Las cuotas políticas y los millonarios contratos en la Alcaldía de Medellín

Esta es la tercera vez que Vorágine escribe sobre la familia del secretario de Hacienda de Medellín, el excongresista liberal y exalcalde de Tarso, Antioquia, Óscar de Jesús Hurtado Pérez. Ha sido necesario seguir las actuaciones de los parientes del funcionario para identificar un entramado de contratos que benefician políticamente a unos cuantos personajes. 

Dos de los hermanos Hurtado Pérez son dueños de Seguros Hurtado Pérez, y han sido beneficiados con el corretaje de millonarios contratos en el Municipio de Medellín. Ellos son León Jaime y Cecilia Hurtado Pérez. 

Esta semana, Vorágine encontró dos contratos interadministrativos, de doce que suscribieron el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y Metroparques en 2020 y que suman casi $45.000 millones, con adiciones que superan los 5.700 millones. En ambos el corretaje fue entregado a dedo a Seguros Hurtado Pérez.

Uno de esos contratos, el más cuantioso, cercano a los $22.000 —más de 6 millones de dólares—, fue firmado el 4 de septiembre. El objeto es: la «Gerencia, coordinación y ejecución de recursos para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas conforme a los lineamientos de la oficina asesora de Planeación, así como los proyectos priorizados del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo del Inder».

Este tipo de contratación no es nueva. Así lo han hecho en los últimos años con los recursos provenientes del programa Presupuesto Participativo. 

Lo llamativo de este contrato es que el corretaje, es decir, la intermediación entre la aseguradora y las dos entidades, le fue entregado a León Jaime Hurtado Pérez, dueño de Seguros Hurtado Pérez y hermano del secretario de Hacienda de Medellín.

Aunque no queda escrito en la póliza cuánto se lleva el beneficiado con el corretaje, el monto que queda para Seguros Hurtado Pérez sale de una comisión que acuerda con las aseguradoras que trabaja, en este caso, Suramericana. Además, Metroparques tiene la autonomía de decidir el corredor con el que desea tomar la póliza y, a su vez, el corredor decide la aseguradora para suscribir las pólizas.

La empresa de los hermanos del secretario de Hacienda de Medellín está consiguiendo, al menos, entre tres y cinco corretajes al día, cuentan las fuentes consultadas para esta historia, todas del sector de los seguros. No solo acceden al corretaje de millonarios contratos en Medellín, sino a los de muchas entidades públicas del departamento. 

Y son todo tipo de contratos a los que les hacen el corretaje, desde uno de persona natural por prestación de servicios por un monto dos millones de pesos, hasta uno de varios billones para construir carreteras. Todo contrato con una entidad del Estado requiere una póliza, y cuando el contrato es de montos elevados la póliza requiere un intermediario que, aunque debería ser elegido en un proceso de selección, esto nunca ocurre y el corretaje se entrega a dedo.

Otro de los doce contratos interadministrativos que el Inder celebró con Metroparques en 2020 también benefició a Seguros Hurtado Pérez, que esta vez obtuvo la intermediación a nombre de Cecilia, la hermana de León Jaime y del secretario de Hacienda. Este se celebró el 4 de diciembre de 2020, por $1.266 millones y tiene por objeto: «Gerencia, coordinación y ejecución de los recursos para la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el Inder del programa planeación local y presupuesto participativo». 

León Jaime y Cecilia Hurtado Pérez se turnan la intermediación. La última que mostró Vorágine estaba a nombre de Cecilia. Se trató de un contrato interadministrativo por $700 millones que la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín suscribió con Metroparques el 14 de enero de 2021 para organizar todos los eventos y certámenes.

Los personajes que firman —y los que no—

Vorágine les ha seguido el rastro a las intermediaciones que han conseguido los hermanos Hurtado Pérez en la administración municipal en la que su hermano funge como secretario de Hacienda. Esos corretajes son el común denominador de algunos de los contratos más cuestionados en la alcaldía de Daniel Quintero Calle.

Los beneficiados con estos contratos ayudan a entender las relaciones políticas del alcalde de Medellín, quien ganó las elecciones bajo el apelativo de Independientes, pero contó con el apoyo mimetizado de todos los grupos políticos de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá; y de sus padrinos políticos: Luis Pérez Gutiérrez, entonces gobernador de Antioquia, y César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia. La clave: nadie sale en la foto. Por debajo: las maquinarias políticas más poderosas de Antioquia que le ayudaron a conseguir más de 300.000 votos.

La carrera de Quintero Calle lo ha llevado a militar en cinco partidos/movimientos políticos en los últimos diez años: Conservador, Verde —en el cuerpo ajeno de su hermano—, Tomate, Liberal e Independientes. Y algunos meses de campaña con Colombia Humana.

La conformación de su gabinete y los contratos que ha entregado demuestran algo que es obvio en política: ningún apoyo es gratuito.

Pero esta aseveración es muy genérica para la segunda ciudad del país, razón por la cual vamos a delimitarla con los nombres que hemos encontrado en los contratos que benefician directamente a los hermanos del secretario de Hacienda de Medellín. El común denominador.

*Óscar de Jesús Hurtado Pérez es la cuota política del equipo político liberal de Envigado en la alcaldía de Daniel Quintero. Este grupo está liderado por los exalcaldes de Envigado Héctor Londoño Restrepo y Raúl Cardona González, investigados y procesados por corrupción y concierto para delinquir. En el pasado, Hurtado Pérez fue socio de la diputada Ángela María Cano, condenada por estafar a cientos de ciudadanos con proyectos de vivienda. Hurtado Pérez fue alcalde de Tarso y congresista por el Partido Liberal.

*María Camila Villamizar Assaf es la secretaria privada de Quintero. La funcionaria firmó un contrato interadministrativo con Metroparques por $700 millones el 14 de enero de 2021, que benefició a los hermanos del secretario de Hacienda con el corretaje. La reciente crisis en EPM la ubica como la mano derecha de Daniel Quintero. Según declaraciones del gerente saliente, Álvaro Guillermo Rendón, Villamizar Assaf fue quien lideró la «toma hostil» de la segunda empresa pública más importante del país.

La abogada Villamizar Assaf también fue secretaria privada y enlace con el Congreso del exministro David Luna en el Ministerio de las TIC, bastión del Partido Liberal en los dos periodos de Juan Manuel Santos. Allí coincidió con Daniel Quintero, quien fue viceministro de Luna.

Antes de llegar al Ministerio de las TIC, Villamizar Assaf hizo su carrera en el sector privado bajo la sombra de Tulio Ángel Arbeláez: tres años en Asomóvil y siete en Asomedios.

La secretaria privada es cercana a su coterráneo, el exministro liberal Juan Fernando Cristo, y en la administración de Daniel Quintero es una de las cuotas del expresidente César Gaviria Trujillo. Fuentes consultadas por Vorágine coinciden en que Villamizar Assaf es quien da las órdenes en la Alcaldía de Medellín. La que hace el «trabajo necesario» para garantizar que los acuerdos políticos que llevaron a Quintero al poder se cumplan.

*Jorge Enrique Liévano Ospina es el gerente de Metroparques. Firmó el contrato interadministrativo por $700 millones con la Secretaría Privada que benefició a los hermanos del secretario de Hacienda. También firmó los 12 contratos interadministrativos que Metroparques suscribió con el Inder en 2020 y que suman más de $50.000 millones.

Es la cuota de Miguel Quintero Calle, hermano del alcalde y exconcejal de Medellín. En su hoja de vida aparecen diez años como gerente de marca de Colombiana Kimberly Copapel; unos meses en la Organización Cárdenas S. A. S., y los últimos cinco años, hasta antes de asumir la gerencia de Metroparques en 2020, como gerente regional de GWS Global Wine.

*Diana Toro Zuleta es la directora del Inder y quien firmó los doce contratos interadministrativos con Metroparques, dos de los cuales benefician a los hermanos del secretario de Hacienda de Medellín.

Toro Zuleta se ha formado en el deporte, sobre todo en el baloncesto. Según su hoja de vida publicada en Función Pública, desde 2003 ha sido entrenadora en entidades que incluyen la Liga Antioqueña de Baloncesto, varios colegios, el club deportivo Pumas de Antioquia, Coldeportes, el Inder Medellín y el Inder Envigado.

Vorágine consultó a ocho fuentes que conocen de primera mano el funcionamiento del Inder y al menos cinco aseguran que Toro Zuleta tiene poca influencia en las decisiones trascendentales, pese a tener la responsabilidad de ser quien firma los contratos. Las fuentes también coincidieron en que el poder reposa en manos de dos personajes: Nataly Vélez y Johny Armando Jaramillo Montoya.

*Nataly Vélez Lopera es concejal por el Centro Democrático, siendo este su segundo periodo en esta corporación. Su influencia en el Inder viene desde el gobierno de Federico Gutiérrez, y se ha mantenido en la administración de Daniel Quintero, de la que ha guardado absoluto silencio en el Concejo. Mientras Vélez tiene sus cuotas burocráticas, al parecer el poder absoluto del ente deportivo lo ostenta Johny Armando Jaramillo Montoya. 

Ambos, Vélez y Jaramillo, son del equipo político de Hernán Gómez Giraldo, alias «Gomita», quien al igual que Daniel Quintero Calle, ha pasado por varios partidos políticos. Gomita milita ahora en el uribismo.

*Johny Armando Jaramillo Montoya es quien verdaderamente tiene influencia en las decisiones que se toman en el Inder. «Es el dueño», dicen los consultados por Vorágine. 

Jaramillo Montoya fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en el 2018, pero no logró su cometido. Fue precandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático en 2015. Su vida política y empresarial está íntimamente ligada al municipio de Envigado.

Sus negocios han estado relacionados con la minería, como representante legal y gerente de la Golden Platino Colombia S. A. S. Es amigo de Miguel Quintero Calle y también lo relacionan con León Fredy Muñoz, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde. Sin embargo, el congresista le dijo a Vorágine que lo conoció hace poco y que tiene entendido que es dueño de varias empresas. «Lo conocí en un contexto político, estábamos hablando de política con otros amigos, él ha mostrado mucho interés en el proceso político mío y en ese contexto lo conocí».*

*Miguel Quintero Calle es el hermano mayor del alcalde. Está especializado en Contratación Estatal, según reposa en su hoja de vida de Función Pública. Fue concejal de Medellín por el Partido Alianza Verde en el periodo 2012-2015. Quiso repetir en el siguiente cuatrienio, pero renunció a su aspiración porque no le dieron la cabeza de lista.

Se fue a trabajar con Luis Pérez, quien lo nombró director de Monitoreo, Evaluación y Bancos de Proyectos de la Gobernación de Antioquia. Renunció en 2018 para no inhabilitar a su hermano: «Como es bien sabido, mi hermano, Daniel Quintero Calle viene ejerciendo un liderazgo desde hace ya más de una década que lo convierte en un natural candidato para ejercer los destinos de Medellín o Antioquia», dijo en su carta de renuncia.

Miguel viene allanándole el camino a su hermano desde el Concejo de Medellín y a través de él se finiquitaron los apoyos políticos que ahora se traducen en contratos que alcanzan para todos los municipios del Valle de Aburrá y de otras ciudades del país. El caso de los doce contratos interadministrativos suscritos entre el Inder y Metroparques, once de ellos en los últimos cuatro meses de 2020, es solo un pequeño aparte de lo que nos deja ver el portal del Secop*.

Según diversos portales informativos de Antioquia, Miguel Quintero quiere una curul en el Senado y ya está trabajando para conseguirla. A la influencia que tiene en Metroparques y en el Inder, se le suma la del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo director, Juan David Palacios, también es su cuota.

Vorágine buscó a todos los personajes que firman y a los que no, pero ninguno respondió. El secretario de Hacienda, cuando lo llamamos la primera vez en mayo de 2020, dijo que no podía responder por los negocios de sus trece hermanos. El gerente de Metroparques, por su parte, nos remitió a su secretario general.

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Los contratos interadministrativos

El presupuesto del Inder para el cuatrienio 2020-2023 es de $414.826 millones, unos $103.000 millones por año. Es decir que los 12 contratos interadministrativos celebrados con Metroparques, que suman más de $50.000 millones, representan casi 50 % del presupuesto del instituto.

Las fuentes consultadas para esta investigación aseguran que esto es algo inusual, pues los contratos interadministrativos con Metroparques en las anteriores administraciones no pasaban de cinco por año, lo que obligaba al Inder a abrir licitaciones para la mayoría de los contratos. 

En la administración de Daniel Quintero casi todos los convenios del Inder se ejecutan a través de Metroparques, empresa industrial y comercial del Estado que no requiere de licitaciones, sino que puede contratar a dedo.

Expertos en contratación estatal declaran que los contratos interadministrativos se prestan para que haya más corrupción, aunque advierten que la figura se ajusta a la Ley y por esto los funcionarios pueden firmar cuantos convenios interadministrativos quieran.

Muchas administraciones se valen de esta figura contractual para tratar de salvar entidades estatales que no son autosuficientes. Este podría ser el caso de Metroparques, y de ahí que desde la Secretaría Privada hasta el Inder contraten sus servicios. 

Lo que no es la regla es que la mayor parte del presupuesto de una entidad se maneje a punta de contratos interadministrativos, más cuando sus objetos distan de las funciones que la entidad desempeña. Por ejemplo, el contrato interadministrativo del 18 de diciembre de 2020, por $2.492 millones, en el que el Inder contrata con Metroparques la «Gerencia, coordinación y ejecución de los recursos para la adecuación y mantenimiento del estadio Atanasio Girardot y escenarios complementarios, para la realización de la Copa América 2021 en el municipio de Medellín».

Metroparques es la entidad encargada de administrar los dos parques de diversiones de la ciudad: el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II. Su objeto también le permite apoyar entidades públicas y privadas en labores de carácter «logístico administrativo o de otra naturaleza, cuando por razones del servicio requieran del cumplimiento de sus procesos y subprocesos necesarios para la ejecución de los fines o sus objetos sociales».

Pero sigamos con dos ejemplos más. Un contrato interadministrativo por $6.816 millones, del 15 de septiembre de 2020, que terminó en más de $10.000 millones gracias a adiciones para: «Gerencia, coordinación y ejecución de recursos para las actividades y eventos de los programas y estrategias de la subdirección de fomento deportivo y recreativo del Inder Medellín».

Otro más, del 14 de octubre de 2020, por $1.398 millones, terminó en $2.474 millones sumando los otrosíes que se atravesaron en 5 de los 12 contratos. El objeto es: «Gerencia, coordinación y ejecución de recursos para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad, previstos en los componentes del alcance del objeto, para el funcionamiento de las dependencias, programas y estrategias del Inder Medellín».

Estos contratos interadministrativos entre el Inder y Metroparques se suman al de $22.000 millones del que se benefició la empresa de seguros de los hermanos del secretario de Hacienda de Medellín, y otros que incluyen el mantenimiento de todos los escenarios deportivos del Inder. Son 12 en total, 11 que fueron firmados entre septiembre y diciembre de 2020.

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Los beneficiarios de los contratos

Vorágine rastreó los 12 contratos interadministrativos que el Inder suscribió con Metroparques en 2020. Delimitamos la búsqueda solo a contratos de más de mil millones de pesos. En los $50.000 millones asignados, encontramos contratos que soportan casi $40.000 millones. Una sola empresa fue la adjudicataria de más de 50 %, y la otra mitad quedó en manos de cuatro empresas.

Cyan Eventos y Logística S. A. S. obtuvo dos contratos con Metroparques que llegan a los $22.000 millones: uno con acta de inicio del 14 de octubre y una adición de $2.074 millones el 30 de diciembre de 2020. 

El Inder suscribió un contrato interadministrativo con Metroparques el 4 de septiembre de 2020, que 40 días más tarde Metroparques le adjudicó a Cyan para operar la «logística para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física» hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agoten los recursos. Lo que primero ocurra. Por ser dineros del programa de Presupuesto Participativo, el Inder siempre ha buscado un convenio en esta modalidad.

Ser una empresa industrial y comercial del Estado les da ciertas licencias a los funcionarios. Además de tener la posibilidad de contratar a dedo, evitan publicar todos los documentos del contrato en el Secop, el portal estatal de acceso público en el que las entidades oficiales tienen que publicar todos los procesos de contratación.

En el contrato por $19.850 millones, Metroparques solo publicó la «constancia de adjudicación invitación privada», un documento de dos páginas en el que aseguran que después realizar las evaluaciones de «las propuestas recibidas», la empresa Cyan obtuvo «100 puntos de 100 asignados al proceso», sin informar sobre el proceso o el número de propuestas recibidas». Todas las empresas que se mencionan a continuación obtuvieron 100 de 100.

Cyan tiene domicilio en Itagüí y matrícula mercantil en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur desde el 19 de diciembre de 2016. A diciembre de 2019, esta empresa reportó un patrimonio de $9.000 millones y 97 contratos ejecutados para demostrar su experiencia.

Con Metroparques, Cyan suscribió trece contratos, casi todos en cumplimiento a convenios interadministrativos suscritos entre Metroparques y secretarías y entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Con el Inder solo reportó uno que suscribió directamente.

Esos 14 contratos sumados no llegan ni a la mitad del contrato por $22.000 millones que Cyan suscribió con Metroparques para cumplir la tarea misional del Inder: «Fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín».

Las principales actividades económicas de Cyan, según los documentos de Cámara de Comercio, son: «espectáculos musicales en vivo, la organización de convenciones y eventos comerciales y otras actividades complementarias al transporte».

Con Servi Express S. A. S., Metroparques suscribió tres contratos que suman $7.514 millones. Uno por $2.236 millones, firmado el 18 de diciembre de 2020. para «la operación logística de las actividades y eventos que ejecutan las dependencias, programas y estrategias del Inder». Es un contrato que va hasta el 31 de marzo o hasta agotar recursos, «lo que primero ocurra».

Los otros dos suman $5.278 millones, pero esta vez para «gerencia, coordinación y ejecución de recursos para las actividades y eventos de los programas y estrategias de la subdirección de fomento deportivo y recreativo del Inder».

Este objeto lo comparten contra otra empresa, Cres & Catering, en el contrato interadministrativo entre el Inder y Metroparques que suma $10.224 millones. Cres & Catering también obtuvo dos contratos por $4.020 millones.

La experiencia de ambas empresas, localizadas en Envigado, gira alrededor del mundo de las comidas, según las principales actividades económicas reportadas ante la Cámara de Comercio Aburrá Sur: expendio por autoservicio de comidas preparadas, catering para eventos y organización de convenciones y eventos comerciales.

A la Corporación para la Alianza Estratégica Empresarial (Corales), Metroparques le otorgó un contrato por $3.624 millones para cumplir con el objeto que ya había contratado con el Inder: «Gerencia, coordinación y ejecución de los recursos para los mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el Inder».

En el certificado de existencia y representación legal que reposa en la Cámara de Comercio de Medellín, el objeto de esta corporación es: «Desarrollar los postulados y principios de justicia social e igualdad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice el progreso integral de la comunidad mediante la implementación de programas y actividades (proyectos) técnicos, económicos, investigativos, académicos, culturales entre otros, mediante el compromiso en su ejecución».

Finalmente, Alianza Terrestre S. A. S. logró dos contratos por $2.033 millones, cuyo objeto es servir de «bolsa de servicio de transporte para realizar los requerimientos solicitados por el Inder».

De estas cinco empresas depende el funcionamiento del Inder que, a través de doce contratos interadministrativos, abandonó la práctica de la licitación pública y le entregó, a dedo, el manejo contractual de la entidad a Metroparques.

De esos doce contratos, solo seis publicaron pólizas, y de esos seis la intermediación fue entregada en dos contratos a Seguros Hurtado Pérez.

Los otros corretajes de los hermanos Hurtado Pérez

Esta historia viene del año pasado. El jueves 21 de mayo de 2020, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal —que archivó tres meses más tarde— contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y dos funcionarias más por la celebración de un contrato por $7.168.848.968 con sobrecostos de $942 millones. El objeto del contrato es el suministro de alimentos a la población estudiantil.

Todo contrato estatal tiene que estar afianzado por una póliza de cumplimiento, que generalmente varía entre 25 % y 35 % del valor del contrato. El contratista es el encargado de conseguir la póliza y presentarla a la entidad contratante, y lo normal es que toda póliza, sobre todo cuando cubre contratos millonarios, tenga corretaje o intermediario. La Corporación Colombia Avanza, adjudicataria del contrato en cuestión e investigada también por la Contraloría, contrató a León Jaime Hurtado Pérez, socio de Seguros Hurtado Pérez y hermano del secretario de Hacienda, como el intermediario de esta póliza.

Pero hay más. La Secretaría de Educación de Medellín contrató a esta misma corporación  por $23.000 millones en dos contratos que con mucha celeridad se firmaron en solo 17 días. ¿Cómo lo hicieron? 

Además del contrato por más de $7.000 millones que investigó la Contraloría y que fue firmado el 20 de marzo de 2020, Colombia Avanza ya había recibido otro contrato a dedo el 3 de marzo por más de $16.000 millones, para la «prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo». Es decir, a esta Corporación le entregaron por cuatro meses la administración del programa que atiende a los bebés entre 0 y 2 años en Medellín.

El intermediario de la póliza de este seguro, también con Suramericana, es de nuevo el señor León Jaime Hurtado Pérez.

Los negocios fallidos 

El 8 de abril, Cecilia Hurtado Pérez, hermana del secretario de Hacienda de Medellín, fue nombrada intermediaria entre Metrosalud y la ARL Positiva Compañía de Seguros. Ella es la representante legal de Seguros Hurtado Pérez.

El nombramiento de la señora Hurtado Pérez para hacer el corretaje del contrato lo hizo Martha Cecilia Castrillón Suárez dos días después de haber sido nombrada gerente de Metrosalud por el alcalde Daniel Quintero Calle.

Aunque la hermana del secretario de Hacienda de Medellín es la representante legal de Seguros Hurtado Pérez, quien realmente hace el corretaje es el señor León Jaime Hurtado Pérez, exesposo de la gerente de Metrosalud, Martha Castrillón.

Cuando la opinión pública conoció el negocio de la excuñada del secretario con su exmarido, la gerente de Metrosalud reculó y retiró el nombramiento de Seguros Hurtado Pérez como intermediario. Aunque perdieron un cliente, pronto lo recuperaron con Colombia Avanza, los dos contratos con la Secretaría de Educación de Medellín y docenas de entidades públicas en todo el departamento de Antioquia.

El secretario Hurtado Pérez no sabe si es legal o ilegal que sus hermanos contraten con entidades públicas, dijo que tenía que estudiar la norma y aseguró, además, que él no tenía por qué responder en esta denuncia, pues para él era muy difícil saber qué estaban haciendo sus trece hermanos.

Y si no sabe qué están haciendo sus trece hermanos —casi todos funcionarios o contratistas del Estado—, mucho menos va a saber qué están haciendo sus decenas de sobrinos. Dos de ellos trabajan en dependencias de la Alcaldía, uno en Metrosalud y otra en la Terminal del Sur. Además, otra sobrina, Laura Isabel Hurtado Bedoya, estaba lista para posesionarse como directora administrativa de Metrosalud el pasado 4 de mayo, día en que se conocieron los negocios de sus tíos con el corretaje, por lo que decidieron suspender la posesión.

Metrosalud es la E.S.E del Municipio de Medellín, que atiende 52 centros hospitalarios. Desde allí se manejan entre $100.000 millones y $150.000 millones al año. Óscar Hurtado Pérez —secretario de Hacienda de Medellín, exrepresentante a la Cámara y exalcalde de Tarso por el Partido Liberal— ha tenido siempre apetito por esta entidad, hasta el punto de haberse hecho nombrar presidente de la Junta Directiva, aunque luego se inhabilitó e hizo nombrar a su subsecretario, quien actualmente preside la Junta.

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Colombia Avanza a punta de contratos

La Corporación Colombia Avanza, presuntamente sin ánimo de lucro, funciona hace más de diez años en Bello, bajo la supervisión anónima de uno de los caciques políticos de ese municipio, la concejal conservadora Gloria Montoya Castaño. Según la investigación de Alejandro Moncada para el portal Confluencia.co, esta pequeña corporación de Bello ha contratado con el Estado casi $70.000 millones en los últimos cinco años. 

Estar acreditada ante el Ministerio de Educación para las contrataciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) posiciona a la corporación como uno de los grandes contratistas del Estado. Además de facturar más de $23.000 millones con la Alcaldía de Medellín en 17 días, Colombia Avanza ha tenido contratos con la Gobernación de Antioquia, el ICBF, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metrosalud Medellín y docenas de hospitales y municipios de todo el país, pues la corporación puede operar en 63 municipios de Antioquia, 23 de Atlántico, 28 de Córdoba, 27 de Caldas y 12 de Quindío.

*La concejal Montoya Castaño fue gerente del Programa Maná en la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, diputada de Antioquia, asesora en el Congreso de la República, jefe de control interno en el Concejo de Medellín y abogada en el Área Metropolitana y en el Hospital Mental de Antioquia. También ha sido alcaldesa encargada de Bello en seis oportunidades. No aparece en ningún documento que la relacione con Colombia Avanza, pero es el poder en la sombra.

*Henry Paulison Gómez Montoya, representante legal de Colombia Avanza, fue concejal de Bello en el periodo 2008-2011, apadrinado por su tía, Gloria Montoya, quien ha militado históricamente en el Partido Conservador con la familia Suárez Mira, los caciques de Bello que tenían hasta hace poco a un hermano prófugo, el exsenador Óscar Suárez Mira, capturado por la Policía el 13 de agosto de 2020, y otro hermano que falsificó su diploma de bachiller, el exalcalde de Bello César Suárez Mira. La hermana del clan, Olga, se quemó en su aspiración a reelegirse para el Senado en las elecciones de 2018.

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*Actualización 16 de febrero de 2021: 

Vorágine buscó al señor Johny Armando Jaramillo Montoya el 2 de febrero de 2021 y no obtuvo respuesta. Sin embargo, el pasado 11 de febrero, a través de la abogada de la Golden Platino Colombia, Laure Dalel Curi Cure, aseguró que: “No tuvo, ni tiene, ni tendrá ninguna relación con el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER)”. Dijo también que no tiene ningún vínculo con la directora Diana Toro ni ningún tipo de influencias en el instituto y que no está ligado al municipio de Envigado. Enfatizó en que no tiene nada que ver con la contratación. No negó la amistad con Miguel Quintero Calle ni la militancia política con Hernán Gómez Giraldo.