La agenda laboral silenciosa que podría volver a encender la mecha del paro

Aun si se llega a resolver un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país que ya ha provocado varias decenas de muertos y de desaparecidos, miles de heridos y pérdidas económicas billonarias, no es seguro que el gobierno de Iván Duque pueda culminar su periodo libre de contratiempos, incluida otra protesta de idénticas proporciones a la que comenzó el 28 de abril de 2021.

Por lo pronto, el paro nacional logró desactivar la polémica reforma tributaria que buscaba recaudar 24 billones de pesos a costa de gravar productos de primera necesidad y afectar tributariamente a la base de la clase media. También hizo que se le expidiera la partida de defunción a la pretendida reforma a la salud, que para algunos no daba en el clavo de las fallas del sistema de atención y, en cambio, sí representaba más ventajas para las empresas aseguradoras (EPS). 

Y algunas fuentes del mundo sindical van más allá al señalar como otra conquista que si no hubiera sido por la protesta que tuvo sus primeras expresiones en noviembre del 2019, el gobierno continuaría con la agenda laboral “a cuentagotas” que traía.

El Comité Negociador del Paro se levantó de la mesa el 10 de junio pasado, al considerar que no había voluntad real del gobierno para llegar a un acuerdo, quedando el movimiento activo. Ya no hay movilizaciones diarias sino intermitentes, pero no menos beligerantes, lo que ha desencadenado  enfrentamientos con un cariz de campo de batalla entre la llamada “primera línea” y la Policía.    

Como parte de la nueva estrategia de los manifestantes, los puntos principales de su pliego de exigencias se convirtieron en proyectos de ley. Es el caso, por ejemplo, de la asignación de una “renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares pobres; la gratuidad universal en la educación superior pública para hacer efectiva la matrícula cero; el fortalecimiento de la red pública de salud, la dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia, y los apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo”.

Igualmente, la asignación de apoyos para la reactivación del sector agropecuario; la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre el Piso de Protección Social; acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en  género; garantías para la protesta pacífica; la reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), con el fin de hacer más efectiva e incentivar la participación política de los jóvenes y la reforma a la policía. 

“Nosotros aspiramos a que se debata lo que no se ha querido debatir, trasladando el escenario al Congreso. Queremos que las causas no discutidas del paro se discutan en un escenario público y con participación de las universidades y la sociedad en general”, le expresó a Vorágine un miembro del Comité Negociador del Paro que pidió omitir su nombre.

Eso hace prever una legislatura turbulenta, porque además, según agregó la fuente, la intención es escalar la protesta en caso de que se encuentren con “jugaditas” de la coalición pro-gobierno para torpedear la discusión o para el caso eventual de que Duque saque de la manga puntos de la agenda laboral que habían sido expresados desde el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

“Este es el gobierno más pro-empresarios que hemos tenido en toda la historia, incluso más que el de Álvaro Uribe, y entre los intereses de los empresarios y el Plan de Desarrollo no cabe ni una sola hoja de papel”, criticó el integrante del Comité de Paro consultado para este reportaje.

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¿Y la agenda laboral?

Justamente, en esa hoja de ruta que es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) figuran los llamados Pactos por el Crecimiento Económico y la Generación de Empleo, cuyo objetivo era inyectar 61 billones de pesos para impulsar la productividad, aumentar las exportaciones en 10 mil millones de dólares y generar 1,1 millones de empleos durante la actual administración. 

Hasta ahora, con la pandemia por el covid-19, las metas no se han reformulado y es evidente que ha imperado un silencio casi absoluto frente a este, que era un programa bandera de Duque; por algo se lo encomendó a la vicepresidenta y hoy ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez.

Una crítica obvia es que estos Pactos por el Crecimiento se hicieron de manera directa con los empresarios y al margen de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde están los sindicatos, que deberían ser invitados de primer orden. 

Hasta la fecha van 22 acuerdos con 110 gremios económicos y, según el último informe colgado en la plataforma de la Vicepresidencia, el índice de cumplimiento va en más del 88%.

Cada pacto parte de un diagnóstico en cifras del respectivo sector, un inventario de los cuellos de botella y propuestas prácticas y concretas para destrabar su crecimiento.

¿Derecho a una pensión digna?

En una investigación hecha por Vorágine, encontramos que en por lo menos cuatro de esos pactos se señalan asuntos espinosos en el campo laboral y pensional. Por ejemplo, los sectores Turismo, BPO (de tercerización de funciones y procesos de negocios) y Moda hacen hincapié en la necesidad de reglamentar el artículo 193 del PND, que es el relativo al “Piso de Protección Social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo”, algo que ya quedó chuleado con el decreto 1174, que según el Ministerio de Trabajo está pensado para más de 13 millones de colombianos que son económicamente activos pero no cotizan al Sistema de Seguridad Social pues son trabajadores informales y tienen trabajos ocasionales que no les permiten alcanzar ingresos para hacer los aportes, entre otras razones. 

Analistas consultados por este medio, como Ricardo Jaramillo, de la Corporación Viva la Ciudadanía; Sandra Muñoz, del Centro de Solidaridad (una ONG que hace parte de la mayor central obrera de Estados Unidos y de Canadá), y Estefanni Barreto, abogada de Incidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguran que el Piso de Protección Social que oficialmente es presentado como la oportunidad de que gente que se desempeña en el sector informal de la economía acceda a un ingreso para sus últimos años, en realidad desvirtúa la esencia de la pensión por vejez.

“En la lógica del Piso de Protección Social, el Gobierno está metiendo tres pilares fuertes: uno, los BEPS, o sea unos beneficios económicos periódicos que no son una pensión pero sí usan recursos pensionales; dos, los microseguros, algo similar a lo que estaba en el proyecto de ley 010 (reforma a la salud) y en otros proyectos de reforma laboral rural que se han venido cayendo a lo largo de la legislatura; y tres, ampliar las cotizaciones tratando de profundizar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)”, explicó Jaramillo.

Para el abogado de Viva la Ciudadanía, el decreto 1174 “desnaturaliza la pensión ampliando la base de personas que pueden cotizar pero terminan obteniendo un ingreso que se aleja muchísimo de lo que sería un salario mínimo legal vigente, que es lo que de acuerdo con la Constitución tendría que ser la pensión“. 

La contrapropuesta apoyada por esa organización y por otras del sector social y sindical es que todos los ciudadanos coticemos a la administradora estatal de pensiones (Colpensiones) para obtener una pensión básica y que, los que quieran y puedan, ahorren en un fondo privado.

“Mucha gente ya ni siquiera va a cotizar para la pensión sino parar los BEPS”, criticó el representante a la Cámara por el Partido Dignidad, Jorge Gómez.
Si no fructifican las demandas contra el 1174 ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional con el argumento de que contradice el derecho a tener una pensión digna, es claro que será un acicate para los manifestantes, que volverán a las calles.

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Poner al lobo a cuidar el bosque por donde pasa Caperucita

La necesidad de flexibilizar los contratos de trabajo, un tema que ha estado en la agenda de los empresarios y del uribismo por años, también tiene su lugar en los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo promovidos por el Gobierno. 

Específicamente, el pacto del sector moda plantea que un escollo es la “informalidad empresarial que afecta las condiciones justas de mercado” y una de las medidas para superarlo, aduce, es realizar “una mesa técnica con el sector para analizar la posibilidad de flexibilizar la normatividad que permita la cotización a seguridad social y contratación por periodos inferiores al mes, como horas y días”, tarea que le encomienda al Ministerio de Trabajo. Ni más ni menos, se trata de la polémica propuesta que esbozó en su momento la hoy exministra de Trabajo, Alicia Arango, suscitando el rechazo, entre otros, de los sindicatos.

En el sector Business Process Outsourcing (BPO), que es el que terceriza los servicios (los call center son el mejor ejemplo) y mueve unos 500 mil empleos, se menciona que uno de sus cuellos de botella es la “falta de flexibilidad en las modalidades de contratación que le resta competitividad a las empresas” y se plantea la necesidad de “realizar reuniones con sindicatos para explicar el panorama del mercado laboral actual y futuro, con el objeto de generar conciencia sobre los desafíos que presenta, incluyendo temas como automatización, revolución tecnológica, industrias 4.0, trabajo virtual, ausentismo y nuevas modalidades de contratación”.

El pacto del sector Hidrocarburos también plantea la modificación de la norma que obliga a la contratación de mano de obra local y que ha sido una garantía para asegurar la subsistencia de los pobladores de lugares apartados del territorio, donde muchas veces la única ocupación posible viene del petróleo y sus derivados.

Además, por cuenta del pacto del sector Moda, el MinTrabajo y el Sena debían analizar la posible flexibilización de las normas relativas a la contratación de aprendices en general y, en particular, de los que vinculan las compañías desde el Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Y remata asignándole a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) la tarea de “presentar insumos sobre los elementos de la normativa laboral       prioritarios con oportunidades de mejora”, algo que algunos expertos interpretan como poner al lobo a cuidar el bosque por donde pasa Caperucita. A partir de esos insumos entregados por la Andi, el Ministerio debía presentar una reforma del Código Sustantivo del Trabajo.

De los Pactos por el Crecimiento muy poco se ha vuelto a hablar en el ambiente de pandemia y crisis económica, y menos luego del estallido social que devino desde el 28 de abril. Es más, ningún centro de pensamiento económico de los consultados por Voragine, como Cedetrabajo, la Escuela Nacional Sindical, el Observatorio Tributario de la Universidad Javeriana o el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, les ha hecho seguimiento.

El economista, exsenador y exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta (Partido Liberal) lo atribuye a que “no los toman en serio, a que toman el tema más como anuncios presidenciales que son más efectistas que otra cosa”.

Lo cierto es que el Gobierno ha logrado filtrar asuntos cruciales incluidos en los pactos, que Jaramillo, Muñoz y Barreto califican como una reforma laboral y pensional solapada o una reforma a cuentagotas que no ha pasado por el tamiz del Congreso y, mucho menos, de la discusión en el escenario público. 

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Reforma a cuentagotas

“La estrategia no es una gran reforma como las que habíamos visto, de un proyecto de ley grandote, sino que van haciendo modificaciones puntuales en temas específicos”, apuntó Jaramillo, asesor de Incidencia y Presión Política de Viva la Ciudadanía.

Ese sería el caso del ya mencionado Piso de Protección Social (vigente desde agosto de 2020), del proyecto de ley 010 de reforma a la salud, de la Ley de Trabajo en Casa -que, en concepto del abogado Jaramillo, obvia la obligación de suministrar instrumentos de trabajo a los empleados- y de otros temas que siguen vivos en la agenda legislativa.

Otro buen ejemplo es la Ley 2101 que, en síntesis, reduce la jornada laboral semanal, de 48 a 42 horas. Esta fue presentada por el mismísimo Álvaro Uribe Vélez y otros 12 miembros de la bancada del Centro Democrático. 

El Congreso la aprobó en julio pasado contra todo pronóstico, ya que los empresarios la han mirado con recelo por los posibles efectos nefastos que traería para sus finanzas en un escenario de postpandemia, y ni los propios sindicatos la apoya tanto por su origen como por sospechar que se trata de un texto “envenenado”, que en realidad lo que hace es legalizar el trabajo por horas.

Estefanni Barreto, de la CUT, recuerda que este no era el único proyecto que apuntaba a bajar el tiempo de trabajo semanal. También estaba el 029 de la Cámara, cuyo ponente era Ómar de Jesús Restrepo (Partido Farc), que fue archivado en primer debate de comisión a principios de este año. 

“Si en ambos el ánimo es la reducción de la jornada laboral, uno se pregunta por qué uno avanzó y el otro no, y es porque lamentablemente entre frases está escondido el trabajo por horas”, apuntó la abogada al rechazar el texto uribista. 

Otras críticas apuntan a que, con la mencionada ley, a la par que se flexibiliza la jornada de trabajo, se podrían estar acabando lo que queda de los recargos salariales por trabajo nocturno, en dominicales y festivos. 

Por otra parte, no hay ningún proyecto para aumentar la edad de retiro, que es un caballito de batalla constante de los fondos de pensiones y de entidades como Fedesarrollo y Anif, a partir de considerar que el sistema pensional no es viable como está actualmente.

Además, varios de los consultados para este reportaje ven poco probable que estos proyectos ocupen al Legislativo en los próximos meses, primero porque el Gobierno queda sin margen de maniobra, ya que ni siquiera concita la unión de su partido (Centro Democrático), y luego porque los congresistas estarán distraídos en sus regiones consiguiendo votos para las próximas elecciones.

En una entrevista con El Tiempo, a finales de mayo pasado y previo al congreso de su gremio, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, reconoció que la coyuntura no es favorable para poner a sonar el tema. “Tenemos que ser realistas”, sentenció al sugerir que no por ello se echaría en el olvido.

Varias voces ligadas con el sector sindical advirtieron sobre la necesidad de estar alertas para evitar que puntos polémicos ya mencionados u otros se deslicen bajo la forma de normas de bajo perfil como resoluciones, circulares o decretos ministeriales.

Entre esos “otros” estaría una iniciativa que se cayó el año pasado (Ley 193) y que trataba de crear una especie de régimen laboral rural con estándares laborales inferiores a los señalados por el Código del Trabajo, incluyendo un ítem de microseguros en vez del aseguramiento global que ofrecen hoy las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales), de manera que cada riesgo se asegure aparte. 

“Este modelo ya lo intentaron aplicar en otras partes, como Perú, y lo que pasó fue que se subían los costos porque tocaba pagar muchas más primas; creció la informalidad porque los empleadores no afiliaban a los trabajadores, y no aumentó la cobertura de siniestros y riesgos”, explicó Jaramillo, quien no duda de que los únicos ganadores serían las empresas de seguros.

Así las cosas y ya que en el corto plazo es muy posible el bloqueo de cualquier agenda legislativa del Gobierno, otra puja vendría si la oposición o los sectores sindicalistas que encabezan el paro nacional se empeñan en desempolvar iniciativas que ya han presentado pero fueron archivadas.

En esa categoría estaría el proyecto (322 de 2020 en Senado y 050 en la Cámara) que da seis meses desde la promulgación como ley para permitir el traslado de afiliados entre regímenes pensionales. 

Este figura como archivado, pero la decisión fue apelada, por lo cual no se descarta que vuelva al ruedo legislativo. Para Gómez, se trata de una oportunidad interesante para miles de personas que están buscando ese paso, pues aunque muchos han logrado ese cometido por la vía judicial, de esta manera sería más rápido y barato.  

Otro texto archivado, el 041 del Senado, pretendía derogar las disposiciones del Código Laboral introducidas por Uribe, supuestamente para promover el empleo y que a juicio de la oposición no cumplieron con su fin, resultando en cambios regresivos a los derechos laborales. En síntesis, el proyecto busca que se vuelvan a reconocer horas nocturnas desde las 6 de la tarde (hoy es desde las 9 de la noche) y dominicales con recargo del 100% (actualmente es del 75%), y se contempla aumentar el periodo del contrato de aprendizaje de 2 años a 3. 

Sandra Muñoz, asesora laboral y sindical del Centro de Solidaridad, avizora que la movilización social se mantendrá por el periodo preelectoral y los puntos señalados serán parte importante de la agenda de los candidatos. 

*Este reportaje se hizo gracias al apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).