En el mes del orgullo, en Perú se clasificó al “transexualismo” de enfermedad mental y en Colombia se hundió el proyecto que prohibía las terapias de conversión
28 de junio de 2024
Por: Fabiola Chambi, integrante de la Mesa Editorial de CONNECTAS*
En el mes del orgullo, el gobierno del Perú expidió un decreto en el que incluye al “transexualismo” entre las enfermedades mentales y el Congreso de Colombia hundió, por segunda vez consecutiva, un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual para la comunidad LGBTIQ+. Se trata de una nueva manifestación de una tendencia internacional que muestra el deterioro de los derechos LGBTIQ+.

“Pero tú no estás mal de la cabeza, ¿por qué dice eso el Ministerio de Salud?”, le preguntaba su mamá a Gianna Camacho cuando, el 10 de mayo, el Gobierno peruano emitió un decreto, avalado por la presidenta Dina Boluarte, que considera que las personas LGBTIQ+ tienen problemas de salud mental debido a sus identidades.

Gianna, mujer y activista trans, reconoce que es muy duro pasar por esta situación, después de tanta lucha por avanzar en los derechos de la comunidad. “Las personas trans podemos padecer algún trastorno mental como cualquier otra persona: estrés, depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, pero no por el hecho de ser trans ya tenemos esta condición mental, no es así. No somos enfermas mentales”.

En la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades), publicada en 1992, la transexualidad se consideraba una patología, pero en 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la eliminó al poner en vigencia la CIE-11. 

Sin embargo, al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento (PEAS), que contiene una lista de beneficios mínimos para los afiliados, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, para brindarles tratamiento psicológico gratuito. Para esto puso nuevamente en vigencia la antigua clasificación de la OMS. 

Las autoridades peruanas argumentan que se mantiene la CIE-10 hasta que se inicie la implementación gradual de la CIE-11, como en otros países de la región. Y rechazan las críticas al afirmar que más bien buscan “ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, psiquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente”.

Según le dijo a CONNECTAS Camacho, quien también es coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la puesta en marcha de este decreto “abre paso a la discriminación y de alguna manera da la razón a muchas personas que han estado diciendo que nosotras estamos enfermas y tenemos algo que curar. El Ministerio de Salud les da una herramienta para fortalecer sus discursos y argumentos de odio. Se están borrando 30 años de lucha de las personas trans”.

Castigo máximo

Es cierto que la comunidad LGBTIQ+ ha tenido una mayor visibilidad en los últimos tiempos, pero hay datos difíciles de asimilar porque los casos de homofobia en el mundo van en aumento. Incluso, en la actualidad todavía en 11 países los actos sexuales entre personas del mismo sexo pueden llevar a la pena de muerte, aunque el delito recibe diferentes denominaciones y hay variaciones en algunos Estados. Además es complejo acceder a las estadísticas por lo que no hay seguridad sobre el número de las eventuales ejecuciones. En Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen la legislación es radical, mientras en Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalia y Emiratos Árabes Unidos, la pena de muerte es una posibilidad sujeta a la interpretación de la ley islámica o “sharía”.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), identificó a 62 Estados miembros de la ONU que aún criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo (60 por disposiciones legales explícitas y 2 de facto). Y solo 131 no los criminalizan.

Este contexto de intransigencia extrema y el estigma social obliga a muchas personas a ocultar sus preferencias sexuales porque podrían sufrir multas, cárcel e incluso la muerte.

Discursos de odio de izquierda, de derecha y de todas partes 

Pero más allá de esos países tradicionalmente adversos al respeto por los derechos humanos, el retroceso llega a América Latina. En 2023, el aún aspirante a la Presidencia de Argentina, Javier Milei, hablaba abiertamente sobre la homosexualidad en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly: “Si vos querés estar con un elefante… si tenés el consentimiento del elefante, es tu problema y del elefante. No me opongo a que dos personas del mismo sexo se casen (…) Para mí, el matrimonio es un contrato. Puede ser de dos partes, tres partes o 50 si uno quiere”. 

Sin embargo, ya en el gobierno su posición alineada con la ultraderecha concretó uno de sus más eufóricos anuncios de campaña: “¡Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, afuera!”. El 11 de junio disolvió definitivamente esta dependencia estatal, en un momento en que la violencia no da tregua. Hace un mes cuatro mujeres que compartían una habitación en Buenos Aires fueron atacadas con un cóctel molotov y solo una sobrevivió. “Las prendieron fuego por lesbianas. Las prendieron fuego por lesbianas pobres”, dijo una de las integrantes del colectivo Asamblea de Lesbianas de Barracas durante una protesta por este crimen y responsabilizó al Estado. De hecho, la  Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia reportó 250 víctimas directas de feminicidio durante 2023, incluyendo a “cinco víctimas de travesticidio/transfemicidio”.

Al cerrar ese ministerio, el gobierno congeló el presupuesto para el Programa Acompañar que apoyaba económicamente a mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ víctimas de violencia. Entre otras medidas polémicas, Milei prohibió usar lenguaje inclusivo en la administración pública, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), eliminó la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles y canceló programas de capacitación con perspectiva de género.

Muchos ven en estas medidas una arremetida sin precedentes contra la comunidad, pero sobre todo contra quienes perdieron sus vidas luchando por derechos que están a punto de naufragar. Si la protesta colectiva en las calles enarboló la bandera contra la discriminación,  también se han adelantado denuncias ante organismos internacionales y una acción de amparo en la justicia promovido por la Federación Argentina LGBTI.

Sin embargo, la persecución y el odio no tienen una ideología definida. Dámaso Vargas, activista trans nicaragüense exiliada en el exterior, lo sabe bien. Ella reflexiona sobre la importancia de entender la situación de la comunidad desde la doctrina, la historia y la política.  “Es duro existir en Nicaragua, es un país altamente homofóbico, machista, misógino, transfóbico. A mí me costó asumir mi identidad de género porque significó una ruptura muy grande con mi familia. Por eso seguí trabajando para que a otra persona no le pase lo que a mí, nunca fue una opción dejar el activismo”, le contó a CONNECTAS

Ella tiene muy presente la ruptura social en 2018,  porque desde entonces “más de un millón de nicaragüenses andamos por todo el mundo huyendo de la violencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero debo decir que también estamos huyendo de morir de hambre”.

Vargas pone el dedo en la llaga. Aunque la realidad en el exilio es diferente, la activista, ahora radicada en Costa Rica, asegura que, sin importar el lugar, el problema persiste. “Vos seguís reconociendo esta actitud, estas miradas que van dirigidas a tu identidad de género y que aunque queramos negarlo, pues si tiene un nivel de afectación psíquica emocional para nosotras”.

Un reporte a marzo de 2024 del Observatorio de Violaciones de Derechos Humanos de Personas LGBTQI+ en Nicaragua concluyó que “las mujeres  trans han sido víctimas de formas graves y letales de violencia, lo que aparece como una tendencia durante los últimos años, en donde los transfemicidios han ido en aumento”. Pero también alertan sobre la acción policial “ineficiente, tardía, y en algunos casos inexistentes” que contribuye a la impunidad.

¿Hay esperanza?

La comunidad LGBTIQ+ celebra la consolidación del matrimonio igualitario, los avances administrativos en el reconocimiento de identidad, la apertura de iniciativas privadas a la diversidad. Pero esos logros casi siempre están acompañados por una sombra de rechazo y discriminación.

Por ejemplo, a la mexicana Eva Cabrera le ha tocado luchar por un reconocimiento legal que le permita consolidarse a nivel profesional. En 2017, fue la primera mujer transgénero en Aguascalientes en rectificar su acta de nacimiento con base en su identidad de género. Todo el proceso le demandó más de un año, pero ahora pueden hacerlo hasta en dos meses. 

Como administradora de empresas consiguió un trabajo en el que se siente respetada y realizada. “Donde estoy actualmente se certificó como empresa segura para personas LGBTI y afortunadamente llevo una vida profesional muy buena, me estoy desarrollando muy bien y he tenido la oportunidad de estar en varios estados, aunque no todos lo aceptan bien. A fin de cuentas todo es un ganar-ganar, a ellos les va bien y a nosotros también”.

Con el nuevo gobierno que toma posesión el 1 de octubre en México no se visualizan cambios radicales, aunque Eva espera que sea más alentador respecto a los derechos de la comunidad. “Hay esperanza”, añade.

Y aunque en Colombia el Congreso acaba de hundir, por segunda vez consecutiva, el proyecto de ley que busca prohibir las llamadas terapias de conversión sexual para los miembros de la comunidad LGBTIQ+, algunos congresistas ya anunciaron que insistirán con el proyecto en la próxima legislatura.

El orgullo de ser lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas (LGBTIQ+) alcanza para seguir luchando. Lamentablemente aún no para un reconocimiento pleno que todos merecen solo por el derecho de existir, sin importar cómo se identifiquen.

* Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

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