Proceso contra directivos de Chiquita Brands: en riesgo de prescribir

El juicio en contra de la bananera Chiquita Brands en Estados Unidos está avanzando. Se trata de un caso por la probada financiación de esa multinacional a grupos paramilitares en la región de Urabá, en Antioquia. En medio de las audiencias han hablado víctimas, excomandantes paramilitares y extrabajadores de la compañía. Un exempleado de esa empresa llamado Ovidio Nuñez Cabrales (que después se unió a los paramilitares) aseguró que Chiquita habría entregado armas y gasolina al grupo ilegal, tal como lo reportó El Espectador recientemente. En Colombia hay otro caso judicial abierto en contra de exdirectivos de esa empresa y de ejecutivos de Banacol, una compañía antioqueña exportadora de banano. Pero este último está en riesgo de prescribir, según un auto del Tribunal Superior de Antioquia y dos personas que conocen el proceso.

Para entender el caso hay que remontarse a 1996, cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) planeaban expandir su maquinaría de guerra hacia varias regiones del país. Ese mismo año se crearon 14 cooperativas Convivir en Urabá, las cuales estaban avaladas por una ley que había sido expedida en 1994. En esa región esas organizaciones fueron fundadas y controladas por los paramilitares. Poderosas empresas bananeras aportaban a las Convivir 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada y ese dinero terminaba en las arcas del grupo ilegal.

Eso ha sido probado en diferentes procesos judiciales. Varios excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso y Raúl Emilio Hasbún, quien comandó el Bloque Bananero, han contado cómo operó ese entramado para asegurar su financiación. También han sido condenados varios exdirectores de las Convivir como Arnulfo Peñuela Marín y Jesús Alberto Osorio Mejía. Incluso, Chiquita Brands reconoció ante la justicia estadounidense que entre 1997 y 2004 le hizo más de 100 pagos a los paramilitares que sumados superaron los 1.7 millones de dólares. A pesar de esos avances, el aparato judicial colombiano ha sido lento para enjuiciar a los empresarios que habrían impulsado el proyecto narcoparamilitar.

El riesgo de prescripción

En agosto de 2018, la Fiscalía vinculó a 11 empresarios bananeros en un proceso contra exdirectivos de Chiquita Brands y de Banacol. En ese momento los acusó del delito de concierto para delinquir agravado.

Pero el proceso ha sido lento. Varios de los acusados apelaron la resolución de acusación y pidieron que se les precluyera la investigación. En 2019 el vicefiscal encargado de la época, Jaime Camacho Flórez, decidió precluirle la investigación a dos de los acusados. Además, revocó la decisión que había tomado la Fiscalía en primera instancia de compulsar copias para investigar a alcaldes y gobernadores de la región por haber omitido la vigilancia del accionar de las Convivir. Entre la acusación y la resolución de la apelación pasó casi un año.

Para que una Convivir entrara a operar necesitaba conceptos favorables de autoridades militares y civiles (alcaldes y oficiales del Ejército), la personería jurídica que era expedida por el gobernador departamental y una licencia de funcionamiento que era aprobada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa. Entre los funcionarios que fueron claves para la puesta en marcha de las Convivir de Urabá están Álvaro Uribe Vélez y el condenado general del Ejército Rito Alejo del Río.

El proceso ha seguido un camino con cambios de fiscales y jueces, de solicitudes de nulidad por parte de la defensa de algunos de los acusados y de largos listados de testimonios. Por ejemplo, la defensa de Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín solicitó la nulidad contra un auto que incorporó unas pruebas al proceso. El 14 de junio de 2022 el Tribunal Superior de Antioquia le dio la razón a la defensa de los dos ejecutivos. Además, subrayó: “Se advierte a la Juez que debe darse prioridad a este caso por estar cerca el término de prescripción”.

Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:

La prescripción de un caso declarado de lesa humanidad

Una de las decisiones de la Fiscalía para amparar los derechos de las víctimas en medio del proceso fue declarar la financiación de grupos paramilitares en Urabá como un delito de lesa humanidad. Sin embargo, una persona que conoce el proceso contra los empresarios le dijo a VORÁGINE que en este caso hay riesgo de que prescriba la acción penal sobre esas personas que están vinculadas hace años. “En mis cálculos la prescripción se daría en septiembre de 2025”, dijo en una entrevista. La pena a la que se podrían enfrentar los empresarios vinculados al proceso es de hasta 12 años de cárcel. Por eso, explica la misma fuente: “La mitad de 12 años es 6 años. La resolución de acusación quedó en firme el 17 de septiembre de 2019, lo que nos permite sostener que la prescripción de la acción penal se configura el día 17 de septiembre de 2025”.

Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 6 de septiembre de 2023, hace parte de los fundamentos para afirmar que la investigación penal contra los empresarios que están vinculados al proceso podría prescribir. En ese documento, referido a un caso distinto, se hace referencia a la prescripción de delitos de lesa humanidad. “La Corte, de manera reiterada, ha señalado, frente a los delitos imprescriptibles, que los términos prescriptivos, tanto en la etapa de investigación, como en la de juzgamiento, cobran vigor (…) a partir del momento en que el investigado es identificado, individualizado y debidamente vinculado al proceso respectivo”, se lee en la providencia.

La prescripción y las pruebas de la defensa

Dos fuentes que conocen el proceso, una de las cuales ya fue citada en este artículo, aseguraron que la defensa de los empresarios ha pedido una gran cantidad de pruebas testimoniales para incluirlas en el juicio. “Es una estratagema”, dijo una de ellas. “Pidieron muchas pruebas, muchas de ellas repetitivas para buscar la prescripción”, aseguró la otra persona. 

VORÁGINE conoció la solicitud de pruebas de varios abogados de la defensa. Entre los testimonios que pidieron decretar se encuentran los de los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, el de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el de Rafael Pardo, entre otros. Un nombre que omitieron los defensores fue el de Álvaro Uribe, a pesar de que él impulsó la creación de las Convivir en Urabá y Antioquia. 

Consultamos a dos abogados que defienden a los empresarios señalados de financiar grupos paramilitares. Alfonso Cadavid y Juan David Riveros coincidieron en que los cargos tienen un plazo de prescripción. “De acuerdo con la ley penal colombiana no existen delitos imprescriptibles. La declaratoria de delitos de lesa humanidad ha venido siendo matizada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Riveros. Ambos agregaron que no están buscando que el caso prescriba. “La teoría de la defensa que yo lidero no contempla como argumento de absolución la prescripción del delito, al contrario se centra en la controversia probatoria sobre la acusación de la fiscalía, orientada a demostrar que jamás ninguna de las personas investigadas participó en acuerdos de ninguna clase con grupos armados ilegales”, aseguró Riveros. “No he estudiado cuándo se cumpliría el término de esa prescripción, porque no hace parte de los argumentos de defensa que ejerzo en ese caso”.

En cuanto al calificativo de “estratagema” por la cantidad de testimonios que solicitó la defensa, el abogado Riveros dijo: “la defensa ha hecho uso del derecho que tiene a controvertir la prueba de la fiscalía, como ya lo mencioné antes, para desvirtuar la prueba de cargo”. Además, rechazó el uso de ese adjetivo. 

Todos los viernes se adelantan audiencias de este caso ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia. En cada sesión se escuchan dos testimonios del caso. El reloj juega en contra de un proceso que puede arrojar luces necesarias sobre cómo se estructuró, fortaleció y expandió el proyecto del narcoparamilitarismo que dejó millones de víctimas por todo el país.