Crimen de Carmelina Yule: la paz total que no llega al Cauca

En la vereda de Bodega Alta, en Toribío, Cauca, el 16 de marzo de este año se escucharon unos 30 disparos. Algunos de sus habitantes apelan a decir que ese día se “botaron balas por todo lado”. La tranquilidad se vio interrumpida por el asesinato a sangre fría de la mayora indígena Carmelina Yule, quien se había escondido detrás de un muro de ladrillos, en el antejardín de una casa. En un segundo ella levantó la cabeza y un disidente de las Farc le disparó de frente de forma premeditada, dicen testimonios recogidos por VORÁGINE en la zona.

La escena fue caótica: unas personas se lanzaron al suelo, otras gritaron y los niños corrieron del susto. Un perro negro también huyó. La comunidad había salido a la polvorienta vía que atraviesa la montaña porque un grupo de disidentes habían reclutado ese día a un joven nasa. Carmelina y su gente lo impidieron, lo que desencadenó la violenta retaliación. 

La angustia y desesperación se apoderaron de la vereda, conformada por 350 familias, tras el horrible estruendo de los disparos. Un grupo de más o menos cinco disidentes huyeron en una camioneta en dirección hacia Toribío, municipio del norte del Cauca de unos 30 mil habitantes. Mientras tanto, varios  indígenas, entre los que estaban el esposo y otros familiares de Carmelina, corrían a auxiliarla para llevarla al hospital del pueblo y luego a Cali, donde falleció. Otras personas quemaron el vehículo que usaron los delincuentes. 

Las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Iván Mordisco’, y el Gobierno Nacional, habían firmado un cese al fuego que inició el 14 de enero y se extendía hasta el 15 de julio de 2024 en Cauca, Nariño y Valle. Según datos recogidos por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, en este periodo 39 indígenas fueron asesinados por miembros de esa guerrilla en distintas circunstancias en esta región. En ese mismo tiempo 32 personas fueron reclutadas y 58 más fueron víctimas de amenazas, seguimientos y persecuciones. También, en solo esos cuatro meses, hubo 12 secuestros y 12 atentados.

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El asesinato de la mayora indígena ocurrió en un territorio con presencia de los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc, EMC (comúnmente llamadas disidencias), que tenían para ese momento acercamientos de paz con el Gobierno. En esa zona, además, están la compañía Juan Carlos Chilhueso, del ELN; y el Frente 57 Yair Bermúdez (también disidentes de las Farc), así como grupos de delincuencia urbana como pandilleros y mafiosos que buscan el control de cabeceras municipales y trayectos de la zona plana del departamento, según reporta la ACIN.

El crimen de Carmelina, que marcó el fin del cese el fuego con el EMC en el Cauca, fue ejecutado a cinco minutos de su casa y en presencia de su esposo José. Estaban preparando el almuerzo en un fogón de leña. A eso del mediodía, recibieron la llamada de una de sus hijas. Acto seguido, salieron a unirse a un grupo de civiles indígenas que hacen parte de la guardia indígena —y a los que llaman comuneros— para tratar de recuperar al joven que habían reclutado.

La ACIN dio a conocer que el asesinato de Carmelina no solo fue el punto de quiebre para los acercamientos de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el EMC, sino también para las dinámicas comunitarias de cuidado territorial. 

Hay que recordar que el EMC está dividido en dos facciones: una bajo el mando de Iván Lozada, alias ‘Mordisco’, que incluye los Bloques Occidental y Central. De otro lado están los bloques Magdalena Medio y Oriental, comandados por ‘Calarcá Córdoba’. “Esta división, que existía desde tiempo atrás, se materializó tras el levantamiento del cese al fuego causado por el crimen de lesa humanidad perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos contra la comunidad de Toribío”, dicen desde la asociación indígena.

‘Iván Mordisco’, que durante el gobierno del presidente Iván Duque fue dado por muerto en un operativo militar, es uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc, que es como se les llama a aquellos grupos subversivos que decidieron no acogerse al acuerdo de paz firmado en 2016 con el gobierno colombiano. Desde entonces, ha liderado una de las facciones más poderosas de los remanentes de las Farc, un grupo que se ha destacado por sus actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, la extorsión y el control territorial en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

José tiene 64 años. Está sentado en una silla roja, en el patio de su rústica casa, por donde deambulan pollos y gallinas. José y Carmelina convivieron durante 40 años en esta zona del norte del Cauca. Detrás de él hay una cuerda con ropas que se secan al aire libre junto a un par de botas pantaneras y una capa de plástico para protegerse de la lluvia. También se seca allí una camisa azul desteñida. En la parte trasera de la vivienda hay pequeños cultivos de caña y plátano, toda su vida ha sembrado la tierra. En la casa también hay curies, y una perra llamada Niña, la adoración de la mayora indígena. Hace un tiempo hubo también ovejas.

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Mientras él atiende la entrevista, un escolta asignado a María Yule, su hija, observa el diálogo y cada cierto tiempo pasa revista sobre la carretera. Posa sus ojos sobre las personas que transitan afuera y mira hacia los filos de la montaña como si fuera un águila vigilante. 

María asumió el liderazgo que ejercía su madre en un territorio controlado por disidentes de las Farc. Ella viste una camiseta blanca que tiene una foto de Carmelina en la parte de adelante; lleva pantalón café, tenis, mochila de colores y una pañoleta del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. 

Lejos de empezar a hablar de los hechos que presenció, José prefiere apelar a los últimos recuerdos de su esposa:

“¿Si la mataron quién va a bailar? Todos los sábados iba al pueblo a bailar y compartir con amigos, le gustaba mucho el guarapo, se tomaba una copita. A mí me gustaba mirar bailar y cuidar la mesa. Ella se sentaba y llegaban y llegaban muchos amigos”.

Su relato sale con una voz suave, es como si peleara consigo mismo para poder pronunciar de forma clara cada palabra. El dolor y la nostalgia por su esposa son notables. Carga en su cuello un rosario, y conserva un pequeño cuadro con una de las últimas fotos de Carmelina. Allí está ella retratada con una camiseta azul, jeans, chaqueta blanca con algunas flores y su mochila. 

Él tenía 16 años y ella 14 cuando se conocieron en El Tablazo, una vereda de la zona alta de Toribío, Cauca. La casa desde donde habla, y donde vivía con Carmelina, la heredó de su padre, quien murió cuando José tenía siete años. “No se puede hacer nada para traerla de nuevo, yo sí sueño mucho con ella y me llega hablando… Sueño que vamos a pie, en caballo o en moto, parece que no fuera (sic) muerto”, cuenta don José.

Carmelina vivía y ejercía su liderazgo en medio del acecho de los grupos armados. Entre enero y mayo de 2024 el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, documentó 78 casos de personas desaparecidas en relación con los ocho conflictos armados que existen en el país, de acuerdo con los análisis de esta organización humanitaria. Los hechos ocurrieron en 9 departamentos, registrándose el 65 % de ellos en Arauca y Cauca. También se registraron 2.272 casos de desplazamientos masivos en el Cauca durante ese periodo. 

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“Cuide bien a las hijas”

José recuerda que el 16 de marzo, Carmelina y él dejaron en el fogón de leña los fríjoles y el arroz que preparaban para almorzar, alimentos que no alcanzaron a comer. Lo dejaron todo tirado para salir al rescate de un comunero que estaba siendo reclutado. A las once de la noche del día anterior habían regresado de un largo viaje por Cali y Popayán. Entre el miércoles 13 y el viernes 15 del mismo mes participaron de varios encuentros regionales y de una minga indígena.

Relata que la comunidad ya iba en grupo bajando hacia el pueblo, expulsando del territorio a los disidentes de las Farc, cuando sonaron varios disparos. “Yo escuché muchos tiros y corrí para tratar de llegar hacia donde estaba Carmelina, pensé en ella de una vez cuando sonaron, pero ya se la habían llevado para el hospital, donde me dejaron entrar por ser el marido. Ella me habló, pero ya muy poco, solo alcanzó a decirme: ‘cuide bien a las hijas’”.

Mientras José habla, su hija María interviene para recordar que con el crimen de su mamá no sólo se suspendió el cese al fuego con los disidentes en el Cauca; cree que también fue el portazo a los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional. El día del asesinato ella no estaba, pero sí un sobrino y una sobrina, quienes auxiliaron a Carmelina mientras estaba herida de muerte. Sus últimas palabras, recuerda que le contaron, fueron para la sobrina: “usted está muy joven, luche, tiene niños muy pequeños. Escóndase. Yo ya he luchado mucho, hasta aquí llegué”.

Aunque la violencia es una constante en Toribío, el liderazgo de las mujeres en la zona no ha menguado; al contrario, se ha fortalecido.

“Como decía mi mamá, ¿cuál paz? Si ellos vienen y nos matan. Entre los mismos hermanos, entre los mismos sobrinos se están matando. Nuestra comunidad es toda una familia. Ella decía que por más que hablen de paz esta no va a llegar, así el Estado tenga la voluntad, porque cada que hablan de paz más matan aquí. El cambio no se ve”, dice María.

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Su madre siempre estuvo al frente de la defensa del territorio, guiada por la fuerza que encontraba en sus raíces. Ella creía profundamente en la comunidad y en la protección de su pueblo, que para ella representaba algo más que un espacio geográfico: era su hogar ancestral, donde sus abuelos y padres habían vivido y donde su propio ombligo fue sembrado, enraizando su identidad a esta tierra.

“Toribío para mi mamá era hermoso, aunque muchos lo vean como el peor pueblo”, afirma con fuerza. Desde el crimen de Carmelina, el liderazgo comunitario ha tomado un nuevo impulso. La comunidad, que ha vivido bajo la sombra del terror nocturno y las amenazas constantes, ha encontrado en la memoria una razón para no claudicar. “Ella siempre decía que lucharía hasta el último día, y eso es lo que estamos haciendo”, relata María, quien ahora ocupa el cargo de coordinadora de los Kiwe Thegnas, como se le dice a la guardia indígena en Nasa Yuwe, lengua del pueblo Nasa. 

El ejemplo de su mamá, quien empezó como una ama de casa dedicada al tejido y se convirtió en una lideresa indomable, sigue vivo en la comunidad. Desde su trabajo en la Junta de Acción Comunal hasta su rol como coordinadora del programa ‘Movimiento Mujer Hilando Pensamiento’ y el ‘Plan de Vida Proyecto Nasa’, Carmelina siempre buscó empoderar a los suyos, especialmente a las mujeres y jóvenes. “Aprendió a defender los derechos y, hasta el día de su muerte, luchó por nosotros”, recuerda María, quien por momentos dice tener miedo.

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Las amenazas han llegado en forma de mensajes por redes sociales y llamadas telefónicas. Hace un rápido recuento de las últimas intimidaciones que ha recibido: “después de la muerte de mi madre, nos han venido amenazando constantemente a nosotros, a la familia. Primero, porque supuestamente por culpa de mi mamá a ellos los están matando. Hace poco también nos llegó otro mensaje en el que dijeron que si no levantamos el control territorial en la vereda La Despensa, matarían a mi padre, a mi hermana y a mí. Uno está dispuesto a luchar hasta donde más se pueda. Nosotros como familia, y yo como hija, nunca dejaría este proceso”.

Otra de las personas que habla es Ana María Ramos, amiga de Carmelina. Ella es  la dueña de la vivienda donde estaba el muro de ladrillo sobre el que cayó malherida la líder indígena pasadas las cinco de la tarde del pasado 16 de marzo. 

“En medio de las balas la gente se metió hasta las piezas para resguardarse. A una compañera le dieron un tiro pero se salvó porque pegó en todo el celular”, recuerda Ramos, quien hoy atiende un local comercial donde venden mochilas y otros productos tejidos por mujeres de Toribío, como soñaba Carmelina.

Sobre la situación de seguridad en Toribío, el brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, afirma que mantienen operaciones en las zonas montañosas del norte del Cauca contra las disidencias de las Farc, responsables del crimen de Carmelina. 

“En los papeles, el cese al fuego fue un mecanismo instaurado por el Gobierno, pero en la realidad, el Cauca siempre ha vivido la misma situación. No sentimos que el cese al fuego haya sido una verdadera cuota de esperanza a través del diálogo o de cualquier otra iniciativa puesta a disposición”, asegura Mejía. “Siempre las hemos combatido porque, aunque estén firmando un proceso de paz, eso no quiere decir que se les dé carta blanca para seguir delinquiendo”, agrega. Según el alto oficial, hasta mediados de noviembre el Ejército llevó a cabo 1.071 capturas en Valle, Cauca y Nariño. También reporta que rescataron 116 menores de edad que estaban en las filas de grupos armados ilegales. 

Información del Ejército, entregada por el general, da cuenta de la magnitud del conflicto en el Cauca.  Según esos datos, el bloque Jaime Martínez tendría 266 personas en armas; el Dagoberto Ramos, 268; el Carlos Patiño, 300; y el Rafael Aguilera unos 80 combatientes. 

“El Bloque Occidental (conformado, según cálculos militares, por aproximadamente 1.600 personas) está comandado por ‘Iván Mordisco’, luego le sigue Andrés o ‘El Mocho’; por la Jaime Martínez está Iván Jacobo Idrobo, conocido como Marlon; en la Dagoberto Ramos, Wilmar Pazú Rivera, alias ‘David’ o ‘Cholinga’; en la Rafael Aguilera tenemos identificado a Joanny Gómez o ‘Mahecha’, en la Costa Pacífica Caucana y en el Cañón del Micay está Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, cabecilla de la Carlos Patiño”, cuenta el general del Ejército. 

Para Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, el Cauca vive una compleja dinámica de conflicto por cuenta del control territorial constante y en varias zonas que tiene el Estado Mayor Central. Para él, a pesar de las operaciones militares en este departamento, como el caso de El Plateado, la fuerza pública ha sido incapaz de consolidar un control efectivo sobre toda la región, lo que ha dejado a las comunidades en un estado de vulnerabilidad constante. 

“El Estado Mayor Central es el actor que tiene la mayor presencia en ese departamento, ellos están en por lo menos 40 de los 42 municipios. Lo que ha mostrado recientemente, o este año, el componente del conflicto del Cauca, es que todavía es un hueso duro de roer por parte del Estado para ganar una legitimidad efectiva en esa región del suroccidente”, relata el experto que investiga el conflicto armado en el país. 

Daza cree que para avanzar en el proceso de paz se torna esencial una colaboración efectiva entre el gobierno nacional y el local, pues sin un enfoque coordinado y un compromiso genuino por parte de las autoridades en todos los niveles, las posibilidades de alcanzar una paz sostenible se ven considerablemente reducidas. La situación en el Cauca exige, dice, una respuesta contundente que no solo aborde la violencia, sino que también priorice el respeto por los derechos humanos y el bienestar de las comunidades afectadas.

Desde VORÁGINE intentamos tomar contacto con el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, para hablar sobre la política de la Paz Total en el Cauca, pero hasta el cierre de esta edición no habíamos obtenido una respuesta para este reportaje. 

La paz que no llega al Cauca

Tulio Indicué, consejero mayor del Cabildo López Adentro de Caloto, habla desde la casa indígena de ese resguardo, ubicada a cincuenta minutos de Toribío. Reflexiona sobre el complejo proceso de la Paz Total impulsado por el presidente Gustavo Petro. Cuestiona que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, los grupos armados no ven la paz desde un espacio político, sino como una oportunidad económica para acomodarse en el territorio.

Señala que la comunidad indígena ha tomado una postura clara frente a la paz, rechazando la presencia de actores armados en su territorio y ejerciendo una ocupación comunitaria y territorial que busca proteger a su gente. Sin embargo, este control ha generado fricciones con los grupos armados.

Para él, el crimen de Carmelina rompió las esperanzas de paz en su territorio y agravó la situación de seguridad del Resguardo López Adentro, pues dice que en estos momentos las autoridades ancestrales, jóvenes y líderes comunitarios están bajo amenaza constante. 

“Tenemos alrededor de unas 60 amenazas aquí en el territorio”, afirma Indicué al añadir que los grupos armados informaron a la comunidad, a través de panfletos, que tenían en lista a 100 jóvenes para asesinar, y hasta la fecha, según él, ya han asesinado a 24 de estas personas. 

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Tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016, las comunidades indígenas del Cauca vivieron una aparente calma solo un año, como lo recuerda Sandra Silva, encargada del área de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quien relata la dura realidad que han enfrentado desde entonces. 

“Se dijo que iba a haber un cese al fuego en los territorios, pero no fue así. Las comunidades indígenas hemos sobrevivido en medio de este conflicto”. A partir de 2017, nuevos grupos armados surgieron en los territorios indígenas, afirmando que el Gobierno Nacional no cumplió con los compromisos pactados. 

Desde entonces, la violencia se ha recrudecido de manera sistemática. Los asesinatos de líderes indígenas y comuneros se han convertido en el pan de cada día. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Edwin Dagua, gobernador del territorio indígena de Huellas, ocurrido el 7 de diciembre de 2018 en la vereda Los Chorros, sector de La Chivera, Resguardo Indígena de Huellas, en la vía que conduce del corregimiento de El Palo, Caloto, a Toribío. También hubo una masacre de seis personas en el resguardo de Tacueyó. Entre las víctimas estaba Cristina Bautista, autoridad indígena. Este hecho tuvo lugar el 29 de octubre de 2019 en la vereda La Luz, corregimiento de Tacueyó, zona rural de Toribío.

Durante el año 2023 ha habido 40 combates y hostigamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército. Silva resalta que, a pesar de los anuncios de cese al fuego, en los territorios indígenas nunca se ha sentido una verdadera tregua. La situación empeoró en marzo de 2024 con el crimen de Carmelina Yule.

Este episodio, según ella, marcó la ruptura del supuesto cese al fuego y confirmó lo que las comunidades indígenas ya sabían: “en nuestro territorio nunca hubo cese el fuego”. La constante presencia de grupos armados, como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Jaime Martínez, ha generado enfrentamientos caóticos en los que ni siquiera se respetan los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario. Para Silva y su comunidad, el conflicto se ha vuelto una lucha diaria por la supervivencia, en la que las políticas de paz aún parecen lejanas. Mientras tanto, los pueblos indígenas del Cauca siguen resistiendo en medio de un territorio que sigue siendo un campo de batalla.

Este reportaje hace parte del proyecto “Tras las huellas de la Paz Total”, apoyado por el Fondo Canadá de Iniciativas Locales, de la Embajada de Canadá en Colombia. El proyecto busca informar a la ciudadanía en general, a los tomadores de decisión y a los líderes de opinión sobre el estado de las distintas negociaciones y diálogos que se están llevando a cabo en el marco de la política de la Paz Total, impulsada por el gobierno nacional.