“En el miedo también hay coraje”: Ismael Castellanos, el hombre de letras que desafía la corrupción

Is-ma-el, dos golpes cortos en el paladar y un seseo. Campesino dicharachero. Líder. Poeta, cuentero, nostálgico, vallenatero, la voz de sus destierros. El hombre de la palabra directa, pausada, filosa, certera. El que ha enfrentado a cientos. Ismael Rodrigo Castellanos Guevara, el hombre que supo a muy temprana edad que su vida la entregaría a la lucha social, a la denuncia, a su pueblo. Lo definen como el hombre sin miedo. “Si él no le tiene miedo a la muerte, ¿entonces a qué le teme?”. 

Hijo de Edison Castellanos Argel y Berta Georgina Guevara Pineda, nació el 25 de abril de 1963. Is-ma-el, el tercero de nueve hermanos: Emilio José, Ligia Leonor, Sonia Elvira, Pedro Manuel, Eneida Judith, María Elena, Juan Jacobo y Julia Rosa. Para sus hermanos, él es el más rebelde de todos. El más loco. “Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con su liderazgo. Siempre le dijo: ¡pero a tí qué te importa!, deja el mundo correr. Haz tú vida y no te metas donde no te llaman”, recuerda Eneida Judith. Su madre nunca estuvo conforme con que su hijo denunciara las cosas que no se hacían bien en el pueblo. La zancadilla. La trampa. La corrupción. 

Ismael creció al borde del río Sinú, en la vereda Los Morales del municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba, un pueblo polvoriento que suma muertos en cada esquina. El 25 de mayo de 1998 recibió su primera amenaza de muerte. Los paramilitares lo obligaron a dejar a su familia y a sus estudiantes. Dictaba clases en la Institución Educativa Los Morales y, dentro de sus métodos de enseñanza, se valía del chiste y la chanza. Tenía un programa humorístico que se llamaba Dicho por lo derecho. A través de la sátira, Ismael ponía sobre la palestra los horrores de la guerra, exponía al político tramposo. Echó a muchos al agua. Fue la primera vez que le pidieron que se callara.

En pocas horas tomó la poca ropa que tenía y salió rumbo a Bogotá. De esos primeros meses, Ismael recuerda que entraba y salía de las casas de sus primas, madrugaba a buscar trabajo y un cuarto en una pensión. Una odisea que le robó diez años de su vida y lo arrojó a escribir los poemas más tristes y descarnados, a llorar en silencio y descargar en el cuento sus mayores lamentos. 

“Siempre recuerdo con nostalgia ese pedazo de camino largo y recto, interrumpido por la corriente de aguas prietas, que buscaban con desespero el vertimiento final de su caudal (…) Yo apenas poseía mis manos y un poco de esperanza para hacerle frente a un mundo de necesidades insatisfechas, pero también tenía un poco de cerebro para cuestionar las actuaciones torpes y mezquinas, tanto de la delincuencia organizada, como de quienes por mucho tiempo ostentaban el poder”, escribió por esos días. Poeta y nostálgico. 

En 2008 regresó a su tierra, pero trece años después reaparecieron las intimidaciones y de nuevo tuvo que salir huyendo. A principios de 2021, lo amenazaron de muerte porque denunció a través de una radio comunitaria de Montería que miembros de grupos paramilitares estaban desarrollando actividades de pesca ilegal sobre el río Sinú. Según dijo a los cuatro vientos, esos hombres sacaban los peces del agua a punta de dinamita. 

“A nosotros ya nos habían dicho qué el que se atreviera a denunciar, era un hombre muerto”. Le dieron veinticuatro horas para salir de Los Morales sin mirar atrás, y, para su fortuna, o desgracia, encontró refugio en Tierralta. Por esos días la gente andaba presa en su casa por temor a contagiarse de covid-19, mientras grupos paramilitares como el Clan del Golfo —hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— se aprovechaban de la soledad y el silencio que inundaban las calles y el campo y que acompañaban al río Sinú. 

Parte de la amargura de su desarraigo la narró en el cuento Retrato triste de un amenazado: “Me tocó echar cuatro chiros en un costal y, con el llanto restringido, despedirme de los míos. Veinticuatro horas de plazo no son suficientes para organizar la casa y la familia (…) en esta tierrita sufrida, en donde ya nadie se aterra ante los aguaceros de sangre, ni ante las parvadas de goleros que engullen los cadáveres, ni ante los flotantes cuerpos que bajan por los ríos, ni mucho menos con la diáspora de desarraigados que cunden las calles y plazas de los centros urbanos. Aquí todo parece normal. Cada quien se queja desde sus adentros, y el llanto y el lamento atajados se agolpan en los pechos que se inflaman de dolor”.

En Tierralta el calor supera los 40 grados centígrados. Sus calles son planas, largas y polvorientas. La plaza principal está atiborrada de motos que prestan el servicio de motorratón, como le dicen, o mototaxi. Desde sus calles se alcanza a ver el filo de las serranías de Abibe y San Jerónimo. En sus valles y extensos campos a orillas del río Sinú, los campesinos cultivan arroz, plátano, yuca, papaya, maíz y cacao, y desarrollan actividades ganaderas.

Es uno de los municipios más extensos del departamento de Córdoba. Cuenta con 322 veredas, 19 corregimientos y tiene poco más de 120.000 habitantes. También se caracteriza por su riqueza hídrica, lo recorren los ríos Sinú, Manso, Verde y Esmeralda, y lo atraviesan las quebradas Tuis Tuis, Honda, Águila, del Juí y de Tay, entre otras. Además, en sus entrañas se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo y la Central Hidroeléctrica Urrá. 

Tierralta también carga con el peso de la historia. En esa tierra nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La casa del paramilitarismo en el país. Allí también se selló el Pacto de Ralito, un acuerdo secreto entre comandantes paramilitares, gobernadores, alcaldes, diputados y ganaderos de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, César y Magdalena que, el 23 de julio de 2001, se reunieron en la finca del paramilitar Salomón Feris Chalid, alias ‘08’, ubicada en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, y juraron crear un movimiento político nacional y “crear un nuevo pacto social y refundar la patria”. Una promesa que solo trajo destrucción y muerte.

Siempre vigilante 

Is-ma-el, dos golpes cortos en el paladar y un seseo. Presidente de la Veeduría Ciudadana de Tierralta, y a ratos y de lejitos, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Morales, un puesto que ya no ostenta por motivos de seguridad. Los días de Ismael transcurren hoy entre las letras y sus quehaceres como veedor ciudadano. Un oficio de tiempo completo que asume con completa responsabilidad. 

“Salgo temprano a visitar las entidades públicas y a pedir información, qué ha pasado con esto, qué ha pasado con aquello. Después, voy y radico derechos de petición de información y tutelas. También inspecciono las obras y cuando todo eso está saldado, me dispongo al rebusque diario”. Vive de la venta de habichuelas precocidas, de artesanías hechas con semillas de mango y totumo, y de la promoción de unos suplementos alimenticios que le llegan desde Medellín. 

Los sábados limpia su casa, lava su ropa, y pasa la tarde leyendo o fabricando sus artesanías; y los domingos se va para Los Morales a cumplir la cita de cada ocho días. Según cuenta Juan Jacobo, el octavo de sus hermanos, la familia Castellanos Guevara se reúne religiosamente cada domingo desde hace más de veinte años: “Nosotros nos reunimos a comer gallina y a mamar gallo, y eso le encanta a Ismael. Él es el que más disfruta de la reunión, le gusta jugar a las charadas un buen rato, aprovecha y pide un buen vallenato, se toma su cervecita. Es un hombre muy nostálgico, siempre está hablando de su infancia, de cuando fuimos tan felices aunque no tuviéramos nada”, cuenta. 

Ismael nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Su hermana Eneida Judith cree que eso fue planeado. “Mi hermano desde niño supo que quería liderar y defender la comunidad, y para eso no podía tener familia. Él se quería entregar de lleno a eso y, para hacerlo bien, había que enfocarse y eliminar la posibilidad de tener quien lo llore a uno”. Sin embargo, él sí tiene quien lo llore: ocho hermanos y un padre que ya pasó de los noventa años. 

Si el oficio de veedor ciudadano se asume de la forma que lo hace Ismael, puede ser demandante, azaroso. Sus jornadas son de recibir muchas denuncias, mucha queja, “siempre hay mucho trabajo que hacer”. Sus más recientes casos de denuncia e investigación giran alrededor de dos importantes obras para el municipio, financiadas con recursos entregados a través de la figura del OCAD Paz, que nació en 2016 tras la firma del acuerdo de paz y es el órgano dentro del Sistema General de Regalías que aprueba los proyectos de inversión para los 170 municipios priorizados por ser los más afectados por el conflicto armado. La primera es la construcción de una nueva sede para el Hospital San José de Tierralta —que arrancó en 2018 y aún no termina— y la segunda es la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) —que inició en 2020 y debía ser entregada al año siguiente—. 

Además, hasta hace muy poco estuvo acompañando a la comunidad del corregimiento de Palmira en una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en la entrega de dos vías (Palmira-Tierralta y Tierralta-Montería). 

El hospital que iba a ser de segundo nivel pero se quedó en el primero 

La promesa de que Tierralta tendría algún día un hospital de segundo nivel comenzó con el médico Fabio Leonardo Otero Avilez, durante su campaña a la Alcaldía (2016-2019). Este hombre les aseguró a sus habitantes que si él ganaba las elecciones, nunca más tendrían que salir del municipio para recibir atención médica especializada. La gente le creyó y lo eligió en las urnas. Sin embargo, la promesa se quedó en un discurso de campaña, porque después de asumir su mandato, sus gestiones sólo se enfocaron en mejorar el hospital de primer nivel con el que ya contaban. 

En una de las certificaciones expedidas por la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, en respaldo a la construcción de la nueva sede del hospital, se puede leer con claridad que el proyecto tenía como fin construir una infraestructura no de segundo sino de primer nivel. Una obra un poco más amplia, que también les prestara servicios a los municipios aledaños de Valencia, Planeta Rica y Montelíbano. 

En otro de los documentos entregados por esta misma entidad, con la firma de Heliodoro Kerguelen Durango, entonces director del área prestadora de servicios de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, titulado “Capacidad instalada actual y propuesta proyecto construcción Nuevo Hospital San José de Tierralta”, también queda claro que la idea siempre fue mejorar la calidad de los servicios que ya se prestaban, sin aumentar su nivel de complejidad. Por ejemplo, la sala de reanimación pasaría de tener capacidad para un paciente a dos, en lugar de cinco consultorios habría seis y se incluirían nuevos servicios como los de vacunación, atención en psicología, fisioterapia y cirugías ambulatorias. 

Algunas notas periodísticas que circularon en ese momento aseguran que durante los dos primeros años de su mandato, Otero Avilez hizo todo lo posible por conseguir los recursos necesarios para iniciar la construcción de la nueva sede de la E.S.E. Hospital San José de Tierralta, y que fue solo hasta 2017 cuando recibió respuesta de parte del Ministerio de Salud. La entidad confirmó su interés en financiar un porcentaje de los costos de la obra, e hizo énfasis en la transparencia con la que se debían manejar estos recursos. 

La primera condición que puso fue que el presupuesto debía ajustarse al concepto de viabilidad del proyecto, emitido por la Subdirección de Infraestructura de Salud de esa cartera, y que el municipio debía poner los recursos que hicieran falta para culminar el proyecto. La segunda fue recordarle a la Alcaldía de Tierralta su papel como interventor de la obra —como lo exige la ley—, para lo cual fue contratado el Consorcio Interventoría Hospital San José de Tierralta, con Álvaro Luis Naranjo Otero como representante legal. “Fue la promesa más importante de mi campaña, como médico de profesión siempre he tenido la salud como mi prioridad, así lo hice saber en mi ardua campaña en cada barrio y corregimiento de mi pueblo”, le dijo entonces el alcalde a La Lengua Caribe, medio digital de Tierralta, en una noticia que titulaba que el hospital de segundo nivel ya era un hecho.

La licitación pública de la obra fue adjudicada el 7 de marzo de 2018 y el contrato por 13.572 millones de pesos fue firmado al día siguiente por Carlos Alberto Ibañez Torres, entonces director del Hospital San José de Tierralta, y Mónica Patricia Padilla Salleg, representante legal del Consorcio Tierralta Sano, encargado de ejecutar la obra. Debía estar listo en 14 meses. Para lograrlo, la Secretaría de Planeación de Tierralta aprobó un lote de dos hectáreas, ubicado entre las calles 3 y 3A con carreras 2 y 4, barrio El Paraíso. 

Frente a este contrato, Ismael tiene hoy más preguntas que respuestas. A la fecha, solo han sido cargados a la plataforma pública de contratación los documentos correspondientes a esa primera parte de la celebración del contrato, un hecho que llama la atención porque han pasado seis años desde que se adjudicaron las obras. En el SECOP I no figura ningún otro documento y las obras nuevas están a medias. En los últimos años, Ismael se ha acercado a la gerencia del hospital para preguntar por el retraso de la obra, y ha solicitado vía derecho de petición que le compartan más información sobre el proceso. Pero solo han llegado respuestas vagas y sin sustento. 

Su última comunicación con el hospital fue el 30 de agosto de 2023. La entonces gerente del Hospital San José de Tierralta, Helianta Calle Fernandez, respondió de manera escueta la solicitud de información de Ismael, en la que pedía un informe detallado sobre los avances de la obra, los motivos de las constantes suspensiones y el momento en que se reanudarían las labores. Calle Fernandez respondió, asegurando que hasta el momento las obras tenían un avance “de un 84% físico y un 82% financiero”; que la obra había sido “suspendida desde el 2 de julio de 2023 por retrasos de los materiales”, pero que retomarían “la primera semana de septiembre” de ese mismo año. Además, señaló que la fecha de entrega del nuevo hospital estaba “sujeta a los reportes de los proveedores en el reinicio” de la obra. 

Elio Neiro, compañero de luchas de Ismael y también miembro de la Veeduría de Tierralta, ha seguido de cerca el proceso de construcción del nuevo hospital para su municipio. No solo se ha acercado al despacho de la gerencia del hospital, también ha acudido a la Secretaría de Obras Públicas. A su juicio, este es el típico caso de un “elefante blanco, un gran bloque horizontal pintado todo de color blanco, a medio hacer y por el que nadie responde”. 

En marzo de 2024, Ismael, Elio y varios miembros de la comunidad aprovecharon una de las visitas que hizo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a Tierralta, para hablarle de los retrasos y sobrecostos de esa obra. La gente recuerda que, tras unos minutos de inspección, el ministro manifestó la necesidad de liquidar la obra y coincidió con todos ellos en que la alcaldía, como entidad encargada de supervisar la ejecución del contrato, había fallado en el proceso. Ante tales señalamientos, VORÁGINE intentó ponerse en contacto con Roder Ramos, secretario de Gobierno del municipio, pero hasta la publicación de esta historia no habíamos recibido respuesta. 

Para Jaramillo, esta obra se había convertido en “una vaca lechera” con la que había que acabar pronto. “Aquí llegan y exprimen y exprimen y adicionan y adicionan y nunca terminan, cuando la necesidad es supremamente importante”, dijo. Ese día, además, se comprometió con la comunidad de Tierralta a buscar alternativas para terminar por fin esa infraestructura, pues hace parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional para fortalecer el sistema de salud de los colombianos. 

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La voz en la radio 

Is-ma-el, la historia y la Biblia rezan que su nombre significa “oír, escuchar”. Una definición que hace justicia a su vocación de líder. Un hombre que escucha a su comunidad y la defiende a través de la palabra directa, pausada, sencilla, elocuente. A lo largo de su vida, Ismael lo ha intentado todo, dice ser un hombre versátil. Así, un día cualquiera de 2019 aceptó el reto de abandonar por unos meses el papel y el lápiz, y enfrentarse a los micrófonos de la radio. Junto a Elio Neiro, su compañero más fiel, se entregaron durante casi dos años a la idea de dar vida a un programa de denuncia que se llamó Accionar Comunal. 

“Aquí comienza Accionar Comunal, el programa que recoge las inquietudes, las necesidades y los sucesos de lo que ocurre en el territorio para su desarrollo”, así era como iniciaba Ismael el programa, emitido una vez a la semana por la radio comunitaria Sergio Restrepo Jaramillo, en homenaje a un sacerdote jesuita muy querido en Tierralta, asesinado en junio de 1989 por los paramilitares. “Hablábamos del estado de las vías, buscábamos hacer un balance de cómo iban las cosas en el municipio. También llamábamos a los políticos y los entrevistábamos, les preguntábamos por sus gestiones”, recuerda Ismael con orgullo. Hasta que llegó la pandemia y el programa se acabó. 

Cuando él habla de esos días su voz se escucha distinta, sus palabras están llenas de alegría. Disfrutaba muchísimo el trabajo de investigación y la preparación que demandaba cada programa. “Las cosas había que hacerlas bien, porque esta señal radial llega a veredas remotas, donde la gente no tiene otra manera de informarse”, explica. 

También recuerda la preocupación, por esos días, de algunos de sus amigos y conocidos. Siempre, después de que salía de la cabina, se acercaban para preguntarle: “¿Cómo te atreves a hacer esas denuncias? ¿No te da miedo?”. Él sabía que se estaba jugando la vida con cada palabra, pero estaba convencido de lo que estaba haciendo. “Uno nunca deja de tener miedo, pero en ese miedo también hay coraje. En ese miedo hay fortaleza para asumir cualquier papel, cualquier situación que se presente”. 

Una vez, estando en Los Morales, se atrevió a decir que ellos eran los verdaderos dueños del territorio, y no los paramilitares. “Nosotros hemos nacido y crecido ahí, y por eso nos pertenece”. Por palabras como esas es que para su hermano Juan Jocobo, él es un caso perdido. “Él siempre tiene para todo una respuesta. Por eso en la casa ya no le reclamamos por andar entre el peligro”. 

Las aguas siguen siendo negras

El 13 de noviembre de 2020 inició la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tierralta. La obra prometía mejores manejos de las aguas negras, principalmente de origen doméstico, ya que algunas tenían como destino final la quebrada del Juy y el río Sinú. 

La licitación fue adjudicada al Consorcio PTAR Tierralta, bajo la administración de Daniel Enrique Montero Montes (2020-2023), el 6 de octubre de 2020 y por un valor de 9.685 millones de pesos. El consorcio tenía un plazo máximo de un año para construir la PTAR, según quedó consignado en el acta de inicio de la obra. Un documento corto, de solo una página, con fecha del 13 de noviembre de 2020, firmado por Montero Montes, en calidad de alcalde de Tierralta; Luis Fernando Carrillo Jiménez, representante legal del consorcio, y Carlos Andrés Hernandez, como interventor de la obra a través del Consorcio Interbroka 2020.  

Ismael ha seguido de cerca la construcción de la obra, que casi cuatro años después sigue sin ser una realidad, y ha podido fotografiar su evolución.

La primera suspensión de la construcción se presentó el 25 de agosto de 2021 porque, al parecer, se necesitaba más tiempo para realizar unos “ajustes de cantidades de la obra”, según dijo el Consorcio PTAR Tierralta a miembros de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) —entidad encargada de monitorear obras financiadas con recursos del OCAD Paz—, el Consorcio Interbroka 2020, la Secretaría de Obras Públicas de Tierralta y el Departamento Nacional de Planeación —otra de las instituciones encargadas de hacer seguimiento al proyecto—. Todos aceptaron. 

Pero esta no fue la única prórroga de esa primera suspensión de la obra que solicitó el consorcio, en total pidieron cinco más. La primera fue el 25 de septiembre de 2021; la segunda, el 25 de octubre de 2021; la tercera, el 25 de noviembre de 2021; la cuarta, el 25 de diciembre de 2021, y la quinta, el 24 de enero de 2022. La obra fue retomada nuevamente el 28 de junio de 2022 —diez meses después— y se propuso como fecha de finalización del proyecto el 16 de septiembre de 2022. 

La segunda suspensión del contrato fue el 15 de marzo de 2023, tras una nueva solicitud de prórroga por parte del Consorcio PTAR Tierralta.

Extrañamente, la obra se retomó el 26 de junio de 2023, con la promesa de que finalizaría el 27 de junio de ese mismo año, es decir, al día siguiente de reactivar su ejecución. Así quedó consignado en la Prórroga No.2 del 26 de junio de 2023, con firma del nuevo secretario de Obras Públicas, Mario Danilo Guerra Petro, y de los representantes legales del Consorcio Interbroka 2020 y Consorcio PTAR Tierralta; y en el Acta de reinicio No.2 —también con fecha del 26 de junio— firmada por Daniel Montero Montes, alcalde de Tierralta, y Luis Fernando Carrillo Jiménez, representante legal del consorcio ejecutor de la obra. 

El último documento que fue cargado a la plataforma de contratación es la Prórroga No. 3, con fecha del 27 de noviembre de 2023, un documento en el que ya no figura Luis Fernando Carrillo Jiménez como representante legal del consorcio responsable de la construcción de la PTAR, sino Rafael Montes Nava, quien ese mismo día solicitó de forma escrita una nueva prórroga del contrato hasta el 28 de marzo de 2024. Según Montes, los retrasos se deben a  “condiciones climáticas” como “fuertes y recurrentes precipitaciones”.

VORÁGINE le preguntó a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) por los avances de la obra y los motivos que han imposibilitado la entrega de la PTAR al municipio. La respuesta desde la Coordinación de la ART subregional sur de Córdoba fue que, “según se puede visualizar en el Gesproy, el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Departamento Nacional de Planeación, hasta agosto de 2024 la obra ha tenido un avance físico del 65% y un avance financiero del 75%”. Frente a las sucesivas prórrogas y suspensiones, la ART explicó: “Si bien ellos se han tomado más del tiempo previsto, han realizado sus reprogramaciones en Gesproy, la entidad manifiesta que está trabajando y nosotros hemos estado realizando visitas continuas a la obra, por eso sabemos de estos avances. Sin embargo, la administración municipal de Tierralta es la llamada a brindar mayor información por ser quienes contratan”. 

Hasta el cierre de esta publicación, VORÁGINE trató de ponerse en contacto con la Alcaldía de Tierralta, pero no hubo respuesta. 

El hombre de las letras 

El lazo que une a Ismael Castellanos Guevara con las letras viene de su padre. Hijo de Edison Castellanos Argel o el “hombre diccionario”, como le decían de cariño, porque siempre estaba leyendo. Leía en formatos poco convencionales: el anuncio en la calle, el periódico en que venía envuelto el jabón de tierra o  alguna cartilla extraviada de Nacho. Así aprendía nuevas palabras y definiciones de la vida. Su padre no superó tercero de primaria, se casó muy pronto y tuvo nueve hijos. Las únicas pausas en la vida, las hacía mientras leía. Un día cualquiera, a mitad de ese camino de esposo, padre y proveedor, se compró una de las mejores adquisiciones de su vida: un diccionario. Un pequeño libro que se convirtió en la base de su educación y la de sus hijos. 

Todas esas palabras que se sabía el padre de Ismael, de memoria, fueron estimulando su pequeña mente. El hijo del “hombre diccionario” aprendió a leer y a escribir con rapidez, a encontrar el lugar apropiado para cada palabra dentro de una oración, a crear conjuntos de palabras que sonaran bien y estuvieran cargados de sentido. Is-ma-el, quizá por eso se hizo poeta y cuentista. Is.ma-el es un tipo flaco, alto, desgarbado, vallenatero empedernido. A él que lo despierten con un buen vallenato de Jorge Oñate, Las cosas mías, Nació mi poesía y Mujer conforme. Poemas hechos canción. Canciones que hablan del amor por la tierra donde uno nació, del desarraigo, del dolor de irse para no volver. “Nació mi poesía, en la tierra mía”. Tararea. 

Ismael se asoma en esas letras. Son los temas de sus noches en vela. De los versos más tristes que escribe desde 1998. 

Por aquí pasó Otoniel
con sus huestes sanguinarias
y en actitudes arbitrarias,
demuestran todo lo cruel
y la infamia del cartel,
que asesina sin reparos,
con sus propósitos claros
de sembrar miedo y terror
para que la gente con horror
salga hacia otros poblados

sus asesinos van armados
con fusiles y metralletas
van sembrando las caletas
con el dinero mal habido
aquel que han obtenido
a través de la extorsión.
Y valiéndose de la ocasión
de la ausencia del estado,
que anda muy secuestrado
de anarquía y corrupción.
El rastro maldito (fragmento)

Ismael terminó metido en los asuntos del corregimiento de Palmira porque un día cualquiera, una de las lideresas del pueblo acudió a él en busca de ayuda. Quería denunciar ante la Alcaldía de Tierralta que el pavimento de las dos vías que habían construido para mejorar la movilidad en la zona había empezado a agrietarse, meses después de que finalizaran las obras. 

El contrato fue adjudicado al Consorcio Vías de Tierralta el 23 de julio de 2020, también bajo la administración de Montero Montes, a través de la Licitación Pública No. 009 de 2020. El contrato tenía como objeto pavimentar la vía principal que comunica al corregimiento de Palmira con Tierralta y una de las vías terciarias que permite a los habitantes de este pequeño caserío llegar hasta Montería, la capital del departamento. Se selló el 10 de agosto de 2020 con la firma del alcalde Montero y de Tatiana Herazo Torres, representante legal del consorcio, y debía hacerse efectivo en un plazo máximo de seis meses, tiempo que empezó a correr a partir del 6 de noviembre de 2020, día en que las partes firmaron el acta de inicio de la obra. 

El valor inicial de la obra fue de 10.536 millones de pesos, según se alcanza a leer en el contrato y en el acta de apertura, cargados a la plataforma de SECOP I. Un monto que seis meses más tarde ascendió a 11.486 millones, después de que el Consorcio Vías de Tierralta le pidiera a la alcaldía una adición presupuestal por un poco más de 950 millones de pesos, además de solicitar una ampliación en los plazos de entrega. 

La solicitud de la adición presupuestal se realizó de manera formal el 14 de junio de 2021 y fue aprobada al día siguiente por la Secretaría de Obras Públicas de Tierralta. De acuerdo con el informe presentado por la entidad, aceptaron la petición después de que el consorcio asegurara que, “luego de revisar los estudios y diseños iniciales del proyecto, se considera necesario realizar un ajuste al diseño geométrico de la vía a construir”, por lo cual no podría entregar la obra dentro de las fechas pactadas. 

Algunos líderes le dijeron a VORÁGINE que, al poco tiempo de construidas las dos vías, empezaron a ver grietas y tuvieron que empezar “a reparchar”. Es decir, ellos mismos han tenido que rellenar esos huecos con gravilla. Ismael estuvo investigando esa situación durante varios meses pero, al final, no llegó a ningún lado. 

La comunidad también afirma que la última comunicación formal que tuvieron con el Consorcio Vías de Tierralta y con la alcaldía fue el 24 de septiembre de 2021, después de que la Secretaría de Obras Públicas se reuniera con los presidentes de las juntas de acción comunal del corregimiento de Palmira, con el fin de socializar los avances de las dos vías. Ese día, la Alcaldía de Tierralta le aseguró a la comunidad que, “de acuerdo con el informe del contratista y la entidad, esta obra actualmente tiene un avance físico del 38% correspondiente a obras preliminares, excavación de la explanación y mejoramiento de la subrasante —es la parte de la carretera que soporta las capas de pavimento— y lo desembolsado al día de hoy es inferior y corresponde al 21,6%”. 

Hasta hoy, la única prueba tangible de que la obra se terminó y la administración municipal dio por finalizado el contrato es su historial en el SECOP I. Nunca se cargó al portal web un acta de recibido y solo figuran el contrato, el acta de inicio y la adición presupuestal junto a un par de informes de interventoría, entre los que se destaca el de la visita realizada por la administración municipal para justificar el aumento en el costo total del proyecto.  

Irma Palomino, arquitecta en la Subdirección de Información y Prospectiva de la regional sur de Córdoba de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), aseguró que la entidad sí estuvo al tanto de las denuncias realizadas por la comunidad y explicó que el deterioro en las vías se presentó después de que el Consorcio Vías de Tierralta se diera cuenta de que por allí estaban pasando camiones pesados, que provenían de unas minas de carbón que hay en el corregimiento de Palmira. “Ambas obras son de pavimento flexible, así que no está diseñado para soportar mucho peso. Entonces, la empresa contratista habló con las empresas que estaban usando ese paso y después hicieron los arreglos correspondientes, con el fin de entregar la obra con los requerimientos técnicos y todo eso quedó registrado, la alcaldía también tiene copia de eso”, señaló la funcionaria. 

Al igual que con los otros dos contratos, VORÁGINE trató de comunicarse con la alcaldía para hablar de este tema, pero hasta el cierre de este artículo había sido imposible obtener respuesta. 

Ninguno de los líderes consultados para hablar sobre estos contratos, a excepción de Ismael, quiso revelar su nombre. Varios de ellos han recibido amenazas de muerte por denunciar la corrupción y las intimidaciones que ejercen los grupos armados contra los habitantes de Tierralta. “Lo que menos queremos son problemas y más amenazas. A cada rato hay que estar pensando en la posibilidad de salir y no tenemos para donde irnos. Uno denuncia la corrupción y los elefantes blancos, que no son pocos, y eso viene con amenazas”, dice uno de ellos. 

Al final, solo quedan las palabras

Is-ma-el, dos golpes cortos en el paladar y un seseo. Los pensamientos más profundos de este hombre se esconden en cinco libros y una pila de hojas escritas a mano y digitadas en computador. “Es todo el capital que poseo”, dice antes de reírse. Al final, solo le quedan las palabras. 

Su primera obra se publicó entre 2001 y 2002 —no recuerda el año con precisión— y la tituló Mi rastrilleo sonoro, un compilado de dichos y palabras de la costa caribe, un abecé para cachacos. La idea surgió de las barreras que encontró durante los primeros días en la capital del país para comunicarse. Entonces, en ese deseo por darse a entender, sacó un pequeño libro para dummies, del que ya no tiene ni una copia. “Eso fue lo que fue”, dice. Al final, solo quedan las palabras. 

El segundo se llamó El lenguaje animal del río Sinú y lo publicó entre 2011 y 2012 —tampoco lo recuerda—. Era un libro de cuentos cortos y fábulas para niños. “La señora pata, el señor burro… y al final todos esos cuentos buscan dejar una moraleja, la moraleja de la honestidad, de la verdad, porque el que roba 100 pesos se roba millones”. Esta obra le permitió regresar a ese pasado que tuvo como profesor de la escuela rural de Los Morales. Al final, solo quedan las palabras. 

Después vinieron dos antologías junto a tres escritores del Atlántico. Cuentos Afrocaribeños, publicada en 2022, un compilado de relatos que rescatan y retratan a la cultura rural caribeña, “allá donde se une el mar con el río”; y Juntanza Poética, publicada en 2023, una serie de versos que abordan temas como el amor, el miedo o la ilusión, entrelazados con los saberes ancestrales y el final de la esclavitud. Ambas fueron publicadas por la Editorial Santa Bárbara de Barranquilla. 

Is-ma-el tiene 61 años, ojos oscuros y tez morena. Mide 1.83. No tuvo hijos ni pareja, ni tiene perro que le ladre. Ismael Rodrigo Castellanos Guevara, el hombre que ha dedicado su vida entera a las palabras: escribir y defender. Is-ma-el, dos golpes cortos en el paladar y un seseo. 

* Comunicadora social y periodista. Cubre temas relacionados con derechos humanos, medio ambiente, género y salud. Hace parte de la Red Latam de Jóvenes Periodistas y de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. 

** Esta historia se hizo por iniciativa de Transparencia por Colombia, para el especial “25 historias de esperanza”.