Luego del derrumbe que dejó 40 muertos, las familias afectadas sólo recibieron botellas de agua y un mercado. Aunque viven en una zona donde son frecuentes los derrumbes, no han tenido capacitaciones para saber qué hacer ante estas emergencias y siguen con el miedo de que una montaña se les venga encima, por eso piden ser reubicados.
12 de febrero de 2024
Por: Angy Alvarado Rodríguez y Vivianey Balvin, del equipo de Consonante*

A un mes de la tragedia en la que un alud de tierra sepultó a 40 personas en el sector de El Diecisiete, en la vía Quibdó- Medellín y a dos horas del casco urbano de El Carmen de Atrato, para las familias que viven en la carretera no ha cambiado nada y las ayudas, por ahora, quedaron en papel. 

Lo más visible en la vía fue cómo una montaña de lodo cubrió la casa de Rocío Mazo y Alberto Olaya, ubicada sobre la carretera, y la vida de otras 38 personas que se refugiaban de una lluvia incesante que duró 27 horas, entre el jueves 11 y viernes 12 de enero. La zona luce como si una aplanadora hubiera pasado por la vivienda borrando todo el rastro a su paso y deslizándola hasta el abismo que da al río La Playa.

En la carretera viven más de 200 familias, la mayoría pertenecientes a las 28 comunidades indígenas y comunidades campesinas y afro que hay en El Carmen de Atrato. Todos tienen historias de algún accidente y esperan que el del 12 de enero sea el último y no quedar, de nuevo, en el olvido.

Algunos afirman que la movilización de las autoridades y unidades de emergencia solo duró unas semanas. “La Unidad de Riesgo por acá no ha llegado a decirnos qué hacer ante una emergencia. En los demás accidentes ha pasado lo mismo, traen los mercados, con los ojos encima de todas entidades por unas semanas y de nuevo nos abandonan”, cuestiona Dorian Arias, vendedor de 56 años y habitante del sector de El Quince.

La vivienda de Dorian Arias está a 10 minutos en moto al punto donde ocurrió la tragedia reciente. “El jueves, como a la 1 de la tarde, fui en moto a la casa de Olaya a comprar gasolina y empezó a lloviznar y les dije que me iba. Fue la última vez que los ví”, cuenta. 

El viernes, como en la casa de Olaya, a la tienda de Dorian también llegaron varias personas a refugiarse de la lluvia. “Lo que recuerdo de ese día es la forma de llover, llevaba meses sin llover de esa forma y, lo más curioso, es que se zafó el barranco que se llevó a todo el mundo y escampó”, agrega.

Para Dorian, cada vez que ocurre un derrumbe y un bloqueo, en su negocio dura hasta tres días sin vender nada porque sus principales clientes son camioneros. Los productos llegan más caros y dice que no se ven turistas porque la gente tiene miedo de que ocurra otra emergencia: “Después de la tragedia se veían pocos carros porque la gente tenía miedo de pasar y los medios de comunicación decían más de lo que era e informaban que iban a cerrar la vía por tres meses. En esta parte uno se siente tranquilo porque está más plano, pero no deja uno de sentir miedo cuando llueve”.

En la vía falta señalización, no hay defensas (barandas metálicas) y en algunos puntos solo hay unos palos con cintas amarillas de “peligro no pase”. Tampoco hay señales de “curva pronunciada” ni se avisa cuáles los puntos críticos. Esto se deja al conocimiento de los camioneros que a diario pasan por la vía para transportar alimentos. “Hay zonas que faltan por pavimentar, hicieron unos cortes para el ensanche de la vía y quedaron sin terracear (técnica para estabilizar la tierra y evitar posibles nuevos deslizamientos). Ha fallado el Invías y los encargados de la obra”, denuncia Dorian. 

En su comunidad, conformada por 30 familias, solo llegaron de ayudas unas botellas de agua y un mercado pequeño. “Nos hace falta todo, de El Siete para acá uno dice que va para la jungla porque no se ve nada como emprendimientos, negocios, espacios deportivos. La solución no es solo dar comida, necesitamos herramientas para producir la tierra y espacios productivos. Le pediría al Gobierno que solucionen el problema con las comunidades indígenas porque les prometen y no les cumplen. No hay seguridad alimentaria”.

Él ha vivido siempre en El Carmen de Atrato y asegura que es poco lo que ha llegado de ayudas a esta zona de La Trocha. “La han bautizado como ‘La trocha de la muerte’, pero es más por el descuido y porque somos la cenicienta del municipio de El Carmen de Atrato. En todas las comunidades indígenas y en los demás municipios hay inversión, pero en la trocha y esta zona (El Quince) anda quieta”, advierte.

Las familias de El Quince también han reclamado la falta de apoyo psicosocial y conocer cómo se van a destinar los dineros que prometió el gobierno de Gustavo Petro: “Estamos de nuevo en el olvido. El presidente Petro dijo que se invertiría dinero para que se evitara ese tipo de situaciones, pero de eso no nos han socializado nada. El municipio lo único que hizo fue traer unos mercados para la gente y les dijimos: ‘Ustedes nos vienen a traer es miseria. Ese kit tenía un juego de pocillos de plástico, una ollita, una chocolatera y comida por ahí unos 80 mil”.

Sobre esto, el alcalde Jaime Arturo Herrera señaló que se demoraron porque no tenían un censo de todas las familias afectadas. “Recibimos 2.000 mercados de ayudas, pero no se podían entregar de una, sino que se necesitaba hacer un listado de las afectaciones, familia por familia. No tenemos un censo completo de las familias que viven en La Trocha, de El Dieciocho hasta la cabecera municipal. Solo sabemos que son 26 comunidades indígenas y 6 resguardos indígenas”. La Alcaldía hizo un censo y solo hasta el jueves 25 de enero, 14 días después de la emergencia, entregaron los mercados a las familias.

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La escasez y el invierno

Lo mismo cuestiona Luz Ayde Bailarín, de 31 años y quien vive en el resguardo Abejero en el sector El Diecisiete, ubicado al frente a la carretera y a dos kilómetros de donde ocurrió la emergencia. Advierte que a su comunidad, conformada por 23 familias Embera Eyabida, han llegado pocas ayudas: “Solo nos dieron dos tarros de agua y unos kits de alimentos por estar afectados cerca al lugar de la tragedia. Nosotros hemos pedido que nos reubiquen y no ha pasado nada”.

Luz Ayde describe que ha tenido afectaciones en su vivienda cuando hay detonaciones y obras en la carretera. Y sus cultivos y crías de marranos, su principal sustento, se mueren.

“Uno va a sembrar algo y ya no da. Tres crías de marranos murieron porque cuando se escuchaban las explosiones, los animales corrían y botaban toda su cría. Mi casa está llena de agujeros en el techo por las piedras que caen y ellos no ven eso como afectaciones”, agrega.

Tanto Luz Ayde, como los 11 integrantes de su familia, recalcan que no se sienten seguros  en el lugar donde viven: “Yo acá me siento en peligro total. Nosotros decimos que la tierra avisa. Cuando llueve demasiado uno ve que se empieza a desgranar un poquito y eso nos da miedo. Pido que nos reubiquen pero que me dejen en la misma comunidad y que no tenga una montaña encima, me da miedo que se derrumbe. Los contratistas dañaron espacios que eran sagrados”.

Esta líder indígena Embera Eyabida también recuerda cómo se vivió la emergencia del 12 de enero. “Toda la noche llovió, hubo tres derrumbes más y por eso la gente no se movía. Antes de que se viniera todo el lodo, cayeron dos rocas grandes y luego todo quedó tapado. No hubo tiempo de reaccionar y la gente quedó encerrada. Ni los de acá (El Diecisiete) ni los de El Quince podíamos ir a ayudar porque había una cola enorme de carros, caían rocas y lodo. Era imposible pasar”, dice.

A veces llueve hasta tres días y van viendo los derrumbes. Por los cortes que hicieron en la montaña, dice la líder indígena que recomiendan a las familias que si llueve es mejor que se vayan a una casa segura y en un terreno plano porque hay derrumbes. “Por eso en mi casa, al lado de una montaña, yo no duermo si llueve”, agrega.

Anny Julieth Rodríguez Tabares es líder de la comunidad de El Dieciocho desde hace 8 años y advierte que allí también la gente vive asustada de que pueda ocurrir otra emergencia, especialmente en invierno: “Todos vivimos con temor, y se agudiza cuando está lloviendo porque residimos frente a zonas donde hay lomas, y cuando llueve, uno no sabe qué puede pasar. Cuando está lloviendo u oímos cualquier ruido, estamos alerta, pensando por dónde correr si pasa algo o dónde refugiarnos”.

Esta líder afro, de 54 años, insta a las autoridades a que intervengan urgentemente y prevean posibles tragedias. “Nos han dicho que estamos en un zona de alto riesgo, pero tampoco nos reubican. Les pedimos que intervengan antes de que vuelva a ocurrir otra tragedia como la que vivimos el 12 de enero. No se pueden quedar quietos. Si una familia está en una zona peligrosa y no conocemos su ubicación, los encargados del trabajo de campo deberían informarles que es época de salirse antes de que ocurra algo”, advierte. A esta comunidad, según Anny Julieth, solo llegó un paquete de la Alcaldía. 

Otra de las veredas afectadas es la del sector El Once. Ramiro Giraldo Henao, campesino, asegura que siempre ha vivido con la incertidumbre de posibles accidentes en la zona. “Esto no ha cambiado nada porque se sigue viviendo con la zozobra de que mañana o pasado mañana vuelva y ocurra otra tragedia como esa”, dice.

Ramiro es testigo de un sin número de accidentes a causa de los deslizamientos. “Siempre ha sido así desde que yo tengo uso de razón. Han ocurrido deslizamientos, volcamientos en esta trocha, y una suma de más de 200 muertos”, agrega.

Para Ramiro, la tragedia se agravó porque la empresa encargada de la pavimentación no previó adecuadamente los riesgos: “Hacen cortes y desvíos en la vía y no evalúan cómo mueven la montaña. Cuando entra el invierno, la gente sabe que habrá un derrumbe o un deslizamiento, porque con eso hemos vivido durante años”.

Ramiro cuenta que, hasta el momento, no ha recibido ayuda de la Alcaldía ni del Gobierno. Sin embargo, destaca la colaboración de la Diócesis de Quibdó, liderada por el padre Rodrigo Ortega, que hace unos 15 días distribuyó minimercados a varias personas en la zona. “No he tenido contacto directo con ninguna entidad ni con la Alcaldía. En la carretera, el Padre Rodrigo ha sido una persona muy querida y colaboradora con nosotros. Hace aproximadamente 15 días vino y distribuyó algunos minimercados a muchos habitantes de la comunidad”.

Agrega que los cierres de la vía ocasionados por los derrumbes afectan la movilidad y el suministro de alimentos. “Al no haber tránsito libre, la comunidad comienza a padecer por la alimentación y la disponibilidad de diversos víveres. No pueden traer ni pasar productos desde Quibdó hasta Medellín. Esta restricción se convierte en la afectación más grande que tenemos”

Además, Ramiro expresa su preocupación por los incumplimientos del Gobierno y de las empresas encargadas: “Al Gobierno le pido que se tome en serio la selección de empresas para los proyectos, ya que muchas de ellas incumplen sus compromisos. Pareciera que solo tienen interés en llevar a cabo sus proyectos sin considerar las afectaciones a los habitantes de acá.

Ramiro era amigo de Alberto Olaya, el dueño de la casa en donde ocurrió la tragedia. En medio de su tristeza recuerda el día de los hechos. “Las lluvias habían provocado derrumbes durante todo el día. Estaba esperando a unas personas que se dirigían hacia mi casa debido a la falta de paso en la zona afectada cuando recibí la noticia de que un nuevo deslizamiento había arrastrado una casa. Él no solo era mi amigo, sino que también formaba parte activa de la asamblea de la Junta de Acción Comunal. Nos apoyamos en muchas reuniones comunitarias”, agrega.

“El gobierno promete actuar, terminar obras pendientes y brindar ayuda a las personas afectadas. Uno se vuelve un poco incrédulo porque ha escuchado tantas veces las mismas promesas. Uno sigue esperando y llega otra tragedia, y resulta que no han cumplido nada”, asevera.

A Ramiro también le preocupa que nunca han recibido capacitación para enfrentar una emergencia. “Aquí no nos han capacitado para una emergencia, nosotros hablamos de puntos críticos y lo único que rogamos es que no ocurra otra tragedia”. 

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¿Qué ha pasado con las ayudas del Gobierno?

Los líderes consultados de los sectores El Once, El Quince, El Diecisiete y El Dieciocho confirman que a ninguno se les ha socializado cuáles serán las ayudas del gobierno de Gustavo Petro luego de la emergencia. Lo poco que escucharon fue lo que se informó por medios de una inversión de medio billón de pesos para terminar en un año las obras de la vía tras ser declarada desastre natural. Pero la promesa de concluir la vía viene desde el mandato del expresidente Juan Manuel Santos.

Esta vía, que debía entregarse en el 2018, lleva 15 años en obras ante incumplimientos de los contratistas, paros en la vía y firmas a cargo que se han declarado en insolvencia. Mientras tanto, conductores y habitantes arriesgan su vida a diario pasando por una carretera que en algunos sectores está al borde del abismo. Tanto así que desde el 2009 van 190 muertos.

Petro desde su cuenta “X”, antes Twitter, también reconoció una de las principales alertas que se ha hecho desde la comunidad de El Carmen de Atrato: la falta de prevención de taludes. “Nunca contrataron la construcción de la carretera a Quibdó con el tratamiento de taludes, cuando es una de las zonas más lluviosas del mundo. Ralentizaron los tiempos de construcción a través del mecanismo financiero llamado “vigencias futuras”. Así la carretera a Quibdó, como otras, lleva más de 20 años de construcción”, dijo Petro en la red social

Sin embargo, eso es uno de los reclamos de los líderes de La Trocha y que hoy sigue sin atenderse. Sumado a denuncias de veedores por el mal uso de recursos en la vía  y de posibles sobrecostos en la construcción de puentes y muros. Y ante la evidencia de estructuras abandonadas y oxidadas en la vía de lo que al parecer eran puentes.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez dijo el 15 de enero que se iba a atender y garantizar el inicio del calendario escolar y las necesidades de las familias afectadas, así como garantizar el PAE. Pero en sectores como El Diecisiete todavía hay niños sin cupo y que no pueden ir a estudiar. En las comunidades consultadas tampoco se han entregado kits escolares ni se han realizado campañas de apoyo emocional y psicológico como se anunció en su momento el Ministerio de Educación. Además, el PAE dejó de funcionar desde el lunes 5 de febrero.

El alcalde Jaime Arturo Herrera dijo, en entrevista con Consonante, que el Gobierno se comprometió a ayudar al municipio: “En el kilómetro 17, el presidente Petro cuestionó por qué se está haciendo esa vía a medias y revisó el área de la afectación y se encontró que en verdad la han construido muy artesanalmente y sin las técnicas como se hace en otros departamentos para vías 4G”.

“Les dijimos al Presidente y a la Vicepresidenta que el Chocó ha sido olvidado por otros gobiernos pasados y a nosotros nos ven con migajas. Él se comprometió este año a terminar la vía. A nosotros no nos hicieron una vía 4G, no hay pilares de cemento para que sostenga la montaña”, agregó el alcalde Herrera en la entrevista. En el recorrido que hizo Consonante por la zona se encontró que hay pocos obreros en la vía y maquinaria a un lado sin funcionar.

Tras la tragedia, también se evidenció que el Hospital San Roque, de El Carmen de Atrato, no está preparado para atender este tipo de emergencias. Para esto, según la Alcaldía, se destinarán 35.000 millones de pesos.“Tuvimos que sacar a la gente hacia Antioquia porque no había espacio, no teníamos camillas. (…) Hay que decirle al ministro de Salud: mire, tengo fotos de heridos acostados en el suelo porque no teníamos dónde recibirlos. Venga y denos la plata para el municipio porque puede haber otras emergencias en la vía, en el casco urbano, en las veredas”, recalcó Herrera.

* Consonante es un medio de comunicación que produce información sobre municipios considerados desiertos de información en Colombia, de la mano de una red de ciudadanos entrenados en periodismo local. Consonante es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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