PLATOS servidos a medias: las tensiones detrás de la política de alimentación escolar saludable en Cali

Una reunión realizada a finales de enero de 2025 en las instalaciones de la Alcaldía de Cali encendió las alarmas de organizaciones que trabajan por el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. La cita fue convocada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y contó con la participación de funcionarios de las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Económico del Distrito.

En el encuentro se discutió el Decreto 918 de 2023, que establece medidas para convertir a los colegios públicos y privados de Cali en ambientes alimentarios saludables. Entre ellas, se establece el retiro progresivo de productos ultraprocesados con sellos frontales de advertencia de todas las tiendas escolares, en un plazo de dieciocho meses.

La primera en alertar fue la oenegé Red Papaz. El 20 de febrero, a través de un comunicado, denunció que el encuentro, del que no había registro público hasta entonces, buscaba revisar —y posiblemente modificar— el Decreto que ha sido llamado P.L.A.T.O.S (Plan Local de Alimentación Totalmente Saludable).

“Rechazamos esta interferencia por parte de este gremio, que sabemos por experiencias anteriores, se especializa en torpedear las iniciativas de la salud que ellos crean puedan afectar el bolsillo de sus afiliados”, se afirma en el documento de Red Papaz.

Cuatro días después de la denuncia, Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI, confirmó el encuentro, pero le dijo a Blu Radio que “es bastante manipulador decir que nosotros fuimos a esa reunión a decir que no se desarrollara un decreto. Fuimos, con todo el espíritu propositivo, a encontrar salida a objetivos comunes que hay y es que los niños coman mejor”.

La postura de la Alcaldía de Cali sobre esa reunión ha sido ambigua. El espacio del 28 de enero junto a la ANDI es nombrado respectivamente como una mesa de trabajo, de negociación o de información, según el funcionario y la dependencia. En un derecho de petición que respondió el 26 de marzo Leidy Tatiana Aguilar, quien fue la secretaria de Educación hasta el pasado 3 de abril, se afirma incluso que el encuentro nunca ocurrió. 

“No se encontró evidencia de agendamiento de reunión o invitaciones de sectores de la industria o sus representantes gremiales para discutir asuntos relativos a la educación en los últimos seis meses”, dice la respuesta que recibió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización ha hecho seguimiento al decreto.

Antes de su renuncia, sin embargo, la ahora ex secretaria de Educación le dijo a VORÁGINE que su despacho sí participó en una mesa de trabajo junto a la ANDI, “donde se ha tenido como tema de diálogo el proceso de formulación del Decreto 918 de 2023. La reunión permitió darles a conocer el alcance del decreto”. 

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública de Cali, Carlos Pinzón, negó que el espacio de reunión hubiera resultado en algún tipo de interferencia y explicó que la ANDI “es un actor como cualquiera, un actor que no sé si es legítimo o no pero tiene la intención de saber y poner sobre la mesa algunas inquietudes. El hecho de sentarnos con ellos es un hecho de transparencia de parte de nosotros y en términos técnicos es gobernanza de la política”.

Agregó, además, que no fue una reunión secreta ni a escondidas: “La mesa no se hizo debajo de un puente o en una cafetería, se hizo en las instalaciones de la administración y se dejó claro a la ANDI las reglas de juego de esa mesa, que no era consultiva, era informativa”.

Las disputas sobre lo que implicó la reunión entre la Alcaldía y la ANDI son un síntoma de los obstáculos para poner en marcha el Decreto 918 de 2023, que busca mejorar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de Santiago de Cali y cuya implementación debía estar finalizada en junio próximo, pero que, en la práctica, ha avanzado poco. 

‘No es igual escoger entre una fruta y un paquete de papas fritas’

El Plan Local de Alimentación Totalmente Saludable fue firmado el 12 de diciembre de 2023, durante los últimos días del mandato del entonces alcalde Jorge Iván Ospina. Su aprobación fue resultado, en buena medida, de la incidencia política de la Alianza de Ciudades Saludables —conformada por Vital Strategies*, la Organización Mundial de la Salud y Bloomberg Philanthropies— y del acompañamiento de Red Papaz.

De esa alianza hacen parte 74 ciudades en el mundo, tres de ellas en Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. Su propósito es apoyar la creación de políticas públicas para la reducción y prevención de enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la obesidad. 

“La premisa es que el niño vaya a estudiar y que esté en un lugar protector. Parte de esta protección está en la alimentación, porque el consumo excesivo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas genera enfermedades no transmisibles”, explica Melissa Córdoba, subdirectora regional para Latinoamérica de la Alianza Ciudades Saludables.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), en Colombia el porcentaje de niños y niñas entre los 5 y 12 años con exceso de peso aumentó del 14,4% al 24,4% entre 2005 y 2015. En el Valle del Cauca, según la misma encuesta, 30 de cada 100 niños tienen sobrepeso, y en Cali son 35 de cada 100. 

Datos de 2021 recogidos por la Secretaría de Salud de Cali indican que, para ese año, el 18,6% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar presentaban obesidad y el 16,7%, sobrepeso.

“Tomamos algunas experiencias de otros lugares y tenemos el soporte de que estas políticas funcionan en el corto plazo, porque son niños que van a tener una mejor atención al alimentarse mejor, y también en el largo plazo van a ser personas con menos riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos ultraprocesados”, agrega Córdoba.

Después de la aprobación del decreto, las organizaciones que lo impulsaron crearon una estrategia para difundirlo bajo el nombre de PLATOS, que incluye promover la gastronomía tradicional caleña en la dieta diaria de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, como una alternativa al consumo de productos ultraprocesados. 

Entre los alimentos que quedaron permitidos en el decreto se cuentan, por ejemplo, la lulada y el champús, preparaciones típicas del Valle del Cauca. “Este es el espíritu del decreto, la comida real, porque los productos ultraprocesados son comida artificial”, afirma Córdoba.

Eliana María Pérez es profesora, investigadora, doctora en salud pública e integrante de la Unidad de Problemáticas de Interés en Nutrición Pública de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia. Para diferenciar lo que es un alimento de lo que es un producto comestible ultraprocesado propone un ejercicio sencillo.

“Si tú entiendes lo que está en el etiquetado de lo que estás comiendo, es un alimento natural o solo procesado. Por ejemplo, tú sabes cómo es la harina de trigo, el aceite de palma, lo puedes comprar, ¿pero quién tiene azúcar invertida en la casa? ¿O cómo se ve la tartrazina o el colorante 42?”, se pregunta Pérez.

El componente del Plan Local de Alimentación Totalmente Saludable de Cali que más tensiones ha generado es el de la eliminación de los productos comestibles ultraprocesados de las tiendas escolares. Esa transición se propone de forma progresiva: en los primeros seis meses, contando desde enero de 2025, se podrán ofertar productos con máximo dos sellos octogonales de advertencia; después del primer año, con máximo un sello, y, tras 18 meses de implementación, ninguno de los productos ofertados podrá tener sello.

Durante 2024, de acuerdo con el subsecretario de Salud Pública de Cali, Carlos Pinzón, se intervinieron cincuenta tiendas y, en lo que va de 2025, van cuatro más. En esas instituciones educativas ya no se ofrecen productos con dos o más sellos. En total, en la ciudad hay casi 420 colegios, entre públicos y privados. 

La principal dificultad, explica el funcionario, es la resistencia de los tenderos, preocupados de que se reduzcan sus ganancias al poder ofertar menos empaquetados. “Pero también hemos tenido resistencias por los clientes, los niños, niñas y adolescentes, porque está en el marco del hábito comerse sus papas fritas y no encontrarlas genera resistencia al cambio”, agrega Pinzón. 

Infografía ilustrada: Tiendas escolares: sin regulación y a merced de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas 

Promover una alimentación saludable implica más que definir qué puede o no venderse en una tienda escolar. También significa disputar el terreno simbólico y emocional donde la industria de los ultraprocesados ha sabido instalarse con fuerza. Así lo advierte Melissa Córdoba.

“Cuando las industrias lanzan propaganda, incluyen juguetes en los productos o posicionan sus empaques en los estantes más visibles, ya están influyendo en nuestras decisiones. No estamos escogiendo entre una fruta y unas papas fritas en igualdad de condiciones: la industria manipula constantemente nuestras elecciones, no solo con el producto, sino también a través de los sentimientos que genera”, asegura.

Para Córdoba es falso el debate que propone la industria sobre una supuesta pérdida de libertad de elección, porque esa libertad ha estado condicionada desde hace tiempo. Y hay una diferencia clara, dice: la salud pública no tiene detrás una millonaria maquinaria publicitaria que venda una manzana.

Las estrategias que condicionan las decisiones que tomamos a la hora de consumir un producto u otro deben atribuirse, asegura la profesora Pérez, a un “régimen alimentario corporativo: ellos te dicen qué productos consumir, de qué características, en qué condiciones, cómo los puedes adquirir, el precio, su ubicación geográfica de las tiendas. Los grandes poderosos determinan los alimentos que consumimos”. 

Entre las formas en que la industria capta la atención de los consumidores está, por ejemplo, el proveer neveras, vitrinas y quioscos identificados con sus marcas. Por eso, el decreto también incluyó un piloto con diez colegios que han sido dotados con refrigeradores, hornos y otros elementos necesarios para la preparación de alimentos en las tiendas, sin logos o publicidad de ninguna marca.

El alcalde ‘azucarero‘

Aunque el decreto lo firmó Ospina, la puesta en marcha le correspondió al alcalde actual, Alejandro Eder, que asumió el primero de enero de 2024. El cambio de mandato, que incluye empalmes, contrataciones y la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital, hizo que la implementación se retrasara un año entero. 

Los tiempos establecidos por el decreto describen que la ejecución del mismo se debía realizar en un término de máximo 18 meses, es decir, debería estar totalmente implementado en junio de 2025. Sin embargo, para ese momento solo habrán transcurrido seis meses desde que inició la implementación real, en enero de este año.

Los retrasos en la implementación, junto a la reunión de la que participaron funcionarios de la Alcaldía y la ANDI, despiertan suspicacia entre las organizaciones que hacen seguimiento al cumplimiento del decreto. Y a esas preocupaciones se suma la relación del alcalde Eder con la industria azucarera. 

La familia de Eder es dueña de Manuelita S.A., el ingenio azucarero más antiguo de Colombia. La campaña con la que Eder ganó la Alcaldía de Cali fue financiada, además, por cinco ingenios azucareros que contribuyeron con más de 450 millones de pesos, entre ellos Manuelita, Riopaila y Mayagüez.

“Yo esperaría que el alcalde sepa entender que su rol ahora es el de tomador de decisiones de política pública. Queremos creer que va a ser así y que este proceso no se va a parar, pero no deja de causarnos una gran preocupación todo esto. Yo siento que no ha pasado nada durante este año y toda esta situación sí le frenó un poquito la fuerza a lo que venía ocurriendo”, señala Carolina Piñeros, directora de Red Papaz.

Durante 2024 no se implementó el decreto, pero, según la ex secretaria de Educación, Leidy Aguilar, el Plan Local de Alimentación Totalmente Saludable sí se socializó con tenderos, rectores y las comunidades educativas. Algunos colegios han avanzado más allá de lo que está en el papel, pero ha sido por voluntad propia. 

Un ejemplo es el Gimnasio La Colina, una institución privada que ya no ofrece productos con los sellos y cuenta con un comité de alimentación que brinda orientación a las familias, y cuya tienda escolar, además, fue reconocida por Red Papaz como tienda saludable. 

Por el otro lado hay rectores que aún no saben de qué se trata el decreto ni qué implicaciones tiene. 

José Aníbal Morales es el rector de la Institución Educativa Golondrinas, un colegio público ubicado en zona rural de Cali. En conversación con VORÁGINE explicó que en el colegio que dirige tienen la propuesta de realizar un día saludable al mes, en el que las tiendas escolares ofrecen productos diferentes a los ultraprocesados. Esta estrategia, sin embargo, nació de la iniciativa del colegio, porque al preguntarle por el decreto dijo no conocerlo ni haber participado en ningún espacio de socialización del mismo.

De acuerdo con la directora de Red Papaz, “los colegios públicos requieren más acompañamiento porque tienen unos retos distintos. Tenemos incluso una situación con colegios que no van a poder cumplir el decreto simplemente porque las condiciones sanitarias del colegio no lo permiten”. 

El PLATOS también reglamenta la promoción del consumo de agua en las instituciones educativas, para reemplazar las bebidas azucaradas. Sin embargo, existen colegios en los que ni siquiera hay acceso a la red pública de agua potable. En esos casos, que según el subsecretario Pinzón son colegios ubicados en las zonas rurales de Cali, “se está avanzando en estrategias para hacer llegar el recurso”.

Reportaje: Las dificultades de Cartagena para implementar la política de ambientes escolares alimentarios saludables

PLATOS bajo lupa

En la entrevista con Blu Radio, Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Industria de la Alimentos de la ANDI, además de referirse a las afirmaciones de Red Papaz como manipuladoras, dijo que Carolina Piñeros, directora de la oenegé, es “mala leche”. 

Ese tipo de señalamientos que buscan deslegitimar al mensajero más que debatir con argumentos el mensaje son comunes, según Piñeros. “Es un poco el rol de las organizaciones de la sociedad civil: estar ahí, estar atentos, y sabemos que a veces somos incómodos. Después tuvimos otro escenario en el Congreso para un proyecto de ley sobre restringir la publicidad y recibí otros ataques personales, y también a Red Papaz lo atacaron”, afirma.

La ANDI ha hecho tres peticiones a la Alcaldía de Cali en relación con el Decreto 918: abrir un debate técnico para decidir si un producto con sellos puede venderse o no; evaluar el impacto de la medida sobre micro y pequeñas empresas de la región; y mejorar la presentación de los productos saludables en las tiendas escolares, así como la calidad de las preparaciones ofrecidas. 

Para Piñeros, sin embargo, no hay debate posible porque las intenciones de la industria son contrarias al decreto. “¿Cómo vas a ser parte de la solución si tus productos están dañando la salud de los niños y las niñas? Esto no quiere decir prohibir, sino poner unas restricciones a su comercialización, a su venta y a su disponibilidad”, señala.

Cartagena fue la primera ciudad del país en construir una política pública para proteger el derecho a una alimentación adecuada en niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Sin embargo, un año después de su firma, la norma aún no había comenzado a implementarse. Una muestra de las dificultades que enfrentan este tipo de iniciativas para pasar del papel a la acción, incluso cuando cuentan con respaldo legal.

Desde las secretarías de Educación y Salud de Cali le confirmaron a VORÁGINE que la implementación del decreto sigue en pie y que no ha habido cambios en su contenido. Pinzón, el subsecretario de Salud Pública, fue enfático en que en la reunión de la que participó la Alcaldía no se atendió ninguna de las solicitudes de la ANDI, y agregó que “no está mal escuchar a un actor interesado ni tampoco estigmatizar con que siempre van a tirarse las normas, porque a veces puede ser que sí, cómo puede ser que no”. 

Al Plan Local de Alimentación Totalmente Saludable aún le queda un año más para ponerse en marcha, pero las alertas que se encendieron con la reunión de principio de año van a acompañar toda la implementación. Quienes están vigilantes a ese proceso confían en que, con el tiempo, no sean los funcionarios sino los resultados los que hablen del éxito del PLATOS.

* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.