Un mayordomo demandó a Luis Pérez, y perdió

Un campesino, convencido de que lo asistía la razón, inició una reclamación de derechos laborales contra el todopoderoso exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Aunque fue hace diecisiete años, la reflexión del caso aún parece pertinente. ¿Lo legal es siempre lo justo? 

20 de marzo de 2022

Por: José Alejandro Castaño, Luis Bonza Ramírez y Juan Pablo Barrientos

Ilustración: Angie Pik

La firma del hombre parece la de un niño: las letras son redondas y separadas, con trazos legibles y enfáticos. La única letra mayúscula es la A, alta y en forma de casa. En cambio la eme de su primer apellido es minúscula y alargada cómo un árbol. La tilde está allí con una precisión memorizada. Y a la uve de su segundo apellido no la sucede ninguna vocal, apenas un punto mudo. En el documento que sustentó su demanda contra uno de los hombres más ricos del pueblo, la firma de Alfonso de Jesús Marín Vergara se inclina hacia arriba, en un gesto que no se entiende pretencioso sino más bien pudoroso. Nadie en Concepción se había atrevido a tanto. Fue el 24 de septiembre de 2004, día de La Virgen de Las Mercedes, patrona de los presos. Él, mayordomo de oficio, demandó por abuso e incumplimiento al que había sido su patrón, Luis Pérez Gutiérrez, ya entonces exalcalde de Medellín.

En el documento que firmó el campesino se lee lo que exigía sin dudas, convencido de que lo asistía la verdad: pago de salarios injustamente retenidos, indemnización por despido arbitrario, liquidación de cesantías e intereses, primas de servicio y vacaciones, y desembolso de las cotizaciones pendientes al fondo de pensiones. En la sustentación que presentó su abogado, Jorge Iván Duque Gutiérrez, se lee que el político y tres de sus hermanos compraron dos propiedades en Concepción, municipio rodeado de bosques en las montañas del oriente de Antioquia, a setenta y cinco kilómetros de Medellín. Fue entre 1981 y 1982.

Los compradores fueron, además de Luis, sus hermanos Darío, Mario y Alberto Pérez Gutiérrez. Los lotes fueron dos, conocidos como Arango y Tinajitas, el primero de 7.500 metros cuadrados y el segundo de 15.000. Los hermanos adquirieron las propiedades con fines de recreo y buscaron a alguien de la región que se hiciera cargo de su cuidado y vigilancia. El escogido, padre de familia y lugareño bien recomendado, fue Alfonso de Jesús Marín Vergara, a quien contrataron como mayordomo en 1985, a cambio de un salario mínimo, entonces de $13.558. Durante 16 años, el hombre recibió su pago mensual sin tardanzas, hasta el 4 de octubre de 2001.

Ese día, el campesino recibió una carta firmada por Ligia Mercedes Pérez Gutiérrez, hermana de los propietarios de los predios, en la que le informaba la terminación de su contrato de trabajo por motivos de fuerza mayor. Recién ese día, Alfonso de Jesús se enteró de que su patrona, en esos términos del campo que designan y describen, era Ligia Mercedes. Ese vínculo, según la carta, se había iniciado el primero de enero de 1997, doce años después de estar él desyerbando las malezas de Luis y de sus hermanos, sembrando sus plantas, encauzando sus aguas, alimentando sus animales, podando sus árboles, espantando sus plagas, vigilando sus predios de noche y de día.

El mayordomo, entre asombrado y entristecido, decidió seguir viviendo y trabajando en el predio, aunque no recibiera salario. Pero la inconformidad y el desconcierto son gusanos persistentes, y de tanto horadar en su cabeza, en 2004, después de que Luis Pérez Gutiérrez dejó la Alcaldía de Medellín, Alfonso de Jesús decidió reclamarle lo que consideraba justo. Al fin de cuentas, según el campesino, había sido él, el político y no su hermana, quien lo había contratado años antes, en 1985. En la demanda ante el Juzgado Once Laboral de Medellín, el mayordomo sostuvo que los motivos de fuerza mayor que alegaron para despedirlo no eran ciertos, y por tanto eran injustos, contrarios a la ley.

“Con absoluta mala fe y aprovechándose de la condición de hombre de campo de Alfonso de Jesús, el demandado (Luis Pérez) ha pretendido desvirtuar los extremos de la relación laboral y confundir frente a su identidad como verdadero empleador”, se lee en la demanda que redactó el defensor del mayordomo, Jorge Iván Duque Gutiérrez, entonces abogado litigante y ahora, diecisiete años después, magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La versión del político 

En la respuesta a la demanda en su contra, Luis Pérez Gutiérrez reconoció que, en efecto, Alfonso de Jesús se había vinculado como trabajador en 1985, pero advirtió que esa relación había finalizado en 1991, cuando sus hermanos Darío, Mario y Alberto le vendieron su parte de las propiedades. Según el político, a partir de ese momento, a principios de 1992, comenzó una nueva relación laboral entre el mayordomo y él, único dueño de los predios. César Jairo Murillo Grajales, abogado del exalcalde Medellín, sostuvo de su representado: “Él ama las fincas y la actividad campesina. Sus mejores momentos los pasaba en la finca de Concepción. Sintió profunda tristeza cuando la situación de orden público se tornó difícil en la zona”. Esa fue la explicación del patrón del mayordomo para despedirlo. “La guerrilla empezó a retener gente en la carretera, a volar puentes y mil fechorías más”.

Pérez Gutiérrez le dijo al juez que el 31 de diciembre de 1996 había tomado la decisión de no regresar a la finca y de terminar la relación laboral con Alfonso de Jesús Marín Vergara, motivo por el cual, según el político, cualquier reclamación laboral carecía de fundamento, pues la demanda del mayordomo se había presentado en 2004, ocho años después de que se terminó el contrato que los relacionaba. Según Luis Pérez, su hermana Ligia Mercedes decidió hacerse cargo del predio y fue ella, y no él, quien estableció una nueva relación de trabajo con Alfonso de Jesús a partir del 1 de enero de 1997. Ese contrato se habría extendido hasta octubre del 2001, cuando Ligia también decidió abandonar la finca, espantada por la acechanza cada vez más cercana de las columnas guerrilleras y paramilitares que iban y venían por los caminos polvorientos del municipio. Concepción, es verdad, parió sus propios monstruos.

En diciembre de 1999, por ejemplo, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, el ejército paramilitar auspiciado por ganaderos, empresarios y miembros de las Fuerzas Militares, recorrieron Concepción y sacaron a varios campesinos de sus casas en medio de los gritos y del llanto de sus esposas e hijos. A todos los asesinaron, algunos a golpes de machete. De esa matazón, once cuerpos fueron dejados por ahí, con las vísceras expuestas a manera de escarmiento.  Ningún grupo armado fue menos sanguinario. En marzo de 2000 fue encontrado el cadáver de Héctor Osorio Arango, alcalde de Concepción, después de ser secuestrado por guerrilleros del autoproclamado Ejército de Liberación Nacional. Él fue el sexto alcalde antioqueño asesinado en dos años, entre 1998 y 2000. 

Según la respuesta de Luis Pérez Gutiérrez a la demanda en su contra, Alfonso de Jesús Marín pidió un plazo para desocupar la casa en la que vivía. Pero nunca se fue y en 2004 aún seguía allí. “Porque se ha apoderado de ella y se niega a entregar o restituir la finca a su propietario”, se lee en el testimonio del exalcalde Medellín, que concluyó su alegato de defensa insistiendo que él y sus hermanos no le adeudaban dinero al mayordomo despedido. Él entregó como prueba la liquidación de su contrato en 1991, por $493.000. Y también la liquidación que recibió en 1999, cuando se terminó el contrato de ese año, por $943.010. La liquidación de 2000 fue por $1’249.010 y la de 2002 por $3’135.990. 

¿Esos pagos fueron suficientes y honraron el compromiso con el mayordomo después de tantos años de trabajo? Según el campesino no, según la justicia sí.

El 25 de julio de 2006, el Juzgado Once Laboral de Medellín negó las pretensiones de Alfonso de Jesús Marín Vergara y absolvió de toda responsabilidad a Luis y Ligia Mercedes Pérez Gutiérrez. Sin embargo, la defensa del hombre apeló la decisión. “Se trata de un campesino de avanzada edad, sobre el cual los empleadores han dejado en la indefensión su derecho pensional”. Jorge Iván Duque Gutiérrez, el abogado de Alfonso de Jesús, le insistió al juez que tuviera en cuenta la relación dispar de poder entre el campesino y su patrón. “La vinculación laboral conlleva un delicado elemento denominado subordinación y en virtud del mismo quien tiene la posición dominante en el vínculo contractual posee las herramientas para determinar las reglas del juego en el desarrollo del contrato, quedándole a la parte económicamente débil la sola posibilidad de sujetarse a las condiciones, no en pocas ocasiones arbitrarias de quien maneja los hilos del asunto”. Fue una insistencia inútil.

El 15 de diciembre de 2006, en la audiencia de segunda instancia, la justicia ratificó la primera decisión y Alfonso de Jesús, además de no recibir ninguno de los pagos que pretendía, fue conminado a pagar $650.550 por concepto de los gastos del proceso jurídico en contra del exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y ahora precandidato a la Presidencia de la República. “Es una lástima que no lográramos demostrar el vínculo de subordinación del mayordomo con su patrón, que estaba obligado a reconocerle los salarios y prestaciones laborales al campesino”, se lamenta el ahora magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, Jorge Iván Duque Gutiérrez.

El funcionario admite que el drama del mayordomo que defendió sin éxito hace diecisiete años sigue repitiéndose una y otra vez, y que cientos de hombres y mujeres del campo continúan convirtiéndose en obreros mal pagados, a veces abusados, justo en las tierras que son suyas y que, como única posibilidad de subsistencia, les venden a familias citadinas. “Se convierten en peones por horas y por días, sin salud ni pensión, y recibiendo las sobras de los mercados de sus patrones en parte de pago por lo que no les pagan”.  

En Wikipedia se puede leer el inventario de los títulos de Luis Pérez Gutiérrez, listados sin sustento académico: “Es un ingeniero industrial, matemático, científico, estadístico, ejecutivo empresarial, escritor, empresario, político, constructor, educador, ajedrecista y polímata colombiano”. Polímata es una palabra que designa a los eruditos del saber universal: Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Sócrates, Galileo Galilei, Alexander Von Humboldt, Isaac Newton… En la foto al pie del inventario personal del ajedrecista con tantos oficios se pueden distinguir las tres letras capitales de su nombre, zurcidas en cursiva y con hilo dorado en los puños de su camisa: L. P. G. Él sonríe.

La investigación más reciente en contra de la gestión pública de Luis Pérez Gutiérrez es la fallida construcción de un autódromo en el municipio de Bello, inaugurado por él a toda prisa cuando fue Gobernador de Antioquia, aunque las obras no estaban terminadas, apenas comenzadas. Desde hace dos años, la Contraloría General de la República intenta establecer su responsabilidad en el gasto y posible pérdida de $140.000 millones de pesos, un monto veinte veces mayor que el presupuesto anual del municipio de Concepción. 

En el Gran Salón Social, un café en el parque del pueblo, todavía recuerdan entre risas y con sorna el episodio del campesino que pretendió ganarle una demanda laboral al político todopoderoso que lo contrató de mayordomo. No hace falta ser un jugador experto de ajedrez para saberlo: es casi imposible que un peón solitario le haga jaque al rey.

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