Los contratos de la novia de Mario Castaño en el Senado

Al menos dos funcionarios del Senado participaron en la adjudicación de contratos en esa corporación para beneficiar a los cercanos de Mario Castaño. Presentaban informes falsos para recibir los salarios sin realizar ningún trabajo.

17 de agosto de 2022

Por Equipo Vorágine
#Bajo Reserva

Además de la viabilización de proyectos de infraestructura y la extorsión a particulares para conseguirles contratos de prestación de servicios en entidades como el SENA, ‘las marionetas’ del senador liberal Mario Castaño encontraron otra modalidad para financiar el grupo delincuencial organizado. Dos de las personas que hacían parte de la red de corrupción tenían contratos con el Senado, que fueron adjudicados a dedo y por los que recibían dinero sin hacer ningún trabajo.

La Corte Suprema de Justicia, en el documento de imputación de cargos contra Mario Castaño, hizo un análisis detallado de la forma en que fueron adjudicados esos contratos y los informes de actividades engañosos que presentaron con ayuda de un funcionario del Senado.

Según las pruebas que tuvo en consideración la Corte, Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza, “habrían obtenido rendimientos económicos ilícitos a expensas del Senado de la República, entidad que desembolsó por contratos de prestación de servicios que suscribieron Martínez Rodríguez y Ospina Loaiza con esa entidad, a pesar de que no cumplieron con ninguna de las obligaciones derivadas de ellos”.

Juan Carlos Martínez Rodríguez era la mano derecha del senador Castaño y su enlace principal con el resto de ‘las marionetas’. Era conocido como ‘el hombre del maletín’ y se encuentra prófugo de la justicia. Es odontólogo y fue gerente de Assbasalud durante la alcaldía del hoy representante a la Cámara Octavio Cardona en Manizales, entre 2016 y 2019. De acuerdo con el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) Martínez ha tenido seis contratos con el Estado, los cuales suman más de 87 millones de pesos.

Daniela Ospina Loaiza es psicóloga de profesión y es la novia del senador Mario Castaño desde hace más de cinco años. En el grupo de ‘las marionetas’ se encargaba de la recepción del dinero que recibía el grupo organizado por las gestiones de los proyectos, y lo administraba según las órdenes de Castaño.

La Dirección Administrativa del Senado, que está a cargo de Astrid Salamanca, estableció la necesidad de contar con un apoyo operativo a la jefatura de la División de Recursos Humanos en la “revisión y divulgación del material de información en salud pública”. De acuerdo con el formato de estudios previos y análisis del sector, el perfil del contratista requerido era de “un profesional con título de posgrado en la modalidad de especialización en temas de salud pública”. 

El 5 de marzo de 2021, Salamanca certificó la selección de Juan Carlos Martínez Rodríguez para ese cargo, ya que cumplía con los requisitos. Martínez suscribió el contrato n.º 482 con el Senado de la República por $15.000.000, con plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2021. En una de las conversaciones que interceptó la Fiscalía, Mario Castaño le dice a Juan Carlos Martínez que tiene una reunión con Astrid, lo que indica que había cercanía entre el senador y la funcionaria.

El contrato de Daniela Ospina Loaiza fue suscrito el 26 de febrero de 2021 para “brindar

apoyo en el seguimiento de los funcionarios de planta y de UTL del Senado frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19”. También tuvo un valor de $15.000.000 con un plazo de ejecución hasta el 31 de mayo del 2021.

Ambos contratos serían pagados de forma mensual a los contratistas tras la respectiva presentación de los informes de actividades y cuentas de cobro, que debían ser aprobados por el supervisor que verificaría el cumplimiento de las obligaciones. El encargado era Rubén Darío Iregui González, jefe de la División de Talento Humano del Senado de la República, la dependencia en la que fueron contratados Martínez y Ospina.

Puedes leer: Gregorio Eljach seguía órdenes de Mario Castaño

La Corte Suprema encontró que los informes firmados por Iregui González fueron falsificados para lograr el desembolso de los salarios. De acuerdo con las interceptaciones que realizó la Fiscalía General, en marzo de 2021, Juan Carlos Martínez contactó a Jorge Alberto Sabogal Tamayo, “con el fin de que le ayudara en el trámite de presentación de las cuentas de cobro del contrato que, por ese entonces, ejecutaba con el Senado, dado que no había cumplido con ninguna actividad”. En esa conversación, Martínez le dice que debe inventarse las actividades.

Jorge Alberto Sabogal Tamayo es hijastro del exalcalde de Villamaría, Caldas. En agosto de 2017 fue nombrado secretario de la mesa directiva del directorio del Partido Liberal en ese municipio. Ha tenido 12 contratos con el Estado en Caldas, el SENA y el Senado entre 2013 y 2020. Entre todos suman más de 150 millones de pesos. En otra conversación que sostuvieron Juan Carlos Martínez y Jorge Alberto Sabogal se evidencia que este no solo hacía los informes de aquel, sino que también se encargaba de hacer los informes que debía presentar Rubén Darío Iregui González.

Y más adelante se menciona que Iregui debe ayudar, “porque eso es cosa de Mario ahí”:

Por su parte,para presentar el informe y la cuenta de cobro por su contrato en el Senado, Daniela Ospina Loaiza buscó la ayuda de Juan Carlos Martínez, quien a su vez le recomendó la ayuda de Jorge Alberto Sabogal. Ospina tampoco realizó ninguna labor por su contrato, en una conversación con Martínez le dice que ella “tampoco ha hecho nada”.

La misma dinámica entre Martínez y Ospina, con ayuda de Sabogal, se repitió en los meses siguientes para continuar recibiendo los salarios. “Los contratistas presentaron un listado de actividades agotadas en el ámbito de ejecución del contrato, las que pretendieron acreditar con algunos documentos e imágenes; no obstante, el conocimiento demostrativo de las comunicaciones reseñadas apunta a establecer que nunca se ejecutó labor alguna y que esos soportes fueron allegados para demostrar unas tareas que los contratistas no realizaron”, dice el documento de la Corte Suprema.

En su defensa, Mario Castaño negó haber discutido con Ruben Darío Iregui asuntos relacionados con los procesos de contratación o la ejecución de los contratos que suscribieron Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina Loaiza. Sin embargo, en una conversación que interceptó la Fiscalía, Castaño habla de las instrucciones que le da Iregui para que contraten a alguien en el Senado.

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De acuerdo con el documento de la Corte, “sin duda alguna, se puede decir que la figura en común entre ambos contratistas y, a su vez, puente con la entidad pública contratante lo constituyó el senador Mario Alberto Castaño Pérez”. En el expediente, además, se cuenta con evidencia de que Rubén Darío Iregui González visitó la vivienda de Mario Castaño por lo menos una vez. Fue precisamente Iregui quien comunicó a la Dirección General Administrativa del Senado la necesidad de adicionar los contratos de Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza. El 28 y 31 de mayo de 2021 se adicionaron $5.000.000 en cada contrato.

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