El dinero que Carlos Holmes Trujillo quería reclamar pero al que no tiene derecho

Trabajar en el servicio diplomático de cualquier país trae consigo unos beneficios que ningún otro funcionario o empleado del sector privado tienen. Te pagan el trasteo de ida y vuelta, te dan un pasaporte que te garantiza inmunidad diplomática, no pagas impuestos, y además, te pagan un millonario sueldo que te permite vivir muy bien en cualquier país. Carlos Holmes Trujillo García, ministro de Defensa, tuvo todo eso durante 20 años, y aún así quería más. Doscientos cincuenta millones de pesos más, para ser exactos.

La historia comienza el 16 de noviembre de 2016, cuando Carlos Holmes Trujillo interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que el Estado colombiano le pagara 250 millones de pesos que, según él, se le adeudan por concepto de reliquidación de cesantías. Lo anterior desató un enfrentamiento entre quien se posesionaría como canciller el 7 de agosto de 2018 y la canciller del momento, María Ángela Holguín Cuéllar. 

El ahora ministro de Defensa ha desarrollado toda su carrera política en importantes cargos estatales, en los que ha sido nombrado, varias veces, por presidentes de distintos partidos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, estuvo en cinco periodos que suman 20 años, el último como canciller en los primeros 14 meses del gobierno de Iván Duque.

El primer periodo fue entre el 1 de diciembre de 1976, cuando tenía 25 años, y el 6 de septiembre de 1982. Su destino fue la embajada de Colombia en Japón, donde comenzó como Agregado Civil, a los tres meses pasó a ser cónsul en Tokio y terminó su misión en la misma posición pero como Primer Secretario.

A sus 31 años regresó a Colombia. En 1983 fue secretario de Planeación de Cali por un corto lapso, pues ese mismo año asumió la presidencia de Fedemetal hasta 1985. Luego se convirtió en miembro de la Dirección Nacional del Partido Liberal, de la que llegó a ser su codirector. Entre 1988 y 1990 fue alcalde de Cali y, en el último año de su mandato, presidente de la Federación Colombiana de Municipios.

Una carrera exitosa que estaba lejos de detenerse. En 1991 fue elegido constituyente y un año más tarde el presidente César Gaviria lo nombró ministro de Educación. Del gobierno de Gaviria pasó al de Ernesto Samper, quien lo nombró, en 1994, Alto Consejero de Paz. Duró un año y regresó al servicio diplomático.

El segundo periodo fue entre el 16 de octubre de 1995 y el 5 de junio de 1997, esta vez como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras dos años regresó al país y reemplazó a Horacio Serpa en el Ministerio del Interior. 

Del gobierno del liberal Samper pasó al gobierno del conservador Andrés Pastrana, regresando al servicio diplomático, a su tercer periodo. Primero como embajador de Colombia en Austria por un año y luego en Rusia, entre abril de 1998 y febrero de 2001.

Los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no serían la excepción para Carlos Holmes Trujillo, quien volvió al servicio diplomático en mayo de 2004, primero como embajador de Colombia en Suecia y luego, en 2006, en Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, hasta el 31 de octubre de 2011. Este fue su penúltimo periodo en la Cancillería, antes de ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Iván Duque, tras haber sido precandidato presidencial en las elecciones de 2014, en las que terminó como fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga; y en las de 2018.

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Las cesantías que reclama

Antes de presentar la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Holmes le envió, el 16 de junio de 2016, un derecho de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que exigía: “Sírvase reliquidar, reconocer y pagar el excedente correspondiente a los aportes del auxilio de cesantías realizados al Fondo Nacional del Ahorro durante el tiempo que laboré en el Ministerio en el servicio exterior, con base en el salario realmente devengado y no el equivalente en la planta interna, junto con el pago de las sanciones, indemnizaciones moratorias e intereses de ley correspondientes al 2% conforme lo indica el Decreto 162 de 1969”.

En otras palabras: hasta 2005, las cesantías para los funcionarios de la Cancillería en el servicio exterior se liquidaban de acuerdo al cargo equivalente en la planta interna, lo que alivianaba los costos de la nómina estatal. Pero una sentencia de la Corte Constitucional, la C-535 de 2005, cambió las reglas del juego. De ahí en adelante, las cesantías se liquidarían de acuerdo al sueldo real del funcionario en el servicio exterior, en la moneda del país en el que preste sus servicios. Citando sentencias del Consejo de Estado, pero de 2007, el hoy ministro alegaba que le liquidaron las cesantías con base en la equivalencia, dando un tratamiento diferenciado e injustificado. 

Para poner un ejemplo: en 1977, Carlos Holmes Trujillo García ganaba 645 dólares mensuales, equivalentes a 23.465 pesos de la época. Sin embargo, sus cesantías se las liquidaban con una base salarial de 7.000 pesos, que era el equivalente de su cargo en el extranjero con el de un funcionario en la planta interna en Bogotá. 

La Cancillería no se demoró en responder. El 29 de junio de 2016 le dijo a Carlos Holmes Trujillo que el Estado colombiano no le adeudaba un peso porque la sentencia de la Corte Constitucional no era retroactiva y porque el Ministerio le había liquidado y pagado sus cesantías con las leyes que regían hasta 2005.

Al ver la negativa de la Cancillería de pagarle 250 millones de pesos, Carlos Holmes Trujillo acudió a la Procuraduría y solicitó una audiencia de conciliación extrajudicial, que fue citada para el 7 de octubre de 2016. Allí, de nuevo, y personalmente, insistió en sus pretensiones, pero se encontró con la abogada Angélica Correa, funcionaria de la Cancillería que se negó al pago de esta suma y dijo que el reclamo del hoy ministro configuraba un “cobro de lo no debido”.

La conciliación en la Procuraduría era el último requisito que tenía que agotar antes de presentarse ante el Tribunal Administrativo, el 16 de noviembre, pero esta vez con un abogado al que le entregó el poder de representarlo: Jorge Eliécer Castellanos Moreno, quien insistió en que las sumas de dinero que se reconozcan y liquiden, “lo serán en correspondencia con los ingresos laborales reales percibidos en dólares, francos suizos y euros por razón del cargo ocupado, y debidamente indexados, comprendiéndose además las sanciones e intereses a que hubiere lugar”.

Además de los 250 millones, Carlos Holmes le pidió al Tribunal “intereses comerciales durante los seis meses siguientes (a la sentencia), así como intereses moratorios al vencimiento de ese término, o lo que disponga la ley”.

Con los ires y venires propios de un proceso administrativo, este cogió vuelo en el despacho del magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón, ante quien la Cancillería volvió a oponerse a las reclamaciones del exembajador el 23 de junio de 2017. Había pasado un año desde que Carlos Holmes presentó el derecho de petición en esa entidad y siete meses desde que radicó la demanda en el Tribunal.

Esta vez la abogada apoderada de la Cancillería fue Sully Alexandra Cortés Fetiva. El argumento de la funcionaria fue contundente: “La demanda carece de todo fundamento”. Con expresiones litigiosas más fuertes, la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores desestimó una a una las millonarias pretensiones de quien en poco tiempo sería su jefe. La funcionaria explicó que en los cuatro periodos de Carlos Holmes Trujillo en el servicio diplomático sus cesantías fueron liquidadas de acuerdo a la legislación vigente, señalando incluso que en el cuarto periodo, 2004-2011, sus cesantías le fueron liquidadas de acuerdo al mandato de la Corte Constitucional de liquidarlas según el sueldo real en la moneda del país en el que trabajaba. 

Aún así, Carlos Holmes Trujillo demandó también por esos siete años, lo que para la Cancillería es un “enriquecimiento sin causa” y un “imposible jurídico”.

La defensa del exembajador, el 14 de julio de 2017, se limitó a señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores había respondido de manera extemporánea.

El proceso se quedó archivado en los anaqueles del Tribunal Administrativo los siguientes nueve meses, hasta el 23 de abril de 2018, cuando el abogado de Holmes Trujillo le pidió al magistrado continuar con el proceso, en medio de la campaña presidencial en la que Iván Duque ya era candidato y Holmes Trujillo, quien fue su rival directo en la consulta interna del Centro Democrático, lo acompañaba en las correrías por todo el país.

El 23 de mayo de 2018, cuatro días antes de la primera vuelta presidencial, el magistrado citó a las partes a la audiencia inicial, para el 24 de julio de 2018. Diez días antes el entonces presidente electo Iván Duque había anunciado que Carlos Holmes Trujillo García sería el ministro de Relaciones Exteriores.

Sin importar que estaba demandando al Ministerio en el que acababa de ser nombrado, Carlos Holmes siguió adelante con el proceso, insistiendo en el reclamo inicial: 250 millones de pesos. En la audiencia, la representante de la Cancillería dijo algo que ya se había oído un año antes: que acceder a las pretensiones de su futuro jefe implicaría “un enriquecimiento sin causa” y un “cobro de lo no debido”.

La audiencia terminó con una invitación a conciliar, pero la funcionaria de la Cancillería se opuso, pues así lo decidió el comité de conciliaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las partes presentaron por escrito sus alegatos de conclusión una semana más tarde. La defensa del canciller electo presentó los mismos argumentos que había mostrado dos años atrás, solo que esta vez, el primero de agosto, estaba a una semana de convertirse en el jefe del Ministerio al que estaba demandando.

Dos días más tarde respondió la abogada representante de la Cancillería, Sully Cortés, quien se opuso de nuevo a la demanda del exembajador.

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Extraño cambio de abogados

Una vez posesionado y con poca posibilidad de maniobra pues ya se habían presentado los alegatos de conclusión, hubo un cambio en la Cancillería: Carlos Holmes Trujillo llevaba una semana en el cargo cuando retiraron a la abogada Sully Cortés del proceso y nombraron a la abogada Liliana Constanza Triana Vega, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y quien recibiría órdenes directas del nuevo canciller.

Triana Vega solo duró tres meses al frente del proceso, pues el 27 de noviembre de 2018 le notificó al Tribunal Administrativo que renunciaba como apoderada de la Cancillería, anexando su carta de renuncia ante quien era su jefe y a la vez su contraparte: Carlos Holmes Trujillo García. “Con un profundo agradecimiento, me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia, la cual se hará efectiva el 30 de noviembre”, decía la misiva. Duró poco menos de un año en la Cancillería y hoy se desconocen los motivos reales de su renuncia.

Con la salida de la nueva apoderada de la Cancillería para este proceso, llegó un nuevo abogado: Vladimir Márquez González, a quien solo le tocaba esperar la sentencia del Tribunal Administrativo, la cual llegó el 3 de mayo de 2019 y no solo denegó la demanda del entonces canciller contra la Cancillería sino que, por el contrario, lo condenó a pagar las costas del proceso, es decir, lo que pagó la contraparte por el abogado. 

Como se trataba de abogados funcionarios de la Cancillería, solo tuvo que pagar 500 mil pesos después de sumergir al aparato judicial y administrativo durante tres años en una demanda inviable, como lo demuestra la decisión de tres magistrados.

El ministro dirá, en su defensa, que le ha dedicado su vida al país. Cierto. Pero el país le ha retribuido por su trabajo generosamente. Nada más en los cuatro periodos que estuvo en el servicio diplomático Holmes Trujillo recibió, solo por sueldos y primas navideñas, casi 2.800 millones de pesos, que en dinero de 2020 equivalen a unos 6.500 millones de pesos, aproximadamente. Es decir, durante los 210 meses en los que trabajó en esos periodos en la Cancillería, Carlos Holmes recibió, al peso de hoy, un promedio de 30.497.562 mensuales. 

Por concepto de cesantías recibió poco más de 173 millones, que al peso de hoy serían unos 327 millones, a los que el excanciller quería sumar 250 millones más.

Y eso que solo estamos hablando de casi 18 años en el servicio extranjero.