173 líderes asesinados en 2024: la tragedia no cede en el gobierno Petro
12 de enero de 2025

El pasado 18 de diciembre el presidente Gustavo Petro habló en medio de una ceremonia de ascensos de las Fuerzas Militares. Aunque hizo un balance de los delitos de alto impacto durante su gobierno, omitió referirse a los asesinatos de líderes sociales. Es un tema sensible porque los resultados son pocos, lo cual ha generado choques entre el Ejecutivo y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La situación es crítica, aunque muestra una leve disminución. En 2024 fueron asesinados 173 líderes, según la base de datos de Indepaz, una organización que le ha hecho seguimiento a ese fenómeno desde 2005. En 2023 la cifra ascendió a 188, mientras que en 2022 fue de 187. 2021 cerró con 165. “Cada dos días, desde 2016, asesinan a un líder de derechos humanos. Es una tendencia invariable y, a pesar del cambio de gobierno, eso no se frenó”, afirmó una persona que lleva más de 34 años liderando organizaciones de derechos humanos, pero que habló con la condición de no revelar su nombre porque no es vocera. “Son resultados intolerables”, reconoció Franklin Castañeda, director de derechos humanos del ministerio del Interior.
“Ningún gobierno puede estar satisfecho con una leve reducción, definitivamente este gobierno está mal en ese tema”, señaló Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). “Cuando vemos que los asesinatos continúan y que desafortunadamente la situación no cambia de manera radical, nos preocupamos porque es responsabilidad del Estado, no solamente del gobierno”, dijo Aura Rodríguez, secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.
Las molestias con el gobierno
En las últimas semanas se han conocido comunicados de plataformas de derechos humanos en las que señalan la falta de atención del gobierno sobre los asesinatos de líderes sociales. El primero se dio luego de que el Ministerio del Interior canceló una reunión, que estaba citada para el 30 de noviembre, de la Mesa Nacional de Garantías, una instancia que reúne a autoridades estatales junto a delegados de la comunidad internacional con plataformas de derechos humanos.
La Mesa Nacional de Garantías fue creada en 2009 y es un espacio en el que se hace seguimiento de las acciones estatales alrededor de la protección de derechos humanos. En 2023 la Corte Constitucional en una sentencia le dio la orden al Ministerio del Interior de convocar reuniones de esa instancia con una periodicidad no inferior a tres meses. Sin embargo, durante el gobierno Petro solo se ha reunido una vez. “El Ministerio del Interior no ha sido eficaz con la Mesa Nacional de Garantías ni con las mesas territoriales”, señaló Leonardo González, director de Indepaz.
“No puede ser que necesitemos casi tres años para que se instalen todas las mesas territoriales, que necesitemos casi tres años para tomar las decisiones que hay que tomar en la Mesa Nacional de Garantías”, dijo Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas.
Por su parte, Castañeda, del ministerio del Interior, defiende la labor de la cartera. “Nunca antes el proceso nacional de garantías había estado en tantos departamentos como está hoy: 24 mesas territoriales han sido instaladas por el gobierno este año, cuando llegamos solamente había cuatro mesas instaladas”, aseguró. El funcionario contó que la sesión aplazada de la Mesa Nacional de Garantías fue convocada para el próximo 16 de enero. Explicó que el aplazamiento del 30 de noviembre se dio porque se cruzó con el lanzamiento del Plan de Acción de la Resolución 1325, sobre la participación, las políticas de seguridad, paz y derechos humanos enfocadas en las mujeres.
Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:
Hablar con el presidente Petro: imposible hasta ahora
Otro comunicado que expresaba la molestia de las organizaciones defensoras de derechos humanos se conoció el pasado 11 de diciembre. Tres plataformas, que agrupan a cientos de procesos organizativos, expresaron su molestia por la cancelación de una reunión con el presidente Petro: “La reunión, solicitada desde hace dos años, estaba prevista para hoy a partir de las 10 am. Sin embargo, fue cancelada cuando ya estábamos en la Casa de Nariño esperando la llegada del presidente”.
“El presidente no le ha dado la cara al movimiento de derechos humanos, no se ha reunido ni una sola vez con nosotros. Llevamos dos años suplicando”, le dijo a VORÁGINE la persona que pidió proteger su identidad. “Que hayan pasado más de dos años sin esta reunión nos parece preocupante y lamentable porque creemos que es mucho lo que hay por hacer. El tiempo va pasando y no quisiéramos que se pierda la oportunidad de poder lograr mejoría concreta en derechos humanos”, dijo Ana María Rodríguez.
La urgencia de la reunión con Petro la resume Ortegón: “Creemos que quien puede impartir órdenes es el presidente porque no vemos coordinación”. La persona que pidió que se protegiera su identidad dio un ejemplo de la importancia que puede tener la intervención directa del primer mandatario en el asunto. Durante la COP16, gran parte del gabinete se instaló en Cali para participar en las discusiones sobre crisis climática, esa fue una orden dada por Petro. La fuente cree que se necesita que el presidente empiece a movilizar al gobierno hacia la defensa de los líderes sociales.
La misma fuente asegura que el ministro Juan Fernando Cristo no le ha dado prioridad al tema de los líderes sociales: “el actual ministro está en precampaña, es el ministro de las clientelas, de la relación con las regiones, con los partidos políticos, de los vínculos con la política. Los derechos humanos en la agenda del ministro están en el último renglón”.
Castañeda tiene otra visión. El funcionario resaltó que una de las primeras acciones de Cristo tras posesionarse como ministro del Interior fue la instalación de la Mesa Nacional de Garantías. También señaló que la participación de Cristo en la próxima reunión de esa instancia está confirmada, igual que la de el comisionado de paz, Otty Patiño, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.
Paz total: líderes siguen en medio de la guerra
Las plataformas de derechos humanos van a plantear en la Mesa Nacional de Garantías varias inquietudes frente a la Paz Total, la política con la que el gobierno pretende lograr la dejación de armas de diversas estructuras armadas.
“En los espacios de conversaciones no hay presencia de una autoridad jerárquica preocupada por los derechos humanos que le haga exigencias fuertes a cada uno de los actores”, explicó la fuente que pidió no revelar su nombre. Por su parte, Ortegón agregó: “el gobierno debería aprovechar las conversaciones de manera mucho más fuerte para que los ceses al fuego puedan contribuir al mejoramiento de la situación de las personas defensoras de derechos humanos”.
El monitoreo hecho por Indepaz arroja que, de los pocos casos que se ha logrado esclarecer el autor de los homicidios, los mayores asesinos de líderes sociales en Colombia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Estado Mayor Central (EMC), este último grupo comandado por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordico”. Ninguna de esas dos organizaciones criminales tiene una mesa de negociación con el Estado. Los registros muestran que las regiones más críticas son el norte del Cauca, el norte del Valle y Antioquia.
Las cifras de asesinatos de líderes sociales han descendido en algunas regiones como Catatumbo (Norte de Santander), Caquetá y Tumaco (Nariño). La reducción en este último municipio se debe a acuerdos entre grupos armados que controlan áreas del territorio. “Ha sido contundente la disminución en zonas donde hay ceses al fuego”, dijo González. Castañeda agregó que la articulación entre la Paz Total y la protección de líderes sí existe: “se han hecho esfuerzos importantes de articulación de los temas de atención humanitaria y del impulso de una agenda para la disminución de las consecuencias de los conflictos armados en la población civil”. Uno de los ejemplos que da el funcionario sobre el desescalamiento de la violencia es la reducción de asesinatos de excombatientes de las Farc: pasó de 50 en 2022, a 55 en 2023 y descendió a 31 en 2024.
Las coincidencias
Las organizaciones sociales reconocieron que hay aspectos sustanciales en los que están de acuerdo con el gobierno Petro. Por ejemplo, con varios nombramientos en altos cargos del Estado de personas provenientes de plataformas defensoras de derechos humanos, uno de ellos es Castañeda quien hacía parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Otra funcionaria con ese perfil es Diana Sánchez, actual directora de derechos humanos y derecho internacional humanitario del ministerio de Defensa.
Castañeda resaltó que durante el gobierno Petro se amplió de 42 a 250 las organizaciones beneficiadas con planes de protección colectiva. Además, subrayó el crecimiento del presupuesto para la Unidad Nacional de Protección. También, dijo que el gobierno lanzó una convocatoria de más de 39.500 millones de pesos para iniciativas de autoprotección.
“Tenemos claro que hay voluntad, pero luego hacerla práctica se ha demorado y ha sido más complicado de lo que quisiéramos”, dijo Ana María Rodríguez. Uno de los ejemplos de una política que existe, pero que no ha sido materializada como las organizaciones defensoras de derechos humanos esperaban es la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, a la cual cree que le ha faltado aplicación.
Todas las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la labor de protección de los líderes sociales no es exclusiva del Ejecutivo. Creen que entidades como la Fiscalía son claves para perseguir a quienes amenazan, hostigan y asesinan a los defensores de derechos humanos.
A todo lo anterior se suma que se está viviendo un ciclo de atomización de grupos armados y de despliegue de los mismos. “Hay una intención muy clara de someter a la sociedad, a las organizaciones del territorio y a los liderazgos a la voluntad de un grupo, y para someterlos asesinan, amenazan y presionan”, dijo Castañeda. Cada incursión de un grupo armado llega con estigmas hacia las organizaciones y los líderes de los territorios. Los grupos violentos muchas veces zanjan con amenazas, desplazamientos y asesinatos cualquier desacuerdo. Eso ha hecho que año tras año las comunidades deban despedir a decenas de personas que se trazaron como objetivo defender los derechos.
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