Los 33 momentos de la batalla jurídica por el archivo secreto de la Iglesia católica

PRIMERO: Una tutela en mi contra

Luego de publicar la investigación Dejad que los niños vengan a mí en W Radio el 21 de marzo de 2018, el telepredicador antioqueño Carlos Arturo Yepes Vargas, hoy suspendido por el papa Francisco, interpuso una acción de tutela el 27 de junio de 2018 contra Caracol Radio. Esta acción constitucional la ganamos en primera y en segunda instancia.

SEGUNDO: El primer derecho de petición

Después de que el arzobispo de Medellín me concediera una entrevista en la que mintió sobre varios curas pederastas de su arquidiócesis, le envié el primer derecho de petición que preguntaba por 36 sacerdotes. Fue el 2 de octubre de 2018. Obligado a responder por escrito, monseñor Ricardo Tobón Restrepo se enfrentó a un recurso legal que le impedía mentir, como ya lo había hecho en el pasado para proteger al sacerdote pederasta Roberto Antonio Cadavid Arroyave. Faltar a la verdad en un derecho de petición supone un delito grave: la falsedad ideológica en un documento. 

TERCERO: El segundo derecho de petición

El 10 de enero de 2019 les envié un derecho de petición a los curas salesianos para preguntar por siete sacerdotes, pero ellos respondieron negativamente. 

CUARTO: La primera tutela que interpuse

Tobón Restrepo se negó a responder el derecho de petición. Esa negativa dio lugar a la primera tutela por acceso a la información, que perdí en primera instancia el 29 de enero de 2019, y después en segunda instancia, el 5 de marzo de 2019. Carolina Alzate Montoya, la jueza de primera instancia, argumentó erróneamente que la herramienta para exigir el acceso a la información era el recurso de insistencia y no la acción de tutela. 

QUINTO: La segunda tutela

Interpuse también una acción de tutela contra los sacerdotes salesianos, el 18 de marzo de 2019, idéntica a la que presenté contra la Arquidiócesis de Medellín, solo cambiaban los nombres de los curas por los que preguntaba. Esta tutela la gané en primera y en segunda instancia.

SEXTO: El tercer derecho de petición

El 2 de mayo de 2019 le envié un nuevo derecho de petición a la Arquidiócesis de Medellín en el que preguntaba ya no por 36 sacerdotes sino por 83. El arzobispo de Medellín se negó a responder de nuevo.

SÉPTIMO: Tres denuncias penales

El 16 de mayo de 2019, el sacerdote más famoso de Antioquia, el telepredicador Carlos Yepes, presentó tres denuncias en mi contra por injuria y calumnia, una por cada sobreviviente que lo denunció por abuso sexual a menor de edad. Las querellas aparecen activas en el sistema de información de la Fiscalía, luego de que yo no accediera a retractarme de mi investigación periodística en las audiencias de conciliación.

OCTAVO: La tercera tutela

El 20 de mayo de 2019 interpuse una nueva tutela contra la Arquidiócesis de Medellín por negarse a responder el tercer derecho de petición, la cual volví a perder en primera instancia, pero que no impugné porque la jueza, aunque no tuteló mi derecho fundamental de petición, le pidió a la Fiscalía investigar lo que denunciaba en la tutela. La Fiscalía no aceptó la petición de la jueza.

NOVENO: La Corte Constitucional interviene

El 20 de agosto de 2019, la Corte Constitucional escogió para revisión la primera tutela que interpuse contra la Arquidiócesis de Medellín por la novedad del asunto, pero también para unificar jurisprudencia. En el proceso, los magistrados acumularon la segunda tutela, contra los curas salesianos, pues era extraño que dos tutelas similares fueran falladas de forma diferente. En 2019 se interpusieron 583.200 tutelas en Colombia, de las cuales la Corte escogió solo 397 para su análisis y examen.

DÉCIMO: La primera sentencia de la Corte Constitucional

Con ponencia del magistrado Carlos Bernal Pulido, el 3 de marzo de 2020, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T/091-20 que me dio la razón, revocó las sentencias de los jueces que fallaron a favor de la Arquidiócesis de Medellín y confirmó las sentencias de los jueces que fallaron en contra de los curas salesianos. Esta sentencia sentó un importante precedente pues protegió el derecho de los periodistas y de cualquier ciudadano a acceder libremente a los archivos secretos de la Iglesia católica colombiana.

UNDÉCIMO: Jueza se niega a cumplir sentencia de la Corte Constitucional

Cuarenta y dos días después de la emisión de la histórica sentencia de la Corte Constitucional, la jueza de primera instancia Carolina Alzate Montoya seguía sin darle cumplimiento a la orden del máximo tribunal, protegiendo así el archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín. Le envié entonces un derecho de petición el 16 de abril de 2020 a la jueza Alzate, preguntándole por su negligencia.

DUODÉCIMO: Jueza responde derecho de petición

La jueza Alzate, desconociendo el ordenamiento jurídico que representa, respondió el derecho de petición diciendo que, como ella no fue la que concedió el amparo sino la Corte Constitucional, entonces no era su deber exigirle a la Arquidiócesis de Medellín que me respondiera. Se le olvidó a la jueza un pequeño detalle: cuando la Corte revisa una tutela le notifica al juzgado de primera instancia para que vigile su cumplimiento. Y así lo hizo la Corte desde el 3 de marzo, pero la jueza decidió ignorar la orden impartida.

DÉCIMO TERCERO: Jueza inicia incidente de desacato

Luego de caer en cuenta de su cadena de errores, la jueza Alzate inició un incidente de desacato contra la Arquidiócesis de Medellín, que se seguía negando a responder a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, máximo tribunal para defender los derechos fundamentales de los colombianos. Alzate estuvo, incluso, a punto de vincular al papa Francisco en esta acción judicial.

DÉCIMO CUARTO: La Arquidiócesis responde derecho de petición

Por orden de la Corte Constitucional, el arzobispo de Medellín respondió el primer derecho de petición en el que preguntaba por 36 sacerdotes. La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Bernal Pulido, obligó a la Arquidiócesis de Medellín a responder por los 36 curas por los que pregunté en el primer derecho de petición. La Arquidiócesis respondió el 28 de abril de 2020, un año y medio después de haberlo enviado. Ese día supe que el sacerdote Carlos Yepes había sido suspendido, directamente por el papa Francisco, por tres denuncias de abuso sexual infantil en su contra. Pero, además, confirmé otras denuncias que ya estaban en el radar y otras varias de las que aún no tenía información.

DÉCIMO QUINTO: El cuarto derecho de petición

Anexando la Sentencia T-091-20 de la Corte Constitucional, el 6 de julio de 2020 presenté un nuevo derecho de petición. Pero esta vez, la lista de nombres de sacerdotes indagados pasó de 36 a 67, y la petición incluía otras preguntas y una redacción mejorada, más específica y puntual. 

DÉCIMO SEXTO: Arquidiócesis de Medellín responde derecho de petición

La respuesta al cuarto derecho de petición, aunque parcial, fue esclarecedora y supuso un avance en la investigación que, solo hasta el 30 de noviembre de 2021, hicimos pública en su totalidad en una alianza de Vorágine y Connectas.

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DÉCIMO SÉPTIMO: El quinto derecho de petición

Apelando a la Sentencia T-091-20, el 15 de julio de 2020 envié un derecho de petición que preguntaba por dos sacerdotes. Uno de ellos era Juan Diego Ruiz Arango, sacerdote estrella del canal Televid y abogado de la Arquidiócesis de Medellín, señalado a su vez de haber embriagado y abusado sexualmente de un monaguillo. Aunque monseñor Ricardo Tobón Restrepo le pidió perdón a la víctima, se abstuvo de suspender al sacerdote y lo mantuvo en su parroquia, en el barrio La Mota. Es posible que ninguna otra persona conozca con tanto detalle el historial de los curas pederastas de Medellín como el sacerdote, abogado y presentador Juan Diego Ruiz Arango.

DÉCIMO OCTAVO: Arquidiócesis de Medellín responde derecho de petición

A regañadientes, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo respondió el quinto derecho de petición, que confirmaba que existía una denuncia contra el sacerdote-abogado de la Arquidiócesis de Medellín, Juan Diego Ruiz Arango.

DÉCIMO NOVENO: La cuarta tutela

Los esfuerzos de indagación nunca se detuvieron e interpuse una nueva tutela el 31 de agosto de 2020 cuando el arzobispo de Medellín se negó a responder una pregunta genérica del cuarto derecho de petición que le envié: los sacerdotes que han abusado de menores de edad en los últimos treinta años. Esa tutela la perdí en primera y en segunda instancia porque, según los jueces, la Arquidiócesis había cumplido de fondo al responder por los curas indagados con nombre propio.

VIGÉSIMO: Una tutela contra la Arquidiócesis de Villavicencio

Esta tutela la interpuse porque el arzobispo de Villavicencio se negó a responder un derecho de petición. Como la perdí, y a pesar de que se trata de un recurso de una jurisdicción diferente a la de la Arquidiócesis de Medellín, monseñor Tobón la adjuntó como supuesta prueba en los siguientes enfrentamientos judiciales conmigo. Lo mismo hicieron los obispos y superiores de comunidades religiosas a los que indagué y pregunté. Usaron el fallo de esa tutela de Villavicencio, firmada por el juez Federico González Campos. 

Lo revelador de esa situación es que el juez, que se dice experto en la acción de tutela, utiliza el derecho canónico como un recurso de jurisprudencia, de doctrina jurídica. En su fallo, González Campos dice que está bien que la Arquidiócesis de Villavicencio me niegue la información que estaba solicitando porque así lo ordena el derecho canónico (página 8).

VIGÉSIMO PRIMERO: El sexto derecho de petición

Ante la negativa de responder la pregunta genérica que indagaba por los sacerdotes denunciados en los últimos treinta años en el cuarto y quinto derecho de petición, envié uno nuevo el 19 de febrero de 2021, preguntando por los 915 sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín por los que no había preguntado en los derechos de petición anteriores. De nuevo, la autoridad eclesial de esa ciudad se negó a responder. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: La quinta tutela

Entonces interpuse una nueva tutela el 16 de abril del 2021, que gané en primera instancia el 29 de abril. La jueza argumentó que existe una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a la Arquidiócesis a responder sin dilaciones. 

VIGÉSIMO TERCERO: Arzobispo le pide a la Fiscalía que me investigue

El 21 de abril de 2021, a través de su vicario Óscar Alvarez, monseñor Ricardo Tobón le pidió a la Fiscalía que me investigara y que me acusara ante un juez competente por señalar dos hechos: que el arzobispo de Medellín había encubierto a sacerdotes pederastas y que su vicario general, según una fuente protegida, había silenciado con veinte millones de pesos a un menor de edad con quien decía sostener una relación amorosa. La jueza no atendió dicha solicitud.

VIGÉSIMO CUARTO: Jueza sanciona al arzobispo

El 23 de agosto de 2021, la jueza 14 Civil del Circuito de Medellín sancionó al arzobispo de Medellín a través de su vicario general, Óscar Augusto Álvarez Zea, con una multa de tres salarios mínimos por negarse a cumplir la sentencia que le ordena responder el derecho de petición que pregunta por 915 sacerdotes.

VIGÉSIMO QUINTO: Arzobispo impugna y gana

El arzobispo impugnó el fallo y el 23 de agosto de 2021, con ponencia del magistrado Julián Valencia Castaño, el Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia de primera instancia y me negó el acceso a la información solicitada. La sala de decisión la completaron los magistrados Piedad Cecilia Vélez Gaviria y Juan Carlos Sosa Londoño, quienes también revocaron el incidente de desacato que había iniciado Muriel Massa Acosta, jueza de primera instancia que sancionó con una multa de tres salarios mínimos al vicario general de la Arquidiócesis de Medellín, Óscar Augusto Álvarez Zea.

VIGÉSIMO SEXTO: La sexta tutela

Como se impusieron largos, ilógicos y repetitivos memoriales enviados por la Arquidiócesis de Medellín, en los que incluso alegaron que no entregaban la información para proteger los derechos de los niños, niños de los que ellos han abusado sexualmente y por los que nunca pregunté, interpuse una acción de tutela contra el Tribunal Superior de Medellín, que fue admitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El argumento de ese recurso fue el desconocimiento de un precedente constitucional. 

Con ponencia negativa del magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo perdí esa nueva tutela en primera instancia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Tribunal Superior de Medellín, que protegió el archivo secreto de los 915 sacerdotes por los que pregunté, desconociendo una sentencia de la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad judicial del país. 

Impugné el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, de la Sala Laboral de ese mismo tribunal, revocó la decisión de primera instancia y declaró la tutela improcedente. Los magistrados concluyeron que le correspondía a la Corte Constitucional revisarla.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Magistrado me tilda de irrespetuoso 

El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín Julián Valencia Castaño, en su intervención ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que yo fui irrespetuoso por decir que su sentencia estaba plagada de argucias. Un ciudadano está llamado a acatar las decisiones judiciales, pero también está en su derecho de criticarlas. 

Al magistrado Valencia tampoco le gustó que yo hubiera señalado en mis intervenciones dos hechos: que monseñor Ricardo Tobón ha encubierto y protegido a sacerdotes pederastas y abusadores sexuales desde 2003, cuando se convirtió en obispo, primero en Sonsón Rionegro y después en Medellín, desde 2010. 

Al magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín le resultó molesto que yo señalara a la mano derecha de Ricardo Tobón, el padre Óscar Augusto Álvarez Zea, párroco de la parroquia Beato Mariano de Jesús Eusse Hoyos, en El Poblado, quien silenció con veinte millones de pesos a un adolescente con quien decía mantener una relación, según una fuente protegida. Álvarez Zea es el vicario general, es decir, el cura que recibe las denuncias por pederastia contra sus colegas. La transacción con que se pagó ese silencio fue notariada, como suelen hacerlo sacerdotes y obispos cuando concilian con las víctimas para tratar de evitar que denuncien ante la Fiscalía General. 

Vale la pena aclarar que los documentos con los que legalizan esas conciliaciones no tienen ninguna validez y que las víctimas, así hayan recibido millonarias sumas de dinero y hayan firmado algún papel delante de testigos o de un notario, pueden denunciar en la Fiscalía o contarle su historia a cualquier periodista con total libertad.

VIGÉSIMO OCTAVO: Solicitud ciudadana de selección 

Le envié una solicitud ciudadana de selección a la Corte Constitucional, con el argumento de que el Tribunal Superior de Medellín había desconocido un precedente constitucional. Cualquier persona puede enviar una solicitud de selección, siempre y cuando sea dentro de unos tiempos que la Corte notifica en su página web. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que me ha acompañado en todo este proceso, también intervino.

VIGÉSIMO NOVENO: Corte Constitucional no selecciona tutela 

En la audiencia del 29 de noviembre de 2021, los magistrados Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas, de la Sala Once de Selección, no escogieron para revisión la quinta tutela que interpuse contra la Arquidiócesis de Medellín, en la que el Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Julián Valencia Castaño, protegió los archivos secretos en los que reposan los nombres de los sacerdotes pederastas que han violado a niños, niñas y adolescentes.

TRIGÉSIMO: Se publica el archivo secreto

El 30 de noviembre de 2021, Vorágine y Connectas publicaron la información sobre los sacerdotes denunciados por abuso sexual infantil en la jurisdicción de la Arquidiócesis de Medellín. Son 43 en total, de los cuales veinte siguen ejerciendo el ministerio sacerdotal encubiertos y protegidos por el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. Uno de los curas fue condenado y está prófugo de la justicia gracias a la complicidad de la Iglesia católica colombiana.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Solicitud de insistencia

Después de sufrir la derrota en la Corte Constitucional, quedaba solo un mecanismo: la insistencia. Esta puede ser presentada por la Procuraduría, la Defensoría o cualquiera de los otros siete magistrados de la Corte Constitucional que no estuvieron en la Sala Once de Selección. En este caso, les envié una carta a cada magistrado el 7 de diciembre para que alguno insistiera en la selección de la quinta acción de tutela contra la Arquidiócesis de Medellín. La Flip también les escribió a los siete magistrados. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Magistrado insiste en selección

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar insistió el 24 de enero de 2022 en la selección de la quinta acción de tutela contra la Arquidiócesis de Medellín, argumentando que, en efecto, el arzobispo de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín ignoraron el precedente constitucional de la Sentencia T-091-20.

TRIGÉSIMO TERCERO: Corte Constitucional selecciona tutela 

El 31 de enero de 2022, cuando ya todo parecía perdido, las  magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo, de la Sala Uno de Selección de tutela, escogieron la quinta tutela contra la Arquidiócesis de Medellín para su revisión. La magistrada Gloria Stella Ortiz será ponente en este caso.