La masacre que las autoridades no reconocen en Arauca

Dos cerdos salvajes muerden varias veces la base del brazo izquierdo del cadáver de un hombre, que en vida vestía camuflado y pañoleta negra. Su torso está desnudo y los animales de monte, de color café y negro, ruñen las últimas fibras musculares que rodean la articulación del hombro y una parte del omoplato. Todo está registrado en un video de 2 minutos y 50 segundos. La grabación fue hecha cerca a la vereda Santo Domingo, en Tame, Arauca, a comienzos de junio de 2022.

Según datos de la Policía Nacional, en el primer semestre de ese año se registraron 218 homicidios en Arauca, al menos una persona diaria. En 211 de los sucesos los agresores usaron armas de fuego; en cuatro, armas blancas, y en tres activaron cargas explosivas en contra de la humanidad de cuatro personas en Fortul y Saravena; en este último municipio, además, fue activado un carro bomba el 19 de enero frente al edificio de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, sitio de reunión de 50 líderes sociales. La acción terrorista dejó un muerto y cinco heridos.

La escena de los cerdos podría resultar exagerada y poco creíble, si no fuera por la persona que tuvo acceso al video para poder confirmarlo. Se trata de Eduardo Simón Cedeño Álvarez, un politólogo que reside en Arauca y quien durante más de 15 años le ha hecho seguimiento al fenómeno de la violencia en ese departamento.

El líder araucano habla con la firmeza de quien conoce el territorio. Todos los días, por distintas fuentes, se entera de lo que sucede en su departamento. Recuerda de manera detallada cómo fue la primera semana de enero de 2022 en varios municipios de la región, principalmente Saravena, Fortul y Tame: el festín por el Año Nuevo se vio interrumpido el 2 y 3 de enero por cuenta de varias masacres que ocurrieron bajo un mismo patrón: las víctimas fueron sacadas de sus casas o parcelas para ser asesinadas con disparos a corta distancia.

Según él, enero fue un punto de quiebre que marca un antes y un después en las relaciones bélicas entre el ELN y disidentes de las Farc en el territorio. Desde entonces, los dos grupos armados cruzaron líneas rojas que han generado una cadena de violencia en el departamento de grandes proporciones aparte de los homicidios: 10 atentados terroristas (uno de ellos el carro bomba) y 486 personas que han denunciado haber sido amenazadas. Los datos son entregados por la Policía.

“Muchas personas tuvieron que encerrarse en sus casas: docentes, líderes sociales, maestros. Estaban buscando casa a casa a lo primero que cayera, para generar miedo entre las personas. Había una red de milicianos pequeños que llegaban con pistola o revólver a amedrentar. Los ‘elenos’ (guerrilleros del ELN) patrullaban en algunas veredas de Arauca, no en cascos urbanos porque la dinámica allá es otra. Ellos comenzaron a ‘cazar’ disidencias. Los dos grupos armados no se pueden ver desde el atentado con carro bomba en Saravena (19 de enero de 2022)”, explica Cedeño.

Para argumentar porqué el atentado con explosivos fue el punto de quiebre entre ambos grupos, dice que nunca antes los violentos se habían metido con organizaciones de “facilitadores civiles”, como califica a los líderes sociales en Arauca. Estos últimos intermedian entre los habitantes de la región y los grupos armados ilegales, para preservar la integridad de las comunidades en el día a día.

“Ellos son sociedad civil organizada. Lo que pasa es que en Arauca se ha tildado a organizaciones o líderes de ser ‘elenos’, y eso quedó en la narrativa común de la región, por eso esto hizo que se volviera más peligroso el ejercicio de los liderazgos. Antes había respeto por los derechos humanos, no había posibilidad alguna de un atentado con explosivos como el de Saravana, contra un edificio que es el centro de reunión de líderes sociales”, cuenta el experto.

Tan solo en enero de 2022 -que para algunos expertos consultados es la génesis de la violencia actual en Arauca- la Policía reportó que 65 personas fueron asesinadas, un promedio de dos crímenes por día. Solo en los primeros siete días de 2022 fueron cometidos 29 de ellos. Otro dato tiene la Fiscalía: 68 personas fueron asesinadas en ese mes, como le confirmó a Vorágine una fuente del ente acusador que trabaja en esta región fronteriza del oriente colombiano. En cuanto a los datos disponibles en Medicina Legal, estos solo muestran estadísticas de ciudades capitales, e informan que en enero de 2022 se registraron en Arauca, la capital, cinco homicidios.

“Las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas fueron llevadas a Venezuela, asesinadas allá y, posteriormente, traídas a Colombia. Otras murieron aquí y fueron abandonadas en lugares distintos a donde residen”, dijo el fiscal Francisco Barbosa el 5 de enero de 2022, mientras 23 cuerpos eran dejados en parajes rurales.

Unos estaban a menos de 15 metros de distancia de los otros. Había algunos vestidos de pantalón, camisa y botas de caminata. Uno más, vestido de pantaloneta y camiseta. El 2 de enero, por ejemplo, la población de Fortul se levantó con la noticia del hallazgo de diez cadáveres en varios puntos de la zona rural de ese municipio, al borde de la carretera. Ese mismo día, en Saravena, fueron abandonados nueve cuerpos más. En ambos casos las víctimas tenían heridas de armas de fuego. ¿Cómo explicar la barbarie?

“Lo que pasó en enero de 2022 fueron asesinatos que por las circunstancias en las que fueron cometidos, y la forma en la que dejaron los cuerpos, buscaron sembrar miedo. Las víctimas eran principalmente personas que estaban metidas cobrando ‘vacunas’ (extorsiones) y que también tenían que ver con el negocio del contrabando en la frontera. Muchos eran de Arauquita, Saravena y Fortul”, cuenta una fuente de la región que prefiere no decir su nombre por seguridad.

Información divulgada por la Fiscalía en su momento indica que las víctimas de enero registraban heridas de proyectiles disparados a corta distancia. No murieron en medio de combates sino que hombres armados llegaron a algunas viviendas para sacarlas en contra de su voluntad y ejecutarlas en distintos parajes de la región.

Para expertos de la región, aunque el conflicto actual es fuerte en Arauca, no se compara con el vivido entre 2005 y 2011, cuando la guerra era protagonizada por el ELN, la antigua guerrilla de las Farc y los paramilitares, que para la época ejercían el control en el departamento a través del Bloque Vencedores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’.

Las funerarias, de acuerdo con el testimonio de pobladores, líderes y abogados que trabajan con organizaciones sociales, son las que principalmente hacen los levantamientos de los cadáveres en Arauca. Señalan que el CTI de la Fiscalía solo cumple las diligencias en cascos urbanos, como la capital del departamento.

Una muestra de ello, como lo contó Caracol Radio, es que el 18 de abril de 2022 fueron masacradas cuatro personas en zona rural de Tame y llegaron primero los carros de funerarias que los asignados a la Fiscalía, entidad que aseguró que no llegó con personal por las malas condiciones del clima, lo que no dejó maniobrar un helicóptero que el Ejército les puso a disposición para llegar a la vereda Santo Domingo.

Actualmente, en neveras de Medicina Legal en Arauca hay 19 cadáveres que no han sido reclamados todavía. Algunos están plenamente identificados, otros simplemente están inscritos en la base de datos forense del instituto como CNI (Cuerpo No Identificado). De esos 19, al menos 13 están en la sede de Saravena, y cuatro de ellos ingresaron el 5 de enero de 2022.

Arauca es un departamento con solo siete municipios. En cuatro de ellos, Saravena, Fortul, Tame y Arauquita, sus habitantes conviven con un nivel de riesgo extremo por la presencia de guerrilleros del Frente de Guerra Oriental del ELN y miembros del Frente 10 o Frente Martín Villa de las disidencias de las Farc, según la alerta temprana 004-2022 de la Defensoría del Pueblo, que fue emitida para varias regiones del país después del asesinato de al menos 23 personas entre el 1 y 4 de enero de 2022, un mes que cerró con 65 homicidios en Arauca.

La misma entidad advirtió que la confrontación armada que inició en enero había dejado, en el primer trimestre de 2022, un total de 4.000 personas desplazadas forzosamente en la región. A eso se suma el homicidio de 165 personas en los tres primeros meses del año, entre ellos seis líderes sociales y tres integrantes de misiones médicas en la región.

Todo ocurre en un departamento en el que la Defensoría ha identificado varias violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), algunas relacionadas con restricciones a la movilidad de las personas en el campo, masacres, torturas, homicidios selectivos y enfrentamientos armados en medio de población civil, entre otras.

A todas estas vulneraciones se le debe sumar otra más que tiene que ver con que algunos asesinatos del año pasado en Arauca, incluyendo los casos de enero, configurarían una posible masacre continuada de personas, es decir, se trataría de una serie sistemática de crímenes ocurridos bajo circunstancias similares y con un mismo objetivo: sembrar el terror en la población. Dicha categoría ya ha sido usada en el país para hacer referencia, por ejemplo, a la masacre de Trujillo, Valle, donde entre 1988 y 1994 un total de 342 personas fueron victimas de homicidio, tortura y desaparición forzada bajo un mismo patrón.

La abogada Marcela Cruz, de la Organización de Derechos Humanos Joel Sierra, nombre del edificio que recibió el ataque con carro bomba en Saravena, plantea que para ella y el colectivo lo que ocurre en Arauca es una masacre que, desde comienzos del año pasado, no ha parado.

“Por informaciones de la comunidad y por el contexto en el que suceden los hechos, hemos podido conocer que algunas de las víctimas han sido combatientes o han tenido algún vínculo con organizaciones armadas ilegales, por ende hemos centrado nuestro accionar, en cuanto a homicidios, en los líderes sociales, de quienes podemos tener certeza de que son residentes o representantes de asociaciones gremiales o defensores de derechos humanos. Los familiares en estos casos denuncian, tenemos contacto con ellos, en cambio en los otros casos es más difícil llegar a los familiares porque no quieren hablar al respecto”, cuenta la jurista al indicar que la red de derechos humanos tiene registrados en Arauca 190 homicidios, 9 de ellos de líderes sociales, desde el 2 de enero hasta el 6 de julio de 2022.

La Organización Joel Sierra se ha concentrado en indagar a fondo las condiciones de vida y trabajo que tenían las víctimas de los asesinatos en Arauca. La mayoría de casos, dice la abogada, no tienen que ver con enfrentamientos y son como los de enero, que la Fiscalía descartó hayan sucedido bajo circunstancias de combate.

Contrario a la visión que tienen desde las organizaciones sociales, un fiscal de Arauca, quien decidió hablar con Vorágine bajo reserva, cree que los asesinatos de enero de 2022 no pueden ser considerados como una masacre, de ningún tipo, porque no cumplen con unas características puntuales de temporalidad y lugares específicos bajo un mismo hecho, como por ejemplo que hayan sucedido a la misma hora y en el mismo lugar. Lo resumió en que se deben a una confrontación armada entre delincuentes y que no cabe posibilidad alguna de que se califiquen de “masacre continuada” o cualquier otro término similar.

“Fueron homicidios selectivos que en su mayoría ocurrieron en zonas rurales y con armas de fuego. La mayoría de víctimas tenían antecedentes por rebelión, secuestro, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Hemos esclarecido 64 casos más o menos, y se ha imputado al ELN y al Gaor Martín Villa (disidentes) con 24 de sus miembros”, cuenta el funcionario, y luego reconoce que hay unas personas capturadas como presuntos responsables de los asesinatos de enero de 2022, pero esa información no la han divulgado porque están en proceso de firma de preacuerdos con los detenidos.

Lo afirmado por el fiscal no cae nada bien en Nelson, un líder social de Arauca que llamaremos así para proteger su identidad, pues desde comienzos del año pasado no ha podido volver a dormir en su casa en Arauquita. Ha sido amenazado y el trámite de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) todavía no ha sido aceptado. “Eso parece algo engorroso”, dice.

A su hijo de 4 años ahora solo lo ve cada mes o cada dos meses, cuando pide que lo lleven a donde se encuentre en ese momento, pues actualmente su dormitorio son las casas de conocidos que lo reciben por corto tiempo mientras se mueve con cautela por el departamento, capacitando a personas en el liderazgo social o denunciando situaciones que vulneran los derechos humanos de las comunidades.

“Uno nunca sabe qué lugares a visitar son seguros o no porque los homicidios siguen en el departamento, toca ir confiado, pero no se sabe cuáles son seguros porque nadie le garantiza a uno que nada le va a pasar”, explica el hombre.

Este líder social, de 31 años, dice que tiene los mismos miedos que cualquiera puede tener: “no llegar a viejo y no poder cumplir las metas que uno tiene en el ámbito laboral o social. Dejar los hijos. Hay veces que la situación se pone muy complicada, uno no concilia el sueño”.

Recuerda que antes del 9 de enero de 2022 empezó a circular entre las comunidades un audio del jefe del Frente Martín Villa, de las disidencias de las Farc, amenazando a los líderes sociales, comunales y de derechos humanos en Arauca. Explica que muchos dirigentes de organizaciones, como él, no han podido regresar a la casa donde lo esperan su esposa e hijo. Y dice que el sentimiento de ausencia del hogar se alimenta con el vacío que durante años ha dejado el Estado, al no llegar de forma amplia al departamento.

Human Rights Watch (HRW), en enero de 2020, publicó un informe titulado “Los guerrilleros son la policía”, una frase que describe ese vacío de Estado que hay en la región y que le fue entregada al organismo internacional por un policía con el que hablaron los investigadores en entrevistas de campo, realizadas en total a 105 líderes, víctimas de abusos, actores humanitarios, policías y funcionarios judiciales.

“La eficiencia de la fuerza pública es especialmente débil en zonas rurales. La presencia policial suele estar limitada a zonas urbanas, mientras que buena parte de la presencia del Ejército en zonas rurales se concentra en la infraestructura petrolera”, se lee en el documento.

HRW, en su trabajo en territorio, evidenció que las medidas de protección para los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y otras personas expuestas a ataques por parte de grupos armados han sido limitadas. En la época de publicación del informe, la Unidad Nacional de Protección solo contaba con un funcionario en Arauca, encargado de asignar esquemas de protección a las personas en riesgo.

“Las autoridades colombianas han intentado reducir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando militares. No obstante, varias de las unidades militares que hacen presencia en Arauca se concentran en proteger la infraestructura petrolera, que suele ser blanco de ataques de grupos armados, y en numerosas partes del departamento no hay, prácticamente, ninguna protección para los residentes”, dice la organización internacional.

Vivir en el departamento de Arauca es aprender a moverse entre el régimen que imponen los violentos con restricciones de movilidad en las noches, el abandono estatal y la desesperanza de campesinos que le apuestan a cosechar ají, arroz, cebolla, maíz, cacao y otros cultivos en medio de unas limitaciones enormes para la comercialización de los mismos en la región. En ese escenario, los grupos armados ilegales han convertido las vías rurales en lugares comunes de muerte.