La Policía modificó el contrato del glifosato, pero la erradicación con el herbicida sigue adelante

En abril de 2021, en la víspera de la campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro lanzó una promesa: “En el gobierno del Pacto Histórico no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria”. Por eso se desató la polémica hace un mes, cuando se supo que la Policía Antinarcóticos había abierto un proceso de contratación para comprar 200.000 litros del herbicida, y usarlos en la erradicación terrestre de coca. Al gobierno le llovieron críticas, incluso de sus copartidarios, pues el glifosato está asociado a problemas de salud en humanos, como el cáncer, y a daños en el medio ambiente. 

La controversia quedó en el aire sin mucha claridad. El presidente Petro publicó varios trinos sobre el tema. Primero dijo que no era cierto que su gobierno hubiera dado la orden de retomar el uso del glifosato. Luego, aclaró que no habrá aspersión aérea, y que “El programa consiste en arrancar las matas, que es más definitivo y sano, que fumigar hojas y tallos”. El ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró, por su parte, que “lo que menos quiere el presidente es el empleo del glifosato”, pero confirmó que había un contrato en marcha para adquirir el herbicida y usarlo tras concertar con las comunidades donde se aplique.

Entretanto, el proceso contractual parecía congelado, y los tiempos iniciales de contratación se vencieron. Durante un mes, y como resultado de la controversia, la Policía Antinarcóticos reevaluó el proceso, y aunque le hizo modificaciones, lo mantuvo. De hecho, la selección del proveedor del herbicida está programada para finales de este mes.  Es decir que, según los planes de la Policía, en el segundo semestre de este año volverá la fumigación terrestre de coca con uso de glifosato. 

Según los nuevos estudios previos del contrato, firmados el viernes pasado por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, ya no se comprarán 200.000 litros de glifosato, como estaba estipulado en el proyecto inicial, sino 110.000. Y el valor del contrato pasó de 7.700 a 2.673 millones de pesos. Es decir que la inversión se redujo al 34%. La pretensión pasó de erradicar 20.000 a 11.000 hectáreas de coca con el herbicida en Bolívar, Putumayo, Antioquia y Córdoba.

Según reseña el estudio previo, las modificaciones y las precisiones del contrato se llevaron a cabo luego de que la Policía recibió quejas y recomendaciones, todas posteriores a la polémica que generó la publicación del contrato. Por ejemplo, recibieron una solicitud de Alirio Uribe, representante a la Cámara del Polo Democrático, cercano al presidente Petro, quien criticó públicamente el uso del glifosato cuando se conoció que el proceso de compra del químico estaba en marcha: “Esto es un error, así sea terrestre”, publicó en su cuenta de X. 

Además, el pasado 22 de abril hubo una reunión entre Antinarcóticos y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, adscrita a la ARN, “buscando optimizar la articulación entre erradicación forzosa y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”. De este encuentro, por ejemplo, salió la decisión de excluir a Norte de Santander de la lista de departamentos para aplicar la erradicación con glifosato, pues allí se espera el avance amplio de la sustitución voluntaria de cultivos. 

Otra modificación llamativa es que a los posibles proveedores se les retiró el requerimiento de contar con el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos -EPA-, que evalúa la seguridad de este tipo de sustancias. En los estudios previos iniciales decía: “el agroquímico que se va aplicar contará con la certificación de la Agencia de Protección Ambiental -EPA- y las establecidas por el Instituto Colombiano Agropecuario y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Estos certificados y autorizaciones son la garantía de adquirir y aplicar productos con los mejores estándares ambientales de calidad y procedencia del producto. Así mismo, brinda confianza a la comunidad nacional y a las agencias de cooperación internacional, respecto a la responsabilidad y cuidado con que se ejecute este programa”. 

La eliminación del requisito se justificó en el nuevo contrato porque “la licencia ambiental de la ANLA que autoriza la ejecución de programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre de glifosato no exige dicha certificación EPA en los productos utilizados en la ejecución del programa”.

Al retirar la exigencia de la certificación gringa, se abre la puerta a la compra de glifosato de origen chino, explica Daniel Rico, consultor e investigador de políticas antidrogas. En gobiernos anteriores hubo denuncias periodísticas e indagaciones de la Embajada de Estados Unidos porque el herbicida chino, utilizado por la Policía en la aspersión aérea, contenía sustancias riesgosas para la salud, incluso cancerígenas. 

El glifosato, medida de emergencia

Los efectos nocivos del glifosato en la salud de las personas se han probado científicamente en distintos escenarios. Según la Organización Mundial de la Salud, el herbicida puede causar distintos tipos de cáncer. “El glifosato causó daños en el ADN y los cromosomas de las células humanas, aunque dio resultados negativos en pruebas con bacterias. Un estudio realizado con residentes de la comunidad reportó aumentos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico después de rociar formulaciones de glifosato en las cercanías”, dice el organismo de las Naciones Unidas. 

El Centro por los Derechos Reproductivos explica que “la exposición al glifosato y otros pesticidas causa graves impactos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyendo trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia, aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos”.

En medio de las discusiones por sus efectos contra la salud, la fumigación aérea de glifosato en Colombia se suspendió en 2015. Pero el herbicida se siguió usando para la erradicación que hace la Policía en tierra, directamente sobre las matas de coca. De hecho, en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, alcanzó el pico de su uso en esta modalidad. Entonces se reportó la erradicación de 43.000 hectáreas con glifosato. 

Con la llegada de Petro a la presidencia, su uso disminuyó de inmediato. En 2023 sólo se erradicaron 4.400 hectáreas con el herbicida, y en 2024 se suspendió totalmente. Todo apuntaba a que el gobierno abandonaría por completo esta herramienta. De hecho, en julio del año pasado, un amplio grupo de congresistas afines al gobierno, en su mayoría del Pacto Histórico, radicaron un proyecto de ley que busca la prohibición total del glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito. 

Pero las cifras de hectáreas sembradas con coca empezaron a acosar al gobierno. En 2023, según el último registro del SIMCI de Naciones Unidas, se llegó a un punto histórico. Los estudios previos de la Policía dejan ver esa preocupación: “En el año 2020 se presentó una considerable reducción en cuanto al área afectada por cultivos ilícitos de сoca (142.783 hectáreas). Estos datos no resultan alentadores en comparación con el año 2023, que se registró la cifra más alta en la historia de los cultivos ilícitos en el país, con un área afectada con cultivos de coca de 252.572, lo que indica un aumento del 77%”.

Uno de los riesgos que corre el país ante esas cifras es que Estados Unidos lo descertifique en la lucha antidrogas, lo que podría derivar en pérdida de apoyos que se reciben de ese país. “Eso es bastante discrecional del presidente de Estados Unidos, pero el riesgo está ahí porque ninguna de las cifras y los indicadores tradicionales, empezando por el de cultivos ilícitos, nos favorecen. Las consecuencias son discrecionales también, puede tener afectación en apoyo en la lucha contra el narcotráfico, implicaciones en términos de aranceles, en ayuda humanitaria o en ayuda militar”, explica María Alejandra Vélez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y directora del área de desarrollo rural y economías ilícitas del Cesed. 

La Policía empezó a considerar el reinicio de la erradicación con glifosato en septiembre pasado, cuando su entonces director, el general William Salamanca, le pidió autorización al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, para convocar un comité que evaluara la posibilidad. También le comunicaron la intención a la Presidencia, a través de Laura Sarabia, entonces directora del DAPRE.

En diciembre se llevó a cabo el comité con presencia de delegados de los ministerios de Justicia, Ambiente, Salud y Defensa, y representantes de otras entidades. En febrero, el ministro Velásquez firmó la reactivación de la erradicación con glifosato. 

Entre todas las críticas a esa decisión ronda, por ejemplo, la de su efectividad. La erradicación terrestre con glifosato tiene tasas de resiembra del 69%. Es decir, la proyección es que dos de cada tres hectáreas intervenidas van a volver a tener coca. Además, supone un riesgo para la salud de los policías encargados de regar el herbicida y que tienen que estar en contacto con este durante meses. 

Según las especificaciones del contrato, serán 240 uniformados los que participarán en la fumigación este año. “La aspersión terrestre durante varias administraciones, tanto la de Duque como en esta, se ha venido haciendo a una escala muy pequeña, aumentando el riesgo para las personas que durante 40 horas a la semana están expuestas al contacto directo con el glifosato”, dice Daniel Rico. 

“Se tenía la expectativa de que en este gobierno se dejaran sin efecto los decretos que permiten el uso de glifosato en aspersión aérea, y no se avanzó en eso. Esa puerta sigue abierta para un próximo gobierno si cumplen con lo que estipula la Corte Constitucional, con los estudios y con el plan de manejo. Entonces sorprende que no se avanzó en eso y a la par hay este avance en la fumigación terrestre”, dice María Alejandra Vélez, y concluye que tampoco hay claridad en cómo se va a implementar el uso del herbicida, pues los mensajes del gobierno han sido poco claros. 

Lo concreto es que, según el cronograma del nuevo contrato, esta semana se recibirán las propuestas de las empresas que están interesadas en proveer los 110.000 litros de glifosato con los que se planea reanudar la erradicación terrestre de coca.

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