Las masacres urbanas: un reto para la ‘Paz Total’

Edwin Cardoza volvió a su casa hacia las 10:30 de la noche del 11 de septiembre de 2022, era domingo y él acababa de cumplir un sueño: debutar con el equipo de fútbol aficionado Taller, que él mismo había conformado junto con un primo. Según su hijo de cinco años debutó con gol, pero su esposa, que tuvo que trabajar en el horario del partido, no pudo corroborar esa información con Edwin porque no se volvieron a ver, él fue asesinado dos horas después.

Cardoza se cambió, se puso una bermuda y una camiseta negra y salió a un estadero que él solía frecuentar a escasos 20 metros de su casa, en el barrio Las Flores, en Barranquilla (Atlántico). Se sentó en el solar junto a su amigo Dani Daniel de la Hoz y empezaron a tomar cerveza. Una camioneta blanca con platón estaba cerca del lugar.

Hacia las 12:30 de la madrugada, ya el calendario marcaba el 12 de septiembre, una lluvia de balas cayó sobre quienes estaban en el estadero. Los sicarios iban en la camioneta blanca: fueron asesinadas seis personas y tres más quedaron heridas. La muerte de Cardoza se produjo hacia las 12:45 por heridas de arma de fuego.

Allí hoy impera la ley del silencio, ni los familiares de las víctimas ni los testigos presenciales quieren hablar de lo que pasó esa noche. Estuvimos en Las Flores, un barrio con unos 12.000 habitantes que está ubicado en el extremo norte de Barranquilla y que ha sido apetecido en las últimas décadas por las mafias que exportan cocaína, debido a que está bañado por el río Magdalena y el mar Caribe. En medio de las disputas por el control del barrio, y del olvido de los sucesivos gobiernos, sus habitantes tratan de garantizar su sustento con restaurantes que gozan de gran fama entre los turistas, como vendedores en la playa de Puerto Mocho o como empleados de las empresas Tecnoglass y Monómeros.

Hablamos con Miguel Mejía, dueño del establecimiento comercial frente al que ocurrió la masacre. Contó que esa noche el lugar no estaba a su máxima capacidad de 200 personas, como era habitual los domingos. “La gente se estaba guardando para celebrar Amor y Amistad, que era a los ocho días”, explicó. En el momento en que se empezaron a escuchar los primeros disparos pensó que era un “jopoloco”, como le llaman en Barranquilla a quienes disparan al aire cuando toman alcohol. Sin embargo, cuando el traqueteo de las armas continuó, se dio cuenta de que algo más pasaba. Miguel se quedó tras las neveras repletas de cerveza mientras cesaban los disparos, por lo que no vio nada.

“Fue una masacre que nunca había pasado acá en Las Flores ni en Barranquilla, impactó porque era gente apreciada por el barrio”, relató Carlos Angulo, presidente de la junta de acción comunal del barrio, en entrevista con Vorágine.

Las personas asesinadas esa noche fueron: Dani Daniel De la Hoz Correa, Edwin Cardoza Tapia, Johan Andrés Polo Chiquillo, Henry David Flórez Pallares, Jorge Eliécer Pardo Hernández y Chelo José Acevedo Villa.

La masacre sucedió a menos de 100 metros del CAI de Las Flores y los sicarios se movilizaban en una camioneta, no en un vehículo ligero, como una motocicleta, que favoreciera la huida. A pesar de la cercanía de la Policía con el lugar de la masacre ese día no hubo capturas. “Acá queda un sinsabor porque dónde estaban los policías, esa es la pregunta que hace toda la comunidad”, dijo Angulo.

La celeridad que le faltó a la Fuerza Pública para responder al suceso contrastó con la que tuvo para señalar a las víctimas. El coronel Óscar Daza, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo ante varios medios de comunicación que la masacre estaría ligada al narcotráfico: “Esto obedece a una situación de pugna y posiblemente por hurto o apoderamiento de una cantidad de cocaína de propiedad del Clan del Golfo, y por recuperarla se presenta esta situación. Estas personas (las víctimas), en la investigación que se ha podido establecer, hay tres de ellas que tienen situaciones de tatuajes alusivos a Los Costeños y otras informaciones que se tienen dan cuenta de que estas personas son todos integrantes, al parecer, de Los Costeños”.

Los Costeños es una banda delincuencial dedicada al negocio del narcotráfico y la extorsión en el Atlántico. Los señalamientos de Daza encontraron acogida en la prensa. El mismo día, en la emisión nacional de Blu Radio, un periodista también aseguró que “las seis personas tenían anotaciones judiciales, la mayoría de ellos, y pertenecían a la banda criminal de Los Costeños”. Según la emisora, la masacre se habría debido a una “guerra entre el Clan del Golfo y Los Costeños” por un cargamento de droga.

“Esa respuesta de la Policía siempre se da tratando de justificar (los hechos) y estigmatiza a las personas que tienen antecedentes. Yo puedo tener antecedentes, que van a quedar después de haber purgado la pena, pero no significa que siga siendo una persona peligrosa para la ciudadanía. Es una respuesta que justifica la masacre porque da a entender que ‘por algo será’ que murieron”, criticó Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), oenegé que le hace seguimiento a las masacres ocurridas en Colombia.

Solo la familia de Cardoza quiso hablar para esta crónica y lo hizo en medio del temor, pero con la convicción de defender la memoria de Edwin.

En medio de su luto, Deissi Cardoza, hermana de Edwin, tuvo que buscar la ayuda de algunos medios de comunicación locales para tratar de desmentir las palabras del coronel Daza, retomadas por parte de la prensa. “Él no tenía por qué venir aquí a decir una cosa que no es, primero investigue, mire quiénes son las personas que cayeron y después sí dé una declaración contundente”, dijo con evidente molestia.

Angulo, el presidente de la junta de acción comunal, y Miguel, el dueño del establecimiento comercial, eran clientes de Edwin, un barbero tan reconocido en el sector que había personas de otros barrios que lo mandaban recoger para que fuera a hacerles domicilios. “El man me dejaba como de 15”, bromeó Miguel, que tiene 61 años. Incluso, se daba el lujo de atender a los clientes a la hora que él decidía y no a la que pedían sus servicios. Había personas que para ser atendidas en el momento que quisieran le pagaban el doble por la peluqueada.

“Yo iba allá a la casa y eso siempre estaba lleno, era muy bueno en su arte y por eso era muy reconocido y muy apreciado en el barrio. No era una persona de problemas, nunca tuvo una pelea, nunca escuché una mala palabra en la boca de él”, insistió Angulo.

Sus familiares, incluso, vieron cómo Edwin trabajaba hasta pasada la medianoche de varios 24 de diciembre y atendía una gran cantidad de clientes en medio de los carnavales. “Por eso es que a nosotros nos dio tanta rabia cuando dijeron que era de una banda, mi hermano no salía de este barrio, él no sabía ni siquiera coger un bus”, relató Deissi.

Edwin fue asesinado apenas cuatro días antes de cumplir 29 años, dejó una hija de tres años y un hijo de cinco. La niña todavía no entiende muy bien que su papá no va a volver, a veces le pregunta a su mamá por qué se está demorando en llegar. El niño, por su parte, hace una señal de alto cada vez que alguien menciona a Edwin. No quiere escuchar nada del tema.

La esposa de Edwin habló con El Heraldo tras conocerse los señalamientos de la Policía en su contra: “Nadie puede decirte que tenía problemas con alguien, porque la verdad que no los tenía, tampoco antecedentes, ni vicios. Ninguno de los que estaban ahí eran nuestros amigos, simplemente eran conocidos del barrio donde nació y creció”, enfatizó.

El dolor que carga su familia por los señalamientos de la Policía lo resume una persona cercana a él, que no quiso ser mencionada en esta historia, refiriéndose a los hijos de Edwin: “Todavía no asimilo que el día de mañana, cuando ellos busquen en redes sociales o en Google porque quieren saber de su papá, la primera noticia que vean es que cayó porque pertenecía a una banda”.

El 22 de septiembre, diez días después de la masacre, hicieron presencia en Las Flores el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el coronel Daza. Según contó Ángulo, el ambiente estaba caldeado por las declaraciones del policía a los medios. “La gente le gritaba en la cara al coronel: "diga la verdad, ¿por qué trató mal a nuestros familiares?, ¿por qué los trató de bandidos si ninguno de ellos es bandido para que usted venga y los sindique?”", contó el presidente de la junta de acción comunal.

Las autoridades se sentaron alrededor de una mesa, instalada frente al estadero donde ocurrió la masacre, con un mantel blanco y un arreglo floral. Los familiares habían dispuesto las fotos de cinco de las víctimas de la masacre. El alcalde aseguró que se trató de un “malentendido”. El coronel Daza también señaló a las familias de haber entendido mal sus palabras: “Si hubo una mala interpretación de lo que ustedes están manifestando presento mil disculpas y estamos investigando para esclarecer los hechos”.

Sin embargo, las palabras de Pumarejo y de la Policía no dejaron satisfecha a la comunidad. “Yo pensé que el coronel se iba a retractar, pero no lo hizo, sus palabras prácticamente textuales fueron que nosotros malinterpretamos algo que él dijo y no, él dijo de manera textual que ellos pertenecían a una banda”, reprochó la persona cercana a Edwin que no quiso ser identificada. “Él (Daza) pidió disculpas por las declaraciones, pero no fueron las palabras adecuadas”, opinó Angulo.

Mientras el alcalde de Barranquilla busca que esa ciudad albergue un Gran Premio de la Fórmula Uno, hay otra carrera que ya inició en la capital del Atlántico y su área metropolitana (compuesta por Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad). Sus participantes son grupos criminales que se enfrentan por acaparar las rentas ilícitas, competencia que ha multiplicado los índices de violencia en la región. Sobre todo, de las masacres.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, emitido el 24 de octubre de 2022, da cuenta del incremento en el número de masacres ocurridas en Barranquilla: “Durante 2021 se registró un hecho y en lo que va de 2022, en el área metropolitana se han presentado 6 masacres con un total de 21 personas asesinadas”.

De acuerdo con Indepaz, en 2022 se presentaron 5 masacres (4 en Barranquilla y una en Soledad) que dejaron 18 muertos; en 2021 hubo 3 masacres en las que fueron asesinadas 9 personas y, en 2020, fueron 2 masacres, con 6 víctimas. En 2023, con corte al 31 de enero, hubo otra masacre que dejó 4 muertos. Según los datos de la oenegé, Barranquilla y su área metropolitana es la capital departamental más afectada por este fenómeno de violencia, seguida por Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Barranquilla tiene una versión diferente. Le preguntamos cómo analizaban el incremento de masacres en esa ciudad y su área metropolitana entre 2021 y 2022, y su respuesta fue: “Frente a esta petición solo se ha presentado un caso de homicidio colectivo en hechos ocurridos el día doce de septiembre de 2022 en el barrio Las Flores”.

La Defensoría también llama la atención sobre los enfrentamientos armados en lugares de alta confluencia de gente. La entidad registró siete de esos eventos en 2022, con un saldo de 8 heridos y una persona asesinada. Incluso, en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz hubo un intercambio de disparos el 23 de agosto de ese año.

Lo cierto es que en Barranquilla se libra una guerra por el control de diferentes economías ilícitas, lo que ha redundado en múltiples violaciones a los derechos humanos. “El grupo armado posdesmovilización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia [AGC, también conocidas como Clan del Golfo] y el grupo autodenominado Los Costeños y las bandas de criminalidad organizada al servicio de estos, han continuado con las acciones de control social y territorial en el Distrito de Barranquilla y en los municipios de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad”, aseguró la Defensoría en el informe de octubre del año pasado. La entidad también señaló que en esa región hace presencia un grupo llamado Nuevos Rastrojos, que sería responsable del asesinato de conductores de transporte público.

Luis Trejos, profesor y analista político de la Universidad del Norte e investigador de la violencia en el Caribe colombiano, opinó que “hay una simetría en las fuerzas” de esos grupos armados. “Alguien dice "yo subo la apuesta, esto ya no puede seguir así como vamos porque no nos está dando resultados" y lo que creo es que alguien masacró y la respuesta del otro fue igual”. El académico explicó que desde la salida de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras la desmovilización, en 2006, del frente José Pablo Díaz, que marcó la pauta criminal en Barranquilla durante varios años, no ha habido en el Atlántico un grupo armado con la capacidad de someter a los otros, por lo que se han visto pugnas violentas por el poder.

La masacre de Las Flores es una de las más grandes en la historia del departamento, solo hay un antecedente similar y se remonta a 2001. El 28 de julio de ese año, paramilitares del Bloque Norte de las AUC llegaron hasta el corregimiento de Juan Mina, zona rural de Barranquilla, y asesinaron a seis personas.

La versión oficial sobre la matanza de Las Flores es que las AGC iban buscando a un miembro de Los Costeños que se habría quedado con un cargamento de cocaína. En el transcurso de la investigación para esta historia escuchamos dos teorías que intentaban explicar la naturaleza indiscriminada de ese hecho en el que fueron asesinadas seis personas: una, según la cual en el momento que llegaron los sicarios al establecimiento alguien les lanzó una botella; la otra, que circula en redes sociales, indica que los asesinos a sueldo habrían acabado con la vida de todas las personas que llevaban una vestimenta parecida a la de su objetivo, porque les dieron unas indicaciones precarias.

“Yo no creo que el objetivo haya sido ir por seis personas, matar a todo el mundo y que no quedara nadie vivo. Yo pienso que ahí hubo unas condiciones particulares y eso lo mantuvieron muy en secreto”, opinó Trejos.

La investigación oficial todavía no ha logrado responder los interrogantes. “La Fiscalía capturó a dos personas, pero quedaron libres porque no se presentaron pruebas que permitieran afirmar que participaron en los hechos”, comentó Ibrahyn Soto Folgoso, abogado de cuatro de las familias de los jóvenes que fueron asesinados.

La Fiscalía no nos dio detalles de la investigación porque todavía está en curso, pero contradijo al penalista. En respuesta a un cuestionario enviado por Vorágine, la dirección de comunicaciones de esa entidad nos informó que, por esa masacre, una persona se encuentra en la cárcel y fue imputada por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado por dejar heridas a cuatro personas, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, aseguró que hay dos personas en la cárcel por otros hechos, pero que también serán imputados por la masacre de Las Flores.

La de Barranquilla es solo un ejemplo de la continuidad de las masacres, a pesar del mensaje del presidente Gustavo Petro, según el cual “Colombia no puede ser el país de las masacres, esa historia de sangre debe quedar atrás”, que trinó el pasado 29 de agosto tras conocerse el asesinato de los periodistas Dilia Contreras y Leiner Montero en Magdalena.

La Fiscalía le entregó a Vorágine un documento con las cifras registradas entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2022: 37 masacres con un saldo de 151 víctimas. Las autoridades han endilgado varios de esos hechos -sobre todo los que ocurren en zonas urbanas y capitales departamentales- a la pugna entre organizaciones del narcotráfico. Por ejemplo, la ocurrida en Cúcuta el 27 de agosto, que dejó 4 víctimas mortales, o la que sucedió en Bogotá el 4 de septiembre, cuando encontraron a cuatro personas asesinadas en una camioneta.

Según la Fiscalía, los departamentos en los que se han presentado masacres en la era Petro han sido Cauca, Magdalena, Valle del Cauca, Caquetá, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Huila, Santander, Atlántico, Meta, Putumayo, Risaralda, Córdoba, Casanare, Amazonas y Cundinamarca (Bogotá). En capitales departamentales, la distribución de víctimas fue así: Bogotá, con 11; Barranquilla, con 9; Cúcuta, con 7; y Cali, con 5. Es decir, el 24% de las víctimas de masacres en la era Petro han muerto en ciudades capitales.

Eso, de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía. Pero, según Indepaz, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 se registraron 33 masacres, que dejaron 117 muertos. Además, en enero de 2023 hubo 12 masacres en 10 departamentos distintos, que dejaron 37 muertos. Las cifras oficiales y las de las organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la continuidad de ese fenómeno, a pesar del cambio de gobierno.

“No ha habido una transición o un cambio estructural en el comportamiento de los grupos armados en relación con las masacres, eso no depende en estricto de que al cambiar un presidente se cambie esta modalidad”, aseguró Gonzalez, de Indepaz. Una visión similar tiene el analista Trejos, quien agregó: “No creo que la llegada de Petro altere las dinámicas locales de violencia, especialmente en espacios urbanos. De hecho, creo que es un punto ciego de todas las propuestas, todo lo de la ‘Paz Total’ va diseñado para estructuras militares en clave rural, pero no se habla nada de las violencias urbanas”.

Sobre ese cuestionamiento, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, por intermedio de su oficina de prensa le respondió a Vorágine: "Los invitamos a observar lo que está sucediendo en Medellín y en Buenaventura, y a valorar si son avances relacionados con la Paz Total". El funcionario se refiere a los acuerdos a los que han llegado grupos como los Shotas y los Espartanos en la ciudad portuaria, que han reducido el número de homicidios.

Uno de los anuncios más sonados sobre las masacres lo hizo Petro apenas siete días después de posesionarse. “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muerte de líderes sociales”, trinó el presidente el pasado 13 de agosto.

Dado que la masacre de Las Flores ocurrió a menos de 100 metros del CAI más cercano, Vorágine preguntó a la Policía qué había pasado después de esos hechos. “Se le informa que se ha fortalecido el pie de fuerza de esta unidad policial”, respondió la oficina de comunicaciones estratégicas.

Durante cuatro meses intentamos que el ministro de Defensa Iván Velásquez nos contestara una serie de preguntas sobre las masacres para este especial, pero no obtuvimos respuesta.

Las claves para superar la situación podrían estar en el marco de la política de ‘Paz Total’ que ha planteado el gobierno Petro. “Lo que hemos hablado con Danilo (Rueda) y con el Gobierno es que la problemática puede darse si se negocia con los grupos armados grandes y se deja por fuera a los pequeños, que están en las ciudades. Cuando se llegue a negociar con los grandes se tiene que negociar con toda la estructura, las bandas, los tercerizados y demás, hacia allá creo que va esa estrategia. Aunque es un llamado de atención, creo que está siendo escuchado y lo tienen en cuenta, pero es muy difícil”, dijo González, de Indepaz.

Tras la masacre de Las Flores, la Policía ofreció 100 millones de pesos de recompensa. Sin embargo, Trejos crítica las medidas que se implementan cuando hay problemas de seguridad en las ciudades. “Lo que suelen hacer los alcaldes es generar percepción de seguridad con más cámaras, más policías y militares dando vueltas por ahí, prohibir los parrilleros hombres, restringir el porte de armas y establecer recompensas cada vez que pasa algo. Eso no sirve para nada, pareciera que hubiera una plantilla, tú pones nombre del alcalde, la ciudad, la fecha y ahí están las mismas medidas (…) Nadie ha tomado una decisión que se salga de ese marco y atacan las consecuencias, pero no las causas. Nadie va a atacar causas porque en cuatro años no lo van a poder hacer”, insistió el analista. También agregó que la seguridad urbana no depende de manera exclusiva de la fuerza pública, sino que hay que evaluar el papel que pueden cumplir instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que tiene a su cargo personas privadas de la libertad que integran bandas delincuenciales y, sin embargo, dan órdenes a personas que se encuentran en las calles. “Las cárceles en Colombia hace rato fracasaron en su misión de resocialización, desde la cárcel se delinque y se cualifica el delito”, precisó.

Mientras que Colombia siga siendo el país de las masacres, como lo llamó Petro, se verán frustrados sus planes de volver esta tierra “potencia mundial de la vida”, objetivo que él mismo se trazó durante la campaña presidencial.

En Las Flores siguen esperando justicia y que se fortalezcan las labores de inteligencia de la Fuerza Pública en un barrio que es muy apetecido por las mafias, debido a que lo riegan el mar Caribe y el río Magdalena, cuerpos de agua por los que sacan la cocaína hacia el exterior. Los familiares de las víctimas, además de condenas, aguardan la dignificación de sus seres queridos asesinados, porque es imposible potenciar la vida si las autoridades culpan a los muertos de sus asesinatos.