Escuelas de reclutamiento y extorsiones: la guerra del oro que desangra al Bajo Cauca

Al lado del malecón de El Bagre, donde el río Nechí baja silencioso y solo se escucha el trasegar de los motores, está la calle del oro: es un pasaje largo y delgado donde se ubican las comercializadoras del codiciado metal. Son pequeñas casas donde se compran las pepitas amarillas que los mineros le han arrancado al río y a las montañas en esta subregión de Antioquia, cuya vocación agrícola y pesquera se ha ido perdiendo con el paso de los años por el auge de la explotación aurífera. 

Esta escena es rutina en El Bagre, pero también en Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá y Zaragoza, los otros cinco municipios que componen la subregión del Bajo Cauca, habitada por 263.987 personas según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es un territorio que carga con el peso de otros lastres, como esos que los mineros llevan en su costal: datos de la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia señalan que el 28,5% de sus habitantes es pobre, el 65% solo fue a la escuela y estudiaron hasta los primeros grados, y el 68% se dedica a lo que sus propios habitantes llaman “el rebusque” o empleo informal.

En el Bajo Cauca, el 33% de la población se dedica a la explotación de minas y canteras, en especial las de oro. Es una actividad que en porcentaje está por encima de la ganadería, la agricultura, la pesca y hasta el cultivo de hoja de coca, renta con la que los grupos armados ilegales también se financian. 

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El auge, los altos precios y la facilidad para transportar y legalizar el oro ha motivado a los habitantes de la región y a las estructuras ilegales a virar a la explotación aluvial, dejando de lado los cultivos de uso ilícito, disminución que se vio reflejada en las últimas mediciones hechas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que encontró municipios con cultivos de menos de 400 hectáreas. 

La UNODC indicó en su informe anual que esta reducción se debe a que “se percibe un bajo interés de los grupos armados ilegales por el narcotráfico; además, existe la probabilidad de que otras actividades ilegales emerjan como sustitutas o complementarias al cultivo de coca”; otrora dueños y señores de las economías ilegales.

El dinero que deja la explotación del oro ha reciclado una guerra de vieja data entre estructuras armadas ilegales con presencia histórica en esa zona: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como se hacen llamar desde hace unos meses y que para el Estado son el Clan del Golfo; los Caparros, un grupo armado disidente del EGC; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN; y los frentes 4, 18 y 36 reagrupados tras la firma del acuerdo de paz, en 2016, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y el Gobierno.

Esta confrontación ha terminado por afectar a la población civil con desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, extorsiones, combates dentro de las poblaciones, desaparición forzada, asesinatos y deserción escolar, como lo han denunciado las comunidades y lo han registrado la Policía, el Ejército, las alcaldías, onegés y la Defensoría del Pueblo.

El profesor Manuel Tovar Ceña, docente de la Institución Educativa 20 de Julio, de El Bagre, indica que para los colegios del Bajo Cauca se ha vuelto un reto tratar de contener a los jóvenes en las aulas, muchos de ellos seducidos por el dinero que deja la minería. Por esta razón, aduce, su municipio ocupó en  2023 el primer puesto en deserción escolar en Antioquia.Relata Tovar Ceña que para salvar a los jóvenes persuadidos por la minería y otras actividades ilegales tienen que reinventarse e implementar estrategias deportivas y culturales que los motiven a estar en las clases. “A un muchacho un grupo ilegal le dice ‘mira, te pagamos 2 millones de pesos, tú vas y recibes la vacuna (extorsión) y ya, y me traes la plata a mí’”, cuenta el profesor.

La fiebre del oro los llevó a reclutar niños

Hace un año, cuatro golpes bruscos y sin descanso en la puerta de madera le vaticinaron a Jacinta* que su hijo, un chico de 15 años al que por seguridad llamaremos Pedro, le había llegado la hora de irse a la guerrilla. Esta mujer de 46 años, que ha sobrevivido a dos guerras en el Bajo Cauca antioqueño durante tres décadas, no se amilanó ante las palabras del comandante alias ‘Matías’ y le respondió que su hijo no estaba y que ella “no había parido hijos para la guerra”. 

El jefe de la estructura Héroes de Tarazá, del ELN, grupo insurgente que hoy negocia un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, le explicó a la mamá de Pedro que en las veredas del Bajo Cauca donde aún tienen presencia, todas las familias están obligadas a que uno de sus hijos “preste su servicio militar” en la guerrilla. Según ‘Matías’, esto les ayudará a mejorar la paz  y su vida familiar. Aun así, Jacinta no “comió cuento” y al otro día envió a su hijo a donde una hermana en el primer bus que salió de Cáceres a Medellín. “A mí los ‘paracos’ ya me mataron un hijo, y ahora querían otro. Yo no voy a dejar que me maten otro hijo, por eso lo mandé para allá”.

La situación que vivieron Jacinta y  Pedro se repite a diario en los 8.485 km² del Bajo Cauca. La pérdida de combatientes por las intensas confrontaciones por dominar el territorio en el que están las minas de oro y los cultivos de hoja de coca, dispararon el reclutamiento de menores de edad en esta zona. Otros factores que entraron en juego para que este delito aumentara tuvo que ver con la necesidad de los grupos armados de buscar personas que cumplieran las tareas del cobro de extorsiones y de “vigilancia” (llamados puntos) para informar la presencia de extraños y de quienes entran y salen de esta zona, además del movimiento de las tropas del Ejército y de la Policía cuando realizan operativos contra la minería ilegal.

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Investigadores judiciales relatan que todos los grupos armados ilegales realizan esta práctica proscrita por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La situación llegó al punto de que el EGC les quitó a “sangre y fuego”, al frente 4 y al ELN, una extensión territorial en la vereda San Pablo, de Cáceres, “y allí instalaron una escuela en la que entrenan a los recién reclutados, que son los jóvenes que después en los combates ponen como ‘carne de cañón’”. En el mismo paraje, según informes de Inteligencia Militar, se inició la explotación de una mina de oro que se ha convertido en el objeto de disputa entre el EGC y los frentes 4 y 36 de las Farc, que aliados con el frente Héroes de Tarazá y la compañía Tomás, del ELN, buscan hacerle frente a la arremetida del Clan del Golfo.

Las promesas de dinero, armas y poder son el método usado por las guerrillas para el reclutamiento, pero no les pagan, por eso los del Clan del Golfo les dicen al ELN y a las Farc “los sin sueldo”. Caso contrario sucede con el EGC. “Esta estructura ilegal les ofrece un pago de 2 millones de pesos a los jóvenes para que vayan a trabajar con ellos, entre 4 y 5 millones si tienen alguna experiencia militar o de combate”, señala un investigador. Además, se han traído jóvenes de Bolívar, Sucre, y Magdalena con promesas de trabajar como mayordomos en fincas del Bajo Cauca, pero cuando llegan, les anuncian que van  a combatir. Quien intente escaparse, es fusilado por las guerrillas o los paramilitares. 

El EGC está reclutando también a los explosivistas de las Farc y del ELN y les pagan entre 8 y 12 millones de pesos mensuales. “Se los están ‘robando’ para instalar explosivos en los territorios donde tienen intereses por las minas de oro que quieren controlar, además, para evitar el avance de los enemigos o del Ejército y la Policía”, afirma el investigador.

La guerra por el oro y sus territorios

Las disputas por el territorio en el Bajo Cauca se han intensificado. La vereda Bejuquillo, de Cáceres, ha sido una de los territorios que más ha padecido la confrontación por el oro ilegal. Las autoridades aseguran que desde finales de 2022, el frente Julio César Vargas del EGC, bajo el mando de alias ‘Chiquito Malo’, desplazó de Cáceres y Tarazá al frente Darío Ramírez Castro, del ELN, comandado por alias ‘Matías’. También sacó de El Bagre y Segovia al frente 4 de las Farc, comandado por alias ‘Jhon Fiera’, e hizo lo mismo con el frente 36 (que absorbió al 18), cuyo jefe es alias ‘Leo’ o ‘Firu’.  

Informes oficiales registran que esta situación llevó a que  ‘Jhon Fiera’ fuera personalmente a pedirle ayuda a alias ‘Dilan’, comandante del ELN en Anorí, para que le enviara hombres y así tratar de recuperar el territorio perdido. Lo mismo sucedió con el frente 36 de las Farc y con la compañía Tomás, del ELN, comandada por alias ‘la Negra’. Este movimiento de hombres y armas ha intensificado la guerra por el oro en el Bajo Cauca y, hace un mes, confinó a los habitantes de Puerto López, corregimiento de El Bagre. 

“El pasado 25 de junio la guerrilla (ELN) nos ordenó a varios propietarios de negocios y a mineros asistir a una reunión para hablar de diversos temas, y cuando los paramilitares (EGC) se enteraron, enviaron mensajes de que no podíamos asistir o tendríamos que cerrar nuestros negocios”, dice un minero a VORÁGINE.

Las confrontaciones han dejado una gran cantidad de combatientes muertos, la mayoría de ellos son los jóvenes reclutados mediante engaños, cuyos cadáveres terminan a la intemperie o “comidos por animales”, como relatan los habitantes de estas zonas, porque los grupos armados no dejan retirar los cuerpos sin vida “y terminan pudriéndose al sol y al agua”. La mayoría de ellos, explica un investigador judicial, son muertos del EGC, porque son “jóvenes sin experiencia militar, tienen poco entrenamiento y solo les interesa la plata”. 

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Además, los combates por la minería ilegal han desencadenado el desplazamiento de comunidades enteras, como ocurrió en Bocas de Chicamoqué, de El Bagre, el pasado 28 de septiembre, cuando 1.000 personas abandonaron sus viviendas por temor a los enfrentamientos.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) de la Policía, Luis Eduardo Martínez, reconoce “que los grupos armados ilegales tienen injerencia en la cadena de producción minera, no solo desde el proceso de explotación del mineral, sino también en la transformación y, principalmente, en la comercialización”, y asegura que parte de las minas propiedad de los grupos armados ilegales están en Nechí y El Bagre. No obstante, documentos de Inteligencia Militar obtenidos por VORÁGINE indican que las minas de las que más se lucran en el Bajo Cauca están en Cáceres, en la vereda San Pablo; en Caucasia, en los sectores Río Viejo, Margento y La Ilusión; en El Bagre, en el sector Real y la vereda Santa Margarita; en Zaragoza, en el corregimiento El Pato, sector Chillona Medio; en Nechí están los sectores Puerto Nuevo, La Ye, las Flores; y en Tarazá, las ubicadas en el sector del Río Rayo.

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, indicó en un informe de 2022 que los grupos ilegales “están participando cada vez más directamente en la actividad minera ilegal y en toda la cadena de suministro ilícita para maximizar sus ingresos”.

Ante los señalamientos de las autoridades civiles, de Policía y militares y los informes de organismos multilaterales como la ONU y la OEA, el hoy llamado Ejército Gaitanista de Colombia manifestó en un comunicado al que tuvo acceso VORÁGINE que sus estructuras no reclutan “menores de edad para ninguna actividad porque está prohibido por sus estatutos”. Esto lo contradicen testimonios recogidos por este medio en la zona. En el documento también aseguran que la minería ilegal “existe desde siempre en las regiones, en muchas de las cuales hacemos presencia. Igual, que hayan (sic) contribuciones voluntarias de los mineros a nuestro movimiento, no nos hace propietarios ni reguladores del mercado del oro en el país”.

Pero la guerra por el oro no solo se da en la zona rural. En sus centros poblados la confrontación se vive de otras formas y a otros ritmos. Allí los grupos armados imponen las normas de comportamiento y establecen los límites: no andar con casco en las motos, informar de la llegada de foráneos, no transitar entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana en vehículos con vidrios oscuros y cobrar la extorsión a los comerciantes. Y si, por ejemplo, alguien comete una falta, el grupo armado ilegal impone sanciones como barrer las calles o pintar los parques del barrio, explica un líder comunal.

“Acá todo el mundo paga, desde los que tienen diferentes negocios hasta los que venden frituras en las calles. La cuota puede variar entre 300 mil y 500 mil pesos a los pequeños comerciantes, y los que tienen grandes negocios pagan entre 2 y 5 millones de pesos mensuales”, cuenta un comerciante de El Bagre.   En el Balance Humanitario 2024 del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, se registró que en Colombia hay ocho conflictos armados, de acuerdo con su clasificación jurídica actual, “basada en los criterios del DIH”. De esos ocho conflictos, cinco tienen presencia en el Bajo Cauca antioqueño: el primero entre el Estado y el ELN; el segundo, entre el Estado y  el EGC; el tercero, entre el Estado y las disidencias de las Farc que decidieron no acogerse al acuerdo de paz y se agrupan en el llamado Estado Mayor Central (EMC); el cuarto, entre el ELN y el EGC, y el quinto, entre el EMC, otras disidencias de las Farc que no hacen parte del EMC y el EGC. A diferencia de Arauca, donde la guerra desangra a ese departamento por la confrontación entre ELN y las Farc, el Bajo Cauca de Antioquia es el único territorio en el que estas dos estructuras ilegales se unieron para combatir un enemigo común.  

Llenar sus arcas con el oro

La explotación de las minas de oro juega un rol esencial en la economía de Colombia. La Agencia Nacional de Minería, ANM, registró que en 2023 las exportaciones de la minería representaron un 28,4% del total exportado, por un valor de 14.068 millones de dólares en FOB (Free On Board, sigla en inglés que significa el precio de venta de un bien puesto “en el sistema de transporte sin incluir el valor del seguro y fletes”, según concepto de la DIAN). De este total, el oro tuvo una participación del 24%, es decir, un valor 3.403 millones de dólares, un crecimiento frente a 2022, cuando las exportaciones de oro alcanzaron los 2.976 millones de dólares.

En 2023, Colombia produjo 50,8 millones de gramos de oro, y Antioquia fue el departamento que más aportó, con 35,3 millones de gramos. En ese orden, en el Bajo Cauca se produjeron 14,8 millones de gramos, según los registros del Sistema de Información Minero Colombiano, SIMCO.

Los datos muestran un mercado creciente con aumento del precio del gramo de oro a $295.101 (valor al viernes 29 de junio de 2024 por el Banco de la República); no obstante, la Contraloría General de la Nación indicó a finales de 2022 que el valor del oro se había convertido en el escenario perfecto para que los grupos ilegales se lucraran del negocio, y aseveró que el 85% del metal precioso exportado de Colombia es fruto de la minería ilegal.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Martínez, explica, basado en datos de la UNODC, que “Antioquia concentra el 37% de las hectáreas identificadas a nivel nacional con actividades de extracción ilícita de yacimientos mineros y es el segundo departamento con mayor afectación con 36.332 hectáreas”.

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Investigadores judiciales y onegés tienen evidencia de que los grupos cobran por dejar entrar las retroexcavadoras y maquinaria amarilla para trabajar en las minas. Pablo Barrios, investigador del Instituto Popular de Capacitación, IPC, documentó junto a otros expertos  que estas estructuras ilegales piden entre 2  y 3 millones  pesos por permitir el ingreso.  

“Los barequeros también deben pagar a los ilegales o a los dueños de la maquinaria, entre 50 mil y 100 mil pesos mensuales para poder trabajar sobre el material sobrante de la maquinaria. Los grupos ilegales cobran en promedio entre 200 mil pesos y un millón por dejar operar una pequeña mina, y entre 5 y 10 millones de pesos por dejar introducir y operar un dragón (embarcación artesanal), según su capacidad de producción”, se lee en la investigación del IPC. 

La OEA precisa que el control directo de las minas por parte de grupos armados incluye la “financiación y obtención de suministros y maquinaria, tales como retroexcavadoras y explosivos”, además de insumos como el mercurio, y el reclutamiento de mineros.

Los investigadores judiciales descubrieron que los grupos irregulares han creado empresas ficticias con sedes en Tarazá, Cáceres y Valdivia para legalizar el oro extraído de las minas ilegales que compran a los barequeros y chatarreros del oro. “Sabemos que estos grupos ilegales han llegado a algunas de las comercializadoras de oro en el Bajo Cauca y les dicen: ‘tenemos 500 millones de pesos para que los trabaje en la compra y venta del oro, pero debe comprarle a todo el que le traiga los gramos’”, relata un investigador. Muchas de esas compras “son enviadas a compraventas de Medellín, en donde también tienen nexos los ilegales. De hecho sabemos de varias comercializadoras que tienen su sede en el barrio El Poblado de Medellín y a ellas llega el oro ilegal del Bajo Cauca antioqueño”.

En este territorio, donde la lucha por el oro se ha encarnizado tanto que la vida vale poco menos que un gramo, la otra forma de lucrarse de los grupos armados ilegales es con los dragones brasileros, embarcaciones artesanales que pueden llegar a tener entre 20 y 30 metros de largo y entre 7 y 8 metros de altura, y son llamadas así porque las primeras fueron traídas desde Brasil a inicios del siglo XXI, cuando las reservas de oro se agotaron en el norte de ese país y se hizo famosa la bonanza aurífera en el Bajo Cauca.  

Ahora es común verlos en zona rural sobre los ríos Nechí y Cauca, y ya muchos de ellos son de fabricación colombiana. De hecho, algunos mineros medianos se han organizado para invertir y construir dragones cuyo costo puede oscilar entre los 600 y 4.500 millones de pesos. Datos de Inteligencia de la Policía registran que a lo largo del río Nechí puede haber hasta 100 dragones instalados. Según la información oficial, estos artefactos pueden extraer 3 kilogramos de oro al mes, cuyas ganancias, a precio de gramo del Banco de la República del 29 de junio de 2024, podrían ascender a 885 millones de pesos mensuales.

“A simple vista parecen enormes embarcaciones de chatarra flotando sobre el río, pero la tecnología costosa está en la utilización de potentes motobombas con tubos que succionan el material del lecho del río. Un dragón que trabaje 50 horas puede remover suficiente material como para cargar 300 volquetas”, señala la investigación del IPC.  Ese oro sacado por los dragones “ilegales” termina en las casas de compraventas en los municipios del Bajo Cauca y es legalizado cuando lo asignan fraudulentamente en el Registro Único de Comercializadores de Minerales, Rucom, a los mineros que en ese mes no pudieron sacar producción, pero igual reciben un pago por haber prestado su nombre para que se realice el ilícito.

La compra bajo el engaño

Una de las formas en que el Gobierno nacional le ha hecho frente a la minería ilegal es tratando de regular a los mineros artesanales e informales mediante el Rucom. De esta forma tendría el control de los llamados barequeros y chatarreros que, según la Ley 685 de 2001 que regula la minería en Colombia, son aquellos cuya actividad consiste “o se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas”. Ambos, llamados mineros de subsistencia, deben inscribirse ante el alcalde de su municipio para poder vender el oro extraído en las minas.

Tratando de endurecer aún más las normas para evitar que el oro ilegal siguiera saliendo por las fronteras y enriqueciendo a los ilegales, en 2016 el gobierno les fijó los topes de producción a los mineros de subsistencia: 35 gramos al mes o 420 al año. 

Bajo estas condiciones, y al cierre de 2023, había en Colombia 100.499 personas inscritas como barequeros de metales preciosos; de estos, 54.779 estaban en Antioquia. En el Bajo Cauca hay, según los registros de la Agencia Nacional de Minería, 45.384 barequeros y 24 chatarreros inscritos, aunque en las bocas de las minas se ven más personas ejerciendo este rol.

Y es allí donde entra a jugar la ilegalidad. Para hacerle el quite a la ley, los grupos ilegales contactan a los mineros que no están en el Rucom y les ofrecen comprarles el oro ahí, en la boca de la mina. Los testaferros les compran el oro a 65 mil pesos el gramo, para luego legalizarlo a través de sus compraventas o de personas registradas como grandes comercializadores por un precio de  290 mil pesos el gramo. Así es el negocio: un minero de subsistencia que debería recibir por su producido, según la norma, cerca de 10 millones de pesos por 35 gramos de oro mensuales, termina obteniendo de parte de los ilegales 2.275.000 pesos; es decir, el testaferro del grupo armado termina ganándose y legalizando 7.875.000 de pesos en oro.

Los grupos armados ilegales también les ofrecen a los mineros de subsistencia comprarles los excedentes del oro cuando su producción pasa de 35 gramos al mes. Y les prometen pagarles 300 mil pesos si el minero no saca ni un solo gramo, con la única condición de que este le permita registrar transacciones a su nombre. “Por eso es tan lucrativo ese negocio para los grupos armados ilegales, porque no necesitan ser dueños de grandes minas para obtener recursos multimillonarios. Hemos detectado que más que ser dueños de las minas, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc se dedican a lavar y conseguir dinero a través de la financiación de maquinaria, la compraventa y el cobro de extorsiones a grandes, medianos, pequeños y mineros de subsistencia”, explica un investigador de la Policía. Según cuentas oficiales, en un año un grupo armado ilegal puede echarse al bolsillo entre 7 mil y 10 mil millones de pesos, fruto de la minería ilegal.

Una reactivación económica frágil y paradójica

Paralelo a las rentas ilegales, la fiebre por el oro ha llevado a que la economía se reactive en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño. Líderes y comerciantes de la región aseveran que los mineros, sobre todo los de subsistencia, llevan hoy una vida sin freno por las ganancias que les deja el trabajo en las minas.

Los fines de semana es común ver el derroche. En las rumbas compran botellas de licor cuyo precio oscila entre los 600 mil y 700 mil pesos o estrenan tenis de 2 millones de pesos o motos costosas. Este tipo de derroche también se evidencia en las viviendas. “Por lo general son casas cuyo techo es de tejas, las paredes de bahareque y el piso es de tierra, pero en sus habitaciones cuentan con televisores de grandes dimensiones y equipos de sonido para hacer las mejores fiestas”, relata un minero que prefiere el anonimato por seguridad. Lo más paradójico es que los excesos del dinero que deja la minería se dan en una población donde el 43% de las viviendas no tienen inodoros.

El dinero de la minería se ha convertido en un imán para atraer otras problemáticas. Los integrantes del colectivo Gente y Bosques, un grupo que vela por la preservación del medio ambiente y los derechos humanos en las zonas mineras, aseveran que también han aumentado la prostitución, el abuso sexual a menores de edad, el consumo de drogas ilegales y hasta las enfermedades de transmisión sexual. “Aquí hay embarazos en niñas desde los 11 años”, dicen. 

Los voceros de Gente y Bosques indican que en muchas ocasiones el papá de una chica  ve con buenos ojos “que el minero, porque tiene plata y de pronto le da el arrocito o cualquier pedazo de carne para comer, ‘use’ la muchacha. Entonces la ofrenda es la hija”.

Un daño ambiental difícil de reparar

Desde el aire la tierra se ve herida de muerte. Ha sido apuñalada con picos, palas y retroexcavadoras para arrancarle de sus entrañas el oro que lleva desde tiempos remotos. Es un paisaje apocalíptico, con pequeños cráteres anaranjados que se suceden uno tras otro y se ven desperdigados a lo largo del Bajo Cauca antioqueño, en los que también se ven grandes charcos de un agua verdosa, contaminada con mercurio, azufre y cianuro.

Esos paisajes son el resultado de una minería que tiene su origen en la época prehispánica, se asentó aún más con la fundación de municipios como Cáceres (1576) y Zaragoza (1581) y, con el paso de los años, fue creciendo con el auspicio de los gobiernos de turno, como sucedió con Antioquia, que a mitad del siglo XIX puso de base la minería como motor fundamental de su economía y centró sus esfuerzos en atraer inversión extranjera para la explotación aurífera.

Siglos después, la minería sigue estando entre las principales actividades económicas del Bajo Cauca, que vio cómo en 1940 se dio paso a la minería a gran escala con la llegada de grandes empresas explotadoras como Cornalisa Gold, sucedida después por Mineros de Antioquia y, actualmente, con Mineros S.A., empresa que tiene su asentamiento en El Bagre y hoy cuenta con “concesiones mineras por el río Nechí de 473 km² entre Zaragoza y Nechí”, como ellos mismos lo definen en su estructura corporativa.

Tantos años de minería en el Bajo Cauca han causado daños e impactos ambientales que van desde la desviación de cauces de ríos como el Nechí, la tala indiscriminada de bosques, la alteración de los ecosistemas y la contaminación del suelo por el uso del mercurio, hasta la afectación a la salud humana por el consumo de peces de los ríos Nechí y Cauca.

El último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reseña que en 2023 se deforestaron en Colombia 79.256 hectáreas, una reducción del 36% frente al año 2022. Sin embargo, este ministerio informó que en los primeros cuatro meses de este año, la deforestación ya había llegado al 40%. Las causas están asociadas a la tala de bosques para la ganadería, la ampliación de la frontera agrícola, la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería.

El daño ambiental generado por la minería legal e ilegal (según el código minero de 2001, esta última es toda aquella que no tenga un título minero o una concesión de explotación entregada por las agencias ambientales) ha llevado al extremo de la preocupación a las entidades encargadas de velar por la conservación del medio ambiente. De hecho, entre 2001 y 2018 “el número de hectáreas deforestadas en las concesiones de minería legal había crecido exponencialmente. Especialmente en 2017, año en el que la contribución de la minería legal a la deforestación nacional saltó del 1 al 6 por ciento. Un equivalente a 25 mil hectáreas”, señala el doctor en climatología de la Universidad del Rosario, Benjamín Quesada, en los resultados de una investigación del Instituto Humboldt y la Universidad del Rosario. 

Quesada enfatizó que en ese periodo, las minas legales deforestaron en Colombia 146.540 hectáreas, y entre 150 y 200 concesiones mineras legales “deforestan cada una más de 400 hectáreas de bosque en el país, el equivalente a unas 500 canchas de fútbol”.

A este panorama se suma la deforestación causada por la minería ilegal. En Antioquia, la tala es de una gravedad considerable. Corantioquia identificó en el último año 19 alertas que sumaban 527 hectáreas deforestadas en 10 municipios de su jurisdicción, entre ellos, algunos del Bajo Cauca. Datos entregados a VORÁGINE por esta corporación ambiental indican que en los últimos cinco años se deforestaron 7.442 hectáreas, de las cuales 626 fueron en El Bagre y 546, en Zaragoza. Nada más en Nechí se deforestaron, en 2023, 70 hectáreas.

Arbey Osorio Restrepo, subdirector de sostenibilidad y gestión territorial de Corantioquia, manifiesta que “uno de los impactos de la minería es la deforestación y pérdida de cobertura vegetal”. En palabras de Osorio Restrepo, el desplazamiento de la fauna se debe a que “la cobertura es el lugar donde ellos  encuentran su alimento, donde están los nidos, dónde están las madrigueras y donde se desarrolla ese individuo. Entonces si yo le quito la cobertura, se tiene que desplazar a otro lugar donde haya una mejor condición”.

Una segunda afectación de la minería son los daños causados por el uso del mercurio en ríos y suelos. Si bien en el país se prohibió su uso desde 2018, se sigue usando como una de las formas para separar el oro y dejarlo en su forma más pura para la venta. Los impactos ambientales han llegado al punto de afectar la calidad del agua y la vida que hay en ríos y humedales. En un estudio de la Universidad de Córdoba en convenio con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, AUNAP, y citado por el IPC, hallaron que “las muestras de agua y sedimentos sugieren una alta contaminación en los ambientes acuáticos de los elementos potencialmente tóxicos”, y eso “está ocasionado envenenamiento de los peces”. 

A estos resultados se suman los de una investigación de la Universidad de La Salle que, tras un muestreo en la alimentación en 12 localidades del municipio de El Bagre, identificó altas concentraciones de mercurio y metilmercurio en el pescado, cerdo y pollo, y en alimentos como la yuca, el ñame y el plátano.

Pese a este panorama, Osorio Restrepo, de Corantioquia, asevera que actualmente hay empresas que realizan minería responsable y tienen un plan de contingencia para los impactos ambientales generados por la extracción del oro. “Con el Ministerio estamos trabajando un proyecto que denominamos minería regenerativa, es decir, es posible hacer minería y lograr la regeneración de los ecosistemas sobre los cuales ellos están y lograr la recuperación de las áreas degradadas por la minería en el Bajo Cauca antioqueño”.

¿Y la solución?

La lucha frontal que adelantan las autoridades contra la minería ilegal ha dejado en lo que va de  2024 un total de 655 personas capturadas y 2.585 minas intervenidas en todo el país. El Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales de la Policía Nacional reportó que en este lapso han sido incautadas 161 retroxacavadoras, 145 dragas y 84 volquetas, y han sido destruidas 148 dragas tipo buzo, 80 excavadoras, 298 motobombas y 571 motores.

Para los mineros, más allá de los resultados de Policía y Ejército, y debido a la convulsa situación que se vive por la guerra desatada por el oro, la formalización de todos aquellos que se dedican a la minería es la solución. 

Liseth Osorio, líder minera del Bajo Cauca, dice que el camino más expedito para acabar con la ilegalidad en las minas es la formalización del minero. “De esta forma se puede acabar con la estigmatización de que todos los que hacemos minería informal somos delincuentes. Acá hay gente trabajadora, que pone unos recursos para hacer minería y no tenemos lazos con la ilegalidad. Somos personas que solo buscamos subsistir”. En Antioquia, según datos de la Gobernación, hay 4.119 unidades mineras caracterizadas; de estas, 2.538 se ubican en el Bajo Cauca y pueden avanzar en sus procesos de formalización como una forma de lucha contra la minería ilegal que se ha apropiado de gran parte del oro en el Bajo Cauca antioqueño.

* Nombre cambiado para proteger a la fuente.