Jorge Restrepo facturará más de 300 millones a Chiquita Brands

El 3 de junio de 2024, el reputado profesor Jorge Restrepo se sentaba por segunda vez ante el estrado en West Palm Beach, Florida (Estados Unidos). Estaba allí porque Chiquita Brands, la multinacional que financió con 1,7 millones de dólares a los paramilitares en Colombia, lo había llamado como su testigo. 

La empresa le pagó al profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (Cerac) por elaborar un informe y preparar su intervención en el juicio. El mismo Restrepo reconoció ante el juez Kenneth Marra que cada minuto que había gastado en el caso iba a ser facturado a la multinacional, incluyendo los tiquetes aéreos que le permitieron estar en Estados Unidos en dos ocasiones rindiendo la declaración.    

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VORÁGINE conoció las transcripciones oficiales del testimonio que ofreció Restrepo bajo la gravedad del juramento. En 635 páginas que condensan dos días de juicio, el profesor minimizó el universo de crímenes que se pueden adjudicar a las Autodefensas Unidas  de Colombia (AUC), y controvirtió las cifras sobre el conflicto armado que han construído instituciones y organizaciones como el Cinep, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), jueces y fiscales de Justicia y Paz, y la Comisión de la Verdad. Dio a entender que trabajan con números inflados o imprecisos. 

El académico incluso puso en duda las declaraciones de las víctimas sobre sus seres queridos por el hecho de recibir beneficios del Estado. Todo lo dicho por Restrepo en el juicio le servía a Chiquita Brands para afianzar sus tesis e intentar deshacerse de la responsabilidad de reparar económicamente a nueve víctimas que se acreditaron en esa instancia del proceso. 

Hay que recordar que el 10 de junio pasado, es decir, siete días después del interrogatorio a Restrepo, el juez del Distrito Sur de la Florida dio a conocer el fallo. La decisión señaló que los dineros que la empresa giró a los paramilitares fueron usados para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. El fallo determinó que la empresa era civilmente responsable de los delitos que cometieron las AUC en el Urabá antioqueño y en el departamento del Magdalena, y ordenó la indemnización de ocho de las nueve víctimas. En otras palabras, las afirmaciones de Restrepo fueron derrotadas en el juicio. 

Sin embargo, las intervenciones de Restrepo representan más que un testimonio de trámite. Se trata de la visión que del conflicto armado ofreció uno de los analistas más consultados por los medios de comunicación en Colombia. Además de su posición como docente de planta de la Javeriana, Restrepo, a través del Cerac, es miembro de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del acuerdo de paz en Colombia. Allí tiene un asiento junto al Cinep.

Aquel 3 de junio, Melissa Fundora Murphy, abogada de Chiquita Brands, le preguntaba al profesor:    

¿Y la metodología del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es un ejercicio científico o académico?

Restrepo: Viene de un observatorio. No es necesariamente un ejercicio académico. No lo llamaría así. Es más, como ya mencioné, una base de datos de memorialización. Se propone dar cuenta de lo que sucedió en el pasado. Ese es el primer propósito. El segundo objetivo es incluir las reclamaciones de personas que desean ser reconocidas y dignificadas en términos de las víctimas, así como a los familiares que fueron victimizados en el conflicto. Y el tercero, y esto es muy importante, también incluye a las personas que han solicitado una reclamación, una reclamación administrativa, una reclamación monetaria administrativa al gobierno, al gobierno colombiano, después de que sus familiares fueran asesinados o desplazados, según ellos, debido al conflicto. Por lo tanto, también tiene un propósito de beneficios sociales para las personas que fueron víctimas de la violencia.

Abogada: Profesor, ¿entonces existe un incentivo para autodeclarar que un ser querido fue asesinado por el conflicto armado?

Restrepo: Sí, ese es el incentivo al que me refería en mi último punto. Toda persona que haya sido víctima o que haya sido indirectamente víctima, porque un familiar fue victimizado, puede acudir durante el período de la ley, que de hecho terminará pronto, creo que es a finales de julio de este año, puede acudir al Departamento de Prosperidad Social, anteriormente conocido como Acción Social. Pueden ir allí y registrar una reclamación para acceder a un beneficio material, y también para ser incluidos en el Registro de Beneficios Sociales de Colombia como víctima del conflicto. Eso les otorgará, por ejemplo, tarifas reducidas en universidades públicas, y así sucesivamente.

Abogada: Entonces, profesor, de estas tres estimaciones o intentos de cuantificar las muertes del conflicto armado, ¿es la suya la que tiene el propósito más cercano a uno científico o académico?

Restrepo: Bueno, sí, nuestro registro, el de Cerac, es un registro que se basa en evidencia primero, en la cual preferimos algunas de las palabras, palabras críticas de nuestra metodología. Queremos proporcionar análisis basados en evidencia. No incluimos información sin evidencia que pueda, por ejemplo, registrar una muerte o un hecho violento sin tener alguna evidencia material o pública, abiertamente pública. Segundo, necesita ser verificable con otras fuentes, por ejemplo. Tercero, no depende del relato, necesariamente del relato de solo una fuente, una parte o el Gobierno. Y tercero, debe basarse en evidencia empírica. Pero, más importante aún, diría que tiene estándares desarrollados internacionalmente para el reporte de víctimas con el fin de poder comparar, en términos de tiempo, localidades, casos y otros escenarios de conflicto, la situación violenta que surgió de un conflicto interno.

Como se verá más adelante de forma más concreta, Restrepo y la abogada de Chiquita Brands intentaban demostrar que el número de crímenes adjudicados a los paramilitares en las zonas bananeras eran mucho más bajos a los que se conocían por fuentes como el Observatorio del CNMH. Ante un juez y un jurado de Estados Unidos, el profesor ponía en duda las cifras del CNMH de una manera retórica. Por un lado decía que la institución incluía muertos declarados por las víctimas (a esto lo llamaremos premisa uno) y acto seguido la abogada le preguntaba por los beneficios a los cuales podían acceder esas víctimas para ser declaradas como tal (premisa dos). No tenían que decir que las versiones de los familiares de los asesinados por los paramilitares no eran creíbles. Bastaba con dejar las dos premisas en el aire —una tras de otra— para que el jurado sacara sus propias conclusiones.  

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El procedimiento para que una víctima declare un hecho del conflicto armado es mucho más complejo de lo que lo pintó Restrepo en la corte. VORÁGINE habló con dos personas que trabajaron en el informe Basta Ya, del CNMH, que es donde se construyeron las cifras citadas en el juicio. Les dimos a leer todo el testimonio de Restrepo ante la corte. Una de ellas, que pidió expresamente no publicar su nombre por temor a que sus declaraciones afecten a la institución para la cual hoy trabaja, aseguró que el profesor cometió varias imprecisiones.  

“Eso de que por el incentivo económico la gente está dispuesta a decir lo que sea no tiene sentido. Poner bajo sospecha todo lo que las víctimas han dicho, con todo lo que han sufrido, es una perversión ética y moral”. Y agregó: “Jorge da a entender que la Unidad de Víctimas recibe el testimonio y listo, entró. Y no. Ellos tienen un filtro. Entran a valorar el testimonio: si por el lugar, por el periodo, por material de prensa, hay razones para tener en cuenta dicho testimonio. De hecho a la Unidad de Víctimas se le critica que le pida pruebas a las víctimas. La unidad pondera esa información para ver si la víctima entra o no entra. Hay un proceso de valoración: y todos los que procesamos información lo hacemos. Verificar información indiciaria que indique un grupo armado, ver el contexto en que ocurrieron los hechos, ver elementos, periodos de tiempo, y analizar incluso la coherencia del testimonio mismo”, dijo.

Una persona que quiera poner en conocimiento un hecho del conflicto debe hacerlo a través de una declaración ante el ministerio público y presentar pruebas. Luego, la Unidad de Víctimas emite una resolución en la que declara o no la inclusión del declarante en el Registro Único de Víctimas (RUV). A través de este procedimiento, se ha podido saber que en Colombia hay 279.758 registros de personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado. También que hay 837.912 personas que se han registrado como víctimas indirectas (familiares del fallecido). 

El Estado incluso reconoce que los reportes podrían ser menores a la dimensión del conflicto armado. La Unidad de Víctimas respondió un cuestionario de VORÁGINE en el que se lee: “Es importante señalar que hay un subregistro en estas cifras, ya que hay eventos que no han sido declarados, puesto que la solicitud de inscripción en RUV es voluntaria y, además, es probable que existan solicitudes de inscripción que estén en proceso de valoración por este hecho victimizante”. 

La inclusión en el RUV está sujeta a labores de verificación de la Unidad de Víctimas. “En primer lugar, se acude al análisis de la información extraída del Formulario Único de Declaración (FUD) y se verifica la ocurrencia de los hechos mediante la consulta en las bases de datos a las que tiene acceso la Red Nacional de Información. Luego de esta revisión, se hace la valoración de los casos”, explicó la entidad. “El propósito de este análisis es identificar si las circunstancias en las que ocurrieron los hechos victimizantes guardan relación cercana y suficiente con el conflicto armado”.

El profesor Restrepo, en medio del interrogatorio, también cuestionó una base de datos del Cinep, en la que aparecían algunas de las nueve víctimas cuyos casos fueron estudiados en esa instancia del juicio. VORÁGINE consultó sobre el tema a Martha Lucía Márquez, directora de esa organización social, luego de que le compartiéramos el interrogatorio. “Lo primero que tengo que decir es que la afirmación que Restrepo hace del Cinep no es precisa. El Cinep documenta violaciones a los derechos humanos en el marco de violencia política en el marco del conflicto, no violaciones de derechos humanos en otros escenarios. Segundo, nosotros no nos podemos pronunciar frente a la solidez de su argumento porque no conocemos cómo ha construido su información”. 

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El tema de las cifras del CNMH y los beneficios a los cuales acceden las víctimas fue repetido una y otra vez. Se trataba de una idea central que tanto la abogada de Chiquita Brands como Restrepo querían dejar sembrada ante el estrado. También aseguró que el CNMH trabaja con estimaciones, no con registros, y que su metodología mezcla, por ejemplo, desaparecidos con personas que han sido selectivamente asesinadas y personas asesinadas en masacres.

Abogada: Y volviendo al CNMH por un momento, ¿alguna vez tuvo alguna participación con esta organización?

Restrepo:  ¿Con el CNMH? Sí, estuve involucrado con el grupo predecesor del CNMH que se llamaba el Grupo de Memoria Histórica. Estuve involucrado, diría, durante un año y medio en eso.

Abogada: ¿Y de qué manera estuvo involucrado?

Restrepo: Estuve desarrollando su metodología para la medición del conflicto y para la investigación de campo, y también en la organización del grupo en sí mismo. Finalmente, participé en un par de informes de investigación. El primer informe de investigación publicado por ese grupo fue sobre la masacre de La Rochela. Estuve involucrado en ese.

Abogada: ¿Y tuvo alguna participación en los inicios al discutir o diseñar la metodología que usaría el CNMH?

Restrepo: Sí, yo diseñé la primera metodología para la medición del conflicto, ya que para entonces tenía varios trabajos internacionalmente reconocidos en ese tema. Pero lamentablemente, decidí dejar el grupo por mi propia voluntad porque el grupo no adoptó los requisitos estrictos para la metodología. Según el resto del grupo, dirigido por un historiador reconocido, necesitaban proporcionar una visión histórica de lo que estaba ocurriendo, no una visión de registro de lo que estaba ocurriendo, que era mucho más académica. Entonces decidí dejar el grupo.

Abogada: ¿Entonces sintió que la metodología no era estricta?

Restrepo: Era imprecisa. Llevaba a la recolección de muchas fuentes sin hacer una verificación cruzada para ser lo más concluyente posible. Ese era su objetivo. Estaban construyendo una base de datos de memorialización histórica.

Abogada: Y mencionó anteriormente que el CNMH incluye a cualquier fallecido cuyo familiar haya presentado una reclamación ante el Gobierno para reparaciones; ¿es correcto?

Restrepo: Así es.

William Wichmann, abogado de las víctimas: Objeción, su señoría. Esta pregunta es sugestionada, y el abogado está resumiendo el testimonio.

El juez: Reformule su pregunta.

Abogada: Claro. Mencionó la matrícula universitaria como un beneficio. ¿Existen otros beneficios que uno podría obtener al registrarse como víctima?

Restrepo: Sí, existen otros beneficios, incluyendo, como mencioné, beneficios de diferentes programas sociales y beneficios monetarios del sistema administrativo de reparaciones para las víctimas de la violencia en Colombia.

Restrepo vs. Kaplan

Una de las tareas que Restrepo hizo para Chiquita Brands consistía en analizar un trabajo académico que sobre el conflicto armado había elaborado Oliver Kaplan, profesor de la Universidad de Denver, quien declaró en el juicio a favor de las víctimas.

Abogada: Volviendo a la comparación entre el CNMH y el Cerac, ¿entiende usted que el profesor Kaplan se basó en los datos del CNMH?

Restrepo: Sí.

Abogada: ¿Y sus conclusiones?

Restrepo: Sí. Esta fue la fuente principal que usó el profesor Kaplan al preparar su testimonio y el informe pericial.

Más adelante Restrepo aseguró que las conclusiones del profesor Kaplan pretendían ver una probabilidad muy alta en cuanto al porcentaje de asesinatos adjudicados a los paramilitares. Señaló esto como su principal discrepancia. También dijo que con el equipo del Cerac recalcularon los números del informe de Kaplan. Esto, según él, lo llevó a entender que el académico estadounidense incluyó en su estudio “no sólo el número de víctimas debido a acciones de los paramilitares de las AUC, sino también a víctimas contabilizadas por el CNMH en masacres y desapariciones”. VORÁGINE contactó al profesor Kaplan, pero se abstuvo de dar cualquier declaración sobre el juicio.

Abogada: Y cuando dice que incluye (el profesor Kaplan) todas las acciones paramilitares, ¿a qué se refiere con eso?

Restrepo: Bueno, a aquellas a las que me referí hace un momento. Aquellas que se atribuyen específicamente a los paramilitares, pero también que fueron comúnmente recopiladas por el CNMH y atribuidas con lo que yo llamaría un ejemplo muy débil en el sentido de un criterio inclusivo, aquellas que provendrían, por ejemplo, de un asesinato en prensa o de una manifestación de alguien cuyo pariente ha sido asesinado y diría que fue asesinado por los paramilitares o los “paracos” o los “paras”, como la gente en general suele referirse a grupos no estatales cuando no están identificados.

Según ese razonamiento de Restrepo, en Colombia la gente no distingue entre guerrilla o paramilitares sino que usan la expresión “los paracos” para meter en un mismo saco a todos los grupos no estatales que no se pueden identificar.

Abogada: ¿Incluyó el profesor Kaplan asesinatos atribuidos a grupos paramilitares distintos de las AUC?

Restrepo: Sí.

“Restrepo salió del CNMH por vago”

Uno de los académicos que trabajó para el CNMH y que leyó todo el interrogatorio ante la corte, aseguró que Restrepo mintió en varios aspectos. “Lo que demuestra Restrepo en su crítica es un desconocimiento total de cómo hicimos el trabajo en el observatorio de memoria histórica. Él no puede afirmar lo que afirma porque no conoce la metodología del Centro de Memoria. Y cuando hicimos el trabajo, él ya no estaba. Además se nota que no ha leído nada del observatorio”. 

Asegura que es falso que el CNMH haya mezclado desaparecidos con muertos. “¿Por qué razón no lo hicimos? Porque reconocimos las reivindicaciones de los familiares de los desaparecidos. Ellos tienen derecho a que no se dé por muerto un familiar hasta que aparezca. Entonces no los sumamos por eso, porque no sabemos qué pasó con ellos. Nosotros solo sumamos aquellos casos de desaparición forzada en donde la víctima fue encontrada muerta. Por ejemplo, en casos de exhumaciones que hizo la fiscalía cuando estaba Justicia y Paz”.

También dice que Restrepo no salió del grupo de investigación por no estar de acuerdo con las metodologías. “Jorge se fue por vago, me parece sorprendente que él quiera decorar la cosa. Fue el episodio más vergonzoso que he vivido como investigador social. Sentí pena ajena. Pena por Jorge. Hicimos una reunión del grupo de memoria en pleno cuando trabajábamos en la sede del barrio La Merced, en Teusaquillo (Bogotá). Y se le citó porque Jorge sistemáticamente no entregaba informes. Fue una reunión con un único tema: encarar a  Jorge para preguntarle si estaba comprometido con el trabajo”. Sobre el episodio, agregó: “Sentí pena ajena porque fuimos muy duros en la crítica, no he podido olvidar la situación, estábamos en círculo, con sillas, pero sin mesa, y empezamos a cerrar el círculo alrededor de él, por la efervescencia de los reclamos. Y ante esa situación, Jorge al final se fue del grupo”.

El académico también dice que no conoce críticas públicas de Restrepo sobre el informe del Basta Ya ni sobre su metodología. “Mucha gente usa esta información. No conocemos casi criticas, porque nosotros hicimos público todo. Hicimos públicos los diccionarios, la ruta metodológica, los procesos de control de calidad, las fuentes, todo es público. Eso les duele a personas como Jorge que viven de la producción de datos, de vender datos. Y no dicen cómo construyeron sus cifras, nunca lo dicen, porque si lo dicen nos daremos cuenta de que la ruta es parecida a la nuestra, de que sus datos son también controvertibles”.

Además asegura que Restrepo miente cuando dice que los datos del CNMH son una estimación y no un registro. “Él mismo entra en contradicción cuando más adelante habla del registro del CNMH, dice que allá tienen registros. Y miente porque cada uno de los muertos que tenemos documentados, tenemos el registro uno por uno, con cada fuente identificada. Vuelvo y repito: son más de 30 mil documentos de respaldo. Teníamos filtros. Si el hecho tenía imputación o indicios a un actor del conflicto armado, entraba. Si estaba en el RUV también. Ese es un registro oficial, y nadie podía negar ese registro, entre otras fuentes y variables de verificación”. Este académico también dice que en el observatorio tenían 415 fuentes de información, entre institucionales, judiciales, y sociales. “A diferencia de lo que Jorge plantea, muchos de los datos de la Unidad de Víctimas no los usábamos. Porque, por ejemplo, esa entidad contempla a la víctima de homicidio. Para nosotros en el observatorio la categoría de homicidio no existía porque necesitábamos saber a qué modalidad de violencia  dentro del conflicto armado correspondía ese dato”.

El CNMH fue creado por el Congreso de la República en el año 2011, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448. Los hechos que menciona Restrepo y el académico consultado por VORÁGINE fueron anteriores a la ley, es decir, se dieron cuando existía el grupo de Memoria Histórica, y no el centro tal y como hoy lo conocemos. Por ese motivo, le preguntamos a un directivo del grupo sobre la salida de Restrepo. “Si tú me haces la pregunta, te digo aquí muy off the record, nosotros quedamos muy inconformes con el trabajo de Jorge, realmente él se salió porque hubo una manifestación general del equipo que no estaba conforme con la tarea encomendada”.

Los pagos al profesor Restrepo

Uno de los temas que quedó al descubierto durante el juicio en Estados Unidos tiene que ver con el dinero que Chiquita Brands le pagó a su testigo por la elaboración del informe y por las horas que gastó preparando los interrogatorios. Restrepo, quien además es columnista del diario Portafolio y muy consultado en los medios de comunicación como voz autorizada en temas del conflicto, aseguró en el estrado que estaba de acuerdo con que su trabajo tuviera compensación. Tanto el juez como los jurados tuvieron acceso a un estimado de lo que la multinacional le pagó al profesor por su trabajo como experto. Se trataba de un tema que la defensa de las víctimas quiso transparentar en medio de uno de los juicios más importantes en la historia del conflicto armado colombiano. 

En el primer día de interrogatorio (31 de mayo de 2024), Restrepo ya había hablado de las horas que, según él, había trabajado en el caso.

Abogada de Chiquita Brands: ¿Está siendo compensado por su trabajo en este caso?

Restrepo: Sí, lo estoy.

Abogada: ¿Y le están pagando por hora?

Restrepo: Sí, así es.

Abogada: ¿Y sabe cuántas horas ha dedicado a este caso?

Restrepo: Bueno, aún no he presentado mis facturas, pero creo que estará en el rango de —por preparar los informes y la investigación— entre 130 y 150 horas. Y bueno, para este juicio, quizás sea, incluyendo la declaración, unas 50 horas.

En el segundo día de Restrepo ante el estrado (3 de junio de 2024), sus honorarios volvieron a salir a flote. Esta vez quien preguntó fue William Wichmann, abogado de las víctimas.

Abogado de las víctimas: Gracias. Ahora, doctor, nos dijo antes durante mi contrainterrogatorio que fue contactado por Prias, un bufete de abogados en Bogotá, en nombre de Chiquita y el Sr. Cioffi, para comenzar a trabajar en este caso. ¿Recuerda eso?

Restrepo: Lo recuerdo vagamente, sí.

Abogado: Y creo que testificó que se le paga por su tiempo en este caso, ¿verdad?

Restrepo: Sí.

Abogado: ¿No es cierto que se le paga $350 (USD) por hora por su investigación y escritura, y $500 (USD) por hora por su tiempo en la corte?

Restrepo: Eso es correcto.

Abogado: ¿Cuántas horas en total ha pasado hoy en este caso en el juicio?

Restrepo: No he contabilizado las de hoy.

Abogado: ¿Ha sumado el total de horas que ha pasado en este caso antes de que comenzara el juicio?

Restrepo: No. Puedo darle una cifra aproximada, pero no…

Abogado: Usted es el economista. Tomaré una cifra aproximada. ¿Cuál es?

Restrepo: Estará entre, digamos, 120 hasta 150, incluyendo el tiempo durante el juicio.

Abogado: Como economista, ¿puede decirme cuántas de esas horas fueron para la declaración, testificando en la declaración o testificando en el juicio?

Restrepo: En términos generales, no.

Abogado: Está bien. ¿Y cómo economista?

Restrepo: Tampoco. No tengo las cifras conmigo ahora.

Pese a las reticencias de Restrepo de entregar un estimado o un total de horas trabajadas con los precios, sus respuestas ya estaban sobre la mesa. Para el jurado y el juez era claro cuál era el aproximado. El mismo director del Cerac había testificado que gastó entre 130 y 150 horas en la elaboración de su informe previo al juicio. Ante el abogado Wichmann también reconoció que su tarifa era de 350 dólares hora por la investigación e informe, y 500 dólares hora por preparar y declarar en los estrados. 

Suponiendo que hubiese cobrado solo 130 horas por los informes a un precio de 350 (USD) la hora, la factura a cobrar sería de 45.500 (USD). Y si se tomara el dato de 50 horas invertidas en el juicio a 500 (USD) cada una, la suma daría un monto de 25.000 (USD). Todo lo anterior da un total 70.500 dólares, tomando solo los rubros mínimos que el mismo Restrepo declaró bajo la gravedad del juramento. Al cambio del 9 de noviembre de 2024, las facturas del profesor a Chiquita Brands ascenderían a 305 millones de pesos colombianos.  

Sin embargo, los trabajos de Restrepo para la multinacional pudieron ser más.

Abogado de las víctimas: ¿No es cierto que también testificó para Chiquita en otros dos casos; un caso en este país…

Abogada de Chiquita: Objeción.

Abogado de las víctimas: …llamado el caso ATA?

El tribunal: Denegada. No describa los casos. Solo pregunte sobre otros casos, pero sin decirnos la naturaleza de los casos.

Restrepo: No he testificado en otro caso, pero sí escribí un informe para otro caso.

Abogado de las víctimas: ¿Usted dio una declaración en ese caso también, correcto?

Restrepo: Sí.

Abogado de las víctimas: Está bien. ¿Cuántas horas pasó trabajando para Chiquita en el otro caso?

Restrepo: No tengo la cifra ahora conmigo. No recuerdo.

Abogado: ¿Cuánto cobró en total por su trabajo?

Restrepo: No tengo esa cifra. Pero, sabe, en términos de horas, no habrían sido más de 70 horas.

Abogado: ¿Más de 70 horas?

Restrepo: No, no más de 70 horas.

Abogado: ¿Mismo horario de tarifas; $350 por hora frente a $500 por hora?

Restrepo: Era ligeramente más bajo.

Abogado: Y para el tercer caso que no fue en este país, ¿ha usted — usted testificó en un procedimiento judicial en ese caso?

Restrepo: Sí.

Abogado: Bien. ¿Dio usted una declaración en ese caso?

Restrepo: No.

Abogado: ¿Cuánto le cobró a Chiquita por su trabajo en el caso fuera de este país?

Restrepo: No he cobrado eso.

Abogado: ¿No les ha cobrado?

Restrepo: No, no les he facturado.

Abogado: Entonces no puede darme un total por…

Restrepo: No, no puedo darle un total.

Abogado: …por el caso fuera del país?

Restrepo: No puedo.

Abogado: No puede dar — ¿ayudaría si le doy una calculadora? Simplemente no tiene los números, ¿verdad?

Restrepo: No tengo los números. Como ya le he dicho tres veces, no he facturado eso.

Abogado: ¿Cómo llegó aquí al sur de Florida para testificar en este caso?

Restrepo: ¿Qué quiere decir con cómo llegué aquí?

Abogado: ¿Viajó en avión?

Restrepo: Sí.

Abogado: ¿Y Chiquita pagó sus vuelos?

Restrepo: No, los pagué con mi tarjeta de crédito.

Abogado: ¿Y va a ser reembolsado por Chiquita por eso?

Restrepo: Sí, por supuesto. Espero — no por Chiquita, pero tal vez por los abogados. No sé cómo ellos hacen ese trabajo, usted sabe.

Abogado: ¿Cree que funciona de manera diferente a como lo hace para las personas comunes? ¿Recibe una factura, se la da a las personas que lo contratan y le reembolsan?

Restrepo: Sí.

Abogado: Bien. Entonces, ¿estaría de acuerdo en que las personas para las que trabaja aquí hoy le van a reembolsar por sus costos?

Restrepo: Estoy de acuerdo con eso.

Abogado: Y estaría de acuerdo — ¿no es cierto que las personas para las que trabaja aquí hoy en este caso le van a reembolsar por su tiempo desde el inicio del caso hasta que pare en unos minutos?

Restrepo: Sí.

Justicia y Paz, también en duda por beneficios

La estrategia de Chiquita Brands de relacionar cifras y datos con beneficios también fue usada en el interrogatorio de Restrepo para controvertir datos de Justicia y Paz, proceso mediante el cual se desmovilizaron los paramilitares en Colombia y que se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La idea era la misma ante el estrado: minimizar las cifras de crímenes cometidos por paramilitares.

Abogada: ¿Puede describir algunas de las principales características del proceso de Justicia y Paz?

Restrepo: Bueno, es un sistema de justicia transicional restaurativa. No es un juicio contradictorio o argumentativo. Los paramilitares, especialmente aquellos que son los principales responsables, reconocen voluntariamente lo que los grupos bajo su mando hicieron, especialmente las personas que estaban bajo su mando, lo que hicieron en términos de, en particular, crímenes y el robo de tierras y otros tipos de crímenes, directamente a personas, a víctimas.

Abogada: ¿Y los paramilitares que participaron en este proceso, son acusados?

Restrepo: No, no son acusados. En realidad, hacen una contribución y admisión voluntaria de lo que hicieron para obtener un beneficio importante en términos de una reducción de la condena en prisión.

Abogada: ¿Tienen que solicitar ser parte del proceso de Justicia y Paz?

Restrepo: Sí, es una solicitud voluntaria que deben hacer. Depusieron sus armas, se concentraron en una determinada área, ofrecieron dejar de cometer crímenes, de cualquier tipo. Y se convirtieron en parte de este proyecto, proceso, después de — la palabra en español es (habla en español), después de hacer una declaración pública ante los magistrados de Justicia y Paz de que iban a formar parte de este proceso voluntario. No sé cuál sería una buena traducción de (habla en español), pero creo que sería algo así como una oferta inicial de parte del proceso.

Abogada: ¿Y cómo se refiere a estos individuos si no son acusados?

Restrepo: Disculpe. ¿Puede repetir la pregunta?

Abogada: Permítame hacer una pregunta diferente. ¿Por qué un paramilitar solicitaría ser parte del proceso de Justicia y Paz?

William Wichmann, abogado de las víctimas: Objeción, su Señoría. Llama a la especulación.

La corte: Aceptada.

Abogada de Chiquita: ¿Se ofrece algún incentivo a los paramilitares para participar en el proceso de Justicia y Paz?

Restrepo: Sí. Como ya mencioné, podrán rápidamente tramitar todas las denuncias o demandas judiciales que puedan tener y también obtendrán o aspirarán a obtener una reducción de la condena a entre cinco y ocho años de prisión, en lugar de más de 40 años que recibirían, por ejemplo, por cometer un homicidio.

Abogada. Entonces, ¿la pena por cometer un homicidio en el procedimiento penal normal es de 40 años; es correcto?

William Wichmann, abogado de las víctimas: Objeción, su Señoría. Sugiere la respuesta.

La corte: Denegada.

Restrepo: La sentencia colombiana por un homicidio doloso es de hasta 40 años. Con agravantes, puede llegar hasta 60 años.

Abogada: Y si un paramilitar participa en Justicia y Paz, ¿cuál es el máximo al que pueden ser condenados?

Restrepo: La sentencia reducida o alternativa máxima, que se llama sentencia alternativa, es de hasta ocho años, y el mínimo es de cinco años en prisión.

Abogada: ¿Y qué determina si recibirán esta sentencia reducida?

Restrepo: El grado de cooperación con las víctimas en términos del reconocimiento del daño que causaron. En particular, siendo este un juicio no probatorio o confrontacional. Incluye una recolección y aceptación general de lo que hicieron. Y cuando digo “general,” uso el término de la ley, que requiere esa aceptación general que podríamos traducir como aceptación colectiva de los hechos.

Restrepo es un experto en Justicia Transicional y conoce en detalle a Justicia y Paz. Por eso a uno de sus colegas le sorprendió lo que leyó en el interrogatorio. “Él no es un aparecido en estos temas. Yo lo leía y pensaba: ‘Jorge, ¿estás hablando en serio? Tú de verdad te crees esto que estás diciendo en el estrado judicial?’”. El académico hace una pausa y agrega: “Él dice que no hay imputación de cargos ni de hechos. Claro que hay una audiencia de imputación de cargos y de hechos. Y el compareciente puede decir: ‘sí acepto eso o no acepto eso’. Y la ley de Justicia y Paz (y esto lo corrigió la Corte Suprema y la Corte Constitucional) determina que si no hay verdad plena el compareciente pierde los beneficios. En Justicia y Paz a más de la mitad de los postulados los expulsaron”. Y termina diciendo: “60 mil víctimas fueron a las audiencias de los paramilitares, les pudieron preguntar a los ‘paras’ por sus seres queridos, ellos les respondieron, incluso con coordenadas especificas de donde ocurrieron los hechos. ¿Eso que dijeron es mentira? Pues le diría a Jorge que vaya a la Fiscalía para que le muestren los 10.000 cuerpos de desaparecidos que encontraron en fosas comunes. Para que me diga que nada de lo que dijeron los paramilitares era cierto. Que me diga en qué proceso en el mundo han encontrado a tantos desaparecidos, eso en Colombia no lo dimensionamos”.

Tres ideas que defendió Restrepo sobre el conflicto

Una de las tesis que más le convenía a Chiquita Brands demostrar en el juicio era que la violencia paramilitar había disminuido en zonas de cultivos de banano. Y justamente ese fue el argumento principal del profesor de la Universidad Javeriana durante los dos días de interrogatorio. 

Primera opinión de Restrepo:

No hay correlación entre el momento de los pagos de Chiquita a las AUC y la dinámica de las tasas de homicidio en los municipios bananeros durante el conflicto armado en Colombia. Los datos muestran que la violencia paramilitar disminuyó en las regiones bananeras entre 1997 y 2004.

Más adelante agrega:

Las tres fuentes, a pesar de la gran diferencia en el nivel, coinciden en que desde mediados de 1997 en adelante, hay una rápida disminución, un declive en el nivel de violencia que alcanza su punto más bajo en enero de 1999.

En un auto de la JEP proferido por el magistrado Gustavo Salazar, el pasado 22 de octubre, quedó clara la explicación de la disminución de la violencia (no del fin de la misma) en Urabá a partir de 1997. Los paramilitares empezaron a consolidarse en la región bananera entre 1995 y 1996. En ese lapso establecieron bases en zonas de marcada producción de banano como el corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, y asesinaron a personas que consideraban afines a la guerrilla; de manera especial se ensañaron con los integrantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y los sindicalistas. 

“Ya con bases de información nosotros le dimos muerte a mucha gente de esas fincas, con ellos fue que yo fui de finca en finca identificando y prohibiendo la labor sindical desde ese momento en la zona de Urabá, que es un tema también pues que hizo mucho daño en la zona y que hoy en día todavía tiene sus consecuencias porque esa lucha obrera, esa lucha laboral que ganaron por muchos años los sindicatos, nosotros llegamos en menos de un año y se los quitamos todos”, le dijo un excombatiente de los paramilitares a la JEP, tribunal que protegió su identidad. 

La misma persona complementó: “Nueva Colonia fue uno de los fuertes nuestros, Nueva Colonia es donde mantenía el grupo El Tigre y fue donde más matamos sindicalistas y miembros de la UP (…) ahí en Nueva Colonia porque era donde se manejaba todo lo que era el sector bananero”.

Tras esas matanzas que mencionó el testigo, se empezó a consolidar el poder paramilitar y el manejo de la zona le fue entregado a Raúl Emilio Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado y descendiente de una familia bananera. “Cuando yo llegué ya en el 96 a las autodefensas, en octubre, noviembre del 96, ya casi de la Unión Patriótica ya no quedaba nadie ni nada en la zona bananera, y el que estaba era porque estaba escondido, no se dejaba ver”, le dijo a la JEP Elkin Casarrubia, excombatiente en esa región del país.

El documento judicial es claro al indicar que con ese relevo en el mando, y el exterminio de decenas de personas en la región, no fue el fin de la violencia. Sin embargo, esta tuvo otras expresiones. “Hasbún recibe bajo su mando la zona plana y bananera, ganadera de Urabá con poca o casi inexistente presencia guerrillera. La actividad adelantada por este jefe paramilitar deriva en violencia sicarial selectiva contra líderes sociales y violencia ejercida para lograr un control social pleno. A partir de este ejercicio, las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) establecen de la mano de bananeros y ganaderos, con la connivencia de la Brigada XVII (del Ejército), un total control social, político y económico de este sector del Urabá. La serranía de Abibe (San José de Apartadó) y las periferias de Urabá, Pavarandó, Dabeiba, Serranía de Abibe, Bajo y Medio Atrato) serían los nuevos escenarios de guerra a partir de 1997”.

Un indicio de ese control de los paramilitares de la mano con los bananeros se evidenció en lo que pasó con las huelgas bananeras cuando las AUC consolidaron su poder criminal en Urabá. Tras una oleada creciente de homicidios en la región, las huelgas llegaron a cero. 

Los paramilitares y los empresarios tenían objetivos económicos comunes. La financiación empresarial se dio así: los industriales les entregaban a las Convivir (fundadas y controladas por las AUC) tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. “El modelo de pago implementado por las multinacionales y las comercializadoras de banano, basado en el nivel de producción, fue funcional para que sus utilidades no decrecieran a pesar del conflicto armado, pues los grupos paramilitares tenían incentivos para hacer que los obreros y cultivadores de esta fruta, no detuvieran su actividad laboral, pues mientras más cajas de banano se lograran exportar, más dinero iban a captar de las empresas, y éstas a su vez, más utilidades iban a generar”, se lee en una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá proferida en julio de 2015.

“Desde que las compañías bananeras comenzaron a financiar a los grupos paramilitares por intermedio de las Convivir, el número de huelgas se redujo significativamente hasta llegar a cero”, estableció el Tribunal en el mismo documento. “El sector privado bananero fue uno de los mayores beneficiados de la entrada del paramilitarismo (a Urabá)”, se lee en otra sentencia, de 2013, del Tribunal Superior de Bogotá. 

El profesor de la Universidad Javeriana y columnista de Portafolio obvió ese contexto. Así se podía deducir de manera espuria que la financiación de grupos paramilitares por parte de Chiquita Brands no aumentó la violencia en sus zonas de influencia. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que los paramilitares usaron los recursos para mantener su control criminal y expandirse. 

“Los grupos paramilitares encontraron en las compañías extranjeras (como Chiquita Brands) y las comercializadoras nacionales de banano (como Sunisa, Conserva, Tropical, Uniban, Proban, Banafrut, Bagatela, y Agrícola Rioverde) una fuente permanente de apoyo logístico y financiero que les permitió no sólo expandirse territorialmente, sino también lograr por las vías de hecho que la producción y exportación de guineo no se paralizara por efectos de las huelgas, paros laborales y acciones de saboteo promovidos por la insurgencia”, señaló el Tribunal Superior de Bogotá en 2015.

La segunda opinión de Restrepo en el estrado intentaba dejar por sentado que no había ningún soporte estadístico para concluir que las AUC habían asesinado a ninguna de las nueve víctimas que se discutían en medio del juicio. Esta tesis no fue creíble para el jurado. Solo una de las nueve familias no pudo demostrar que el crimen de su ser querido se ceñía a los casos en los que Chiquita es civilmente responsable por financiar al paramilitarismo.

La tercera opinión de Restrepo sostiene que:

Las AUC fueron una federación de grupos sombrilla, impulsadas por el narcotráfico a gran escala, siendo este el factor crítico que explica el crecimiento, la distribución geográfica y la violencia de las AUC. Dichos factores no pueden explicarse por la práctica de extorsión de las AUC, incluso cuando se considera a nivel nacional.

Un asunto clave para la defensa de Chiquita Brands ha sido desestimar la importancia que tuvieron los dineros que le aportó la empresa a los paramilitares. Además, han afirmado que se trató de una extorsión de ese grupo armado y no de aportes voluntarios, como lo ha sostenido la Fiscalía en Colombia. 

Siguiendo esa línea argumentativa, Restrepo le restó importancia a la “extorsión” para el crecimiento del paramilitarismo. A la intervención del columnista y profesor le hacía falta contexto: los aportes de Chiquita, Banacol y otras empresas bananeras se hicieron por medio de las Convivir. Los industriales les entregaban a esas cooperativas 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esas organizaciones eran fachadas paramilitares con un manto de legalidad. “A través de consignaciones bancarias que realizaban las comercializadoras de banano a las cuentas de ahorro de la Convivir Papagayo, se financió a los denominados Frente Arlex Hurtado y Frente Turbo de las AUC”, explicó el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de 2015 citada antes. Los aportes de los empresarios a las Convivir superaron los 30.000 millones de pesos.

Esos aportes empresariales que recibieron los paramilitares por intermedio de las Convivir fueron usados para cometer crímenes. Incluso, masacres que fueron hitos de la expansión del paramilitarismo. La compulsa de copias de la JEP reveló que los recursos de esas cooperativas fueron utilizados para entrenar al grupo de delincuentes que perpetró la masacre de Mapiripán (Meta) en julio de 1997. En esa matanza fueron asesinadas por lo menos 49 personas y unas 500 familias se desplazaron forzosamente. 

“En testimonio dado a este despacho, el testigo 200047 (serial con el que la JEP protege la identidad de la persona) precisó que con parte de los recursos que les llegaban a las Convivir, se financió el entrenamiento del grupo de las ACCU que viajó a Mapiripán y cometió la cruenta masacre”, se lee en la compulsa de copias. En el mismo documento quedó demostrado que hombres de esas cooperativas financiadas por los empresarios fueron determinantes para la realización de la masacre. Una de las personas que participó en la coordinación de ese hecho fue Alberto Osorio Mejía, quien era el vocero de las Convivir de Urabá. Entre el grupo de perpetradores que llegó a Mapiripán estaba Arnoldo Vergara Trespalacios, revisor fiscal de la Convivir Costa Azul, asentada en Necoclí (Antioquia).

Hubo otras masacres en las que participaron miembros de las Convivir. Por ejemplo, en la Horqueta (Cundinamarca) un comando paramilitar asesinó a 11 personas. El criminal que coordinó esa masacre se llamaba Luis Carlos Mercado Gutiérrez, representante legal de la cooperativa La Palma, con sede en Urabá. Mercado murió en medio de un intercambio de disparos con el Ejército en el lugar de la matanza. 

Las cooperativas cumplieron un rol determinante en la expansión del paramilitarismo. La importancia de esas organizaciones quedó consignada en la compulsa de copias de la JEP. “Estas asociaciones, conocidas como Convivir, fueron, desde su creación a lo largo y ancho del país, y especialmente durante los años 1995,1996 y 1997, pilar fundamental de la estrategia de expansión y consolidación de los grupos paramilitares”.

Otras fuentes confirman la importancia de esas asociaciones en la expansión del paramilitarismo. “Las Convivir fueron un instrumento valioso en el fortalecimiento de las AUC”, le dijo Salvatore Mancuso a la JEP en mayo de 2023. En una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, de septiembre de 2015, se lee: “La creación de las cooperativas de seguridad marcó un momento decisivo no sólo en términos de vigilancia y control social, sino de militarización de la sociedad en función de la lucha contrainsurgente con fines de seguridad y dominación, pues lo que normalmente hacían estos grupos era combinar la conformación de frentes de seguridad rural, con acciones tipo comando o sicariales contra los blancos de sus ataques: dirigentes políticos de izquierda, sindicales, estudiantiles y demás sectores de la población civil”. Y esto dice el fallo del Tribunal Superior de Bogotá: “Gran parte de los representantes legales de estas cooperativas (las de Urabá) y sus afiliados, pertenecieron formalmente a las estructuras de las denominadas AUC”.

La supuesta extorsión a los empresarios es un argumento que han esgrimido sus abogados defensores. Sin embargo, como lo contamos en un reportaje anterior, varios bananeros han declarado que los aportes a las Convivir se hicieron de manera voluntaria. Así le dijo a VORÁGINE Jaime Henriquez Gallo, cuya empresa le entregó dineros a esas cooperativas. Eso fue reafirmado en 2005 por Gabriel Harry Hinestroza, quien le dijo a la Fiscalía que no conoció extorsiones a los empresarios en el tiempo que se hicieron esos aportes. Harry fue un influyente bananero que dirigió por varios años la Cámara de Comercio de Medellín, era cercano a Álvaro Uribe y sus empresas le entregaron dineros a esas asociaciones. 

Otro hecho importante que Restrepo omitió con respecto a las supuestas extorsiones es que el sector bananero en Colombia aumentó sus ganancias justo cuando se agudizó el conflicto armado. Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de 2015: “En Colombia el conflicto armado no hizo colapsar la economía bananera y no ahuyentó a las empresas multinacionales. Incluso en regiones como Urabá y Magdalena, la violencia no afectó de manera agregada las ganancias producidas por este sector agroexportador y, paradójicamente, fue en la etapa de agudización del conflicto armado donde aumentaron las utilidades de los empresarios bananeros”.

Un profesor de la Universidad Javeriana que ha investigado el conflicto en Colombia leyó todo el interrogatorio de su colega Restrepo. Desde VORÁGINE le pedimos su opinión. Solicitó que no publicáramos su nombre. Esto fue lo que dijo: “Los argumentos de Restrepo no pegaron, son contrafactuales, van en contra de los hechos. La impresión que tengo es que ponen al académico en ese interrogatorio —que lo hace el abogado defensor— como si el académico fuera neutro políticamente. Y el académico (Restrepo) no es neutro políticamente.  De hecho lo está contratando una empresa para que arme un argumento para defenderla. Eso del purismo académico me molestó. ‘Profesor’, le dicen. Y la academia no es pura. Desde el momento en que usted construye la investigación ya tiene una posición política y mucho más cuando la defensa le pide ese peritaje y le paga por ello”.

Y agrega: “Uno estadísticamente puede comprobar prácticamente lo que quiera, y eso se lo dicen a uno en los cursos de investigación cuantitativa. Depende de cuáles casos selecciona”.

VORÁGINE contactó a Restrepo para formularle varias preguntas sobre su interrogatorio en el juicio histórico realizado en Estados Unidos. El profesor de la Javeriana y columnista de Portafolio dijo que no diría absolutamente nada sobre el trabajo que hizo para la multinacional Chiquita Brands porque se trata de un caso que no ha terminado.

Si tiene más información sobre este y otros casos escriba al mail: [email protected]