MinDeporte ignoró a funcionario que advertía irregularidades en un contrato de 24.000 millones

Un exfuncionario de MinDeporte en el gobierno de Iván Duque denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría la posible intervención de Mario Castaño en la adjudicación de un contrato para la ejecución de juegos intercolegiados. El Ministerio ignoró su advertencia.

2 de septiembre de 2022

Por: Equipo Vorágine #Bajo Reserva

En marzo de 2022, el Ministerio del Deporte abrió una licitación para la ejecución de los juegos intercolegiados del país, un programa que hace parte del apoyo a la educación física y el deporte formativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.

En el proceso de contratación, de 24.500 millones de pesos, participó MTA Internacional S.A.S., empresa que estaría presuntamente relacionada con Mario Castaño y que no estaba habilitada jurídicamente. Aunque esta firma no ganó la licitación, su inclusión en el proceso fue determinante para la adjudicación del contrato a Du Brands S.A.S, una empresa mega contratista del Estado, cercana al expresidente Álvaro Uribe.

La advertencia ignorada

Vorágine tuvo acceso a las denuncias que un funcionario de MinDeporte radicó ante la Fiscalía General y la Procuraduría en las que alertaba sobre la presunta  participación del senador liberal Castaño, líder de una red de corrupción nacional, en una de las empresas  proponentes. 

En el relato, que fue presentado a la Fiscalía el 17 de junio de este año, el funcionario explica que conoció sobre la presunta influencia de Castaño en la adjudicación del contrato y “alertó a su equipo técnico de evaluación para que estuvieran alertas ante cualquier irregularidad”.

El funcionario detectó que uno de los oferentes, la empresa MTA Internacional S.A.S, no estaba habilitada jurídicamente “ya que su certificado de existencia y representación legal no cumplía con los 30 días de expedición anteriores al cierre del proceso”. Esa empresa hacía parte de una unión temporal llamada UT MINDEPORTE 2022, junto a la empresa CONVENTUR.

Ante ese hallazgo, el Ministerio del Deporte realizó un alcance al informe preliminar con el cual permitió subsanar jurídicamente al proponente. En el documento, que no fue firmado por ningún funcionario o miembro del comité evaluador, se estableció que MTA Internacional S.A.S tendría cinco días para aportar el certificado de existencia actual. El documento fue aportado por fuera de la fecha, 19 días después del corte, por lo que no cumplía con los pliegos.

El funcionario de MinDeporte que denunció la irregularidad, adjuntó el concepto de un abogado experto en asesoría legal contractual que concluye que la oferta de UT MINDEPORTE 2022 (de la que hacía parte MTA Internacional S.A.S.) debía ser rechazada. 

Dice el documento que el certificado de existencia y representación legal “puede no solo ser factor de verificación, sino también de calificación, ya que de este se desprende el puntaje que se otorgará por la promoción de servicios nacionales con trato nacional, situación que no podrá ser subsanada”.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el equipo jurídico del Ministerio expidió un certificado de existencia y representación, con el cual respaldaron su decisión de avalar jurídicamente al proponente UT MINDEPORTE 2022. 

“Ante mi extrañeza de que la ordenadora del gasto Angélica Viviana Perdomo y la coordinadora de contratación Natalia Murillo insistieran en habilitar jurídicamente al proponente en mención, me reuní con el señor asesor del ministro, Javier Salinas, y le hice conocer de lo delicado de la posible infiltración del proceso con empresas o personas del senador Mario Castaño”, continúa la denuncia.

A pesar de sus esfuerzos para que se cumpliera con los pliegos de condiciones, de acuerdo con el funcionario, en la audiencia de adjudicación se hizo lectura de un documento elaborado por el abogado Gonzalo Suárez Beltrán que fue el soporte del Ministerio para habilitar jurídicamente al proponente UT MINDEPORTE 2022. 

La denuncia termina explicando que “esta decisión permite la entrada jurídica de la unión temporal y por lo tanto ese proponente accede a un puntaje que al final es determinante para la media geométrica y orden de elegibilidad del proceso”. Esto quiere decir que si la unión de la que participó MTA Internacional hubiera quedado por fuera, su puntaje no hubiera contado para la media geométrica y otra empresa podría haber obtenido el contrato en lugar de Du Brands S.A.S y 4E S.A.S.

Las empresas involucradas

MTA Internacional S.A.S es una agencia de viajes con registro en la Cámara de Comercio de Manizales. Su representante legal es Julio Andrés Martínez Calderón. Esa empresa ha tenido 54 contratos con el Estado en diferentes departamentos. El total de dinero adjudicado en esos contratos suma casi 29 mil millones de pesos y el 80% de esos recursos provienen de Telecafé. 

COVENTUR S.A.S es la otra empresa que conformaba la unión temporal UT MINDEPORTE 2022. Ha celebrado tres contratos con el Estado que suman 162 millones de pesos y su representante legal es Javier Arnulfo Campos Torres.

Aunque la propuesta de esas dos empresas no fue la seleccionada, su inclusión en la lista de oferentes permitió que el contrato de 24.500 millones de pesos fuera adjudicado a otra unión temporal, la UT POR EL DEPORTE 2022, conformada por Du Brands S.A.S y 4E S.A.S.

Du Brands S.A.S ha celebrado, al menos, 149 contratos con el Estado. Según reveló Daniel Coronell, su representante legal, Pedro Sarmiento Charry, fue el organizador de los ‘Talleres Democráticos’ que organizó Álvaro Uribe después de terminar su último mandato.

La columna de Coronell informó, además, que en la fundación de esa empresa estuvo involucrado Carlos Eduardo Gutiérrez, un prestamista de Bogotá que ha patrocinado a Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez. Además, Gutiérrez ha estado involucrado en la “compra, o el intento de compra, de propiedades confiscadas a narcos que controlaba la Dirección Nacional de Estupefacientes e investigaciones a financiación de políticos en la Corte Suprema de Justicia que derivaron en inspecciones judiciales a alguna de sus empresas”. 

La otra empresa a la que le fue adjudicado el contrato, 4E S.A.S, ha celebrado más de 60 contratos con el Estado. En junio de este año, el diario El Colombiano alertó sobre posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato de $17.049 millones a un consorcio del que participó esa empresa. Según los hallazgos del medio, el consorcio “no habría subsanado a tiempo un requisito indispensable y aún así lo dejaron seguir participando”. 

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