La Sociedad Colombiana de Pediatría quiere censurar a VORÁGINE

La directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), Gloria Helena Zuccardi Hernández, y el presidente de esa organización, Mauricio Javier Guerrero Román, pretenden censurar a VORÁGINE, mediante un acoso judicial. 

En meses pasados, Zuccardi y Guerrero interpusieron una denuncia penal en contra del periodista Carlos Hernández Osorio por el delito de injuria agravada, a raíz de dos investigaciones publicadas en nuestro portal el 27 de abril, y el 12 de mayo de 2025.

Es importante decir que en VORÁGINE nos sostenemos en que ambas investigaciones son rigurosas. Todas las afirmaciones que allí se hacen están debidamente sustentadas y documentadas. La denuncia interpuesta por los directivos de la SCP atenta, además, contra el ejercicio de la libertad de prensa y pretende acallar las investigaciones de interés público que este medio de comunicación adelanta con estricto apego a los estándares periodísticos. 

Los artículos

Ambos artículos están dedicados a demostrar los conflictos de intereses en los que están inmersos Zuccardi y otros directivos de la SCP por la relación comercial que han forjado con la industria de productos ultraprocesados y la de las leches de fórmula.

El primero, titulado “Alpinito, leches de tarro y conflictos de interés: la historia ultraprocesada de la Sociedad Colombiana de Pediatría”, explica cómo esa organización ha recibido por 25 años financiación, de distintas formas, de la industria de productos ultraprocesados. 

Mientras, por un lado, la SCP ha divulgado un discurso de protección de la salud de niños, niñas y adolescentes, y ha asesorado al Estado en distintas ocasiones con ese fin, por el otro se volvió socia y promotora de empresas dedicadas a vender productos muy pobres en su aporte nutricional, que hoy llevan sellos negros que advierten sobre su exceso de azúcares añadidos, sodio y grasas trans y saturadas, y que pueden incidir en el desarrollo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares si los niños no los consumen con mesura.

Esta investigación periodística documentó ampliamente, a partir de actas de junta directiva y de asambleas de la SCP, de testimonios y de publicaciones de la propia Sociedad, las prácticas que esa organización, en cabeza de la directora Zuccardi, ha aplicado para obtener la financiación, y que a su vez facilitan e incentivan la cooptación de pediatras por parte de la industria. El artículo también cita los cuestionamientos que han recibido Zuccardi y la SCP de pediatras afiliados y de otras organizaciones de la sociedad civil.

El segundo artículo, titulado “El negocio a dos bandas de la directora de la Sociedad Colombiana de Pediatría”, cuenta que Zuccardi no solo ha liderado e implementado un modelo de financiación para la SCP que entra en contradicción con la promoción de la salud de los niños que esa organización dice defender. Desde su cargo de directora ejecutiva de la SCP, además, creó y mantiene a nombre propio una empresa llamada Exemedis, desde la cual ha hecho negocios de carácter privado con las industrias de productos ultraprocesados y farmacéutica, avalada por los demás directivos de la Sociedad. Esta investigación también documentó que el presidente de la SCP, el pediatra Mauricio Guerrero, y otros integrantes de la junta directiva aparecen en la página web de Exemedis como asesores.

Zuccardi y Guerrero nunca aceptaron darle una entrevista a Hernández. Pidieron, en cambio, un cuestionario que respondieron el 12 de marzo, casi un mes después de haberlo recibido. El periodista, sin embargo, les hizo contrapreguntas en un nuevo cuestionario, ante lo cual le enviaron una comunicación en la que dieron por terminado el intercambio al afirmar: “como sociedad científica hemos considerado reservarnos el legítimo derecho a responder”.

Tras la publicación del primer artículo, el abogado de la SCP, Fernando Peña Bennett, le envió al periodista una solicitud de aclaraciones y de rectificaciones (usó ambos términos de forma indistinta). Allí exigió incluir información adicional y rectificar otra. VORÁGINE no accedió a hacer ninguna rectificación, aunque sí estuvo de acuerdo en incluir tres datos que daban más contexto sobre los temas tratados, pero que en nada refutaban la esencia del reportaje. En una nota al final del texto la editora del artículo dejó claros cuáles fueron esos puntos.

Por el segundo artículo, la SCP no hizo ninguna solicitud de rectificación.

La denuncia penal

Zuccardi y Guerrero anunciaron el 22 de mayo, a través de un comunicado y un video publicados en las redes sociales y en la página de la SCP, que le habían dado poder al abogado Jaime Lombana para interponer una denuncia penal por “injuria agravada y calumnia agravada”, como respuesta a lo que llamaron “campaña de desprestigio”.

También anunciaron acciones internas, entre las que estuvo impedirles participar en actividades de la SCP a dos pediatras afiliados por haber “difundido y respaldado públicamente un artículo periodístico con afirmaciones lesivas contra el buen nombre de la SCP”. Una de esas pediatras fue citada en el primer artículo.

Zuccardi y Guerrero interpusieron la denuncia penal por injuria agravada el pasado 16 de julio en la Fiscalía General de la Nación. El periodista fue notificado el 8 de septiembre. La injuria, según el artículo 220 del Código Penal, es un delito que comete “el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas”.

En el texto de la denuncia, que lleva el membrete de “Jaime Lombana Villalba & Abogados”, afirman: “se evidencia que el sr CARLOS HERNÁNDEZ y el medio VORÁGINE realizaron afirmaciones abiertamente deshonrosas sobre GLORIA ZUCCARDI y la SCP, con pleno conocimiento de su connotación ofensiva y de su impacto sobre el prestigio profesional, institucional y social de los afectados”.

Argumentan, por ejemplo, que es injurioso haber afirmado que la SCP y su directora facilitan la cooptación de pediatras por parte de la industria. Lo dicen a pesar de que, entre las pocas preguntas que le respondieron Zuccardi y Guerrero al periodista, admiten, y así quedó citado en el primer artículo, que la SCP les da a empresas de productos ultraprocesados y de leches de fórmula cupos de ingreso a sus congresos, con el fin de que esas empresas se los regalen a pediatras para que se ahorren el costo de la inscripción. Es una práctica que la Organización Mundial de la Salud ha pedido evitar por décadas, justamente, para que los pediatras no sean cooptados ni queden presos de conflictos de intereses frente a esas industrias.

También aseguran que haber afirmado que Zuccardi está inmersa en un “evidente conflicto de interés” se constituye en una injuria porque es una aseveración “sin sustento en hechos probados ni en condenas judiciales”. Eso a pesar de que, como explicamos más arriba, Zuccardi creó una empresa para hacer negocios privados con la industria de ultraprocesados, al tiempo que mantiene su cargo como directora ejecutiva de una organización que dice defender la salud de los niños. Valga decir, en todo caso, que, a diferencia de lo que aseguran en su denuncia, para afirmar que alguien incurre en un conflicto de intereses no es necesario que haya sido condenado penalmente.

Califican como injuria el uso de la expresión “rosca”, que aparece en el segundo artículo como una forma que usan tres fuentes para referirse al grupo de pediatras que conforman la junta directiva de la SCP desde hace varios años.

Y citan frases incompletas, fuera de contexto o que ni siquiera aparecen en ninguno de los reportajes ni en los videos publicados en redes sociales.

VORÁGINE se sostiene en que las afirmaciones hechas en ambos reportajes están amparadas en el ejercicio de la libertad de prensa y están suficientemente sustentadas. Ya se lo habíamos hecho saber a las directivas de la SCP en su solicitud de aclaraciones y rectificaciones al primer artículo. Valerse de una denuncia penal no solo configura un acoso litigioso, sino que es una forma para avanzar en sus pretensiones de censura. 

En este caso, VORÁGINE cuenta con el apoyo de la red de abogados pro bono de El Veinte para enfrentar el proceso judicial, en caso de que la Fiscalía General de la Nación se preste para perseguir al periodismo serio adelantado por Hernández en sus páginas, y que además sirve al interés público de la ciudadanía de conocer estos hechos.  

Una función de los periodistas en la sociedad es publicar solo hechos probados, debidamente documentados, verificados y contrastados, y estos artículos no son la excepción a esa regla: allí no hay especulaciones o datos falsos.