Así saqueó el Clan del Golfo la salud y el PAE en Antioquia y Chocó

Dos narcotraficantes del Clan del Golfo vieron caer grandes cargamentos de cocaína en menos de un año. El primero fue incautado en Panamá: 1.880 kilos, de propiedad de Carlos Alberto Vélez Lambraño, conocido como ‘Mister’. Él coordinó el envío en 2016 por medio de llamadas que fueron interceptadas por las autoridades, lo que fue clave para el operativo. La historia quedó plasmada en la sentencia de la Corte Suprema que le dio vía libre a su extradición.

El segundo, fue Ceferino Rivas Martínez, ‘Chepe’, quien también habló telefónicamente de un cargamento de cocaína. Eso permitió que en julio de 2017 las autoridades de Panamá alistaran un operativo. Los 153 kilos de droga llegaron a un puerto de ese país, y los cargaron  en una  camioneta Toyota. Como la Policía les seguía el rastro, detuvieron el vehículo en un retén y el alijo fue incautado. Según la sentencia de la Corte Suprema que aprobó su extradición, en 2017 ‘Chepe’ fue a Estados Unidos y recogió 14 millones de dólares producto del narcotráfico. Una copia de un cuaderno donde llevaba la contabilidad de sus negocios criminales terminó en manos de las autoridades.

A las fortunas que ambos amasaron por medio del narcotráfico se suma otra que no ha sido judicializada por ninguna autoridad: la contratación pública. VORÁGINE encontró 70 contratos adjudicados a empresas y fundaciones que manejaban ‘Chepe’, ‘Míster’ y personas cercanas a ellos. Incluso, una de las compañías que utilizaron para contratar opera con normalidad en Turbo (Antioquia). 

Los contratos evidencian que, entre 2017 y 2022, las empresas y fundaciones se quedaron con 35.194 millones de la salud y la alimentación escolar de los chocoanos y los antioqueños. El engranaje con el erario empezó durante la primera administración del alcalde actual de Turbo, Alejandro Abuchar. Este medio también revela una denuncia que conecta al funcionario con alias ‘Míster’.

Los reyes del saqueo

La operación de contratación empezó el 24 de febrero de 2017 con una empresa llamada Los Reyes del Progreso. ‘Míster’ la creó en 2014 y era el único accionista, según los documentos . 

El control del Clan del Golfo sobre la compañía se evidencia en documentos. El 16 de abril de 2015, fue radicado un Registro Único Empresarial y Social ante la Cámara de Comercio de Urabá. Un hombre se encargó de hacer ese trámite: Óscar Miguel Rodríguez López, alias ‘El abogado’. 

En 2023, el Tribunal Superior de Medellín condenó a ‘El abogado’ por concierto para delinquir. En el fallo judicial quedó registrado el poder que tenía el hombre al interior del Clan del Golfo. Era cercano a un hombre llamado Jorge Eliecer Castaño, alias ‘Plástico’, narcotraficante de la misma estructura criminal. Rodríguez cayó porque en 2020 llevó hasta un campamento de ‘Plástico’ a un integrante de la fuerza pública que fingió interés en unirse a la organización y venderles información. Sin embargo, el agente estaba adelantando una operación de infiltración.

El 24 de febrero de 2017, ‘Míster’ suscribió dos contratos entre Los Reyes del Progreso y el Hospital Francisco Valderrama de Turbo que sumaban 435 millones de pesos. La gerente del centro de salud era Francia Poo Madera, quien en 2015 aspiró a la alcaldía de Arboletes (Antioquia) por el Centro Democrático y tuvo apoyo directo del expresidente Álvaro Uribe. En diciembre del mismo año, el narcotraficante obtuvo otro contrato por 81 millones. En esa ocasión, firmó Juan de Jesús Gómez Barrios por el centro de salud. 

Este último nombre es clave porque hasta hace poco tuvo poder en el hospital. Durante 2024, Gómez fue gerente encargado del centro asistencial. Su ascenso a ese cargo se dio, de nuevo, bajo una administración del alcalde Abuchar, quien fue primer mandatario del municipio entre 2016 y 2019. El político fue reelegido para el periodo 2024-2027.

Hay un indicio de una presunta conexión directa entre el alcalde Abuchar y ‘Míster’. VORÁGINE conoció la denuncia que interpuso en 2019 un abogado llamado Ronald Guillermo Gutiérrez. El hombre le aseguró a la Fiscalía que Vélez Lambraño le dio al mandatario una camioneta como parte de pago por unas representaciones judiciales. Y el relato continúa así: “Permanecí en el uso y goce del vehículo con placas KAP 972 durante unos tres meses aproximadamente y al cabo de ese tiempo el señor Vélez Lambraño me ofreció contrato de arriendo con la Alcaldía del municipio de Turbo, en cabeza del señor alcalde Alejandro Abuchar por el valor de $8.500.000 mensuales. Efectivamente el vehículo fue entregado al alcalde Alejandro Abuchar, quien lo utilizó por alrededor de ocho meses”.

Gutiérrez le dijo a la Fiscalía que él nunca conoció el supuesto contrato. En registros públicos de contratación no se encuentra figura el mismo. Pero el denunciante confirmó: “De manera personal constaté que era el señor alcalde Alejandro Abuchar quien hacía uso de mi vehículo”.

Hace años que la familia de Abuchar es acusada de narcotráfico. El 27 de octubre de 2025 Roy Abuchar, sobrino del alcalde, fue capturado por la Dijín y es señalado de coordinar cargamentos de cocaína para el Clan del Golfo. Fernando Abuchar y Elkin Darío Agámez, hermano y cuñado del político respectivamente, fueron capturados en 2007 señalados de haber estado a órdenes de Carlos Marío Jiménez, alias ‘Macaco’. Un hecho desconocido que revela VORÁGINE es que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga le compulsó en 2020 copias a Silvia Abuchar González, hermana de Alejandro, para que sea investigada por concierto para delinquir. La decisión se dio en el marco de una investigación contra Rodrigo Pérez Alzáte, quien hizo parte del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ella está haciéndole campaña en sus redes sociales a Lidio García, senador del Partido Liberal que quiere repetir curul. 

La IPS de los socios de ‘Míster’

La sombra de ‘Míster’ rodea a una IPS que todavía opera: se llama CAPF Cinética y tiene sede en Turbo. Allá son enviados pacientes de diferentes EPS para que hagan terapias de rehabilitación física. 

Esa IPS fue fundada en agosto de 2016. Los accionistas eran Harley Alejandro Vélez Lambraño, Lina Marcela Valencia Ruíz y Andrea Paola Murillo Mena. Esta última empezó a ser accionista de Los Reyes del Progreso desde enero del mismo año, con lo que se convirtió en socia de ‘Míster’. Luego fundó la prestadora de salud. Ese hecho es un indicio del vínculo familiar  entre Harley Alejandro  y el narcotraficante. 

Al igual que Los Reyes del Progreso, CAPF Cinética también tuvo contratos con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo durante la primera alcaldía de Abuchar. En total, los procesos contractuales de CAPF con esa entidad sumaron 240 millones de pesos y se firmaron entre diciembre de 2017 y marzo de 2019. Los gerentes del centro de salud eran Gómez Barrios y un hombre llamado Alexis Cuesta Cuesta, amigo personal de Abuchar.

Los hilos de CAPF llegaron hasta Chocó, donde la IPS fue contratada en 2018 por el entonces alcalde del municipio de Unguía, Otoniel Pérez Saénz. El objeto del contrato era vago, y orientado a la ejecución de acciones del plan de salud pública del municipio. Aunque se habla de anexos técnicos, estos no se encuentran en el expediente de contratación del SECOP. Según la ONG Pares, Pérez Sáenz llegó al cargo en 2016 apoyado por el Clan del Golfo.

CAPF limitada sigue atendiendo pacientes y hasta hace menos de dos años recibió dineros públicos. Así lo constató VORÁGINE al consultar los registros de giros que le ha hecho la Adres a la IPS. La entidad le hizo 25 pagos a la empresa entre 2019 y 2024. En total fueron girados 90 millones de pesos.  

Las empresas de ‘Míster’ obtuvieron $865 millones entre 2017 y 2019. Él abrió la puerta de la contratación pública. ‘Chepe’ y su entorno siguieron sus pasos y multiplicaron las ganancias. El flujo de recursos entre el Estado y el Clan del Golfo iba a continuar… y a profundizarse.

El emporio de ‘Chepe’ y su esposa

El arribo de Luz Mery Chalá a la Fundación Mujeres Creando Redes de Futuro cambió la historia de esa organización. El hecho trajo una prosperidad desconocida para la ONG. Chalá llegó el 31 de octubre de 2016 y fue elegida representante legal. 

En 2017 comenzó el largo historial de contratación pública de la fundación. Ese año, el más modesto de todos, la entidad facturó 239 millones de pesos con el hospital de Turbo. Para entender el perfil de Chalá existe un dato crucial consignado en su tesis de especialización en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la dedicatoria del documento, fechado en 2016, dejó escrito: “Agradezco a mi esposo, Ceferino Rivas Martínez, gracias a su apoyo económico y emocional se me hizo posible iniciar y terminar esta etapa de mi vida”. Es decir, la beneficiaria de esas adjudicaciones era la esposa de ‘Chepe’.

La sentencia de extradición de la Corte Suprema contra ‘Chepe’ da cuenta del poder que tenía en el Clan del Golfo. En el documento se encuentra citado un testigo que dijo que el narcotraficante era cercano a los máximos comandantes de la organización criminal: ‘Otoniel’, Darío Antonio Úsuga, y ‘Chiquito Malo’, Jobanis de Jesús Ávila.

En 2018 la contratación de la fundación se disparó: llegó a 3.699 millones de pesos. El hospital de Turbo otorgó 9 de los 10 contratos que firmó ese año. El restante, fue la alcaldía del mismo municipio. Este último fue firmado por Abuchar, quien le encomendó a esa organización “asesorar y acompañar un programa de gestión administrativa”. 

Los contratos con el hospital habrían comprometido dineros de la Gobernación. La supuesta destinación de estos fondos era la compra de suplementos alimentarios para los beneficiarios en Turbo de Buen Comienzo Antioquia, un programa departamental contra el hambre.

Entre 2019 y 2020 la fundación contrató 4.087 millones de pesos. En esos años, la organización expandió sus redes hasta Mutatá (Antioquia) y Unguía (Chocó). En estos dos municipios entró a un negocio multimillonario: el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El primer contrato con esa finalidad fue firmado por el exalcalde Otoniel Pérez Sáenz, exmandatario de Unguía mencionado líneas atrás: 1.069 millones para que la organización se encargara del PAE en el municipio. Para ese proceso la Gobernación de Chocó aportó 1.100 millones, y el municipio 57 millones. 

En 2020, Chalá salió de su cargo en la fundación Fundación Mujeres Creando Redes de Futuro. En 2021 bajaron sustancialmente los montos de los contratos. De ese año VORÁGINE rastreó dos procesos con la Alcaldía de Mutatá por 1.116 millones de pesos. Este medio también encontró que en 2023, la organización hizo parte de una unión temporal a la que le adjudicaron el PAE en Turbo: 9.104 millones que se reparten entre esa ONG y la empresa Comercializadora Palacio G.

La salida de Chalá de la fundación no acabó con su vida de contratista. Al contrario, la terminó fortaleciendo a ella y a su esposo narcotraficante.

La contratación a manos llenas

Mientras Chalá figuraba en la fundación, ella y ‘Chepe’ tejían una estructura corporativa para expandir sus negocios con el Estado. A la par, ejercía como representante legal de la firma Inversiones y Soluciones Servimax y, en 2020, fue nombrada gerente de otra sociedad con una razón social similar: Servimax Servicios Temporales. El entramado incluía a la empresa Inversiones Brady, donde el matrimonio compartía acciones por partes iguales.

Esas tres empresas fueron la joya de la corona de la contratación bajo la sombra del Clan del Golfo: Servimax Servicio Temporales contrató 15.512 millones entre 2020 y 2022; Inversiones y Soluciones Servimax, 4.659 millones entre 2019 y 2021; e Inversiones Brady, 989 millones en tres años. 

Durante meses, la salud de los turbeños estuvo en manos del Clan del Golfo. A las empresas del narco ‘Chepe’ y de Chalá se les encomendaron labores tan sensibles como la vinculación del personal administrativo, financiero, de gestión en salud y de seguridad laboral, entre otras. Los profesionales eran sometidos a figuras de tercerización por medio de las agencias temporales del narcotraficante y su esposa.

El hospital de Turbo le adjudicó contratos a ese entramado empresarial por 18.945 millones de pesos. Otro hospital, el de Dabeiba (Antioquia), le otorgó 6 contratos que suman 4.372 millones. En las manos de las empresas de ‘Chepe’ estuvo contratar el personal para los servicios de medicina general, odontología y bacteriología.

En Dabeiba las empresas de la pareja se alternaron en la contratación. Por ejemplo, en agosto de 2021 Inversiones y Soluciones Servimax obtuvo un contrato que se debía ejecutar hasta el 31 de diciembre del mismo año. El 1 de enero de 2022 el turno fue para Servimax Servicios Temporales que, con un contrato nuevo, asumió las mismas funciones que tenía la otra compañía y se agregaron unas nuevas.  

Gran parte de la operación de saqueo al erario se hizo cuando ‘Chepe’ tenía una orden de captura vigente, la cual fue emitida el 2 de marzo de 2020. Incluso, él firmó tres contratos a nombre propio: le arrendó una camioneta al hospital de Turbo entre enero de 2020 y julio de 2021 por 159 millones. Ese contrato todavía se estaba ejecutando cuando el narcotraficante fue capturado en Valledupar el 21 de febrero de 2021.

Chalá también suscribió contratos a nombre propio. Ella se hizo a 341 millones, entre 2020 y 2022, gracias al arriendo de un inmueble donde se quedaban 32 médicos internos que trabajaban para el hospital de Turbo. 

Ese es un hecho que da cuenta de la dimensión de lo que pasó en varios municipios de Antioquia y Chocó: miles de personas que iban a los hospitales y que recibían alimentación escolar ignoraban que gran parte de la operación de la salud y del bienestar social quedó en manos del Clan del Golfo. Durante la administración de Abuchar, cuando empezó la operación, se contrataron 8.539 millones del entramado. A él lo sucedió Felipe Maturana, bajo cuya administración municipal se otorgaron 15.682 millones. Durante la contratación de las empresas de ‘Chepe’ con el hospital de Dabeiba, el alcalde era Leyton Urrego Durango: los procesos alcanzaron los 3.928 millones.  

Desde ayer contactamos a Abuchar, a Maturana y a Urrego para conocer su versión. Les enviamos preguntas vía chat, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta a los interrogantes.

VORÁGINE conoció una auditoría de la Contraloría de septiembre de 2021. El documento señala varios hallazgos con incidencia disciplinaria y fiscal, pero no contiene ninguna alusión a la estructura de contratación expuesta en este artículo. Ese es un ejemplo de cómo el tema ha pasado bajo el radar de los entes de control y de la justicia.

Las empresas acá mencionadas (menos a la IPS CAPF) fueron objeto de extinción de dominio. Sin embargo, no hay procesos judiciales sobre la posible responsabilidad de funcionarios y particulares en el desvío de recursos de la salud y alimentación hacia las arcas del grupo armado más poderoso del país. 

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