En Chocó los bonos de carbono esconden un “extractivismo verde sofisticado”

Durante casi un siglo, los bosques chocoanos han sido explotados bajo esquemas que han perjudicado su riqueza ambiental y han sometido a las comunidades locales. Hacia 1940 se establecieron los primeros aserríos que extraían las especies de árboles más valiosas, como el cativo y el cedro. Luego, se taló el bosque para abrir espacio a la ganadería extensiva y los cultivos agroindustriales. Décadas después, los grupos armados se sumaron al escenario. No sólo deforestaron para sembrar coca, también hicieron de la venta de madera una de sus rentas principales: el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas llegó a ganar 123.000 millones de pesos cortando los árboles de la región. La dinámica continúa y se ha profundizado al punto de que, según datos del IDEAM y el DANE, en años recientes la deforestación del Chocó representó hasta el 20% del total del país. 

Las comunidades han padecido los daños de la codicia sobre el bosque. Las empresas de aserríos implementaron esquemas laborales que rayaban con la explotación y dejaban ganancias exiguas a los pobladores. Las Autodefensas desplazaron y despojaron de sus tierras a miles de personas, y establecieron extorsiones para permitirles la extracción de la madera que todavía cobran los grupos sucesores, como el Clan del Golfo. Hace poco más de una década, en la región empezó a escucharse la promesa de un nuevo esquema de negocio sobre el bosque que cambiaría esas viejas dinámicas en las que los foráneos se enriquecen a costa del territorio y el trabajo de los chocoanos.

La nueva alternativa eran los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), un mecanismo internacional impulsado por las Naciones Unidas. Mediante este esquema, comunidades de todo el mundo reciben compensaciones económicas cuando logran demostrar que están protegiendo los bosques y, por ende, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Luego de un proceso de verificación del trabajo de conservación, se emiten unos bonos (conocidos como los bonos de carbono) que se venden en un mercado global a empresas, países u organizaciones que buscan compensar la huella de carbono que generan.  

La promesa, en un principio, resultaba muy atractiva. Los precios de venta de bonos de carbono eran altos porque este tipo de proyectos apenas comenzaban a tomar fuerza. Se hablaba de que la participación y la autonomía de las comunidades sería equilibrada con la de las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, que actúan como intermediarias en el desarrollo de los proyectos y la venta de los bonos. El modelo apuntaba a convertirse en una forma de obtener ganancias sobre el bosque, pero esta vez protegiéndolo, y fortaleciendo a las comunidades que lo habitan. 

Sin embargo, diez años después, las expectativas iniciales se han desinflado. Según un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP) publicado este 11 de mayo, el mecanismo REDD+ ha replicado prácticas de los modelos anteriores de explotación del bosque en Chocó: opacidad en las negociaciones, afectaciones a la autonomía y subordinación de las comunidades afrodescendientes frente a las intereses privados. Bajo el nuevo modelo se camufla “un extractivismo verde sofisticado”, señala la investigación. Aún así, este tipo de proyectos todavía atraen la ilusión de los pobladores de la región, quienes exigen mejoras en su implementación. 

Los proyectos del Bajo Atrato

El Cinep llevó a cabo varios talleres con los líderes de los consejos comunitarios de la región del Bajo Atrato, al norte de Chocó, para establecer cómo ha sido el desarrollo de los cinco proyectos REDD+ que están en marcha allí. Los hallazgos muestran matices, pues van desde una iniciativa que podría considerarse exitosa, hasta otra que, por ahora, ha provocado más perjuicios que beneficios para las comunidades. 

El primer proyecto de bonos de carbono que llegó a la zona fue el del Carmen del Darién, que busca la protección de 140.000 hectáreas de bosque que se extienden por los territorios colectivos de seis consejos comunitarios. Según el Cinep, esta es la iniciativa más exitosa porque su desarrollo se dio con amplia participación de las comunidades y sus incentivos han logrado disminuir la deforestación. 

Pobladores que antes se dedicaban a la tala y venta de madera se han convertido en guardabosques. Los recursos del proyecto han dinamizado la economía local, generando la creación de negocios nuevos en las comunidades, como tiendas o carnicerías. También se han creado organizaciones de pescadores, jóvenes y mujeres que impulsan actividades ambientales responsables y que han reforestado el territorio. 

Pese al éxito del diseño y el arranque del proyecto, hoy hay incertidumbre frente a su futuro. En los más de 10 años de implementación, solo se ha logrado una venta de bonos de carbono. La volatilidad del mercado, en el que ha crecido la competencia por el surgimiento de este tipo de iniciativas en todo el mundo, ha disminuido los precios de venta. Y eso también causó una moderación de las expectativas iniciales de ingresos que tuvieron las comunidades.

Además del proyecto del Carmen del Darién, solo el del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla ha logrado vender bonos de carbono en la región. Se trata de una apuesta que las comunidades ejecutan en sociedad con Community REDD+, un conglomerado de varias empresas dedicadas al negocio. Varias de estas, dice el Cinep, han sido cuestionadas en otros proyectos en la Amazonía colombiana y en Brasil, por ejemplo, por poner cláusulas consideradas como abusivas para las comunidades. 

Allí, al norte del Chocó, el proyecto ha logrado dos ventas de bonos de carbono. Sin embargo, las comunidades señalan la opacidad en estos negocios porque no tienen claridad sobre los precios de las ventas. Además, explican, hubo gran diferencia entre los ingresos que obtuvieron entre la primera y la segunda. Esto, para el Cinep, es muestra de la fragilidad y la incertidumbre de las comunidades ante la volatilidad del mercado de los bonos de carbono. 

“El análisis revela que, pese a sus innovaciones metodológicas, el proyecto reproduce desafíos estructurales de REDD+ en contextos de vulnerabilidad territorial: asimetrías de poder e información, dependencia de mercados volátiles, redistribución sin transformación de conflictos territoriales y riesgo de nueva dependencia externa”, dice el Cinep. 

Los tres proyectos restantes no han concretado ventas de bonos y comparten cuestionamientos como la concentración de la información de su desarrollo por parte de los socios privados de las comunidades. “Todavía no ha habido venta de bonos: así sea barato, tenemos que ver qué llega, estamos esperando”, dice uno de los líderes. 

Las comunidades sienten desconfianza. “Estamos cortos en el conocimiento de lo que realmente vale una tonelada de carbono, porque al final es lo que la gente nos dice, lo que dicen los intermediarios, estamos cortos en el tema informativo. Yo sé que los intermediarios se están quedando con la mayoría de los recursos, si uno quiere saber algo ellos ponen miles de trabas y así hacen lo que quieren”, dice otro líder. Pese a las dudas, los pobladores también consideran que las iniciativas les han traído beneficios, como capacitaciones a la comunidad y desarrollo de infraestructura. 

El acuerdo más cuestionado por la investigación del Cinep es el que sostienen WeAct, una empresa de Singapur, y el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU-. En el papel, la distribución de beneficios -52% para la comunidad y 48% para la empresa – sugiere una negociación transparente. Sin embargo, tras analizar el proyecto y recolectar los testimonios de la comunidad, el informe considera que hay una estructura de poder profundamente asimétrica.

En la propuesta, WeAct asume el control sobre las metodologías de cuantificación, la identificación de los compradores, la venta de los bonos y la relación con los certificadores del proyecto. Mientras tanto, el consejo comunitario queda relegado a las actividades de campo, como la vigilancia, el monitoreo y la reforestación del territorio. Así, dice el informe, se le niega así el acceso a las decisiones técnicas y comerciales fundamentales.

Además, explica el Cinep, la empresa creó un esquema en el que controla las decisiones pero no responde por los resultados. Incluyó una cláusula que la exonera si “los efectos monetarios del proyecto no se realizan”, y un parágrafo que prohíbe que la comunidad interponga acciones legales contra la empresa ante una eventual falta de resultados. Otro cuestionamiento de la investigación es que WeAct participaría en el comité del consejo comunitario que decide el uso de las ganancias del proyecto, “creando dependencia técnica para decisiones que deberían ser autónomamente comunitarias”.

El Cinep concluye sobre este proyecto: “El caso de la Larga y Tumaradó es reflejo de un patrón sistémico en algunos proyectos REDD+ colombianos: empresas extranjeras obtienen control técnico mediante acuerdos aparentemente favorables para extraer datos territoriales y abandonar proyectos cuando los mercados no resultan rentables, dejando pasivos sociales en comunidades afrodescendientes y profundizando divisiones históricas que tienen efectos evidentes sobre los procesos organizativos”.

Extractivismo verde sofisticado

Tras analizar los proyectos de bonos de carbono en el Bajo Atrato, el Cinep encontró que el esquema bajo el que funcionan deja las decisiones y definiciones fundamentales en manos de unos cuantos actores privados, con una pobre regulación de entidades estatales, y la relegación de los actores sociales. “Estas comunidades, formalmente reconocidas como ‘beneficiarias’ y ‘propietarias’ de los territorios, se ubican en la tercera y cuarta capa con influencia media o mínima, sufriendo las consecuencias de la volatilidad de mercados y abandonos corporativos, sin capacidad de control sobre las decisiones fundamentales que afectan sus territorios y medios de vida”, dice el informe. 

Para el Cinep, el ecosistema de estas iniciativas en Colombia estaría funcionando como un “mecanismo sofisticado de extractivismo verde”. Los privados obtienen beneficios a partir del territorio y el conocimiento de las comunidades afrodescendientes, a través de un andamiaje aparentemente participativo, pero en el que realmente las comunidades quedan subordinadas y desprotegidas, explica la investigación.

A partir del trabajo de campo, el informe concluye: “Los resultados son elocuentes: tres de los cinco proyectos analizados no han logrado ventas efectivas tras años de implementación; el abandono corporativo de WeAct‑COCOLATU dejó pasivos sociales y profundizó la conflictividad comunitaria; y numerosos testimonios señalan opacidad en los precios, incertidumbre sobre los mecanismos de decisión y falta de acceso directo a los certificadores, lo que refuerza la asimetría informacional y la dependencia frente a los operadores externos”.

Ese esquema, dice el informe, se ha implementado en medio de la pasividad de las entidades estatales colombianas y la falta de regulación de los modelos. “La ausencia de marcos normativos claros ha permitido que cada desarrollador y estructurador diseñe sus propias reglas del juego, creando un mosaico de implementaciones inconsistentes donde el Consentimiento Previo, Libre e Informado se convierte en una formalidad vacía más que en un derecho fundamental. Esta flexibilidad regulatoria no es casualidad sino premeditada: permite maximizar beneficios privados mientras externaliza costos sociales y ambientales hacia las comunidades”.

El informe y las mismas comunidades reconocen que la venta de bonos de carbono es una alternativa de desarrollo para las poblaciones y una herramienta de protección del territorio. Por eso, deja una serie de recomendaciones a partir de la recolección de las voces de los líderes del Bajo Atrato. Al Estado, le sugiere un acompañamiento activo a las comunidades y la regulación de las iniciativas a través de la creación de una ley que defina las salvaguardas a las comunidades y al territorio, así como los límites de las ganancias para los intermediarios privados y el control efectivo del negocio. 

A los privados, les hace recomendaciones en varios frentes. Sobre la transparencia, sugiere la publicación de los precios reales de los bonos, la claridad en los contratos, reportes de distribución de los beneficios y que las comunidades tengan acceso a los certificadores de los proyectos. En cuanto a la participación, recomienda la implementación de una consulta previa efectiva dentro de las comunidades, la capacitación técnica y la rendición de cuentas a la comunidad. Pese a las falencias en la implementación, las comunidades todavía tienen esperanzas en que el modelo mejore y cumpla algunas de las promesas que les hicieron hace más de diez años.