Campañas bajo ataque digital: el doble desafío de las mujeres en la política colombiana

Más de una vez, Laura Beltrán pensó que no merecía vivir. “Verme al espejo me producía asco”, relata la actual representante electa a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico. No quería salir, ni bañarse. Su malestar, asegura, era consecuencia de las decenas de comentarios contra su cuerpo que, a diario, inundan sus redes sociales desde 2019 cuando una fotografía suya comiendo de una bolsa de Doritos se viralizó. 

“No fue solo un tema de ‘me siento mal por un comentario’, esto escaló en mi vida de forma real”. La fotografía fue tomada durante las manifestaciones del Paro Nacional de ese año, las mismas que ella, conocida como influenciadora por el apócope ‘Lalis’, apoyaba activamente en sus redes sociales. 

Los efectos de la divulgación de la imagen no tardaron en llegar. Laura Beltrán comenzó a usar ropa ancha, dejó de comer en la calle y vivía con el miedo constante de que alguien le tomara una foto para convertirla en burla. “No fue fácil sobrellevar mis relaciones interpersonales con la gente: no me toques, no me mires, ningún hombre se va a fijar en mí, doy asco”, se decía a sí misma.

Aunque han pasado siete años desde que una persona desconocida tomó esa fotografía, todavía se difunde en redes sociales como estrategia de ataque en su contra. Sobre todo circuló durante la reciente campaña 2025-2026, cuando empezó su carrera electoral.

Algunas de las descalificaciones que esta alianza periodística identificó contra la congresista en su etapa de candidata hacen referencia a su cuerpo: la comparan con animales, se refieren a ella como medicamentos para bajar de peso e incluso la equiparan con vehículos del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-. 

El caso de Laura Beltrán no es aislado. Para los comicios de 2026, esta alianza investigativa identificó al menos 790 publicaciones clasificadas como violencia política digital contra la mujer en la red social X.

Para ello, seleccionó a las candidatas a la Cámara de Representantes por Bogotá, Antioquia y Cauca con más de mil seguidores en redes sociales y realizó una descarga por sus nombres, apellidos y apodos en la plataforma Meltwater. Estos fueron cruzados con palabras clave asociadas a insultos y ataques, previamente identificadas en el informe de la Fundación Karisma.

El rastreo se realizó durante los periodos de campaña y poscampaña legislativa, entre el 10 de diciembre de 2025 y el 13 de marzo de 2026. La búsqueda no incluyó los usuarios de las candidatas con el objetivo de obtener un volumen de datos reducido y manejable, por lo tanto es posible que el número de agresiones sea aún más elevado. 

El 58 % de los comentarios analizados por esta alianza investigativa corresponden a ataques por razón de género, un fenómeno que las mujeres en política enfrentan “en mayor volumen, intensidad y persistencia de agresiones sin equivalente en la experiencia de sus pares los hombres”. 

Los resultados del análisis evidenciaron una recurrencia de términos sexualizantes, sin importar la línea política. Palabras como “puta”, “prostituta”, “prepago”, “zorra”, “moza” o “amante” se repitieron en más de 250 ocasiones. Según Karisma, estas agresiones funcionan como una estrategia de deslegitimación que desplaza el debate hacia el cuerpo como objeto de deseo o burla, cuyo objeto es generar un ambiente hostil que desaliente la participación política.

Dado que la mayor concentración de insultos y ataques se registró en Bogotá a través de X, para los casos de Antioquia y Cauca se amplió la búsqueda hacia las plataformas Facebook e Instagram, donde se registraron 2.995 ataques que permitieron identificar posibles patrones de agresión en distintos entornos digitales. 

Además de Beltrán, otras figuras políticas de Bogotá y Antioquia fueron blanco de insultos y agresiones basadas en género:

En Bogotá, la violencia política digital contra mujeres combina referencias al cuerpo, donde predomina la sexualización agresiva; burlas hacia la apariencia física y descalificaciones morales. También se identificaron señalamientos asociados a la corrupción y vínculos con los grupos armados, como las guerrillas. 

Si bien estos insultos suelen ser dirigidos a hombres y mujeres en la política, adquieren un componente de violencia de género cuando se acompañan de ataques como “mozas” o “vendidas”, tal como se encontró en la investigación. Para expertas consultadas no se tratan solo de simple señalamientos a su gestión: también cuestionan su derecho a ocupar espacios históricamente masculinos. En Antioquia, esta dinámica se inscribe en un contexto marcado por la violencia asociada al paramilitarismo y al narcotráfico. En este escenario, el cuerpo de las mujeres es instrumentalizado y se reduce a objeto simbólico de las estructuras armadas, que se manifiestan mediante ataques como “muñeca de la mafia”. Esta expresión fue popularizada por el presidente Gustavo Petro cuando se dirigió a mujeres periodistas durante un discurso público en el 2024. La Corte Constitucional ordenó al mandatario retractarse, al determinar que la frase reproduce la violencia simbólica y de género.

En contraste, en el Cauca se registró un menor volumen de ataques e insultos visibles en escenarios digitales, lo que no muestra una ausencia de violencia. Seis candidatas consultadas aseguraron que recurrían a eliminar y ocultar los comentarios que reunieran agresiones. 

Las aspirantes Lucy Amparo Guzmán González, Rosalba Joaquí Joaquí y Luz Miryam Moncayo manifestaron ser víctimas de otras formas de violencia, comunes en el departamento. Entre ellas, se destacan las restricciones a la movilidad en ciertos territorios donde grupos armados ilegales imponen zonas prohibidas para entrar, transitar o hacer campaña, y los secuestros. 

Expertas en el departamento aseguran que, aunque estas acciones violentas afectan a la población en general, las consecuencias pueden ser desproporcionadas para las mujeres al tener más riesgo de ser víctimas de violencia vicaria y violencia sexual.

Violencia digital y sexualización como arma política

Antes de lanzarse a la carrera legislativa, Laura Beltrán ya era creadora de contenido político para redes sociales. Creyó que su experiencia tras el episodio de la fotografía que se viralizó la prepararía para recibir más violencia digital, pero no fue así. Desde que anunció su candidatura, los comentarios escalaron de señalar su físico a cuestionar su sexualidad.

“Ahora dicen: ‘Claro, usted llegó ahí porque se lo dio al presidente’”, comenta. Además de las agresiones por apariencia física, la violencia simbólica, de género y misoginia también abarcan la descalificación política a través de la sexualización, una táctica que, según Alicia Duque, investigadora de la Fundación Karisma, busca reducir la capacidad profesional y el mérito de las mujeres involucradas en la política a supuestos vínculos sexuales. 

De los ataques registrados hacia las candidatas en X, 32 % corresponden a violencia simbólica y de género que, según Karisma, son las prácticas que vulneran la participación política de  las mujeres, al deslegitimar, disciplinar o limitar su presencia en el espacio público. Otro 14 % es violencia sexual digital, caracterizada por el uso de lenguaje sexualizado y amenazas, y 4 % demuestra misoginia, que Karisma define como formas de odio o aversión —explícitas o sutiles— hacia las mujeres en el ámbito individual, institucional y cultural.

En el caso de Bogotá, la reelecta representante Catherine Juvinao por el partido Alianza Verde, es quien tiene el mayor porcentaje de estos comentarios, con una alta concentración de violencia sexual digital. En más de 100 ataques se resalta la sexualización agresiva. 

Laura Gallego Solís, candidata por Cambio Radical en coalición con el Partido de la U, Salvación Nacional y Oxígeno, fue la figura más atacada en redes sociales durante el periodo analizado para el departamento de Antioquia. Solo en X registró el 27,5 % de los ataques relacionados a estereotipos sexuales donde resaltan palabras sexualizantes. Expertas cosultadas aseguran que estos comentarios reducen a la candidata a su cuerpo y sexualidad, al tiempo que niegan su legitimidad política. 

“A mí no me duelen los insultos, me duele que inventen chismes sobre mí. Cuando hacen suposiciones como ‘eso fue que se lo tuvo que dar a Uribe’ Ya tengo que cargar con la maleta de haber sido reina de belleza, no voy a cargar la maleta de ‘es que ella llegó allá porque Uribe la puso’”, confiesa la excandidata. 

Según Duque, la investigadora de Karisma, estos ataques no son neutrales y se encuentran vinculados directamente al género. “No tienen un equivalente simétrico para los hombres en política. No hay una palabra que reduzca a un senador, por ejemplo, a su sexualidad, como sí ocurre con las mujeres”, apunta.

Bogotá

“Ignorante sirvienta de la guerrilla”, “prostituta de la guerrilla”, “guerrillera que no entiende un culo” son expresiones de violencia que arrojaron los datos analizados vinculadas a la difamación e injuria. 

Según Karisma, llamar a una candidata de esas maneras encaja en estas categorías, ya que además de cuestionar su derecho a existir como actora política, también “atribuye como un hecho que la candidata pertenece a un grupo armado ilegal sin que eso pueda verificarse”, lo que podría facilitar o legitimar ataques físicos reales. Sobre todo en el contexto colombiano donde líderes y lideresas sociales y políticos son atacados de forma constante tras ser acusados falsamente de pertenecer a un grupo armado, explica Catalina Moreno Arocha, directora de Karisma.

Al menos, 17 tuits recolectados para esta investigación contienen este término. 35 % de estos comentarios estuvieron acompañados por insultos o ataques sexualizantes donde predominan las calificaciones de “perra” o “prepago”.

Moreno, asegura que el verdadero impacto llega cuando las mujeres deciden denunciar: “A un hombre, suele darse credibilidad a su queja; a la mujer se le desestimaría. Incluso son revictimizadas en el sistema judicial bajo argumentos como ‘para que se metieron a la política’”. 

La representante electa Beltrán asegura que los comentarios que la califican como “guerrillera” incrementaron —hasta convertirse en amenazas contra su vida— tras la difusión de un video de David Toledo, excandidato a la cámara de Antioquia por el Centro Democrático, y Andrés ‘Gury’ Rodríguez, concejal de Medellín por el mismo partido, en el que señalan presuntos vínculos suyos con la guerrilla del ELN.  “Desde ese momento hasta hoy no tengo paz. Temo por la seguridad de mi familia”, afirma Laura Beltrán.

Para Karisma, el caso de Beltrán se cruza además con los ataques sostenidos que ha recibido contra su apariencia física. “La acusación de guerrillera no llega al vacío, llega sobre una candidata que ya enfrenta violencia simbólica de género” aseguran. 

Otra forma de descalificación que se repitió en Bogotá fueron los señalamientos de corrupción, principalmente a aquellas que iban por su reelección legislativa, como es el caso de María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y Catherine Juvinao de la Alianza Verde. Juntas concentraron 23 % de estos ataques.  

Si bien para Alicia Duque los comentarios en los que tildan a las candidatas de “corruptas” corresponden a un insulto político neutro, en las mujeres suele utilizarse como una “etiqueta vacía”, sin referencia a hechos concretos, cuya finalidad no es solo cuestionar la gestión, también suele cuestionar “implícitamente su derecho a ocupar un espacio político”, históricamente ocupado por hombres. 

Antioquia

“Mejor sea webcam”, “¿esta actriz porno quién es?”, “yo veo es a una prepago” o “¿Cuántas muñecas de la mafia se lanzaron al Congreso?”: son algunos de los comentarios que condensan la violencia política digital contra las mujeres en Antioquia, marcada por la sexualización, el desprecio y la deslegitimación de su participación en lo público, según expertas consultadas. 

Doris Gómez, docente de comunicación política de la Universidad de Nacional de Colombia, sede Medellín, explica que referirse a una mujer de esta manera en Antioquia “nos recuerda las formas cómo hemos construido la feminidad en la región”. La cultura antioqueña, explica, construyó un estereotipo que se fortaleció con la cultura del narcotráfico. “Las mujeres percibidas con esta estética son sexualizadas, al tiempo que se menosprecian sus capacidades, su trayectoria y liderazgo”, explica Gómez. 

Para Laura Gallego Solís, este tipo de insultos se han convertido en parte de su ejercicio político en redes sociales, mientras ponen en duda su formación académica.  “A mi que me insulten, que me digan ‘fea’ o ‘gorda’ me da igual. Pero cuando se meten con mi parte académica me duele mucho”, señala. 

Esta alianza investigativa realizó una búsqueda en las plataformas Facebook, Instagram y X, y encontró que Gallego Solís concentró el 87 % de la violencia política digital y de género registrada en el departamento. Fue llamada al menos 583 veces “paraca”, 183 “miss bala” y 114 “prepago”.

Gómez también explica, que la violencia política contra figuras como la de Gallego Solís responden, en parte, a que “no se espera de las mujeres una apropiación tan decidida de narrativas paisas y antioqueñas como el uso de las armas o la autodefensa”, lo que la vuelve incómoda para sus contradictores y genera una ola de violencia en ambas corrientes políticas: la izquierda y la derecha. Además, advierte que su presencia en redes no es casual, es “una estrategia política” orientada a posicionarla como una líder de la derecha a futuro. 

La aspirante por Cambio Radical, quien pasó de ser señorita Antioquia en 2025 a candidata a la Cámara en 2026, ha sido reiteradamente asociada con el paramilitarismo en redes sociales. En X, Facebook e Instagram la han llamado “miss bala”, “paramilitar”, “paraca”, “sicaria” y “traqueta”, tras la viralización de videos en los que pregunta a figuras públicas como Santiago Botero y Abelardo de la Espriella, lo siguiente: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”.

De acuerdo con Juliana Hernandez, directora ejecutiva de la organización feminista Artemisas, para este caso en particular, ella considera que “una puede recibir violencias y también ser violenta. Su discurso lo es y sus contendores políticos la sexualizan cuando la agreden, mientras ponen en duda su preparación para asumir una curul al Congreso”. 

Gómez también explica, que la violencia política contra figuras como la de Gallego Solís responden, en parte, a que “no se espera de las mujeres una apropiación tan decidida de narrativas paisas y antioqueñas como el uso de las armas o la autodefensa”, lo que la vuelve incómoda para sus contradictores y genera una ola de violencia en ambas corrientes políticas: la izquierda y la derecha. Además, advierte que su presencia en redes no es casual, es “una estrategia política” orientada a posicionarla como una líder de la derecha a futuro.

La aspirante por Cambio Radical, quien pasó de ser señorita Antioquia en 2025 a candidata a la Cámara en 2026, ha sido reiteradamente asociada con el paramilitarismo en redes sociales. En X, Facebook e Instagram la han llamado “miss bala”, “paramilitar”, “paraca”, “sicaria” y “traqueta”, tras la viralización de videos en los que pregunta a figuras públicas como Santiago Botero y Abelardo de la Espriella, lo siguiente: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”.

De acuerdo con Juliana Hernandez, directora ejecutiva de la organización feminista Artemisas, para este caso en particular, ella considera que “una puede recibir violencias y también ser violenta. Su discurso lo es y sus contendores políticos la sexualizan cuando la agreden, mientras ponen en duda su preparación para asumir una curul en el Congreso”.

Cauca

El 14 de febrero de 2026, el Partido Liberal denunció que Lucy Guzmán González, candidata a la Cámara de Representantes por el Cauca, fue retenida por hombres armados mientras se movilizaba por una zona rural de Santander de Quilichao. Según el comunicado, los hombres armados la despojaron de su vehículo y desarmaron su esquema de seguridad.

Días antes, Guzmán ya había denunciado amenazas, agresiones verbales y actos de intimidación en redes sociales. En conversación con esta alianza, aseguró que recibió mensajes violentos tanto en comentarios públicos como en mensajes privados. Algunos los eliminó y otros prefirió no compartirlos por temor.

Su caso no es aislado. El 25 de febrero, Ana Guetio, candidata a la Circunscripción Especial Transicional de Paz (CITREP), fue retenida durante 17 horas por grupos armados en el municipio de El Tambo. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de estos hechos, que ocurrieron en medio de una compleja disputa armada por el control territorial del departamento. Según InSight Crime, en Cauca operan cinco estructuras del Estado Mayor Central (EMC) y un frente del ELN.

La situación de violencia en el departamento también se refleja en otros hechos recientes. El 25 de abril, en un atentado con explosivos 20 personas perdieron la vida en la vía Panamericana. Además, la persecución contra líderes sociales continúa siendo constante.

En medio de este panorama, las denuncias de las candidatas también fueron puestas en duda en redes sociales. Tras la liberación de Ana Guetio circularon mensajes como: “Puras mentiras. Dejen tanto show” o “Jugando a las escondidillas”. Comentarios similares han sido dirigidos contra Lucy Guzmán.

Para Catalina Moreno, investigadora de la Fundación Artemisas, estas reacciones responden a estereotipos de género que desacreditan las denuncias hechas por mujeres. Explica, que según indica la Sentencia T-878 de 2014 de la Corte Constitucional, persiste el prejuicio de considerar exageradas o falsas las denuncias femeninas, algo que no suele ocurrir con hombres en escenarios políticos. “Es poco común que a un hombre le digan que está exagerando un secuestro”, afirma.

Valentina Aldana, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Cauca, señala que las violencias políticas en el departamento son permanentes, pero se intensifican durante las campañas electorales y afectan especialmente a las mujeres. Según explica, estas agresiones pueden escalar hasta poner en riesgo la vida de las lideresas, sus familias y comunidades. De acuerdo con la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, entre enero y septiembre de 2025 fueron asesinadas 45 mujeres en el departamento, ocho de ellas lideresas sociales.

En este contexto, la violencia digital adquiere una dimensión de “silenciamiento”, término utilizado por la Fundación Karisma para describir la censura y el amedrentamiento que enfrentan mujeres rurales en redes sociales. Lucy Guzmán asegura haber vivido distintas formas de violencia: ataques en redes por su participación política, amenazas digitales contra ella y sus hijos, intimidaciones virtuales de actores armados y restricciones para ingresar a algunos territorios.

Según la candidata, en Cauca los actores armados ejercen presión tanto en espacios físicos como digitales, vigilando lo que las personas opinan o dejan de opinar. Moreno añade que muchas candidatas prefieren no denunciar estos hechos por miedo a represalias en territorios donde hay presencia de grupos ilegales.

La investigadora también advierte sobre la “trampa de la visibilidad”, pues las investigaciones suelen centrarse en candidatas con mayor presencia en redes sociales, dejando por fuera las experiencias de mujeres rurales menos visibles para los algoritmos.

El monitoreo de redes sociales evidenció diferentes formas de violencia digital contra candidatas del Cauca. Ana Libia Guetio recibió comentarios de violencia simbólica, hostigamiento, racismo y daño reputacional en Facebook y X. Rosalba Joaquí Joaquí y Lucy Amparo Guzmán fueron blanco principalmente de mensajes de descalificación y discriminación en Facebook.

Sin embargo, las investigadoras advierten que estos registros no reflejan completamente la dimensión del problema. Varias candidatas afirmaron haber eliminado comentarios violentos, mientras otras recibieron amenazas por mensajes privados que decidieron no divulgar por seguridad. Ana Guetio, por ejemplo, evitó sostener conversaciones telefónicas por temor a que su celular estuviera intervenido.

La violencia digital también afecta a otras figuras políticas del departamento. Las senadoras Aida Quilcué, actual fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, reciben constantemente ataques en redes sociales. Mientras Valencia suele ser blanco de comentarios sobre su apariencia física y capacidad intelectual, Quilcué enfrenta mensajes racistas y violencia simbólica relacionados con su identidad como lideresa nasa.

Candidatas bajo ciberataque es una investigación que revela la violencia de género digital que enfrentan las mujeres que buscan una curul en el Congreso. Visita el especial completo aquí.

Esta pieza periodística es resultado de las Becas del Taller: ‘Periodismo y elecciones en Colombia: contar lo que importa para la democracia’, otorgadas por la Fundación Gabo en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).