Una vendedora en un semáforo y un mariachi que da serenatas por la calle tienen algo en común: son migrantes profesionales que no han podido convalidar sus títulos. Sus esperanzas están puestas en la reactivación de las relaciones diplomáticas y en las medidas que pueda implementar el nuevo gobierno de Colombia.
11 de septiembre de 2022
Por: Osiris Ceballos Garrido* / Ilustración: Angie Pik

El semáforo ha cambiado a rojo. Adriana Mendoza tiene 95 segundos exactos para ofrecer las golosinas y los pañitos húmedos que desde 2018 vende en la esquina que conecta la carrera 15 de Riohacha, la capital del departamento de La Guajira, con la troncal del Caribe.

De aquella maestra de preescolar, egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Venezuela, como licenciada en educación inicial, se conserva el espíritu entusiasta y las fotos con sus alumnos más estimados. Su actual contexto laboral dista mucho de las aulas de clases que dejó atrás cuando migró, aunque sigue manejando con destreza la capacidad de enseñar, esta vez el objetivo de su “cátedra” es convencer a todo el que frena en el semáforo para que compre sus productos.

Adriana llegó a Riohacha en 2017, movida por la aguda crisis humanitaria que persiste en Venezuela y que ha generado la salida de alrededor de 6,81 millones de venezolanos, a distintos lugares del mundo, según el número actualizado en agosto de 2022 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

A la maestra nacida en el estado Carabobo, las oportunidades para ejercer su profesión le han sido escasas, sobre todo porque no posee ningún documento legalizado y apostillado para iniciar un trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación de Colombia. 

Dice reflexiva mientras espera que el semáforo cambie a rojo nuevamente: “Muchas veces siento que perdí mis cinco años de estudio y todo el esfuerzo que hice para graduarme”.

Recuerda que cuando decidió viajar a probar suerte en Colombia, lo hizo porque el sueldo de 8 dólares que percibía como maestra de preescolar en Maracay, estado Aragua, se le iba íntegro en sus traslados y necesitaba generar ingresos para mantenerse junto con su hijo y su mamá, quienes aún continúan en Venezuela.

Con los ojos llenos de lágrimas, la migrante de 31 años describe las características de ese colegio que siempre quiso tener y que hoy solo hace parte de un sueño esquivo: “Una guardería muy espaciosa, con baños y dormitorios bien decorados para niños y niñas, con áreas muy bien delimitadas para aprender jugando”, dice Adriana mientras acaricia su negra cabellera y explica  que menciona muy poco su  profesión en esta su nueva vida. 

Dice que las personas suelen pensar que es mentira lo de su profesión e incluso la cuestionan, pero no se desgasta en aclaratorias porque no le interesa generar controversias ni más incomodidades en esa esquina a donde llegó por casualidad, haciendo una especie de parada en lo que era su rutina de vendedora de los mismos productos, pero puerta por puerta, a pie, por buena parte de Riohacha.

Según los datos presentados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (GEIH – DANE), hacia finales de 2019 y comienzos de 2020, 65% de los migrantes venezolanos en Colombia posee su título de bachiller, 15% de los migrantes venezolanos en Colombia posee un título técnico o tecnológico, 14% título universitario, y 2% título de postgrado. Apenas el 3% cursó educación media sin obtener ningún título. El número de migrantes venezolanos titulados pudiera ser mayor, pues la GEIH trabaja en función a muestras poblacionales representativas de los 2.477.588 migrantes venezolanos contabilizados por Migración Colombia hasta julio de 2022.

Sin embargo, ese 31% de migrantes venezolanos preparados en distintas áreas no ha logrado una inserción laboral acorde con sus estudios. Y aunque se encuentran ocupados (6 de cada 10 migrantes encuestados por el DANE tienen trabajo), trabajan de manera informal ya que no realizan aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

En la gran mayoría de los casos y aun teniendo el Permiso de Protección Temporal (PPT) que permite hacer trámites de convalidaciones, los profesionales migrantes no logran iniciar el proceso legal por las barreras económicas que impiden habilitar los documentos provenientes de Venezuela, para que tengan validez internacional. La misma barrera se presenta para quienes tienen todo en orden, pero les falta el dinero para pagar el arancel del Ministerio de Educación de Colombia.

Si tuviera mi apostilla

La lista exigida por el Ministerio de Educación de Colombia para convalidar un título de pregrado obtenido en una universidad del extranjero es larga. La encabeza el diploma, seguido de los certificados de asignaturas y de programa académico, todo debidamente apostillado.

Los requisitos exigidos son más, pero al leer la palabra “apostillado” las ilusiones parecen truncarse pues realizar el trámite en Venezuela toma tiempo y alrededor de 200 dólares americanos por cada documento (880.000 pesos colombianos, aproximadamente), aún y cuando las páginas oficiales manifiestan que son trámites gratuitos.

Los altos precios atienden a varios motivos, uno de los principales es que si la persona que requiere el documento se encuentra fuera de Venezuela se le imposibilita asistir a las citas que le asignen, por lo que les corresponde valerse de terceros que “garantizan” obtener el documento sin que se requiera asistencia presencial, ni poderes notariados.

Lo anterior se deriva principalmente de la inexistencia de representaciones consulares en Venezuela y Colombia, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, en 2019, lo que ha generado una afectación negativa sobre los derechos de los ciudadanos venezolanos en el extranjero, tal cual lo define la investigación “Desprotegidos”, desarrollada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas.

Hay quienes han logrado sortear todas las dificultades y salir de Venezuela con absolutamente todos los documentos en regla, pero al llegar a Colombia se enfrentan ante un arancel de 696.993 pesos colombianos para convalidar su título de pregrado, monto que para muchos representa 28 días de trabajo y se convierte en una cifra difícil de juntar si se considera que a las cuentas propias de la manutención (arriendo, servicios, comida, traslados), se le adiciona el constante envío de remesas familiares que se llevan parte importante del presupuesto de cada migrante.

Un estudio ¿“perdido”?

“Yo vendo confites, bocadillos, bolsitas con tamarindo, pañitos húmedos… distintas cosas que voy consiguiendo en las tiendas y que veo que se les puede sacar una pequeña ganancia”, cuenta Adriana Mendoza.

La maestra migrante tiene un trabajo en el que no hay día de descanso. Los trancones y las horas pico son los momentos más anhelados del día pues es durante ese período que tiene acceso a mayor cantidad de conductores a quienes ofrecer la mercancía.

Al final de la jornada que va de 7 de la mañana a 7 de la noche, el ingreso diario ronda entre 20 a 25 mil pesos (aproximadamente 5 a 6 dólares estadounidenses), por eso asegura que hay que pensar muy bien hasta para tomarse una bolsita de agua de 500 pesos, porque puede representar un verdadero lujo. “Imagínate convalidar un título”, dice Adriana con un tono sarcástico.

La luz del semáforo ha cambiado a verde. La joven corre rápidamente hacia la isla. Se resguarda del sol y el tráfico bajo un árbol de mango, mientras espera una nueva oportunidad. En los próximos 95 segundos la rutina se repetirá: ¡toc, toc! en la ventana de un carro, una sonrisa amable y un sonoro, “a la orden, pañitos a 5 mil pesitos, también llevo confites”. Las “gracias” cuando concreta una nueva venta también hacen parte de esa especie de buenas prácticas en lo que para Adriana Mendoza representa una manera de ganarse la vida.

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Las Petro promesas

“Es un tema complejo que no va a solucionarse de la noche a la mañana con reiniciar las relaciones diplomáticas”, afirma Gustavo Petro, presidente de Colombia en una entrevista concedida a El País, tras su posesión en agosto de 2022  y agrega que en Colombia existen alrededor de dos millones de venezolanos que deben gozar de derechos, entre los que destaca la convalidación de un título. 

“Hay tal magnitud de problemas acumulados, que el esfuerzo ha de ser muy grande para que las cosas vuelvan a la normalidad”, explica el presidente, haciendo referencia a la reanudación de las relaciones diplomáticas y la ansiada apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Sus declaraciones resultan alentadoras tanto para los migrantes venezolanos, como para los mismos colombianos, que a través de distintos procesos de sensibilización social comienzan a evaluar las ventajas de la migración venezolana, resaltando entre ellas la formación educativa que pueden poner al servicio del país de acogida, sin que haya representado ninguna inversión para el Estado.

Ese grupo de profesionales movidos por el éxodo migratorio, que también incluye hijos de colombianos que se formaron en Venezuela, pudieran representar una herramienta de gran utilidad para hacerle frente a la crisis de profesionales que se prevé pueda agudizarse hacia 2025, muy especialmente en el área de Tecnología de la Información y la Comunicación, según el MinTic de Colombia, además de profesionales en áreas de tecnología e información, técnicos en electromecánica, yacimientos, geología y médicos especialistas, cuyo déficit se hizo sentir durante la emergencia sanitaria por Covid -19.

Sin embargo, desde la Casa de Nariño no existen comunicaciones oficiales que expliquen las medidas que pudieran implementarse para contribuir en la mejora del proceso de homologación y convalidación de títulos obtenidos en universidades venezolanas, muy a pesar de que ambos países ya cuentan con su representación diplomática oficial.

El mariachi en el desierto

Un hombre vestido de charro, se abre paso entre los turistas y locales que esa tarde se han dispuesto a ver el atardecer desde el muelle de Riohacha. Botas, sombrero, guitarra y parlante en mano sigue con paso firme y sin vacilar ante los 38 grados de temperatura y la alta humedad que hace parte del clima de la capital de La Guajira.

Su nombre es Jorge Morales, un profesor de la Universidad del Zulia, de 53 años de edad, que cambió la toga y el birrete que portaba para acompañar a sus alumnos que egresaban de la licenciatura en educación física, deporte y recreación, por un amplio repertorio de rancheras que incluye hasta el cumpleaños feliz en el popular género mexicano.

Jorge obtuvo su título de profesor en la misma universidad venezolana para la cual prestó servicios durante 23 años y donde actualmente y a distancia tramita su jubilación, la que le garantizará un ingreso mensual de 460 bolívares fuertes, aproximadamente $USD 58 (255.000 pesos colombianos), incluyendo en el cálculo del monto, prima familiar y 30% de incremento sobre el salario base por antigüedad, según la tabla salarial actualizada de la Oficina de Planeación del Sector Universitario (OPSU) del Ministerio de Educación Superior de Venezuela.

“Inicié yendo y viniendo porque mi idea era poder conseguir un trabajo de profesor aunque fuese en una escuela pero no quería dejar tirados todos mis años de servicio para la universidad pública venezolana. Entonces atendía compromisos en Venezuela, cruzaba la frontera y buscaba la manera de producir algún dinero en Colombia y así”, relata Morales.

Dice que el dinero no alcanzaba, ni alcanza y por eso convirtió su pasión por el canto en un oficio que ha sido su sustento en La Guajira durante los últimos cinco años.

“El gusto por la música ranchera viene de mis abuelos y con el tiempo aprendí a cantar y a tocar la guitarra. En Venezuela yo cantaba por hobby. Me reunía con otros amigos y conformamos una agrupación llamada “Encanto mexicano” y ya en los últimos tiempos, ese hobby se volvió un rebusque, como decimos en Venezuela al trabajo que te genere una plata extra”, explica el hoy mariachi.

Recuerda que salía a cantar con su ropa casual y unos tenis pero un día un cliente le contrató una serenata para una petición de matrimonio. Jorge recién había llegado de Venezuela y trajo consigo un traje con el que solía cantar con sus amigos así que le ofreció ir vestido de charro para hacer de la sorpresa una ocasión más llamativa “y eso fue un éxito”, recuerda.

“Cuando yo iba caminando ese día con las botas y el sombrero la gente volteaba a mirar y me decían, señor deme un tarjetica, a dónde lo puedo llamar que me viene un cumpleaños… Ese día me di cuenta que el traje me revestía de profesionalismo y me hacía mucho más digno. Desde ahí empecé a salir a diario a visitar restaurantes, a caminar por Riohacha, con las mismas botas que me tocó mandar a remontarlas cuatro veces en un año, luego las pulía y quedaban como nuevas”, relata Jorge entre risas.

El charro nacido en Sinamaica, estado Zulia, muy cerca de La Guajira colombiana, cuenta que ha tocado puertas en universidades colombianas; sin embargo, no ha logrado concretar la obtención de un cargo por no tener sus títulos de pregrado y posgrado debidamente convalidados.

Jorge dice que el ir y venir entre Colombia y Venezuela le ha permitido obtener todos los documentos que se exigen para la convalidación de sus títulos. Le faltaban las apostillas para los títulos y las notas certificadas, pero pudo conseguirlas a través de la certificación consular temporal promovida por la diplomacia que representó a la Asamblea Nacional venezolana, reconocida como gobierno legítimo durante la gestión del expresidente Iván Duque Márquez.

Morales hace parte de esos 22 mil venezolanos que, según la Gerencia de fronteras de Colombia, completaron los primeros requisitos para introducir sus trámites de convalidación, bajo la modalidad de certificación consular. Aunque al día de hoy lo acecha la expectativa sobre la validez de dicha certificación ante los representantes del nuevo gobierno de Colombia, quienes reconocen como líder del Ejecutivo a Nicolás Maduro y no a la Asamblea Nacional que a través de sus representantes entregó estas constancias.

“Por el momento me limita el dinero para introducir el trámite porque después de la pandemia, la vida social no es igual y los contratos se me han disminuido. Lo que genero actualmente es para el consumo y la supervivencia porque acá en Riohacha tengo una hija y en Venezuela dejé tres”, afirma Morales con tono pausado y ronco.

Mientras el panorama se aclara Jorge sigue cantando. “Volver, Volver, Volver” es su canción favorita y una de las más pedidas por sus espectadores propios y extranjeros en Riohacha. Dice que cuando la interpreta siempre piensa en Venezuela, “en las ganas de volver”, pero asegura que no es el momento, por lo que sigue pisando firme en el desierto guajiro y promoviendo una colecta entre amigos para introducir su trámite ante el Ministerio de Educación y comenzar a buscar trabajo con el título y la convalidación en mano. 

*Periodista venezolana radicada en Colombia. 

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, la Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

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