VORÁGINE recibió testimonios de cuatro personas del Ministerio de Educación que señalan presiones de la jefa de prensa de la entidad para que fueran a una marcha. Un amigo del ministro Daniel Rojas tendría un contrato “corbata”.
16 de febrero de 2026
Por: Vorágine. / Ilustración: David Giraldo @GiraldoCdavid
VORÁGINE recibió testimonios de cuatro personas del Ministerio de Educación que señalan presiones de la jefa de prensa de la entidad para que fueran a una marcha. Un amigo del ministro Daniel Rojas tendría un contrato “corbata”.

Según los testimonios que recopiló VORÁGINE, a inicios de febrero hubo una operación de presión hacia subalternos en el Ministerio de Educación. El objetivo era que asistieran a una movilización que se adelantó en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, para apoyar al presidente Gustavo Petro. Las personas con las que hablamos dijeron que se sintieron coaccionadas y bajo el riesgo de represalias laborales.

Cuatro testigos señalaron que la operación habría estado en cabeza de la jefa de prensa del ministerio, Elsy Paola Suárez. Según relataron todos, dos subalternos suyos llamaron a varios trabajadores entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero. Los implicados, coincidieron quienes hablaron con este medio, serían Natalia Ortegón y Camilo Guzmán. “Los puso a hacer el trabajo sucio”, dijo uno de los funcionarios. “Decían: ‘la orden de la jefa es que todos tienen que ir, es obligatorio’”, dijo otra de las personas.  

Los trabajadores que fueron consultados por separado para este artículo aclararon que no son opositores al gobierno. Sin embargo, su molestia radica en que los hayan obligado a marchar. “Es una desfachatez que te coaccionen con tu contrato”, dijo una de las personas que le dio su testimonio a VORÁGINE. “Pensé en quienes no están de acuerdo (con los motivos de la manifestación) e igual les toca. Eso me parece más grave”, opinó otro funcionario.

Los citaron a las 9 a.m. del martes 3 de febrero en la Plazoleta de la Universidad del Rosario, a unas seis cuadras de la Plaza de Bolívar. Ese día la presión aumentó. Todos los testigos consultados para esta nota coincidieron en que el martes escucharon hablar de que Suárez enviaría “reportes” de los ausentes. 

“Eso no es legal, bajo ninguna circunstancia debería existir. Eso es coacción”, dijo uno de los testigos. Otro contó: “yo decidí ir por la presión”. “Yo sé que legalmente no lo pueden echar a uno por esa razón. Pero, le podían hacer mal ambiente laboral y presionarlo en el trabajo”, relató otra persona. “Preferí evitar represalias o acoso psicológico”, dijo un funcionario.

Todas las personas que consultamos se sintieron presionadas para asistir a la manifestación. Por eso, decidieron ir. Las cuatro dijeron que lo hicieron para evitar represalias en sus puestos de trabajo. Sumado a los testimonios, VORÁGINE accedió a otras pruebas documentales que comprometen a las personas mencionadas en este artículo. Sin embargo, por reserva de las fuentes nos abstenemos de revelarlas. La Corte Constitucional se ha pronunciado así sobre dicho derecho fundamental: “permite que un periodista guarde la reserva, secreto o sigilo sobre: 1) la existencia de una determinada información, 2) su contenido, 3) el origen o la fuente de la misma y 4) la manera como obtuvo dicha información”.

Llamamos a Suárez, quien negó haber presionado a los funcionarios para que marcharan. “Es falso”, dijo. Al preguntarle si pidió listados de ausentes el día de la marcha respondió: “¿Cómo voy a hacer eso? No. He recibido información de que ustedes están hostigando a la gente preguntándole eso ¿Qué necesidad? Si quieres saber sobre mí, llevo sirviéndole a este país un montón de tiempo, no solamente con Gustavo Petro. Vengo de trabajar con otros gobiernos ¿Como por qué yo me voy a tirar mi hoja de vida haciendo esto?”. En la entrevista nunca le mencionamos de qué se trataban las pruebas, pero Suárez dijo: “Estoy segurísima de que ustedes ni siquiera tienen chats porque no existen, jamás escribiría ese tipo de cosas”. Luego, la funcionaria encargada de la relación de la entidad con la prensa dijo: “Yo no sé de dónde saldrán esas pruebas y tendrán que mostrarlas en la Fiscalía porque los demando. Yo no tengo ningún chat de ese tipo, jamás en la vida lo he hecho”. Suárez también hizo señalamientos sin fundamento contra la periodista que la contactó: “Esta llamada es la última que han hecho porque lo único que han hecho es hostigar todo el tiempo a la gente, a Natalia la acaban de llamar a hostigarla, a amenazarla”. La periodista dejó claro que se trataba de su trabajo, no de una amenaza, pero la funcionaria insistió: “La amenazaste”.   

Contrastar la información es una premisa básica del periodismo. En el marco de ese ejercicio contactamos a las personas que fueron señaladas como las articuladoras de un plan de presión. En 2024 la Presidencia emitió una directiva en la cual exhortaba a los funcionarios públicos a respetar la libertad de prensa: “Evitar que sus pronunciamientos generen actos de estigmatización o discriminación hacia periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y demás actores relevantes que, mediante su expresión, contribuyen a la deliberación democrática”. Señalar a un periodista de emitir una amenaza por hacer preguntas sobre un tema de interés público configura una estigmatización de la persona y del oficio. 

“En el momento en que consideren que se está difundiendo información contraria a la verdad, parcializada, descontextualizada o estigmatizante, o que vulnera los derechos de una población, deben brindar información suficiente para la rectificación, complementación o corrección necesaria, sin recurrir a la descalificación o descrédito”, se lee en la directiva presidencial.

Minutos antes de hablar con Suárez habíamos contactado a Natalia Ortegón para conocer su versión sobre los hechos revelados en esta investigación. Ella dijo que no podía responder sin ver las pruebas, pero no se las pudimos enviar porque comprometeríamos la reserva de nuestras fuentes. Le preguntamos si Suárez le había dado instrucciones de llamar a los funcionarios y respondió: “No, Paola no tiene nada que ver acá”. También dijo que no envió listados de ausentes en la marcha. “Estás hablando cosas mías y me estás diciendo que te mandaron cosas, pero yo no las conozco, entonces es como si estuvieras calumniándome porque no tengo ni idea sobre qué estás hablando. Además, estás suponiendo que yo obligué a las personas cuando ni siquiera las he llamado”. 

Por su parte, Camilo Guzmán, el otro señalado por los testigos, respondió por Whatsapp:  “Se realizó una convocatoria abierta realizada (sic) con total transparencia dentro del Gobierno y sus entidades públicas, donde se invitó a ejercer libre y voluntariamente la participación ciudadana”. También negó haber recibido instrucciones de Suárez y haber pedido listados de ausentes en la marcha.  

El amigo del ministro

La primera vez que apareció en prensa el nombre de Iván Camilo Cepeda fue cuando la Revista Semana denunció una supuesta ‘jugadita’ del ministro Daniel Rojas para que varios amigos suyos salieran con indemnizaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En su momento, ese medio publicó que Cepeda había salido de esa entidad con una indemnización superior a 12 millones de pesos. 

Para el momento de la publicación, el medio recalcó que Cepeda no tenía contratos con ninguna entidad del sector educativo, como sí lo hicieron varias personas cercanas al Ministro. Sin embargo, en 2025 el amigo de infancia de Rojas sí obtuvo contratos con entidades. 

Uno de ellos es con el ministerio de Educación por 80 millones de pesos. Según su contrato, Cepeda debía apoyar las estrategias de comunicación visual y el video con dron. “Él duró un montón de tiempo contratado y nadie lo había visto en la oficina”, dijo uno de los testigos. “Ni siquiera sabía dónde hacerse para tomar fotos, no sabía enviar el material. Al equipo de prensa le tocó decirle cómo se enviaba porque no tenía ni idea”, contó uno de los funcionarios. 

“Él entró a la oficina de audiovisual, pero jamás se le ve allá. Todo el tiempo está en el despacho el ministro tomando tinto”, dijo otro testigo. La relación de Cepeda con el ministro, según nos contó una fuente que pidió proteger su identidad, viene desde que eran niños y vivían en el mismo barrio.  

“Empezaron a llevarlo a todos lados solo a volar dron. Eso lo puede hacer la misma persona encargada de hacer video. No se justifica llevar a alguien solo para eso”, contó un funcionario. “Uno lo ve en el despacho del ministro vapeando, muy tranquilo y  tomando cerveza. Y, tras del hecho, lo llevan a todas las comisiones”, confirmó otra persona.

VORÁGINE analizó los informes de ejecución que presentó Cepeda al ministerio de Educación. Dos de sus funciones tienen que ver con la elaboración de imágenes con dron. Sin embargo, entre marzo y octubre de 2025 hay evidencia de que operó ese elemento tecnológico apenas 9 veces. Según los mismos documentos, sus labores se habrían centrado en proponer estrategias de comunicación, verificar que los contenidos publicados estuvieran acordes a los parámetros del ministerio e identificar problemas de comunicación visual de los productos.

Entre agosto y diciembre de 2025, Cepeda tuvo otro contrato con una entidad del sector: la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA). El monto era de 17 millones y tenía como funciones hacer las transmisiones en vivo para redes sociales. “En 2025 decía que no podía hacer tareas que se le asignaban en el ministerio y se excusaba en que tenía un contrato con otra entidad”, dijo una de las personas consultadas.

“Yo cumplo con un trabajo desde la estrategia, desde la ejecución. Voy a la oficina cuando se requiere y cumplo con horarios normales cuando me piden asistir y demás”, le dijo Cepeda a VORÁGINE. “Yo hago todo el tema de transmisiones de la entidad, también hago tomas de dron y todo el tema audiovisual que se requiere”, agregó. Sobre su relación con el ministro Rojas confirmó: “Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, siempre dentro de la amistad. Pero, yo cumplo labores en una entidad ni siquiera por él, sino por el trabajo para una oficina”. 

El pasado 6 de agosto el ministerio del Trabajo emitió un comunicado rechazando presuntos costreñimientos de empresas para que sus empleados marcharan. “Este Ministerio adelanta investigaciones y llama a la denuncia a las empresas que estén presionando y amenazando a sus trabajadores”, se lee en el pronunciamiento. Si las entidades decidieron sancionar ese tipo de comportamientos, podrían evaluar lo que sucede en el ministerio de Educación. 

Si nos quiere compartir más información sobre este u otros temas por favor escriba a info@voragine.co

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