El oscuro grupo de autodefensa que opaca los diálogos de paz en Nariño

En Samaniego (Nariño) la aparición de las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) ha empañado el entusiasmo que suscita la posibilidad de que los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, dejen las armas tras casi 33 años de guerra. Desde 2023, las AUN han hecho circular videos por TikTok. En uno se ven hombres con uniformes militares y fusiles, mientras la persona que sostiene la cámara amenaza al Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc: “despertaron el león que tenían dormido, malparidos”.

Habitantes de municipios de la cordillera occidental- Nariño,se encuentra atemorizados ante la divulgación de un video que hace oficial el anunció de la aparición de un nuevo grupo armado ilegal, inteligencia militar y de política investigan su autenticidad. Noticia en desarrollo pic.twitter.com/uReuG1tV9l

— winston viracacha (@viracachapava) March 8, 2024

La incursión de ese grupo en una zona con presencia de varias facciones guerrilleras ha generado desconfianza hacia los diálogos entre el Estado y los Comuneros del Sur, la estructura armada que más ha avanzado en negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total.  Las conversaciones han permitido la firma de dos acuerdos: uno incluye la concentración del 30% de la tropa y la destrucción de material de guerra perteneciente al grupo insurgente antes de que termine este año. El otro contiene una serie de compromisos de Comuneros y el Estado para facilitar y adelantar la búsqueda de personas desaparecidas.

VORÁGINE estuvo en Pasto y en Samaniego. Visitamos la vereda donde nació Comuneros del Sur, hablamos con comandantes de ese grupo armado, con autoridades locales, departamentales y nacionales, con víctimas del conflicto y con organizaciones sociales de la región. Las posibilidades de paz emocionan, el diálogo tiene respaldo entre las comunidades porque se trata de un proceso en el que está inmerso un grupo con presencia en 10 municipios: Samaniego, La Llanada, los Andes-Sotomayor, Barbacoas, Providencia, Santa Cruz de Guachavés, Mallama, Ricaurte, Guachucal y Cumbal. Pero la presencia de las AUN genera miedo.

La primera vez que se tuvo noticia de las AUN fue en septiembre de 2023. En ese momento se estaba librando una cruenta guerra entre dos bandos: por un lado, los Comuneros del Sur (para esa época una estructura del ELN) junto a la Segunda Marquetalia (grupo armado comandado por Luciano Marín, más conocido como “Iván Márquez”). Esos grupos subversivos se enfrentaban con el EMC, de alias “Iván Mordisco”.

Los combates empezaron a generar desplazamientos el 3 de agosto de 2023. A medida que las tropas del EMC avanzaban, las comunidades iban saliendo de sus territorios. La Alcaldía de Samaniego y la Personería de Santa Cruz de Guachavés contabilizaron 8.800 desplazados que llegaron a los cascos urbanos de ambos municipios. En un punto de la confrontación, los hombres de “Mordisco” coparon puntos clave para el ELN.

Cuando las AUN aparecieron solo le declararon la guerra al EMC. Según una fuente que trabaja en una organización defensora de derechos humanos, que pidió no revelar su nombre por seguridad, días antes de que ese grupo de autodefensas se presentara de manera pública, las comunidades vieron entrar a un grupo de combatientes del ELN como refuerzo a las tropas de Comuneros. Nunca vieron ingresar a la zona a hombres armados distintos a esos.

En el transcurso de ese conflicto las comunidades empezaron a comprobar un patrón: ni Comuneros del Sur ni la Segunda Marquetalia atacaban a las AUN. A su vez, este último grupo solo ejecutaba acciones en contra del EMC. Eso era paradójico, entre otras cosas, porque en un video de TikTok los integrantes de la estructura de autodefensas exaltaban a figuras de extrema derecha como el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil. 

La alianza

Un líder social de Samaniego, que conoce de cerca a los Comuneros del Sur y pidió reservar su nombre, le dijo a VORÁGINE: “las AUN las crearon los Comuneros y la Segunda Marquetalia para hacer cosas de dudosa moral en medio de la guerra con el EMC”. Esa versión no es respaldada por ninguna autoridad, pero lo que sí se ha señalado de manera oficial es que hay una alianza entre las AUN y los Comuneros.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en marzo de 2024 en la que señala una “presunta alianza bélica” entre Comuneros del Sur, la Segunda Marquetalia y las AUN. La misma entidad le envió a VORÁGINE un listado de acciones que se le endilgan al grupo de autodefensas. Un registro indica que el 11 de marzo de 2024 hombres armados incursionaron en el casco urbano del municipio de Los Andes-Sotomayor y retuvieron a un funcionario de la alcaldía. Cuando salieron del centro poblado, los combatientes hicieron algunos grafitis con las siglas “AUN” y “ELN”.

“La gente desconfía del proceso porque no son claras las finalidades de la alianza entre Comuneros y las AUN. La población cree que van a firmar, pero van a seguir operando con otro nombre”, le dijo a VORÁGINE la fuente que trabaja en una organización defensora de derechos humanos. “Las AUN están instaladas y al parecer van a coger un territorio que le pertenecía a los Comuneros del Sur”, nos dijo una persona con liderazgo social en varias comunidades de la zona. La connivencia entre ambas fuerzas es ‘vox populi’ en la región.

Eso despierta temores en la población porque entre 1999 y 2003 en Samaniego padecieron las incursiones de dos facciones paramilitares: el Bloque Libertadores del Sur y el Bloque Central Bolívar. “(Los paramilitares) son como dictadores. Si ellos tienen algo en contra de alguien van y lo matan, no le dan la oportunidad de que se exprese. En cambio, con los otros grupos como Comuneros si usted tenía un problema con ellos hacían una investigación, hablaban con usted”, detalló la persona con liderazgo social en varias comunidades. Una campesina que ha padecido de cerca la guerra, por su parte, dijo: “Si entra otro grupo, no, mejor dicho… Y si son los ‘paras’, peor, porque ellos no tienen misericordia, ni escrúpulos, ni nada. Esa gente es mala”.

Las acciones armadas de las AUN se sienten en la región. La Defensoría del Pueblo registró dos eventos en los cuales ese grupo estaría comprometido. El 1 de agosto de 2024 habrían retenido una camioneta de una empresa contratista en el municipio de Los Andes-Sotomayor, amenazaron a los directivos de la compañía y maltrataron e intimidaron a los trabajadores. El 20 del mismo mes habrían interceptado una ambulancia para transportar a combatientes heridos hasta Samaniego. La fuente que trabaja en una organización defensora de derechos humanos relató que conoció el caso de un hombre al que le robaron una vaca y cuando fue a reclamarles, lo asesinaron.

La Defensoría del Pueblo ha señalado, además, que el lugar donde más se concentra la tropa de las AUN es el corregimiento de Tabiles, en el municipio de Linares. Un funcionario del Estado en Samaniego, del cual no damos más señales por cuestiones de seguridad, nos contó que los miembros de las autodefensas también están en el corregimiento de Motilón, en las veredas La Floresta y Vista Hermosa. Además, incursionan de manera esporádica en la entrada del casco urbano de Samaniego. “Es un error gravísimo tejer la paz con un actor armado cuando hay otro encima. La mesa entre Comuneros y el Gobierno Nacional debe tocar ese tema con mucha agilidad y urgencia”, agregó el funcionario.

A lo anterior se suma que hay pruebas del avance de las AUN hacia otros municipios. El pasado 29 de octubre, la Policía reportó la incautación de un arsenal de guerra en Cumbitara. “El armamento pertenecería a un grupo criminal autodenominado Autodefensas Unidas de Nariño”, se lee en el comunicado que compartieron a grupos de periodistas. El Ministerio de Defensa dio a conocer que en ese mismo municipio se entregó a tropas del Ejército un hombre que habría asegurado ser un operador de drones de las AUN.

“No podríamos permitir que se haga un proceso de paz con un actor armado al que se le reconoce la  voluntad (Comuneros), si meses después aparece otro actor armado tratando de ubicarse en el territorio. Nos preocupa la seguridad en el posacuerdo para los dirigentes sociales y para la institucionalidad local”, dijo Geovany Melo, secretario de Gobierno de Samaniego. “Nosotros también vemos con enorme preocupación ese tema. Creemos que no estamos haciendo un acuerdo de paz para que salga un grupo armado y entre otro”, aseguró Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño y acompañante de las negociaciones.

VORÁGINE entrevistó al jefe del equipo negociador del gobierno, Carlos Erazo, y le preguntó sobre la alianza entre los Comuneros y las AUN: “Lo hemos conversado y será parte de la negociación porque construir la paz en el territorio implica que no debe haber presencia de actores armados”. Y agregó: “Todo debe salir a flote en este proceso. Aquí no va a haber verdades vedadas ni ocultas. La negociación debe ser abierta, de frente, para resolver los conflictos y los problemas que tiene el territorio”.

En Nariño tuvimos una entrevista extensa con dos comandantes de Comuneros del Sur que son delegados de esa estructura armada en la mesa de diálogo con el Gobierno. Negaron cualquier alianza con las AUN. La versión de ellos es que en Tabiles, el lugar del municipio de Linares donde se habría establecido ese grupo, siempre ha habido reductos de paramilitares. Aseguraron que hasta hace pocos años había hombres al mando de Juan Castro Estupiñán, alias “Matamba”, un poderoso narcotraficante de Nariño que murió en medio de un operativo militar en 2022 tras haberse fugado de la cárcel La Picota (Bogotá).

Tabiles ha sido un lugar donde históricamente se han asentado grupos paramilitares. La Comisión de la Verdad, incluso, documentó que en esa zona las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizadas en 2005) instalaron su base de operación: “ocuparon una casa dentro del pueblo, crearon relaciones de confianza con algunos de sus pobladores y desde ahí se desplazaron hacia los cruces de las vías para hacer los retenes, requisar, amenazar y asesinar a las personas que consideraban que tenían vínculos con la guerrilla. No es posible establecer el número de personas asesinadas porque muchos de estos cuerpos fueron desaparecidos en los ríos o en fosas comunes. La población de Tabiles señaló ante la Comisión la existencia de dos fosas comunes”.

“Nosotros no vemos a las AUN como una amenaza porque no nos han atacado ni han reclamado territorios. No tienen una política de copamiento territorial que sí tuvo la Segunda Marquetalia, con la que en este momento tenemos muy buena relación, y tuvo el EMC. La AUN es otro actor en el conflicto regional. Hay grupos que aparecen y desaparecen”, dijo Royer Garzón, un ingeniero agroforestal nariñense que comanda estructuras de Comuneros del Sur y es conocido en la región como “Jairo”. “Nosotros le hemos dicho al Estado en qué puntos creemos que tiene que haber bases militares, en qué caseríos creemos que tiene que haber Policía para que controle el territorio”, complementó Antonio Ovallos, otro comandante del mismo grupo, nacido en el Catatumbo (Norte de Santander) y con el sobrenombre de “Daniel”.

Ambos rechazaron el señalamiento de que están aliados con las AUN para transferirle a ese grupo el control de las economías ilícitas. “A las comunidades les hemos dicho que nos vamos y no hay Plan B”, dijo Garzón. “Si yo estuviera firmando mientras pienso en volver a las armas me quedaría de una vez porque uno tiene su reconocimiento, su base social y sus amistades que lo apoyan. Retomar después es difícil”, aseguró Ovallos. “No sería ético que nosotros estuviéramos hablando de paz y organizando un grupo para dejarlo ahí. Eso no tiene ningún sentido”, agregó.

También negaron que las AUN hayan surgido como producto de una alianza entre los Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia. “En Nariño no hay una unidad combinada, una mano oscura que vaya a hacer el trabajo sucio. Nosotros operamos de manera independiente. Ha habido acuerdos puntuales de defensa (con la Segunda Marquetalia), pero cada quien en su territorio”, dijo Garzón.

La historia de Comuneros del Sur

La campesina que ha sufrido la guerra, citada más arriba, conoció detalles de la creación de Comuneros del Sur. Ella le contó a VORÁGINE que antes de la fundación de la estructura armada personas descontentas hacían grupos de estudio en una biblioteca de Samaniego. Esos análisis y discusiones a menudo terminaban en protestas. “Después de la Constitución del 91 —recuerda ella— se hizo un cabildo abierto en contra de un alcalde. Se le pedían vías para el sector rural”. La mujer aseguró que el mandatario de entonces acogió los llamados de la comunidad, pero las agencias de seguridad del Estado (el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y el F2 de la Policía, ambos ya desaparecidos) empezaron a hostigar a los líderes.

Los descontentos compraron una finca en la vereda Las Cochas, de Samaniego. Todo parecía normal, trabajaban la tierra como cualquier campesino de la región. Sin embargo, empezaron a aparecer panfletos del ELN que salían de esa parcela. El 13 de febrero de 1992 se creó el Frente Comuneros del Sur, una estructura armada que hasta mayo de 2024 operó bajo la sombrilla del ELN y ahora, escindida de esa guerrilla, sigue teniendo presencia en 10 municipios. “Teníamos simpatía con ellos”, contó el líder social que conoció de cerca a ese grupo. La campesina también dijo que el surgimiento del frente guerrillero fue bien visto porque empezaron a brindarles seguridad a los habitantes de las veredas que estaban asolados por robos y otros crímenes.

Pero al poco tiempo del surgimiento, los Comuneros del Sur cometieron el primer crimen de gran impacto para la comunidad. El 25 de julio de 1994 asesinaron al alcalde de Samaniego, Luis Alejandro Bastidas. “La cagaron de entrada”, dijo el líder social. Las relaciones entre el grupo armado y las comunidades empezaron a tener puntos altos y bajos.

Los comandantes de Comuneros del Sur y las fuentes comunitarias con las que hablamos coincidieron en señalar que los peores años llegaron con la comandancia  de un hombre al que conocían como “Abelardo” o “El Abuelo”. “Esto se volvió invivible —contó el líder social—, ocurrieron todas las aberraciones. Con ellos no se podía hablar porque te desaparecían”. Esa etapa de la estructura armada se vivió entre 2004 y 2011.

En Samaniego recuerdan con desprecio a un mando medio de esos tiempos, conocido como “Mono Sergio”. Era un hombre oriundo del municipio que, según las fuentes que consultamos, cometió múltiples crímenes contra los civiles. “Los elenos también se degeneraron, se hicieron como ladrones, bandidos. Hubo una época en que los patrulleros se juntaban con ladrones y andaban robando en las casas, extorsionaban. Traían muchachitas del colegio a las casas. El “Mono Sergio” hacía esos desórdenes. Eso duró como unos dos años”, recordó la campesina.

Tal vez el tema más sentido en las comunidades sobre las épocas de “El Abuelo” es la instalación de minas antipersonal. Hablamos con el líder de una comunidad étnica, quien nos retrató parte de las afectaciones que eso generó. “En el corregimiento de San Diego estuvimos más de tres años confinados. Para llegar a Samaniego nos tocaba dar toda la vuelta por La Llanada. Pasamos de caminar siete horas en ese trayecto a tener que hacerlo durante uno o dos días”, contó.

La base de datos de Descontamina Colombia, del Estado, registró en Samaniego 119 víctimas de minas antipersonal, 96 civiles y 23 de la Fuerza Pública. “El error que los Comuneros cometieron fue minar la zona, hubo accidentes, hubo muertos y varios heridos”, dijo la campesina.

Los comandantes de la estructura armada reconocen esos hechos. “Se había entrado en guerra con las Farc y Comuneros estaba utilizando de manera ‘descriteriada’ las minas. Eso afectó mucho a la población civil y a la misma fuerza guerrillera”, admitió Garzón. En 2008, el ELN y las antiguas Farc se declararon la guerra en Samaniego. “La confrontación estuvo vinculada al control de territorios estratégicos para el narcotráfico”, explicó la Comisión de la Verdad.

La desaparición forzada también es una herida abierta en Samaniego. La alcaldía contabiliza 434 personas desaparecidas forzosamente en el municipio, en el que han operado los Comuneros del Sur, los paramilitares y las Farc. Garzón admite que dentro de las filas del ELN hubo desapariciones: “Había ejecuciones de nuestros compañeros. Hubo muchachos que eran traídos a la fuerza que fueron ejecutados sin el debido proceso y no se entregaron los cuerpos. Esa era una de las prácticas del frente. Yo sapo no soy, la delación no va con mis principios. Me disculpa que no vaya a decir que ‘Fulano hizo esto y esto’, pero tampoco lo voy a negar. Hubo prácticas de desaparición. No me atrevo a decir si eso llegó a la población civil, pero ese es el sentimiento y las denuncias de la gente”. Ovallos agregó: “Toca tratar de resarcir ese dolor de la comunidad porque tener una persona desaparecida es duro. Cuando las víctimas hablan uno siente un trancón por la impotencia de ellas de no saber dónde está su ser querido”.  

Otro crimen que reconoce Garzón que cometió el grupo en tiempos de “El Abuelo” fue el reclutamiento forzado: “nosotros hablamos de incorporaciones voluntarias por tres o cinco años, acá en Comuneros usted entraba y era liberación o muerte. Habían traído mucha tropa reclutada a la fuerza. Si desertaba un muchacho, entonces traían a un hermano”. Y agrega: “Esos muchachos venían de las comunidades ¿Qué buena relación podíamos tener si teníamos a personas retenidas?”.

Las gestiones de la comunidad

El líder social que conoció de cerca a ese grupo contó que la situación empezó a cambiar en 2011. Ese año, según relató, personas de la comunidad lograron hacerle llegar una carta al Comando Central del ELN (Coce). Así consiguieron que enviaran a la región a algunos guerrilleros a investigar lo que pasaba. Los crímenes eran tan graves que decidieron apartar de la conducción del frente a “El Abuelo”. “Él se evadió cuando llegó ese proceso de intervención y el comandante “Samuelito” lo llamó para reingeniería. Evadió sus responsabilidades. Fue a reportarse a otro frente en Chocó. Supimos que ya no está en ese frente y que el mando que lo acogió ya se murió”, aseguró Garzón. El comandante fue más benevolente con el “Mono Sergio”: “Yo lo conocí personalmente y me atrevo a decir que ese compa cumplió órdenes, igual que cualquiera de nosotros. En 2011 él también se fue para otro frente”.

Entre los comandantes que el Coce envió a Samaniego estaban Jacob Díaz Acuña, conocido como “Samuelito”, quien murió en una operación del Ejército en 2018, y Gabriel Yepes, cuyo sobrenombre en la guerra es “HH” y es el comandante actual de Comuneros del Sur. “Cuando nosotros asumimos en 2011 tratamos de limpiar esa imagen oscura que tenía Comuneros”, relató Ovallos.

Tras la salida de “El Abuelo” la relaciones con las comunidades empezaron a mejorar. La campesina, la lideresa de varias comunidades, el líder de un pueblo étnico y el que conoce de cerca al grupo le contaron a VORÁGINE, por aparte, que Comuneros invierte el 40% del dinero que percibe en obras comunitarias. Ovallos y Garzón dicen lo mismo.

Comuneros se separa del ELN

La relación de Comuneros del Sur con el ELN llegó hasta mayo de 2024. Sin brindar muchos detalles, Garzón contó que en diciembre de 2023 “HH” estuvo en Venezuela y tuvo inconvenientes con el Coce. Aseguró que trataron de darle un trato dialogado al conflicto, pero no se resolvió. Por eso, en una asamblea de mayo de 2024 decidieron escindirse del ELN, organización que los ha señalado como infiltrados del Estado.

Garzón rechaza esos señalamientos: “Gran parte de nuestra economía iba para el Coce, cuando estábamos casi sin personal nuestros mejores hombres acompañaban al Coce. Tenemos muchachos que les servían el café. Cuando comenzamos a hablar de paz regional, a ser un poco más autónomos y a fortalecernos, resulta que ahí sí no éramos la joya de la corona”.

El mismo comandante guerrillero explicó las razones que tuvieron para establecer negociaciones con el gobierno. “Concluimos que en este momento es muy difícil que una estructura con los principios nuestros entre a truncar las voluntades de paz de una gran parte de la población que ‘mandató’, a través del voto popular, que hubiera una política de paz que se llama Paz Total”, dijo. Además, aseguró que las motivaciones también pasan por los análisis que hicieron sobre el curso que está tomando el conflicto armado en Colombia: “Esta guerra ya se degradó (…) No estamos cansados de la guerra, estamos decepcionados. Esto ya no es lo mismo que cuando nos incorporamos. Es difícil entender que nosotros sigamos atacando al Estado cuando hay un gobierno de izquierda”.

La justicia: un asunto por resolver

La mesa de negociaciones entre el gobierno y Comuneros del Sur todavía no tiene una salida para la discusión sobre la justicia. Lo que es claro es que los integrantes de ese grupo armado no van a aceptar que se les someta a las penas ordinarias. “Nadie deja las armas para ir a la cárcel, tiene que haber alternativas jurídicas. Esto es una negociación política. Nosotros no podemos caer en la ley de Justicia y Paz (proceso mediante el cual se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe) porque el Estado no nos ha sometido, nosotros no nos rendimos, ni nos derrotaron”, dijo Garzón. “Estamos conscientes de que debemos responder en el marco de la justicia transicional y restaurativa”, agregó.

Comuneros del Sur quiere que sus excombatientes puedan acogerse a un sistema de justicia transicional, pero no saben cuál. El gobierno tampoco lo tiene claro. Carlos Erazo, el jefe negociador por parte del Estado, descartó la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- porque es una instancia que se limita a excombatientes de las Farc, agentes estatales y civiles que hayan participado en las hostilidades y se acojan voluntariamente. “Se está trabajando en el diseño jurídico. Es posible que de ahí se derive un proyecto de ley, pero eso hasta ahora es prematuro decirlo”, aseguró Erazo.

Garzón, Erazo y González, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño y acompañante de las negociaciones de paz, mencionaron que se está explorando la justicia indígena. Argumentan que entre el 80% y el 90% de la tropa de Comuneros del Sur hace parte de comunidades indígenas. “Son procesos que se caracterizan porque restablecen el derecho de las víctimas y restituyen el tejido social que ha sido afectado por los delitos. Por lo regular el victimario acepta y las sentencias se pagan en la misma comunidad”, explicó Erazo. Garzón aclaró que evalúan esa posibilidad para los guerrilleros que “no tienen grandes problemas jurídicos”.

Pero la discusión sobre los responsables de crímenes graves es más álgida. Garzón dijo que no van a intentar evadir las consecuencias judiciales de sus crímenes: “Las cuestiones de responsabilidades las hemos asumido como línea de mando, no estamos buscando ‘micos’ ni vacíos ni lagunas jurídicas para no responder, lo que hicimos en medio del conflicto lo debe asumir la conducción por línea de mando. Si hemos ordenado a nuestros hombres una acción como línea de mando tenemos nuestra responsabilidad. Pero como línea de mando no nos podemos echar responsabilidades de hechos en los cuales no hemos participado ni ordenado”.

Las víctimas esperan respuestas

En Samaniego entienden la importancia de que un actor armado renuncie al uso de la violencia. La guerra de 2023 dejó grandes traumas en la población. Salomé Melo, enlace de víctimas de la alcaldía del municipio, aseguró que ha constatado cómo esas confrontaciones marcaron una ruptura en la vida de los niños y las niñas. “Los niños en las escuelas dicen ‘cuando fue la guerra’, ‘antes de la guerra yo jugaba’, ‘antes de la guerra mis papás me dejaban salir a la cancha, ahorita cuando volvimos después de la guerra ya no nos dejan salir’”.

La persona con liderazgo en varias comunidades le contó a VORÁGINE que el 20 de diciembre de 2023, los Comuneros del Sur hicieron una reunión a la que asistió. En ese encuentro, los guerrilleros dijeron que los desplazados podían volver a entrar a las veredas. Pero las escenas que encontraron eran de destrucción. “Es como si hubiera pasado un tornado y hubiera sacado todo. Todas las cosas estaban afuera quemadas: bicicletas, motos tiradas en la vía”, relató. “Habían sacado a la calle las cositas de la mayoría de las casas y las habían quemado. Por ejemplo, las lavadoras, las neveras, ollas arroceras”, recordó. Tras la reunión, la mayoría de familias que estaban desplazadas volvieron a sus casas. Garzón dijo que en medio de los combates con el EMC murieron 50 combatientes de Comuneros del Sur.

Las consecuencias de esa guerra son palpables. Los Comuneros del Sur volvieron a utilizar minas en medio de esa confrontación con el EMC. Eso lo reconoce Garzón. Por eso, uno de los primeros compromisos que asumieron en la mesa de diálogo fue el de permitir que se desmine el territorio. Además, han cesado los ataques contra actores estatales. “Nosotros desescalamos la violencia para que la gente vea que estamos hablando en serio y que queremos un acuerdo de paz. De nada sirve estar hablando y voleándose plomo”, explicó Ovallos.

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Hay otros crímenes recientes que se le endilgan a Comuneros del Sur. Por ejemplo, el 25 de enero 2018 hombres pertenecientes a esa estructura armada habrían desaparecido forzosamente y asesinado a tres excombatientes de las Farc que se habían acogido al proceso de paz y se reincorporaron a la vida civil. También le habrían ordenado a la familia de una de las víctimas que se tenía que desplazar del lugar donde vivían, la vereda La Florida en Guachavés. El argumento fue que estaban investigando a las personas secuestradas por supuestamente hacer parte del grupo delincuencial de Walter Patricio Arizala, conocido en la guerra como “Guacho”, quien murió en medio de un combate en diciembre de 2018.

Las víctimas de esos hechos fueron William Rivera, Jhojan Silva Paz y José Luis Cortez. La Fiscalía señaló a Gabriel Yepes, “HH”, de ser uno de los autores intelectuales del crimen junto a otros integrantes del Coce. Un grupo de la Dijin, de la Policía, exhumó tres cuerpos el 5 de febrero de 2018 en la vereda El Salto de Samaniego, los cadáveres correspondían a los tres excombatientes asesinados.

También conocimos el caso de Afranio Andrade, conductor de una ruta escolar que fue secuestrado en mayo de 2022. Algunas versiones señalan que fueron guerrilleros del ELN quienes se lo llevaron cuando estaba montando bicicleta. A la familia la llamaron a pedirle 2.000 millones de pesos que no tenía. Semanas antes de su desaparición a Afranio le habían hecho una cirugía en el corazón y necesitaba medicina especializada. La última noticia que tuvieron sus familiares fue un video que los captores enviaron como prueba de supervivencia meses después del secuestro. Todo ha sido angustia e incertidumbre desde entonces.

Garzón negó que Comuneros del Sur tenga que ver con el secuestro de Andrade. Sin embargo, dos organizaciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas esperan que el proceso con esa estructura armada les permita encontrar a sus seres queridos. “Nosotros vemos que es un logro para la población civil y sobre todo para las buscadoras y los buscadores”, le dijo a VORÁGINE Martha Andrade, hermana de Afranio.

La relación actual de los Comuneros del Sur con las comunidades es ambivalente. Algunos se muestran preocupados con los cambios que puede generar la dejación de las armas. “Hay gente que ha dicho, ‘¿entonces quién nos va a proteger?’. De todas maneras, estos manes controlan mucho la delincuencia y otras vainas. Apoyan a las comunidades para que se organicen”, reconoció el líder de un pueblo étnico. “A mí me parece bien (que dejen las armas) siempre y cuando dejen organizada a la comunidad para que se haga respetar, que no entre otro grupo”, dijo la campesina.

La misma mujer señaló que el grupo armado se ha degradado. “Antes sí trabajaban ideológicamente, tenían escuela, formación, sabían por qué estaban allá. Ahorita no, es como dijo el Presidente, puros traquetos”, aseguró. “Muchas comunidades acatan sus orientaciones por miedo al fusil y a las represalias. No los ven como amigos ni como enemigos, sino como una estructura armada que impone. Hay algunas comunidades en la parte más lejana, rural, que aún los ven como aliados porque ofrecen seguridad. Personas de trayectoria comunitaria se sentían identificados con los ideales de ellos, hoy no porque se ha desdibujado y se identifican más como grupos que defiende los intereses del narcotráfico y de la minería”, aseguró la persona que trabaja en una organización defensora de derechos humanos.

La persona con liderazgo en varias comunidades también habló de las percepciones de la población sobre Comuneros: “Uno miraba en las filas niños, no eran ni adolescentes. Yo le puedo decir que no eran tan malos, pero sí tenían sus cosas. Ellos mataron, colocaron minas donde la gente cayó. Tienen que pagar por lo que hicieron. No se puede decir que defendían completamente al pueblo”.

Garzón niega que los Comuneros del Sur tengan minas de extracción de minerales y cocinas para la fabricación de cocaína. Además, hace énfasis en que los guerrilleros de esa estructura no perciben sueldo y acusa a grupos como el EMC de fortalecerse, ofreciendo incentivos económicos. Lo que sí reconoce es que hay un pedido generalizado por terminar el conflicto: “La gente en los territorios ya está cansada de la guerra”.

Para terminar la guerra hace falta invertir en la población, coincidieron varias de las fuentes consultadas para este reportaje. “Hay comunidades que ven la paz como una cosa muy etérea, muy abstracta, y la mejor forma de invitarlas a que crean en este proceso es que se hagan las inversiones sociales de manera un poco más acelerada”, dijo Giovany Melo, secretario de Gobierno de Samaniego. Se refiere a inversiones como una sede universitaria en ese municipio, al fortalecimiento de la red de salud y al mejoramiento de las vías en las zonas rurales. A esto último también se refirió la lideresa de varias comunidades: “Es importante que la población pueda invertir en productos con mercado para venderlos, con unas buenas vías para sacarlos y que podamos industrializar. Si no hay coca, si no hay cultivos ilícitos, los grupos armados no pelean”.

Las comunidades y la institucionalidad local también demandan ser tenidas en cuenta en las conversaciones. VORÁGINE conoció una carta que el Consejo Municipal de Paz de Samaniego le envió a la mesa de diálogos: “A la fecha, dicha participación no se nos ha garantizado. (…) Estamos convencidos que la paz es la salida, pero como producto de un proceso que escuche más”, resaltó Melo.

Comuneros del Sur es la estructura armada que más avances muestra en los diálogos con el gobierno Petro. En palabras de Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, “es el único grupo que habla hoy de dejación de armas”. Sobre los resultados que se esperan del proceso de paz con ese grupo armado, Erazo dijo: “Los tiempos políticos de este proceso son los tiempos del actual gobierno”. “Nosotros sí creemos que es más fácil hacer todos los esfuerzos por la paz, que hacer todos los esfuerzos en medio de una guerra”, aseguró, por su parte, el líder de una comunidad étnica. 

Sin embargo, el conflicto sigue dejando víctimas en Nariño. El personero de Cumbitara, Jimmy Alejandro Rosero, fue asesinado el 5 de noviembre de 2024. En el departamento operan el EMC, la Segunda Marquetalia, el ELN, los Comuneros del Sur y las AUN. Tras el asesinato de Rosero, una fuente que conoce bien la situación de orden público del departamento, pero pidió no ser identificada, nos dijo: “Por favor, desde allá pidan que avancen en los diálogos con todos los actores. Es la única forma de parar esta guerra absurda”.

Si tiene más información de este y otros temas escriba al mail: [email protected].

* Este reportaje hace parte del proyecto “Tras las huellas de la Paz Total”, apoyado por el Fondo Canadá de Iniciativas Locales, de la Embajada de Canadá en Colombia. El proyecto busca informar a la ciudadanía en general, a los tomadores de decisión y a los líderes de opinión sobre el estado de las distintas negociaciones y diálogos que se están llevando a cabo en el marco de la política de la Paz Total, impulsada por el gobierno nacional.