Mauricio Uribe Blanco fue conjuez de la Corte Constitucional y juez del Tribunal Eclesiástico de Bogotá. Una mujer que fue víctima de abuso sexual de un sacerdote, fue intimidada por el decano de Filosofía de la Sergio Arboleda para que desistiera de denunciar ante la justicia ordinaria.
23 de septiembre de 2022
Por: Vorágine, #BajoReserva

Paola fue abusada entre los 10 y los 15 años por el sacerdote Nelson William Montes Lizarazo, que además la dejó embarazada. El cura fue encubierto y protegido por la Arquidiócesis de Bogotá, que tuvo conocimiento del abuso desde 2008 y aún así lo envió a trabajar fuera del país.

La primera denuncia la interpuso la mamá de Paola en 2008 y aunque el sacerdote Montes Lizarazo fue suspendido en 2009 por el entonces arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sáenz, después fue recomendado para trabajar en la diócesis de San Carlos, en Venezuela, en 2011, por el cardenal Rubén Salazar Gómez. La exótica investigación fue abierta nuevamente en 2017 y el cura fue expulsado en 2018.

Cuando Paola decidió indagar por su caso en 2018, en procura de justicia para ella y su hijo, fue atendida en el Tribunal Eclesiástico por el sacerdote Mauricio Uribe Blanco, quien además es decano de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, donde también es capellán. En la conversación, que fue grabada por Paola, el cura se valió de varios recursos para intimidarla y trató de convencerla para que no continuara con el proceso. Uribe Blanco actuó con la venia de Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá.

Además de que su agresor fuera castigado por la justicia, Paola buscó ser reparada por los daños y perjuicios que sufrió. Ante esa petición, el sacerdote Uribe Blanco, juez del Tribunal Eclesiástico, le dijo que si es que eso prosperaba, la Arquidiócesis tenía toda una artillería preparada para responder y trató de persuadir a la víctima para que desistiera de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General. 

El sacerdote Mauricio Uribe Blanco también fue conjuez de la Corte Constitucional entre 2014 y 2017, cargo al que llegó por recomendación del ex magistrado Jorge Pretelt. Noticias Uno publicó una investigación en la que reveló que el sacerdote Mauricio Uribe Blanco sí es abogado, pero no tiene tarjeta profesional.

El sacerdote tampoco cumplía con uno de los requisitos para ser conjuez de la Corte Constitucional porque no ha desempeñado cargos en la rama judicial o el ministerio público, ni tampoco ha ejercido como abogado o profesor por 10 años o más, como establece la ley.

Todos siguen en sus cargos

Tanto Mauricio Uribe como Pedro Mercado siguen en sus cargos, pero con un nuevo jefe, el arzobispo Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y quien encubre a sacerdotes pederastas al negarse a cumplir una sentencia judicial que lo obliga a responder un derecho de petición que pregunta por 927 sacerdotes.

Muy convenientemente, monseñor Rueda entregó los nombres de los seis sacerdotes que la Arquidiócesis de Bogotá ha suspendido o expulsado en los últimos meses para evitar responder sobre todos los sacerdotes que han tenido relación con esa jurisdicción eclesiástica. 

Pero no solo eso, el arzobispo dijo en la respuesta al derecho de petición que en Bogotá no existe un archivo secreto, en el que reposen las denuncias por pederastia contra sacerdotes. Como la Iglesia católica sigue el derecho canónico a rajatabla y este ordena tener un archivo sobre cada sacerdote, surgen entonces dos hipótesis: o el arzobispo más importante de Colombia está mintiendo o ya destruyó el archivo secreto, como lo hicieron los obispos alemanes. Ambas hipótesis constituyen un delito dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

En primera instancia, el Juzgado 33 Civil de Bogotá le ordenó al arzobispo Rueda Aparicio responder el derecho de petición en 48 horas, pero en las consideraciones, el juez dejó la puerta abierta para que el arzobispo solo complemente la información que entregó de los seis curas pederastas. Monseñor Rueda, en vez de obedecer la orden del juez y darle ejemplo a todos los obispos de Colombia, impugnó la sentencia.

El presidente de la Conferencia Episcopal no está solo. Monseñor Rueda Aparicio contrató a la prestigiosa firma DG&A Abogados para el trámite de esta acción de tutela. Al igual que los arzobispos de Medellín y Villavicencio, el de Bogotá estaría gastando millonarios recursos de las limosnas y los diezmos de los feligreses para pagar costosos bufetes de abogados y evitar responder por los curas pederastas.

Rueda Aparicio se autodenomina defensor de derechos humanos, pero cuando se trata de proteger a sacerdotes que han violado a niños, niñas y adolescentes, pone por delante los intereses de la institución que dirige. Al arzobispo Rueda lo acompaña su obispo auxiliar Luis Manuel Ali Herrera, quien es el delegado del papa Francisco para la comisión internacional que busca que los curas en el mundo no violen niños. A pesar de tan importante cargo, Ali Herrera ha cohonestado el encubrimiento a pederastas de su anterior jefe, el cardenal Rubén Salazar y de su actual jefe, Rueda Aparicio. Todos conocieron la historia de Paola, y aún así, la amenazaron, la intimidaron y la revictimizaron. Y nunca la repararon.

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