Vorágine conoció documentos radicados por Rafael Moreno en su lucha por acceder a información pública de contratación de la Alcaldía de Puerto Libertador. En otros archivos hay una denuncia por abuso sexual en contra del hijo de Espedito Duque, exalcalde de ese municipio. También conocimos la bitácora completa de amenazas recibidas por el comunicador desde 2019.
10 de noviembre de 2022
Por: Andrés Felipe Carmona y David Borda / Ilustración: Angie Pik

Rafael Moreno o ‘Rafo’, como le decían sus amigos de confianza, había volcado su vida a hacer periodismo de investigación en Córdoba, un departamento de Colombia en el que las denuncias se hacen en medio de territorios cooptados por el  Clan del Golfo; el Eln y grupos de disidencias de las Farc. 

El 16 de octubre pasado, Moreno estaba en su negocio de comidas rápidas, en Montelíbano, adonde llegaron dos hombres en moto. Uno de ellos se bajó y le disparó dos veces. El periodista, de 37 años, vivía en unión libre con su pareja y tenía cuatro hijos. El crimen bañó de luto a un pueblo en el que no se puede levantar la voz por el temor a las balas y a las represalias. Este es el primer caso de un periodista asesinado bajo la protección del Estado, según información recogida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Moreno Garavito, además de estar estudiando derecho en la Corporación Universitaria Remington de Montería, se había metido de lleno en varias investigaciones periodísticas que comprometían a políticos y grupos armados. “Acá el que denuncia lo callan”, dice un habitante de Montelíbano en comunicación con Vorágine.

Las indagaciones que estaba llevando a cabo Moreno no se quedarán engavetadas. Laurent Richard, fundador y director de Forbidden Stories, dijo el pasado 23 de octubre que las investigaciones de Moreno serán publicadas con el liderazgo de este organismo internacional en alianza con medios como El Espectador, CLIP, Caracol, la Liga contra el Silencio, Cuestión Pública, la OCCRP, Aristegui Noticias y Periodistas sin Cadenas. Forbidden tiene la misión de dar seguimiento y publicar el trabajo de periodistas que no pudieron continuar su trabajo porque fueron amenazados, encarcelados o asesinados.

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“Rafael investigó a muchas personalidades políticas, molestando a mucha gente. Se enfrentó a la corrupción local, sacó a la luz contratos dudosos y reveló muchos elefantes blancos, como los llaman aquí. Kiara (la esposa) nos dijo que a veces le decía (a Rafael) que parara porque era demasiado peligroso. Y Rafael contestaba: ‘Lo hago por el futuro de nuestros hijos’. Antes de morir, Rafael compartió con Forbidden Stories elementos de las investigaciones en las que estaba trabajando, de modo que si atentaban contra su vida otros periodistas pudieran continuar su trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo juntos”, contó Laurent.

1 de febrero de 2019. Circuló en Córdoba un panfleto firmado por un supuesto grupo armado autodenominado “Bloque Virgilio Peralta Arenas”, en este se declaraba “objetivo militar” a Rafael. 

Rafael, quien fue candidato a la curul de paz en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Transitoria de Paz (CITREP) número 14, era valiente, aguerrido. Cuando se trataba de denunciar no le temblaba la voz para hacerlo en su medio Voces de Córdoba, en Facebook, o en su perfil personal en esa misma red social. Tenía una forma particular de decir las cosas, era sin filtro, como las palabras se le atravesaran por su mente así las expresaba. Estaba muy seguro de lo que hacía a pesar de las más de siete amenazas de muerte que había recibido desde el 2019 por su reportería contra grupos armados ilegales y corrupción en Córdoba, como lo ha documentado la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) información que fue compartida a Vorágine.

En sus perfiles de Facebook él daba a conocer sucesos ocurridos especialmente en Puerto Libertador y Montelíbano. Moreno Garavito también era un líder comunal y activista de derechos humanos reconocido en la zona, pues fue precisamente por este tipo de labores que desde 2017 estaba en contacto con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Ya recibía amenazas desde cuando era líder comunal.

La responsabilidad de la UNP 

Fue para 2019, dicen personas cercanas a Moreno, que inició labores como periodista en Córdoba. Desde ahí su vida empezó a correr mayores riesgos y así se lo hizo saber a la UNP, entidad que inicialmente le asignó un esquema de seguridad de dos escoltas, un chaleco antibalas, un botón de pánico y una camioneta blindada. Sin embargo, en septiembre del 2020 la entidad decidió reducir el esquema de protección al retirarle el vehículo blindado y un escolta, esto pese a que el comunicador había denunciado en mayo de ese año dos nuevas amenazas.

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La Flip informó que para esa época el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, para no extremar medidas de seguridad con Rafael, argumentó que el periodista en sus denuncias de intimidaciones “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. 

Esto desconoce, según la Flip, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos. Lo afirmado por ese organismo es considerado como una revictimización, pues le asignaron al periodista la carga de la prueba y no al Estado, como debería ser. Es decir, el periodista amenazado debía ser el investigador de su propio caso. 

28 de mayo de 2020. Moreno Garavito recibió una llamada anónima a su celular en la que un hombre le dijo: “Rafael Moreno, deja la denunciadera que le tiene a (un exalcalde de Puerto Libertador), esa vaina nos tiene jodidos a todos o sino deme la orden y mato a (el exalcalde de Puerto Libertador)”, “si no quieres que matemos a (el exalcalde de Puerto Libertador) avisame para matarte a ti y a toda tu familia ya y así acabamos con esta joda”.

Además, en esa oportunidad el CERREM afirmó que “las entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra del evaluado”, como lo ha dado a conocer la Flip. Sin embargo, Moreno sí denunció ante la Fiscalía todas las amenazas en su contra, las cuales estaban en conocimiento de por lo menos otras tres instituciones: Policía Nacional, la Alcaldía de Puerto Libertador y la seccional de la Fiscalía en Montelíbano. Las intimidaciones se materializaron.  

Para la Flip, “la desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida… Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019 entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección”.

Entre 2018 y lo que va de 2022 van más de 628 amenazas en contra medios y reporteros en todo el país, según datos de la Flip. También han ocurrido ocho asesinatos de periodistas por razones de su oficio, incluyendo los casos más recientes de este segundo semestre del año: Leiner Montero, Dilia Contreras y Rafael Moreno. 

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Con el crimen del periodista de Córdoba, allegados y amigos han dicho que la UNP subestimó las denuncias del comunicador al punto de suspender por tres meses el escolta que velaba por la protección de Moreno, eso sucedió en septiembre de 2021. Es decir, quedó solamente con el botón de apoyo y el chaleco antibalas, los cuales no tenía consigo el día de los hechos. 

“La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección. En julio del 2022 el CERREM decide volver a implementar las medidas que Moreno tenía desde el 2020, es decir un hombre de protección, un chaleco y el botón. Esto, a pesar de que durante el 2021 el periodista recibió dos amenazas, lo que significa que su nivel de riesgo nunca disminuyó en el tiempo. En ese mes la Flip puso en conocimiento del CERREM y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección”, dio a conocer la Flip. 

Horas antes del crimen, Moreno Garavito había despachado a su escolta y le había dicho que esperara de nuevo su contacto para regresar a labores. Esto habría ocurrido entre el sábado y el domingo, según personas cercanas a él. Aparte de contar con un hombre de protección, al momento del atentado el comunicador tenía asignado un botón de pánico y un chaleco antibalas.

29 de mayo de 2020. Un periodista cercano a Rafael recibió un llamada en la que un hombre, que se identificó como supuesto comandante urbano de ‘Los Caparrapos’, le afirmó que le dijera a Rafael Moreno que “le iban a cortar la lengua y la iban a colgar en la valla que hay en la entrada al pueblo por sapo y estar metiéndose en dónde no debe”.

Rafael fue asesinado sin conocer los resultados del último estudio de riesgo que la UNP tenía en curso, han dicho desde la Flip. En este caso llegó primero la muerte que la protección efectiva al periodista. ¿Qué perfil profesional tiene un evaluador de riesgo que trabaje para la UNP? Desde Vorágine revisamos contratos de la entidad y encontramos que los requisitos son irrisorios.

El primero es que el contratista tenga “capacidad jurídica” y no cuente con “inhabilidades” de ningún tipo; el segundo es que la persona tan solo acredite, como mínimo, de 7 a 15 meses de experiencia laboral en los siguientes perfiles: “Titulo de formación técnico profesional, o tecnólogo, o estudiante de educación superior con terminación y aprobación de pensum académico, en área de procesamiento de información, servicios de policía, criminalística, Ingeniería de Sistemas, derecho, trabajo social, psicología, administración de empresas, profesionales en gobierno, o carreras afines”, tal cual se lee en los estudios previos de un contrato sobre este tema que fue encontrado por Vorágine en el SECOP.

Desde la Unidad Nacional de Protección informaron a Vorágine que para el momento del crimen el periodista tenía en curso un estudio de seguridad por “evidencias de riesgo”, pero que este análisis todavía no había sido conocido por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas que es conformado por funcionarios del Ministerio del Interior, Policía Nacional, consejerías de víctimas y de Derechos Humanos. El CERREM hace las recomendaciones de seguridad y finalmente la UNP implementa, así funciona esta cadena.

De otro lado, dieron a conocer que “el escolta asignado (a Rafael) manifiesta que el protegido le dijo el sábado 15 de octubre, a las 11.20 a.m., que no requería de su servicio más ese día y que estuviera pendiente hasta nueva orden. El escolta dice que se enteró de la muerte del comunicador al día siguiente mediante llamada telefónica de otro escolta”.

Adicional a lo confirmado anteriormente, la Unidad Nacional de Protección le compartió información a Vorágine que ratifica que efectivamente en el 2020 le redujeron a Rafael el esquema de protección a la mitad, pues le quitaron un vehículo blindado y un hombre de protección dejándolo con un solo escolta, un chaleco blindado y un botón de apoyo. En la respuesta escrita la UNP ratifica lo dicho por la Flip: al periodista en 2021 le suspendieron por tres meses el escolta, solo quedó con el botón de apoyo y el chaleco antibalas. Negaron que hayan desestimado las denuncias o amenazas identificados o alertas por el comunicador.

25 de enero de 2021. Rafael Moreno le informó a la Flip que ese día se movilizó al municipio de Montelíbano para participar en un evento de la Alcaldía y asistir a reuniones con fuentes, con un líder cívico y realizarle una entrevista al alcalde. Tras asistir a estos encuentros, a las 10:15 p.m., Rafael de camino al hotel fue sorprendido por una persona que iba de parrillera en una moto, quien le apuntó con un arma e hizo un movimiento como si fuera a accionarla. 

Perseguir la verdad en las zonas remotas

Moreno vivía en el centro de Montelíbano, a dos cuadras de la estación de Policía. Desde allí salía cada rato a hacer reportería a las zonas rurales para denunciar la corrupción en obras públicas, la explotación minera y el deterioro del orden público en Córdoba, visitas que últimamente adelantaba en una motocicleta junto a su colega y amigo, Organis Cuadrado, quien después del crimen de su amigo fue también amenazado.

Al recordar a Moreno dice que él tenía una característica especial y era que no salía a campo sin antes revisar contratos irregulares o sospechosos en el SECOP -portal único de contratación del Estado- que dejaran al descubierto posibles irregularidades en ejecución de obras públicas.

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Organis Cuadrado conoció a su compañero Rafael hace cinco años, precisamente en medio de una investigación sobre corrupción en el municipio de Puerto Libertador: eran las obras de un estadio que tenía sobrecostos en más de $15 mil millones, señala el hombre. Desde entonces fueron inseparables. Su trabajo los unió, Rafael poco a poco se fue convirtiendo no solo en su colega sino en su casi hermano. A ‘Rafa’ le gustaba hablar claro desde Voces de Córdoba, se caracterizaba por eso.

“Por ejemplo cogíamos un contrato de $3.000 millones de una placa huella (vía rural pavimentada), que ya estuviera ejecutado y pagado, y lo que hacíamos nosotros era verificar en veredas y corregimientos si la obra estaba hecha o no, para eso tomábamos fotos y videos”, recuerda Cuadrado al decir que el trabajo de él y su amigo, hoy asesinado, generó en la clase política y comunidades de la región una serie de amores y odios.

13 de junio de 2021. Un periodista cercano a Rafael fue amenazado por una persona que le dijo: “esto no se va a quedar así, usted y Rafael Moreno van a pagar”.

Ellos hacían veeduría ciudadana desde el periodismo en un departamento que cuenta con 78 medios de comunicación, según el proyecto ‘Cartografía de la Información’ de la Flip. Sin embargo, es una región que todavía cuenta con pocos periodistas que se centren en denunciar, muestra de ello es que en Córdoba el 47% de la población vive en municipios donde no existen medios de comunicación ni para las noticias locales. Allá se vive en silencio.

Por momentos se sintieron seguros haciendo trabajo de campo cuando tuvieron los esquemas de seguridad robustos, pues junto con los escoltas de ambos y la camioneta blindada del esquema de Rafael podían transportarse sin preocupaciones a los lugares remotos. En 2020 todo cambió y por eso debieron salir a las reporterías en moto, afrontando diferentes riesgos. En algunos lugares  debían pedir “permiso” a los violentos para pasar de un lado a otro, según lo que ha dicho Organis.

27 de mayo de 2022. El periodista reportó a la Flip que ese día mientras estaba en Moñitos, Córdoba, sufrió una amenaza por parte de una persona que se identificó como alias El Gordo, uno de los supuestos comandantes del ´Clan del Golfo´ en esa zona. El periodista reportó que esta persona se le acercó y le dijo que ya sabía quién era él y que le daba media hora para que desocupara el pueblo o le pegaba “su matada”.

“Cuando íbamos a los territorios siempre hablábamos con los líderes y con la guardia indígena que nos respaldaba. Andábamos en moto solo los dos porque a Rafael el escolta solo lo acompañaba hasta cierto. Al mismo ‘Rafa’ le daba miedo meterlo a zonas muy peligrosas”, agrega el comunicador. Cuenta que en dos ocasiones él y su amigo fueron perseguidos en Puerto Libertador mientras hacían reportería.

Por todo lo anterior, Organis y Rafael -quien fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Unión, de Puerto Libertador- estaban ya pensando en dejar en un segundo plano el periodismo, o al menos por un tiempo, para dedicarse de lleno a emprender en dos locales comerciales que tenían: el de comidas rápidas donde un sicario lo asesinó, y un lavadero de carros y motos. El 26 de octubre, diez días después de sucedido el crimen, pensaban inaugurar otros dos negocios. “Nosotros no teníamos amenaza inminente, eso fue una sorpresa para todos”, dice Organis.

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Las denuncias contra el exalcalde

Moreno hacía denuncias a través de transmisiones en Facebook, tanto en su página personal como en la de Voces de Córdoba. En estos espacios virtuales revelaba irregularidades de todo tipo en su departamento. En el último ‘en vivo’ que hizo se le notaba muy serio, se había molestado porque por denunciar corrupción lo habían señalado de extorsionista. 

El 30 de septiembre pasado Rafael mencionó un contrato que supuestamente el hoy exalcalde de Puerto Libertador, Espedito Duque Cuadrado, habría firmado cuando era mandatario (2016-2019) para beneficiar al fiscal Carlos Andrés Escobar Zapa. El supuesto fin era que este último “precluyera unas investigaciones” en contra de un hijo del hoy exmandatario regional, en un presunto caso de abuso sexual a una niña de 13 años. Los hechos habrían ocurrido el 15 de agosto de 2012, como consta en la denuncia penal radicada por la Comisaría de Familia de Puerto Libertador y conocida por Vorágine. El comisario remitió el caso a la Fiscalía seccional Montelíbano. En el texto se lee que el denunciado es Cristian Andrés Duque Arroyo, reconocido por Organis y Rafael en su momento como el hijo del exalcalde.

28 de mayo de 2022. Ese día en la mañana, mientras esperaba transporte público para salir de Montelíbano, se le acercó otra persona que se identificó como parte del ´Clan del Golfo´, que era supuestamente alias El Guajiro. Esa persona le amenazó y le dijo que por qué no se había ido, que si entonces tenían que matarlo. 

Es importante indicar que el exmandatario y el periodista Moreno Garavito fueron amigos durante buenos años. En 2016, el comunicador llegó a estar en la baraja de Duque Cuadrado para ocupar un cargo público en la Alcaldía de Puerto Libertador. Le había ayudado en la campaña. Sin embargo, dicen fuentes consultadas, Rafael no logró acceder por falta de estudios profesionales, solo contaba con título de bachiller en esa época. Coinciden en que la relación amistosa entre Rafael y Espedito se deterioró desde finales de 2018. Las tensiones se agudizaron con la llegada del nuevo alcalde de Puerto Libertador (2020-2023), Jhon Eder Soto Cuadrado, de la misma cuerda política de Duque Cuadrado.

En otro oficio el comisario deja constancia de unas posibles intimidaciones a la víctima por parte del señalado agresor. Cuenta que supuestamente algunos familiares Cristian Andrés Duque Arroyo irrumpieron en la casa de la presunta víctima con el ánimo de presionarlas (madre e hija) a que retiren la denuncia penal. “Se nos ha dicho que la casa de habitación de la víctima ha sido objeto de ataques con elemento contundente (piedra)”, se lee en el documento.

Según lo denunciado por Rafael Moreno el caso lo cerraron y meses después Espedito Duque habría beneficiado con contratos a Escobar Zapa, quién actualmente está llamado a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. 

Exactamente esto fue lo que afirmó el periodista en su último ‘en vivo’: “Si el señor Espedito (Duque) no le hubiese pagado algo así como una extorsión, llamémoslo así, vamos a ponerle la figura, al exfiscal seccional 32 de Puerto Libertador, en ese entonces, para que le precluyera unas investigaciones a su progénito, ¿por qué creen ustedes que un mes después de haber precluido las dos o tres investigaciones le dan dos años de contratación de una casa al señor fiscal Carlos Escobar? Que por cierto hoy está ad portas de un juicio por este hecho”.

Lo afirmado por Moreno Garavito coincide con lo informado por el periódico El Meridiano de Córdoba, que en su página web publicó hace unos días que el llamado a juicio del fiscal tiene que ver con el contrato de arrendamiento de una casa y que fue firmado con la Alcaldía de Puerto Libertador entre 2017 y 2018, años en los que era alcalde de ese municipio Espedito Duque Cuadrado. 

Actualmente el proceso contra el fiscal, dice el medio, está en fase de presentación de escrito de acusación, mientras tanto el funcionario judicial sigue activo en el ente acusador y presta sus servicios en otro municipio de Córdoba.

Desde Vorágine contactamos a Espedito Duque Cuadrado para hablar sobre estas denuncias, pero solo respondió a través de WhatsApp afirmando que atendería una entrevista pero solo una vez pase “el cumple mes” de los hechos.  “Estoy solicitando permisos de la misma familia! Si ellos me permiten que pueda hablar sobre el tema! En este caso de su ser querido ya descansando en paz!”, escribió el exmandatario en su mensaje.

Los papeles de Rafael

En otra transmisión de Facebook, por los mismos días de la anterior, el periodista Rafael Moreno retomó una denuncia que venía publicando desde el 25 de julio pasado y que tenía que ver con un contrato por $946.860.000 que la Alcaldía de Puerto Libertador firmó este año para el suministro de transporte escolar en la zona urbana y rural del municipio. 

Organis Cuadrado y Andrés Chica, otro amigo de Rafael, cuentan que lo que cuestionaba su colega en esta transmisión era que el mandatario actual, Eder Jhon Soto, y Miguel Rivera, otro funcionario de la Alcaldía, supuestamente los estaban culpando a ‘Rafa’ y Organis de ser los “responsables” de que el contrato de transporte escolar en Puerto Libertador se hubiese parado.

Así lo contó Rafael en su momento: “Que porque nosotros denunciamos el contrato y que por eso la Procuraduría dictó medidas cautelares. La verdadera situación es que el contrato lo firmó Rafael Martínez Ricardo, como alcalde encargado de Puerto Libertador el 14 de junio de 2022. El contrato a hoy (27 de septiembre de 2022) tiene 86 días hábiles de celebrado, cuando el contrato tenía un plazo ejecutorial de 50 días calendario, y yo lo publiqué así. El contrato tenía 50 días para ser ejecutado, y van 86 días, ¿qué culpa tiene Rafael? Se robaron casi 1.000 millones en 50 días”.

Por ese entonces, Rafael también dijo en uno de sus videos, como reacción a los señalamientos en contra de él y su colega Organis, que el “jefe de Miguel Rivera” en alguna ocasión lo había mandado a buscar con “paracos”. “Pueden venir por mí, pero a mí no me cite ningún pendejo a estar jodiendo que con reuniones con paracos, porque yo mis problemas los arreglo con la legalidad”, afirmó en su momento Moreno Garavito.

En otro video, Rafael cuenta que el contratista del transporte escolar de Puerto Libertador no habría cumplido con unas especificaciones técnicas que los vehículos debían tener para prestar el servicio seguro de transporte a niños y niñas de Puerto Libertador. El contrato fue firmado entre Rafael Martínez Ricardo, como alcalde encargado del municipio, y el contratista Héctor Iván Cossio Correa, representante legal de la empresa Confort Oportuno Empresa Cooperativa, con el objetivo de cubrir 67 rutas rurales y urbanas.

Dicha compañía de transportes está registrada en Apartadó, Antioquia, bajo resolución 471 del 2003 por parte del Ministerio de Transporte. Está habilitada por esta entidad para prestar el servicio de transporte especial, no se lee en el mismo la palabra “escolar”.

02 de julio de 2022. El periodista reportó a la Flip que encontró una amenaza en un papel dentro del baúl de su moto, esto justo antes de salir a realizar un reportaje sobre unas obras inconclusas en el municipio de Montelíbano. Junto con la nota había un cartucho de un arma de fuego. En dicho papel se encontraba escrito lo siguiente: “parcero usted se cree el puticas porque habla en público y por eso cree que es intocable, aquí ninguno lo es ya te lo había dicho y ignoraste lo que te dije, tu sabes bien quien te habla y no te lo pienso dejar pasar, las reglas y órdenes se respetan pedazo de parásito, ya descompleté el proveedor que me iba a gastar contigo dejándote esta muestra que sabemos todos los movimientos que haces, donde vas, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, ya sabemos dónde tomas trago en Montelíbano, mejor dicho sabemos todo de ti, no te vamos a perdonar lo que estás haciendo así que ya sabe parcero este resto de proveedor de esta nueve está listo esperando por ti”.

Desde Vorágine indagamos sobre el contrato cuestionado por Rafael Moreno y encontramos el derecho de petición de información que radicó ante la Alcaldía de Puerto Libertador el 12 de julio de 2022. La diligencia nunca tuvo respuesta y terminó convertida en una tutela que fue admitida por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Puerto Libertador, Córdoba, el 25 de agosto de 2022.

El periodista en el documento argumenta que le estaba haciendo un “minucioso seguimiento” a la ejecución del contrato de licitación pública LP-MPL-004-2022 para el transporte escolar desde el 16 de junio de 2022. En su petición el periodista denotaba preocupación por la ejecución del convenio por un antecedente que tiene que ver con unos supuestos incumplimientos que en 2019 tuvo el mismo contratista con el alcalde anterior, Espedito Duque Cuadrado.

Según lo argumentado por Rafael, Confort Oportuno Empresa no habría cumplido “el mínimo de los pliegos de condiciones” al utilizar vehículos “sin ningún tipo de documentación” y “sin cumplir ni siquiera el 15% de las rutas establecidas y sin cancelarle las obligaciones monetarias a los transportadores, donde estimo que hubo un detrimento patrimonial de más de setecientos millones de pesos”. Deja constancia en el documento que tras esa anterior advertencia él denunció el contrato ante Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. 

Entre lo que pedía el comunicador en el derecho de petición estaba que le entregaran registro fotográfico de los vehículos que cubren las rutas escolares del contrato “donde lleven la leyenda escolar en las partes delantera, trasera y laterales”. También solicitaba copias de la tarjeta de operación de los vehículos que cubren las rutas escolares del contrato LP-MPL -004-2022, de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de los vehículos contratados, de las licencias de conducción de los conductores, de la revisión técnico-mecánica de los vehículos contratados. 

También solicitaba que se le expidiera una copia digitalizada en formato PDF de la certificación expedida por el representante legal de la empresa contratista con la relación a pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Muestra de su tesón por el oficio, cuenta Organis, es que hasta el último día de su vida estuvo enviando derechos de petición y radicando tutelas similares para acceder a información pública, como por ejemplo otros dos trámites de estos que dejó en curso ante la Alcaldía de San José de Uré, dos más con la Gobernación de Córdoba y cuatro radicados de este tipo ante la Alcaldía de Puerto Libertador, en especial sobre contratación en Bijao, zona rural de este municipio. 

Ante el robusto derecho de petición radicado el 12 de julio de 2022, la empresa contratista solo respondió cuando les fue notificada la tutela en su contra, contestación que le entregaron a Rafael Moreno por intermedio del juzgado el 29 de agosto pasado, un mes y medio después del trámite inicial, alegando que no habían podido responder por “cambios que se dieron a lugar dentro de los operadores que nos apoyan dentro del desarrollo contractual del contrato Nº LP-MPL – 004-2022”.

En la respuesta, Confort Oportuno señala a Rafael Moreno de “especular y realizar acusaciones sin sustento” al hacer referencia a algunas peticiones hechas por el comunicador. Una de las peticiones tenía que ver con un supuesto detrimento patrimonial que denunció el periodista en el contrato de transporte escolar que se firmó en la alcaldía de Espedito Duque Cuadrado, vínculo que fue negado por la empresa al decir que el contrato “nunca existió” porque en el 2020, a partir del 18 de marzo de ese año, se ordenó aislamiento preventivo en Colombia por cuenta del Covid-19.

La empresa reconoce que por situaciones de seguridad y orden público en Puerto Libertador tuvieron que notificarle a la Alcaldía de ese municipio que cumplirían el servicio de transporte escolar no en vehículos tipo escolar sino en otros que cumplen con “condiciones mínimas” técnicas. En su defensa, Confort le informó a Rafael que 11 instituciones educativas de Puerto Libertador certificaron haber recibido transporte escolar en distintos días de la primera quincena de julio de este año.

Por su parte, Rafael Martínez Ricardo, quien firmó el contrato como alcalde encargado de Puerto Libertador, explicó a Vorágine que en su momento se le hizo doble revisión al convenio y que como funcionario público siempre ha estado a disposición de los entes de control para la revisión del contrato. “¿Qué secretario va a estar dispuesto a contratos chuecos? Ese contrato tuvo dos revisiones, contó con pólizas, seguros, todo lo de ley, porque yo lo firmé al ser encargado en la Alcaldía. Procuraduría y Contraloría han revisado ese contacto una y mil veces”, explica.

Mientras Rafael fue siendo más acucioso con derechos de petición y tutelas, las amenazas comenzaron a arreciar. Tan solo el 3 de octubre pasado, como lo cuenta la periodista Claudia Julieta Duque en Twitter, Rafael había denunciado amenazas en su contra. Ese día dos hombres en moto lo abordaron en la vía a Puerto Libertador, en Córdoba, y uno de ellos se quitó un poncho que tenía en la cabeza y le gritó: “Rafael Moreno periodista de mierda, usted que se cree la verga cree que no le entra el hp plomo o que, le mandan a decir los señores que lo esperan mañana en La Palma a las ocho de la mañana, ojala y no subas hp, vamos a ver si no se te quita lo hablador de mondá”. 

En su denuncia a la Fiscalía el periodista pedía que la entidad investigara esa amenaza y otra que había radicado un mes atrás con nombres propios de las personas que lo intimidaron. También exigía que el ente acusador adelantara acciones en pro de salvaguardar su vida e integridad, pero nadie lo escuchó, todas las amenazas que había recibido se consumaron en un acto criminal.

En el portal de la rama judicial, por ejemplo, hay 19 registros con el nombre del periodista en procesos civiles, tres de ellos de 2017 y 2020 contra el Ministerio del Interior y la UNP; y cuatro procesos privados con restricción de consulta al público. En varios de los registros él instauró los recursos legales como representante legal de ‘Grupo de investigadores & auditores convencionales G&”AC’.

Desde la Flip se ha insistido en que “Moreno se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba. La Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad del municipio de Puerto Libertador también sabían de los ataques de los que era víctima Moreno; no obstante, tampoco se implementaron acciones idóneas para proteger la vida del periodista”, dio a conocer la Flip en el trabajo preliminar de indagación sobre el caso. 

Las autoridades, tanto Fiscalía como Policía, avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Rafael Moreno, un crimen que quizás se pudo prevenir si las amenazas alertadas por el periodista hubiesen sido escuchadas a tiempo por la UNP, quien al momento del asesinato aún no había entregado los resultados de la nueva evaluación de riesgo al periodista. 

16 de octubre de 2022: Rafael Moreno Garavito fue asesinado por un sicario que ingresó a su negocio de comidas en Montelíbano, Córdoba, y le disparó en dos oportunidades. Él era el director de Voces de Córdoba, uno de los medios que denunciaba casos de corrupción en esta región de Colombia.

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