Bajo Cauca, donde la Paz Total naufraga en medio de crímenes y minería ilegal

Jorge* tenía 20 años cuando lo amenazaron y se tuvo que ir del pueblo. Huyó dejando atrás a una esposa, y a un hijo de seis años. Una vida entera se quedó en El Bagre, un municipio del Bajo Cauca antioqueño en el que trabajaba sembrando árboles para una reforestadora industrial. 

Carlos*, su padre, es un líder social. Fue a la Policía a pedir ayuda, pero no hicieron nada. Como pudo, intentó entonces negociar con el grupo armado que estaba detrás de la intimidación. El anhelo era que su muchacho pudiera regresar y recuperara la vida que había dejado en pausa. 

El 3 de marzo de 2024, Carlos logró hablar con un “jefe paramilitar”. El hombre le respondió que no había problema, que le dijera a su hijo que volviera. Sin embargo, ese mismo día desconocidos encontraron a Jorge en Marinilla, también en Antioquia, donde se había refugiado e intentaba subsistir en oficios de construcción. Hasta allá llegaron a matarlo. Por algún motivo que Carlos desconoce, su hijo fue reportado como un habitante de calle que fue asesinado. 

La versión oficial redujo la historia de Jorge a la de un anónimo. Su papá dice que un noticiero repitió el informe sin cuestionarlo. Cuando apareció muerto, insiste Carlos, la Policía reprodujo el libreto de siempre y “no investigaron ni preguntaron, el caso lo archivaron como uno más”. 

No solo la violencia se pasea por El Bagre. Carlos cuenta que allá nadie tiene títulos de propiedad sobre la tierra que han habitado toda la vida, aunque guarda la esperanza de que en este Gobierno sí se las entreguen. Conoce la historia del Bajo Cauca porque la ha padecido en carne propia. Desde niño fue líder estudiantil, luego fue militante de la Juventud Comunista e integrante de la Junta de Acción Comunal, por eso lo han señalado y estigmatizado, pero sigue en la lucha. “Mi hijo era rebelde, sí, pero también trabajador”, cuenta con la voz quebrada. 

A su lado está William Rodríguez*, otro líder del Bajo Cauca a quien VORÁGINE encontró en Medellín. Él sabe muy bien cuándo hablar y cuándo callar. Mide cada palabra. En su tierra, las palabras tienen precio: “Sabemos que si nos desbordamos en lo que vamos a decir, no volvemos a la comunidad donde vivimos”.  

William es integrante de varios colectivos en El Bagre y hace parte de una organización defensora de derechos humanos. Sabe que liderar es caminar sobre un campo minado. Ha recibido amenazas, algunas directas, otras disfrazadas de advertencias. 

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Bajo Cauca: una guerra sin fin

El Bajo Cauca es una subregión del nororiente de Antioquia compuesta por seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. Como lo recordamos en un anterior reportaje de VORÁGINE, se trata de una zona en la que el 33 % de la población se dedica a la minería. Los grupos armados ilegales persiguen y rodean cuanto yacimiento de minerales aparece en el mapa. Además, históricamente, esta ha sido también una tierra en la que abundan los cultivos de hoja de coca.

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La política de Paz Total, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca negociar de manera simultánea con decenas de grupos armados y organizaciones criminales, entre ellos el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como se hacen llamar desde hace unos meses. Se trata de la organización criminal con mayor alcance y presencia en el Bajo Cauca. El propósito del Gobierno es terminar los ocho conflictos armados internos que existen en el país, como los ha catalogado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El EGC interviene en tres de esos ocho conflictos: uno contra el Estado, otro contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro contra el llamado Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc creada tras la firma del acuerdo de paz entre esa guerrilla y el Gobierno, en 2016. 

Todos estos grupos armados ilegales están hoy en el Bajo Cauca. Además del Clan del Golfo, allí también operan el ELN, Los Caparros (una disidencia del EGC) e intentan abrirse paso los frentes 4, 18 y 36 del EMC. 

En 2024, se registraron 301 homicidios en la zona, según datos de la Policía Nacional. Caucasia fue el municipio con más asesinatos: 117 casos en un solo año. El 94 % de las víctimas fueron hombres y el 85 % de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego. En el Bajo Cauca, desde el que vende empanadas hasta el dueño de una retroexcavadora, es extorsionado. “Ya no es ideológico. Se matan por el dinero”, apunta uno de los líderes con los que conversó VORÁGINE. 

A comienzos de este mes El Espectador dio a conocer una foto en la que se ve una bandera blanca con verde con el nombre de “Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”, como se autorenombró el Clan del Golfo. Delante de ella posan cinco de los hombres más buscados por las autoridades del país, tres de ellos con orden de extradición. En el centro está Álvaro Jiménez, el delegado del Gobierno para los acercamientos de paz con esa organización criminal.

En la imagen aparecen Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, el máximo jefe de la organización; José Gonzalo Sánchez o ‘Gonzalito’; José Miguel Demoya, conocido como ‘Chirimoya’; Luis Armando Pérez, y Orozman Osten, alias ‘Rodrigo Flechas’. “Todos asistieron portando armas largas, vistiendo uniforme militar verde y cachuchas con la sigla EGC pintada en los colores de la bandera”, dice el informe periodístico. 

A pesar de que el Gobierno del presidente Petro ha dado pasos para abrir un diálogo con el Clan del Golfo, su poderío territorial, su capacidad de adaptación y las diferencias en las condiciones de negociación, si se comparan con las de otros grupos, hacen que el proceso esté lejos de concretarse. Así lo indica el informe Una mesa con el Clan, aportes en medio de una negociación incierta, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP). 

El 8 de julio de 2024, el Gobierno autorizó la instalación de un “Espacio de Conversación Sociojurídico” con el Clan del Golfo mediante la Resolución 257 de ese año, con el propósito de verificar su voluntad de someterse a la justicia. Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto: mientras el Gobierno propone el sometimiento, ese grupo armado insiste en un modelo de justicia transicional, garantías de no extradición y posibles amnistías, algo que hasta ahora el Ejecutivo no ha concedido. 

El Clan del Golfo es actualmente el grupo armado más grande y poderoso de Colombia. La FIP ha documentado que, desde 2018, su número de integrantes ha aumentado en un 95 %, alcanzando más de 7.000 miembros entre combatientes y redes de apoyo. De acuerdo con un informe del International Crisis Group, sus ingresos anuales rondan los 4.400 millones de dólares (más de 18 billones de pesos) por sus actividades en el tráfico de drogas, de armas y de migrantes, además de la minería ilegal.

Su presencia territorial también se ha expandido, pasando de operar en 179 municipios de 10 departamentos a 238 municipios de 16 departamentos, según la FIP. Aunque hay análisis cuyos cálculos son mucho mayores. En un informe titulado “La política de Paz Total y el recrudecimiento de la violencia en Colombia”, elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), se asegura que la presencia del Clan del Golfo se incrementó en un 84 % desde 2019, pasando de 213 municipios a 392 municipios de 24 departamentos, en 2024. Sus principales zonas de influencia incluyen Chocó, Magdalena Medio, el sur de Bolívar y la Costa Atlántica, donde ha desplazado a otros actores armados como el ELN y ha entrado en disputas con las disidencias de las Farc.

Esta expansión se ha dado a pesar de los golpes de la Operación Agamenón, que en 2021 llevó a la captura y extradición de su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. En lugar de debilitarse, el Clan se reorganizó con una estructura más descentralizada, liderada por un Estado Mayor Conjunto, integrado por antiguos mandos medios de las Autodefensas de Colombia (AUC). 

Uno de los principales obstáculos para la negociación de paz es el historial de diálogos fallidos con este grupo. En 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, hubo un intento de sometimiento que fracasó. El 1 de enero de 2023, el gobierno Petro pactó un cese al fuego con el Clan, pero este se rompió solo dos meses, después tras la participación de la organización en un paro minero en el Bajo Cauca.

El informe anual de la ONU sobre Colombia en 2024 advierte sobre la persistente violencia en el país, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para lograr la paz. Las comunidades afros, indígenas y campesinas siguen siendo las más afectadas. Aunque el año pasado hubo una reducción del 27 % en las masacres y menos asesinatos de excombatientes de las Farc, persisten el confinamiento y el reclutamiento forzado de menores, con 216 casos documentados en 2024. Según la ONU, el año pasado se registraron 191 homicidios de defensores de derechos humanos.

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El Clan del Golfo se pasea por el Bajo Cauca

El poder no solo se impone con las armas. En la comunidad de uno de los dos líderes consultados para hacer este reportaje, los grupos armados ilegales tienen empresas, maquinaria y cultivos. Y no solo buscan controlar la minería ilegal, también han infiltrado la legal.

“Si tienes tienda, pagas. Si tienes ganado, pagas. Si tienes maquinaria, pagas. Todos se han convertido en lo mismo”, cuenta el líder. No importa de qué lado estén, guerrilla, paramilitares y disidencias todos cobran ‘vacuna’. Los panfletos aparecen en las calles sin previo aviso. Algunos son órdenes de restricción de movilidad, otros, listas con nombres de personas. William sabe que en la zona rural de El Bagre la vida tiene horarios. “De seis de la tarde a seis de la mañana no se puede circular”, relata. No hace falta preguntar quién da la orden. A veces ni siquiera lo escriben. Bloquean una carretera, detienen un carro y dicen: “por aquí no circulan más”.

Según el líder social, la Paz Total no existe en el Bajo Cauca: “Se ha visto muy poco. Aquí la guerra es más que una disputa militar, es un negocio. No basta con enviar más soldados. El problema es político, social y económico. En la región no hay mesa de diálogo con los actores armados”. La guerra ya no es ideológica, es económica. Las extorsiones, la minería ilegal y el narcotráfico han convertido a los grupos en empresas del crimen. 

Para Carlos, en cada periodo electoral los grupos armados en el Bajo Cauca eligen a sus propios candidatos. “Los persiguen o los persuaden para que apoyen a determinado político”. En esa región, asegura, votar no es una decisión libre. Es una orden. 

“La gente ha dejado de pedirle cosas al Estado. Si una comunidad necesita un puente y la alcaldía no responde, los actores armados presionan a los mineros para que lo financien. A veces no tienen que presionar. Simplemente asignan un día de trabajo forzado. Nos citan y nos dicen: ‘hoy todos trabajan en la vía’. El que no va, queda marcado”, explica otro de los líderes sociales. “Ellos deciden quién se mueve y quién no, quién trabaja y quién no. Si no estás alineado con ellos, estás en peligro”, cuenta. Y no solo controlan la vida diaria, también la política. Persuaden a la gente, la mueven como piezas en un tablero de conveniencias. “Las elecciones en el Bajo Cauca son otra farsa”, replica. 

En la comunidad a la que pertenece Carlos, el gobierno no ha instalado una mesa de paz, pero sí la Mesa Minera del Bajo Cauca, una plataforma de diálogo y concertación que reúne a diversos actores involucrados en la actividad minera de la región, incluyendo comunidades mineras tradicionales, empresas del sector, organizaciones sociales y entidades gubernamentales. 

En los últimos años, según información de la Agencia Nacional Minera (ANM), el Gobierno Nacional, en colaboración con esa entidad y el Ministerio de Minas y Energía, ha implementado iniciativas como la delimitación del Distrito Agrominero y Pesquero en el Bajo Cauca. Además, la ANM ha reservado 18 bloques con potencial para minerales estratégicos en la región, abarcando una extensión total de 15.241 hectáreas. “El interés sigue siendo el oro, no la gente”, narra Carlos. 

Enrique*, como llamaremos a un tercer líder social con el que habló VORÁGINE en el territorio, también lleva años recorriendo el Bajo Cauca, conociendo de primera mano el miedo que deja la guerra. Desde 2014 ha trabajado en derechos humanos y liderazgos comunitarios. Fue secretario ejecutivo y vicepresidente del movimiento Ríos Vivos, pero las amenazas lo obligaron a retirarse por un tiempo. Ahora, sigue en la zona, enfocado en trabajar en temas de seguridad y derechos humanos, aunque sabe que esas dos palabras no significan nada sin una verdadera transformación en el territorio.

“Hay mucha expectativa con la Paz Total, pero también mucho escepticismo”, asegura. Los grupos armados, añade, han aprendido a moverse en medio de esos dos extremos. No ven la paz como un fin, sino como un camino para consolidar su poder, dice. 

A finales de 2023, las todavía autodenominadas AGC invitaron al Estado a negociar. En el Bajo Cauca, algunos líderes fueron convocados a reuniones con sus mandos para interceder ante el gobierno. “Nos dijeron que querían la paz. Que por favor los ayudáramos a abrir una mesa de diálogo”, relata Enrique. Tres encuentros en la región y uno en Bogotá sirvieron para llevar su mensaje al Estado. Líderes comunitarios viajaron en buses a la capital, sentándose con funcionarios que los escucharon con cautela. “Les explicamos que había voluntad de diálogo, pero el Gobierno pedía garantías. Y eso es lo que nunca hay”, insiste. 

Mientras tanto, ese grupo armado se preparaba porque “sabían” que no podían sentarse a negociar con la etiqueta de narcotraficantes y extorsionadores. Se reestructuraron y por eso decidieron cambiar su nombre, opina el líder social. “Ellos quieren reconocimiento político, que los vean como algo más que un cartel”, explica. 

El Gobierno sigue pidiendo señales de compromiso, pero las comunidades no ven ningún cambio en el terreno. La paz que piden los gaitanistas, como también los conocen en la zona, tiene condiciones: que no haya capturas, que no haya condenas y que su estructura de poder no se desmonte. “No están negociando la paz. Están negociando su supervivencia”, dice el líder.

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Para Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial y DD.HH en la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, el Bajo Cauca es una región donde la paz sigue siendo una promesa lejana. Actualmente, el Clan del Golfo mantiene una presencia hegemónica en la zona tras imponerse en una disputa con Los Pachelly y otros grupos. 

A diferencia del Cauca, donde las disidencias de las Farc han participado en mesas de diálogo, en el Bajo Cauca existen apenas tímidos acercamientos oficiales con el Clan del Golfo. “Este grupo ha intentado presentarse como un ‘ejército’ con aspiraciones políticas, pero sus acciones no reflejan una intención real de desmovilización”, agrega Daza.

El experto explica que el ELN y las disidencias de las Farc (Frentes 4, 18 y 36) han intentado disputarle el territorio al Clan del Golfo, formando alianzas estratégicas para ganar terreno, lo que ha intensificado el conflicto en la zona, especialmente en municipios como Caucasia, Cáceres, El Bagre y Zaragoza. 

“El gobierno de Antioquia ha mostrado resistencia a la política de Paz Total, lo que ha dificultado la implementación de estrategias a nivel local. Aunque hay procesos sociales de base y organizaciones civiles activas en la región, la falta de una estrategia concreta para negociar con el Clan del Golfo impide avances significativos. El tiempo para lograr avances en el Bajo Cauca se está agotando”, afirma Daza.

En el Bajo Cauca la guerra no es un episodio que quedó atrás. Es un sistema que se alimenta del miedo, de la ausencia del Estado y de las economías ilegales que lo sostienen. Carlos, William y Enrique lo saben. Siguen en pie, aún sabiendo que en sus comunidades el poder no lo ejerce el Gobierno sino los fusiles de los violentos. El Bajo Cauca sigue esperando una paz que, al menos por ahora, es una ilusión.

*Nombres cambiados para proteger la seguridad de las fuentes.

**Este reportaje hace parte del proyecto “Tras las huellas de la Paz Total”, apoyado por el Fondo Canadá de Iniciativas Locales, de la Embajada de Canadá en Colombia. El proyecto busca informar a la ciudadanía en general, a los tomadores de decisión y a los líderes de opinión sobre el estado de las distintas negociaciones y diálogos que se están llevando a cabo en el marco de la política de la Paz Total, impulsada por el gobierno nacional.