Las conexiones con los ‘paras’ de un caballista que le vendió tierra a Argos

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Argos generaron un debate nacional acerca de la responsabilidad empresarial en el despojo. “Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital, que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos eso, pero quedó como beneficiaria del fruto de la masacre, de la sangre: se quedó con las tierras de los campesinos”, dijo el primer mandatario en medio de un discurso que dio en Carmen de Bolívar, el corazón de los Montes de María (subregión que abarca 16 municipios ubicados en Bolívar y Sucre). El presidente del grupo empresarial, Jorge Mario Velásquez, respondió con un comunicado en el que defendía sus inversiones en esa región y aseguró: “La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”.

VORÁGINE conoció detalles desconocidos de las relaciones con los paramilitares de un caballista a quien Argos le compró parcelas de campesinos desplazados en los Montes de María. Se trata de Raúl Mora Abad, directivo de la empresa Agropecuaria Montes de María, una empresa que compró masivamente tierras en la región que después le vendió a la cementera.

Sobre Mora Abad se sabía que hizo un negocio con Vicente Castaño, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En 1985 el caballista le vendió dos predios en Córdoba a Castaño con una extensión de 670 hectáreas. Parte de esa tierra quedó en manos de Kenia Gómez, la última esposa de Carlos Castaño. 

Pero los alcances de las relaciones de Mora Abad con esa familia son más profundos de lo que hasta ahora se conocía. Según un documento de la Fiscalía, conocido por VORÁGINE, el caballista fue miembro suplente de la junta directiva de Funpazcor, una fundación creada por los Castaño para simular que hacían una reforma agraria en Córdoba, mientras despojaban tierra. El nombramiento se dio el 22 de febrero de 1992. Mora, según ese archivo, figuraba como suplente de Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño condenada por despojo de tierra y por el asesinato de una lideresa reclamante. Raúl Andres Mora, hijo de Mora Abad, negó que su padre se haya vinculado a esa fundación, le preguntamos por la posibilidad de hablar directamente con él, pero nos respondió que ya tiene 83 años y problemas de memoria.

Varios años después, el 11 de junio de 1999, Mora participó en la creación de las Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar). Dos sentencias judiciales expusieron que esa empresa fue creada por el excomandate paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza para recibir los aportes que algunos ganaderos de esa región le hacían a los paramilitares. La escritura fundacional da cuenta de que Mora le otorgó poder para representarlo en la asamblea a Gabriel Jaime Sierra Moreno, quien luego fue condenado por participar en un plan criminal liderado por Vicente Castaño mediante el cual fueron despojadas comunidades afrodescendientes de los ríos Curvaradó y Juaguamiandó, en Chocó.

La participación en Suganar, que a pesar de los señalamientos de los jueces no ha sido objeto de extinción de dominio, llevó a Mora a participar en una reunión con el excomandante del Bloque Mineros de los paramilitares, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’. Ambos hicieron presencia en una asamblea de accionistas que se desarrolló el 18 de mayo de 2000 en Chigorodó (Antioquia). Después de estar en medio de esos negocios con los paramilitares, el caballista llegó a los Montes de María, donde se relacionó con Argos. 

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Los negocios de Mora con Argos

Los Montes de María habían sido escenario de una cruenta guerra entre dos bandos: de un lado las Farc y del otro los paramilitares y fuerzas estatales. La estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia fue sembrar terror en la población por medio de masacres. En ese marco se dieron matanzas como la del Salado, en 2000, que dejó más de 60 personas asesinadas, y la de Las Brisas (San Juan Nepomuceno), en el mismo año y en la cual mataron a 12 campesinos.

Ese marco de violencia llevó a que miles de personas salieran huyendo de los Montes de María y su tierra se convirtió en un botín de guerra. Entre 1997 y 2008, en Carmen de Bolívar, un solo municipio de la región, 81.000 hectáreas de tierra fueron abandonadas y despojadas, según un estudio de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. 

Pero la tierra quedó desolada por poco tiempo. A la muerte en combate en 2007 del comandante de las Farc en la zona, Martín Caballero, le siguió la llegada de inversionistas a hacer compras masivas. Entre ellos estaba la Agropecuaria Montes de María de Mora Abad, su hijo y su esposa. 

El destinatario final de las parcelas despojadas a los campesinos era diferente a la Agropecuaria. Mora Abad rindió testimonio ante la justicia y le preguntaron cuánta tierra le vendió su empresa a Argos, su respuesta es una muestra de la magnitud de las compras de la cementera en la región: “Creo que son 2.400 hectáreas, me parece, no tengo exactamente”. La cementera en su comunicado de respuesta al presidente Petro admitió haber comprado 6.600 hectáreas en varios municipios de los Montes de María, lo que, contrastado con las palabras del caballista, quiere decir que más del 35% de la extensión de tierra que adquirieron en la zona se la habrían comprado a la familia Mora. 

Otro elemento que permite hacerse una idea de la importancia de las negociaciones entre Argos y la Agropecuaria Montes de María es el testimonio que rindió ante un juez el trabajador de Argos, Sergio Andrés Osorio Hurtado: “uno de esos vendedores formales fue la familia Mora que tenían una compañía que se llama Agropecuaria Montes de María, ellos tenían un volumen de tierra importante yo diría que aproximadamente 2.000 hectáreas y parte de esas 2.000 hectáreas nos interesaban para proyectos forestales”. 

“Lo que tenían (los Mora) se lo vendieron a Argos”, precisó Emilio Londoño, abogado de la familia que atendió una entrevista con VORÁGINE. Enviamos un cuestionario a la oficina de prensa del Grupo Argos en el que les pedimos que nos precisaran la cantidad de hectáreas y de predios que le compraron a la Agropecuaria Montes de María. Sin embargo, no respondieron ese interrogante. El conglomerado empresarial defendió el proceso de compras: “Al momento de la adquisición y en el marco del estudio de títulos efectuado, se pudo constatar que los vendedores no tenían ningún antecedente”.

El que firmaba los documentos de los negocios de tierras con Argos no era Mora Abad, sino su hijo Raúl Mora Pérez. Un ejemplo de esto se encuentra en una escritura pública del 6 de noviembre de 2009. En esta quedó registrada la operación por medio de la cual Mora Pérez, como representante de la empresa familiar, le transfirió el dominio y la posesión de nueve predios a Fiducor, fiduciaria que administraba bienes de Argos. Solo en ese acto notarial, la cementera se hizo a 323 hectáreas que habían sido compradas por la Agropecuaria Montes de María entre el 24 de septiembre de 2008 y el 22 de abril de 2009. El documento fue firmado por Mora Pérez, María Isabel Echeverri Carvajal, representante legal de Argos y Carolina Vélez Gómez, abogada de Fiducor. 

Un retrato de los negocios

El predio Puerto Rico, en Ovejas (Sucre), fue uno de los que adquirió Argos en medio de esa operación. El campesino Horacio Montes relató que tuvo que salir de su tierra en 2006 luego de que la guerrilla amenazara a sus trabajadores. Estando desplazado se enteró de presiones por parte de los paramilitares y de la Fuerza Pública en fincas vecinas. Eso hizo que vendiera su parcela de 65 hectáreas a Mora Pérez en septiembre de 2008.

Este último explicó que le advirtió a Argos que parte de los predios que estaban negociando podían tener relación con la restitución. “A los señores de Argos se les dijo cuando estábamos en la negociación empezó el problema de la restitución que la prensa y eso, a Argos se le dijo ‘paremos el negocio’ y ellos exigieron hacer otrosí en la promesa de compraventa y después volvieron a exigir otrosí. Las promesas de compraventa tienen 2 otrosí los cuales ellos nos exigieron que cumpliéramos y siguiéramos el negocio”, aseguró ante la justicia Mora Pérez. La compañía contradijo al testigo en las respuestas que dio al cuestionario de VORÁGINE: “En ningún momento se planteó por parte de los vendedores de los predios ofrecidos que los mismos podrían verse inmersos en problemas de restitución, pues para la época de la compra no había sido expedida ni se conocía la Ley de Restitución de Tierras”. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Superior de Cartagena le dio crédito a Mora Pérez.

Cuando fue presentada la demanda de restitución de tierra de la parcela Puerto Rico, Argos no se presentó como opositor, de eso se encargó la fiduciaria. “Argos no conoció los motivos que tuvo el hoy solicitante (Horacio Montes) para vender su inmueble en el año 2009 a la Sociedad Agropecuaria Montes de María S.A., pues era de público conocimiento que para esa época la fuerza pública había retomado el control del territorio, había devuelto la tranquilidad a los habitantes y el Estado adelantaba claras políticas para consolidar su presencia en estas zonas que superaban la etapa de violencia anterior”, justificó el abogado de Alianza Fiduciaria (empresa que absorbió a Fiducor). Además, pidió que se declarara a la cementera como compradora de buena fe exenta de culpa, lo que la habría hecho merecedora de una compensación. 

La oposición a la restitución de Alianza Fiduciaria, defendiendo las actuaciones de Argos, riñe con el comunicado del grupo empresarial en respuesta a Petro en el que afirmaron: “(La organización) nunca se opuso a los procesos de restitución”. Si bien la oposición no la adelantó un abogado de Argos, sí se dio por medio de la empresa de fiducias. “Más allá de su determinación de presentarse o no como opositor, lo cual es una decisión jurídica y política, lo que es claro acá es que eso no le resta responsabilidad (a la empresa)”, agregó Paula Villa, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en entrevista con VORÁGINE. Le preguntamos al Grupo Argos si en algún momento le pidió a la fiduciaria no presentar escritos de oposición, pero tampoco respondieron esta pregunta.

El Tribunal Superior de Cartagena estudió la demanda, desmintió al abogado de la Alianza Fiduciaria y expuso la responsabilidad de Argos. “Pese a que la parte opositora y Alianza Fiduciaria S.A. expresaron que los predios fueron adquiridos por el patrimonio autónomo cuando había seguridad en el sector (…) ello no descarta su responsabilidad y sobre todo el riesgo que asumió como negociante al momento de adquirir predios que otrora fueron de propiedad de personas víctimas de desplazamiento forzado lo que hacía suponer al aún más desprevenido de los contratantes una muy alta probabilidad de que los acuerdos realizados podrían estar afectados por vicios del consentimiento o causa ilícita”, sentenció el Tribunal. La parcela tuvo que ser devuelta al campesino Horacio Montes. 

Un modo de operar de Argos 

El caso del predio Puerto Rico es apenas una muestra de la forma en la que Argos hizo compras en los Montes de María. Villa, de la URT, contó que ese grupo empresarial ha tenido que devolver 1.466 hectáreas por orden de 18 sentencias judiciales. Además, dos procesos esperan fallo y uno más va a ser presentado ante los jueces. 

El impacto de las acciones de la empresa en la región fue tal que la Comisión de la Verdad investigó el tema. “El objetivo de Argos era ambicioso: adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala. Para lograrlo, estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros”, concluyó esa entidad.

Sobre el hecho de que Argos no haya negociado directamente con las familias desplazadas, la Comisión detalló que se trató de una “red de despojo”. Inicialmente, los propietarios eran contactados por personas de la región que recolectaban información y hacían contactos con las comunidades. Luego, llegaron personas foráneas. “Su puesto de mando unificado (PMU) quedaba la ciudad de Medellín y su responsabilidad consistió en diseñar estrategias, disponer la ofensiva y coordinar los ejercicios tácticos exigidos para el despliegue territorial de la operación, así como tender puentes con agentes económicos y políticos de alto valor estratégico, como Argos y el gobierno nacional”, señaló la entidad sobre el papel de esos inversionistas. En tercera instancia, había una retaguardia de actores económicos, jurídicos y políticos: “su función era diseñar y poner en marcha medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, a efectos de que Cementos Argos pudiera explotar las tierras así adquiridas de manera tranquila”.

“Las estrategias de despojo buscan camuflarse en la legalidad y también ir desdibujando a los actores que hay en medio de ella”, explicó Villa. “Todo se urdía mediante una triangulación entre el alto gobierno (que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales), Argos (que destinó capitales para desarrollar un proyecto agroforestal de gran envergadura) y los terceros compradores (funcionales a la compra de tierras a bajo precio para el proyecto agroforestal)”, se lee en el anexo de la Comisión de la Verdad.

Entregar el dominio de los bienes a una fiduciaria fue una actuación reiterada en las compras de Argos en los Montes de María. Sin embargo, en la región no conocen a Fiducor o a Alianza Fiduciaria. “En el territorio no es la Fiduciaria, sino que es el logo de Argos. Para las personas en la cotidianidad es muy sencillo identificar la empresa que está allí”, aseguró Paula Villa. Acerca de la utilización de encargos fiduciarios, la funcionaria explicó: “una de las maneras de evadir las responsabilidades en todos los niveles de las empresas justamente está en dividir o actuar a través de estas terceras creaciones: fiduciarias y demás”.

Otras personas y empresas involucradas

“Además del Grupo Empresarial Argos en la región se identifican más de 18 empresas y/o grupos económicos involucrados en procesos de despojo”, dice un comunicado que emitió la URT tras el intercambio de mensajes entre la cementera y Petro. Esas personas jurídicas acumularon más de 12.000 hectáreas en la región. 

El listado de empresas que la URT identificó como compradoras masivas de tierra son: Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A, representada legalmente por Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, Agropecuaria el Génesis S.A, Reforestadora del Caribe S.A., Sociedad Tierras de Promisión S.A., Agropecuaria Tacaloa S.A.S, Consorcio Agroindustrial del Norte S.A., Agropecuaria Montes de María S.A.

La misma entidad identificó a algunas personas que hicieron compras masivas en la región: Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez (representante legal de Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A y cercano al expresidente Álvaro Uribe; 3.614 hectáreas), Andrés Felipe, Daniel y Ricardo Arango Botero (del grupo Familia; 869 hectáreas), Manuel Medina Muñetón (275 hectáreas), José Alberto Uribe Múnera (de Avícola Toc Toc; 199 hectáreas), Federico y José Ricardo Santos Gaviria (de True S.S SAS; 141 hectáreas) y a Paula Andrea y Claudia María Moreno Ángel (de Mopa Food Sas; 447 hectáreas).

A todo eso se suma que los Montes de María es apenas una de las regiones donde sectores empresariales se han visto relacionados con el despojo de tierras. La URT tiene documentados 666 casos en los que los opositores a la restitución han sido empresas que compraron tierra en regiones en las que los campesinos dejaron atrás sus parcelas huyendo de la violencia. 

El mismo Raúl Mora Abad compró también tierra en la región de Urabá en 1997, justo cuando la zona quedaba controlada por los paramilitares. En 2001 le vendió un predio llamado Flor del Monte a los hermanos Hernández de la Cuesta (expropietarios del periódico El Colombiano y otros medios) en Turbo (Antioquia). Un campesino reclamó en restitución ese predio. Además, de esos cuestionados negocios de tierra, la Fiscalía tiene documentados negocios que el caballista y su hijo hicieron con Otto Nicolás Bula, exsenador condenado por el entramado de corrupción de Odebrecht. A pesar de todos los hechos que relacionan a Mora Abad con los paramilitares, este no tiene procesos penales. Quienes se lucraron del modelo paramilitar en Colombia siguen teniendo éxito en mantener a la justicia al margen. 

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