospechas. Para entonces, la confianza era tal que el dinero ya no necesitaba esconderse.

Toda esta red de extorsiones locales también ha tenido ejecutores en las calles. La mañana del 22 de agosto de 2025, frente a un lavadero de motos del casco urbano de Calamar, fue capturado Andrés Fabián Durán, alias “Garrote”. Lo buscaban por el homicidio de un poblador indígena. Las autoridades describen al miliciano como un joven de 23 años, altísimo, de piel trigueña y brazos tatuados. Su posición lo explica todo. Según la investigación de la Fiscalía, “Garrote” recorría el pueblo exigiéndoles a los campesinos y comerciantes que presentaran los comprobantes de pago de las “vacunas” a la guerrilla. Esa especie de “aval” se convirtió —se lee en el proceso en contra de este hombre— en un salvavidas de la gente, incluso para salir a caminar por el pueblo. “Garrote” era tan solo un eslabón de un sistema mucho más ambicioso al que suelen llamar el “catastro de las disidencias”.  

El equipo periodístico de Mongabay Latam y Vorágine pudo esclarecer, a partir de testimonios recogidos en Calamar, cómo funcionan los pagos en la práctica. Se trata de un esquema que se asemeja a un censo predial clandestino. Un líder del municipio dice que este “catastro” desmitifica un poco la idea de una estructura política sofisticada porque se reduce a un control de área por área muy pragmático. Los grupos armados elaboran una especie de croquis por cada vereda e identifican cuántas fincas hay y su extensión.

Con ese registro, la guerrilla les impone a los habitantes una tarifa. Un campesino, cuya identidad es protegida por seguridad, lo explica con cifras: “Ellos, para sus temas sociales y políticos de su organización, hay veces que les ponen un aporte a las comunidades. Entonces dicen: ‘Pague 10 000 pesos [3 dólares] por hectárea cada año; si tiene 200, aporta 2 millones [622 dólares]'”. Además de esa cuota, las disidencias usan la misma información para cobrar por deforestar y por cada res que los campesinos tengan o vendan.

Las disidencias terminan administrando el destino de la naturaleza. Deciden cuándo se puede tumbar y cuánto cuesta hacerlo. Para Camilo González Posso, investigador de Indepaz, esas vedas no responden a una lógica de conservación, sino de recaudo. “Cuando uno pregunta qué significan esas prohibiciones, la respuesta es: ‘Toca pagar'”. Luz Alejandra Gómez, de la FCDS, dice que la regulación armada nunca puede confundirse con una política ambiental. “Son las leyes que ejercen los grupos armados” y, bajo esas condiciones, “la pérdida de bosque no se puede controlar”.

Desde una visión macro, Rodrigo Botero señala la profunda ironía de esta arquitectura paralela: mientras el Estado colombiano enfrenta barreras inmensas e invierte recursos tratando de consolidar un catastro multipropósito oficial, los actores en armas ya han logrado ejecutar un andamiaje “hiper detallado, predio por predio” que abarca todo el borde de la Amazonía, incluyendo el Parque Chiribiquete.

El funcionamiento del catastro ilegal no termina en el censo, sino que continúa con la coacción. Quien cultiva, cría animales o comercia debe pagar su cuota. Y la disidencia, entonces, emite el recibo de pago, ese mismo que exigía “Garrote” cuando se paseaba por Calamar, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía.

Sin ese recibo nadie atraviesa las veredas. Los comandantes guerrilleros han ordenado que todas las personas deben llevarlo consigo para viajar por ríos, montañas y llanuras. Las milicias que operan de civil hacen las veces de auditores: revisan las cuentas, verifican quién ha pagado y envían la evidencia por WhatsApp a los cabecillas para mantener la contabilidad al día, relató el fiscal que ha estado al frente del caso.

Esa plata es la que financia la encarnizada pelea entre “Mordisco” y “Calarcá”. Un investigador que lleva años acompañando comunidades en esta parte de la Amazonía dice que la disputa ha derivado en episodios de extrema violencia. El bloque de “Calarcá”, cuyo principal baluarte es Puerto Cachicamo, un corregimiento al noroccidente de San José del Guaviare, ha intentado descender para penetrar hacia el caserío de La Paz, del municipio de El Retorno, donde se respira el poder de “Mordisco”. Los combates más intensos se han dado en lugares como Miravalle y Caño Zancudo.

Las consecuencias humanitarias han sido funestas. Los campesinos han quedado atrapados en un fuego cruzado, allí donde la neutralidad es imposible: cualquier acercamiento con un bando es interpretado por el enemigo como traición. La magnitud de la crisis humanitaria quedó plasmada en una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo de 2025, que declaró a Calamar en “riesgo extremo” ante la inminencia de desplazamientos y violencia directa. De hecho, los reportes de la misma entidad evidenciaron cómo la confrontación entre “Mordisco” y “Calarcá” ha llegado a dejar a más de 10 000 personas confinadas en Guaviare, sin libre circulación ni acceso a bienes básicos.

Un experto que ha trabajado en procesos comunitarios recuerda que la confrontación alcanzó uno de sus picos de mayor barbarie en enero de 2025 cuando las tropas de “Calarcá” masacraron a 16 jóvenes del Frente Primero. Este evento, que ocurrió en una vereda llamada San Miguel, tuvo una resonancia honda en los civiles. “La guerra está tenaz porque es por todos lados. Es como un cercamiento… muy feo, muy feo”, dice una mujer que trabaja con una organización social.

Pero el horror escalaría a otros niveles. Justo un año después, en enero de 2026, aparecieron 26 cadáveres filados sobre una carretera que va hacia La Paz, en la vereda Kuwait. Kyle Johnson, de la Fundación Conflict Responses–CORE, escribió un reportaje para La Liga Contra el Silencio en el que dio detalles de la matanza. Las víctimas, que pudieron ser envenenadas y luego rematadas con tiros de gracia conforme a las hipótesis iniciales, pertenecían a las tropas de “Mordisco”. En la zona atribuyen este hecho a los hombres de “Calarcá”. 

Esa espiral de terror, sin embargo, aún no había tocado fondo. El 26 de mayo de 2026, aparecieron 50 muertos en el resguardo Barranco Colorado y la vereda Siberia, de San José del Guaviare. Unos 250 hombres de “Mordisco” intentaron asaltar un campamento de las tropas de “Calarcá”. El combate, que se prolongó por horas, bañó de sangre un punto geoestratégico: la trocha ilegal Tomachipán-Cumare, un corredor vital para mover cocaína y armas entre los ríos Inírida y Guaviare. El pánico desatado por los explosivos y las ráfagas no solo diezmó a las filas disidentes, sino que obligó a las comunidades indígenas Jiw y Nukak, al igual que a los campesinos, a confinarse y desplazarse a la fuerza para no caer en el fuego cruzado.

Ante las consultas de Mongabay Latam y Vorágine, el Ejército, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 11, aseguró mantener operaciones en Calamar, San José del Guaviare y Miraflores, pero admitió que ninguno de sus resultados operacionales se han producido dentro del área protegida del Chiribiquete. Su balance terrestre entre 2024 y 2026 cerró con seis combates, un disidente muerto, 13 “neutralizados” (es decir, entre capturados y sometidos), un menor recuperado, y la destrucción de 34 laboratorios y 242 kilos de cocaína.

Crímenes impunes

El 5 de abril de 2025, a eso de las cinco de la tarde, los ocho campesinos y líderes religiosos de Agua Bonita Media suplicaban que los dejaran libres. El comandante del grupo era Wainer Javier Valencia, alias “Wainer”. Él mismo los obligó a tenderse boca abajo sobre la tierra seca, a unos cinco metros de un árbol de limón mandarino. Sin ninguna contemplación, los disidentes descargaron treinta disparos contra los secuestrados indefensos. Mientras “el Tuerto” prestaba seguridad con pistola en mano, otro de los sicarios se acercó empuñando un revólver calibre 38 de cachas blancas y asestó un tiro de gracia en la cabeza de cada víctima.

Consumada la masacre, la sevicia no terminó: “Wainer” ordenó voltear los cadáveres ensangrentados boca arriba para tomarles unas últimas fotografías. Luego, “el Tuerto” y “Morocho” arrastraron los cuerpos hasta un enorme hueco que habían cavado horas antes a orillas del río Unilla. La orden de la cúpula fue borrar cualquier rastro. Por eso, cuando los familiares preguntaron angustiados por los desaparecidos, la guerrilla inventó que los secuestrados se habían escapado para unirse al Frente Séptimo de “Calarcá” después de haberse robado una plata.

Este poder absoluto sobre la vida y la muerte les permite llevar un libro de cuentas en el que el daño ambiental se traduce en utilidad. Mientras manden allí, los fusiles seguirán pagándose con ganado y extorsiones. En el cielo también quedará escrito: las imágenes satelitales mostrarán  la Amazonía hecha cenizas en los bordes y dentro del Chiribiquete.

Basta recorrer la carretera que va de San José, capital del departamento, hacia Calamar, y sumergirse en sus trochas. Vacas, leche, cercos y corrales son el paisaje que flanquea el horizonte hasta donde alcanza la vista. Los grandes inversores que nunca ponen un pie en Guaviare terminan quedándose con lo que otros ya desmontaron. Un habitante de San José dice que hay caminos, como la vía al Guayabero, que lucen como avenidas de barro cercadas por postes rojos o azules, un código de colores con el que los terratenientes anuncian hasta dónde llega cada quien.

La transformación del paisaje se aceleró drásticamente a partir de 2016, luego de la firma del Acuerdo de Paz. Desde entonces y hasta 2025 han desaparecido más de 1.2 millones de hectáreas de cobertura forestal en la Amazonía colombiana. Lo dice el IDEAM. El trabajo de campo de la FCDS calcula que unas 800 000 fueron arrasadas para meter más reses. Nada de eso sería posible sin más de 8000 kilómetros de carreteras clandestinas que tajan la Amazonía.

Y es que Guaviare ha sido el laboratorio de múltiples intentos de negociación, desde los fallidos diálogos que crearon la zona de distensión entre 1998 y 2002, hasta el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Sin embargo, la firma de estos pactos no logró frenar el avance de la frontera ganadera. Estefanía Ciro, ex investigadora de la Comisión de la Verdad, dice que firmar la paz no resultó ser una solución per se para frenar la tala indiscriminada; de hecho, cuestiona que el último proceso tuvo una gran responsabilidad en la legalización cultural de vías ilegales. 

Y Calamar, donde secuestraron y masacraron a los predicadores evangélicos, es la frontera viva a través de la cual el Chiribiquete se desangra. Por orden de los grupos armados se está obligando a ampliar trochas que pueden alcanzar los 14 metros de ancho, el escenario perfecto para el paso masivo de ganado.

Donde aparece una carretera tarde o temprano llega una vaca. Solo entre 2024 y principios de 2025, la construcción de 81.5 kilómetros de caminos ilícitos consumieron 525 hectáreas dentro del Chiribiquete y otros 1070 en el resguardo indígena contiguo, de acuerdo con un análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Pero la historia viene de atrás. Los satélites registran 165.7 kilómetros de tierra devastada para el paso de vehículos dentro del Chiribiquete, de los cuales al menos 37 fueron camuflados bajo la bóveda forestal para evadir los radares. 

La aparición súbita de ganado es lo que los habitantes llaman “frentes de colonización”, es decir, personas que entran a tumbar monte y levantar cercas para el pastoreo, confirma alguien que trabaja acompañando procesos comunitarios y cuya identidad reservamos. Dice que hay sitios donde el Estado nunca ha existido y la situación “se vuelve cada vez más oscura”.

Estado ausente

Frente a la magnitud del asedio, las instituciones ofrecen algunas respuestas. Parques Nacionales Naturales admitió a Mongabay Latam y Vorágine sus severas restricciones para vigilar debido al riesgo que representa la presencia armada. La Fiscalía, por su parte, confirmó que en 2024 y 2025 abrió nueve investigaciones por delitos ambientales en el Chiribiquete y, en respuesta a un derecho de petición, reconoció que sus bases de datos no permiten identificar si los procesados pertenecen a las disidencias de las FARC.

Mientras el Frente Primero de “Mordisco” impone su orden armado sobre el terreno, en los estrados avanza un proceso judicial inédito contra su cúpula. Según el expediente, la Fiscalía acusó formalmente a este jefe de las disidencias, junto a otros comandantes históricos como alias “Jhon 40” y el fallecido “Gentil Duarte”. Lo novedoso del llamado a juicio, que comenzará en los próximos meses, es que se les procesa como máximos responsables de delitos puramente ambientales: destrucción de recursos naturales, e invasión de suelos de especial importancia ecológica.

La Fiscalía los responsabiliza de abrir carreteras para conectar los parques Macarena, Tinigua y Chiribiquete. Se cree que su maquinaria criminal provocó la deforestación de 178 597 hectáreas, en 2016; y 219 973, en 2017. Pese a la gravedad de los señalamientos, el juicio se desarrollará frente a sillas vacías. La justicia declaró a “Mordisco” y a sus subalternos como personas ausentes. Aunque el gobierno ofrece hoy una recompensa de 5000 millones de pesos (unos 1.39 millones de dólares) por su captura, él sigue libre, y atrincherado en algún paraje remoto. Al igual que su enemigo “Calarcá”, cuyos delitos también caminan sobre la impunidad.

El problema es que los daños ambientales son irreparables. Los peritajes de Parques Nacionales Naturales lo demuestran. Los desmontes y las quemas rompen la conectividad de la fauna, alteran los ciclos del agua, secan los ríos y liberan enormes cantidades de gases de efecto invernadero. En uno de esos estudios, la entidad calculó que intervenir apenas 77 hectáreas dentro del parque liberó 43 589 toneladas de CO₂ equivalente. Hoy, esa hemorragia ya se cuenta por cientos de miles.

Mientras tanto, en Guaviare, hay quienes intentan desandar un camino que ya abrieron las motosierras. Una de las personas consultadas para este reportaje acompaña procesos de conservación y recorre con frecuencia las inmediaciones del Chiribiquete. Hace poco caminó por los linderos de un nuevo frente de colonización hasta llegar a un bosque primario, donde las ceibas escondían el cielo desde abajo y se escuchaban los monos aulladores. El aire tenía ese olor agrio de la hojarasca en descomposición. Cuando volvieron le preguntó al presidente de la Junta de Acción Comunal si todavía existía alguna posibilidad de salvar aquel rincón: “El 50 % de lo que vimos hoy va a desaparecer en cuatro años”, fue lo que dijo.

*Nota: Alias “Brandon” fue ejecutado por las propias disidencias en abril de 2025 luego de ser acusado de ser un infiltrado militar. Miller Leonardo Garrafa, alias “el Tuerto”, y Andrés Fabián Durán, alias “Garrote”, aguardan sus respectivos juicios en la cárcel, imputados formalmente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir. Por su parte, la abogada Angie Liset Jaramillo, “la Crespa”, permanece privada de la libertad, y enfrentará un juicio por concierto para delinquir agravado debido a su colaboración con la estructura criminal, según la Fiscalía.